El Gobierno da marcha atrás con la reforma del practicaje y suspende el decreto que desató un conflicto en la Hidrovía
La decisión representa un cambio de estrategia del Ejecutivo. Apenas una semana después de impulsar una desregulación orientada a flexibilizar el acceso al mercado del practicaje, el Gobierno optó por restablecer transitoriamente el régimen anterior a través del Decreto 716/20026 para desactivar una crisis que comenzaba a impactar sobre uno de los engranajes más sensibles de la logística argentina.
El practicaje constituye un servicio esencial para la navegación comercial. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes en el ingreso y egreso de buques en ríos, puertos y canales nacionales, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Cualquier interrupción de este servicio puede traducirse en demoras operativas, mayores costos logísticos y pérdidas económicas para exportadores, importadores y terminales portuarias.
Según explica el decreto, la reforma aprobada mediante el Decreto 690/2026 buscaba eliminar regulaciones consideradas obsoletas y reducir barreras de ingreso para nuevos prestadores del servicio. Sin embargo, la implementación provocó medidas de fuerza por parte del sector, generando una situación que el propio Gobierno calificó como una “crisis” para el funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó a representantes del sector para negociar una salida. De ese encuentro surgió un consenso que incluyó cuatro compromisos: normalizar inmediatamente la prestación del servicio, suspender la aplicación del nuevo decreto, crear una mesa intersectorial para redactar una nueva regulación y avanzar en una reducción del 20% de las tarifas vigentes del practicaje y pilotaje.
Aunque el nuevo decreto oficializa la suspensión del régimen aprobado la semana pasada y restablece la normativa previa, la rebaja tarifaria consensuada durante la negociación todavía no fue incorporada en el articulado. Es decir, el Gobierno reconoce ese entendimiento en los fundamentos de la medida, pero deberá instrumentarlo posteriormente mediante la normativa correspondiente.
La nueva Mesa de Trabajo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y reunirá a funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector privado. El objetivo será consensuar una regulación que combine mayor competencia con previsibilidad operativa, evitando nuevos conflictos que afecten la actividad portuaria.
La decisión también evidencia un cambio de enfoque frente a un sector estratégico para la economía. Mientras el Decreto 690 había privilegiado una rápida liberalización del mercado, la nueva medida reconoce que cualquier modificación regulatoria requiere acuerdos con los actores involucrados para garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para el comercio exterior.
Desde una perspectiva económica, la resolución busca minimizar uno de los mayores riesgos para la cadena exportadora: la paralización o ralentización del tránsito de buques en plena campaña comercial. La Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y constituye un activo estratégico para la generación de divisas. En ese contexto, evitar interrupciones operativas se convierte en una prioridad tanto para el Estado como para el sector privado.
En términos de periodismo de soluciones, el decreto no implica el abandono de la intención oficial de modernizar el sistema de practicaje. Por el contrario, propone reemplazar una reforma unilateral por un proceso de construcción de consensos entre organismos públicos y operadores privados, con el objetivo de elaborar una regulación técnicamente sólida, jurídicamente estable y capaz de garantizar simultáneamente seguridad en la navegación, competencia económica y continuidad del servicio.
