presión fiscal

Desde la provincia reclaman a Nación la eliminación del IVA sobre el agua potable

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Por primera vez en Argentina, un ente regulador provincial impulsa formalmente la reducción y/o eliminación del IVA sobre el agua potable, planteando que resulta incoherente sostener un discurso de baja de impuestos mientras millones de argentinos siguen pagando un 21% sobre un servicio esencial. Es que desde el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas de Misiones (EPRAC), organismo encargado del control del agua en Misiones, iniciaron un proceso formal para solicitar la reducción de impuestos al estado Nacional.

“Por disposición de nuestro gobernador y con el apoyo de nuestros diputados nacionales, le solicitamos al gobierno nacional que revea el esquema de IVA aplicado a este servicio básico” instó la presidente del EPRAC, Soledad Balán, quien sostuvo que el agua “no puede ser tratada como un bien de lujo” y cuestionó que el Gobierno Nacional mantenga una de las cargas impositivas más altas sobre un recurso básico para la vida cotidiana.

En esa línea, explicó que no es disparatado el pedido ya que hay alimentos de la canasta básica que cuentan con este tipo de beneficios impositivos. “Si Nación realmente quiere sostener coherencia con su discurso liberal y de alivio fiscal, debería empezar por eliminar impuestos sobre servicios esenciales como el agua potable”, expresó la titular del organismo de control de los servicios de agua.

Desde el organismo remarcaron que una reducción del IVA tendría impacto directo sobre las facturas de millones de usuarios y representaría un alivio concreto para las familias en un contexto económico complejo. Además, señalaron que la iniciativa busca abrir una discusión nacional sobre la lógica de seguir cobrando impuestos elevados sobre consumos básicos mientras se habla de reducción de presión fiscal.

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Misiones oficializó la suspensión del pago a cuenta de Ingresos Brutos en rutas

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El Gobierno de Misiones oficializó este lunes la suspensión del régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre mercaderías que ingresaban a la provincia y sobre determinadas operaciones vinculadas al transporte de cargas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado el 30 de abril de 2026, y representa uno de los anuncios más esperados por el sector comercial e industrial, luego de que el gobernador Hugo Passalacqua lo anticipara el viernes pasado durante su discurso ante la Legislatura provincial.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

La decisión instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del sistema previsto en las Resoluciones Generales 56/2007 y 44/2021, que regulaban el pago a cuenta en los puestos de control fiscal sobre rutas.

Hasta ahora, ese mecanismo obligaba a realizar adelantos de Ingresos Brutos sobre productos o mercaderías que ingresaban a Misiones para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito, consignación y también sobre la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el actual contexto macroeconómico, marcado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa sobre la dinámica productiva y comercial, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, el decreto sostiene que la operatoria vigente en los puestos de control fiscal, si bien constituye una herramienta válida de fiscalización, genera en determinadas circunstancias costos financieros y administrativos que terminan afectando la actividad económica.

Por eso, el Gobierno consideró necesario avanzar en una simplificación de procedimientos que reduzca la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria Misiones (ATM), sin resignar los objetivos de control y recaudación.

La norma remarca que se trata de una flexibilización transitoria, sin modificar la estructura normativa vigente, pero permitiendo una administración más eficiente de los recursos estatales y una fiscalización más focalizada en los sectores de mayor riesgo fiscal.

En la práctica, la medida implica el fin de uno de los reclamos históricos de comerciantes, industriales y transportistas, que cuestionaban el impacto financiero que generaban estos adelantos impositivos sobre el capital de trabajo, especialmente en un escenario de caída del consumo y retracción económica.

Durante su mensaje legislativo, Passalacqua había planteado la necesidad de sostener la actividad privada y aliviar cargas que afectan la competitividad provincial, en línea con otras herramientas como los programas Ahora y nuevas medidas de incentivo para el comercio y la producción.

El decreto faculta además tanto al Ministerio de Hacienda como a la Agencia Tributaria Misiones a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del nuevo esquema, que entró en vigencia de manera inmediata desde su publicación oficial.

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Misiones impulsa un Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: cuota fija, menos trámites y alivio a pequeños contribuyentes

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La Cámara de Representantes de Misiones comenzará a analizar un proyecto de ley que busca transformar la relación tributaria de miles de pequeños contribuyentes con el fisco provincial. Se trata del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (RS-IIBB), una iniciativa orientada a monotributistas, pequeños comerciantes, profesionales independientes y emprendedores locales, con el objetivo de reducir carga administrativa, dar previsibilidad y facilitar la formalización.

La propuesta legislativa, impulsada por la diputada provincial Paula Franco, con la firma del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías y del diputado Carlos Rovira, plantea un esquema de cuota fija mensual por categoría, alineado con el régimen simplificado nacional (Monotributo de ARCA), eliminando la complejidad de declaraciones mensuales variables y reemplazándolas por un sistema más simple, previsible y con menor costo operativo. Misiones se alineará así a regímenes simplificados como tienen otras provincias del país. “Es un tratamiento diferencial que era una deuda pendiente con el monotributista, que le haga ahorrar tiempo y tener menos gastos”, señalaron fuentes oficiales.

El proyecto aparece en un contexto en el que Misiones viene insistiendo en la necesidad de construir herramientas fiscales propias para sostener la competitividad frente a las asimetrías con Brasil y Paraguay, y al mismo tiempo aliviar la presión sobre el pequeño contribuyente local.

El artículo 1 del proyecto crea formalmente el régimen dentro del ámbito provincial, mientras que el artículo 2 establece su finalidad principal: simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto materiales como formales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante el pago de una cuota fija mensual por categoría.

En concreto, quienes adhieran al régimen dejarán de liquidar Ingresos Brutos bajo el esquema tradicional y pasarán a abonar una suma mensual determinada según la categoría en la que se encuentren dentro del Monotributo nacional.

El texto establece además que esa cuota fija tendrá el carácter de anticipo íntegro de la obligación anual, integrada en doce pagos mensuales por ejercicio fiscal.

La autoridad de aplicación también definirá un vencimiento único mensual, lo que elimina superposiciones y reduce la dispersión administrativa que hoy enfrentan pequeños contribuyentes.

Según la presentación del proyecto impulsado por Encuentro Misionero, el valor de referencia parte desde 9.941 pesos para la categoría más baja, con una escala progresiva por categorías.

Podrán adherir al RS-IIBB las personas humanas y demás sujetos que:

  • revistan la condición de pequeños contribuyentes conforme al Monotributo nacional;
  • estén inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos en Misiones;
  • desarrollen actividad exclusivamente dentro de la provincia.

Quedan excluidos quienes tributen bajo el Convenio Multilateral, es decir, aquellos contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción.

También podrán ser excluidos quienes desarrollen actividades consideradas incompatibles por su naturaleza, riesgo fiscal o modalidad de comercialización, así como quienes registren sanciones o inconsistencias que justifiquen su salida del sistema.

En otras palabras, el régimen apunta especialmente a pequeños empresarios, comercios de cercanía; profesionales independientes; prestadores de servicios; emprendedores y monotributistas locales.

Uno de los principales argumentos del proyecto es que la simplificación tributaria no sólo reduce costos administrativos, sino que también mejora los niveles de formalización económica.

Cuanto más simple resulta cumplir, mayor incentivo existe para permanecer dentro del sistema formal.

Por eso, entre los objetivos declarados aparecen:

  • menor carga administrativa;
  • mayor previsibilidad financiera;
  • más formalización;
  • mayor desarrollo local;
  • impulso al empleo misionero;
  • fortalecimiento de la actividad productiva.

La propuesta también prevé mecanismos de control para evitar abusos. La autoridad de aplicación podrá establecer perfiles de riesgo fiscal, recategorizaciones, cruces de información y controles sistémicos para prevenir un uso indebido del régimen.

El proyecto define que la autoridad de aplicación será la actual Agencia Tributaria Misiones (ATM), que tendrá a su cargo la reglamentación y la implementación operativa del sistema.

Además, se invita a los municipios a celebrar convenios de colaboración e intercambio de información con la Provincia, con el objetivo de facilitar la formalización y mejorar el control sobre pequeños contribuyentes.

Este punto resulta estratégico: la coordinación entre Provincia y municipios puede convertirse en una herramienta clave para evitar superposiciones, reducir informalidad y mejorar la trazabilidad fiscal.

Más allá del aspecto técnico, el proyecto tiene una fuerte lectura política: Misiones vuelve a insistir en la construcción de herramientas tributarias adaptadas a su propia realidad económica.

La Provincia sostiene desde hace tiempo que las asimetrías de frontera, la competencia con Paraguay y Brasil, y la estructura productiva regional requieren respuestas específicas que no siempre encuentran eco en la política fiscal nacional.

En ese marco, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos aparece como una pieza complementaria dentro de una estrategia más amplia: menos burocracia para el pequeño contribuyente, más previsibilidad para invertir y una señal de respaldo a la economía local.

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Empresarios respaldan proyecto de un régimen impositivo diferencial para Misiones

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El sector privado acompaña la iniciativa de legisladores misioneros para reducir impuestos nacionales y advierte que sin esas herramientas la provincia no puede competir con Brasil y Paraguay.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo, respaldó el proyecto que impulsa un régimen impositivo nacional diferencial para Misiones y confirmó que el sector empresarial acompaña el pedido que será presentado por legisladores nacionales. La iniciativa apunta a establecer exenciones fiscales para corregir las asimetrías estructurales que enfrenta la provincia en su frontera con Brasil y Paraguay.

Según explicó el dirigente en una entrevista en LT17 Radio Provincia, el planteo ya fue canalizado hacia el ámbito político y se encuentra en etapa de formalización legislativa. “Nos parece acertado retomar este pedido”, sostuvo, y remarcó que se trata de una demanda histórica impulsada desde el sector privado.

Presión fiscal y reclamo histórico

El proyecto se inscribe en una discusión de fondo sobre la estructura impositiva nacional y su impacto en territorios de frontera. De acuerdo con lo planteado, el objetivo es avanzar hacia un esquema de tratamiento fiscal diferenciado que contemple las particularidades de Misiones, donde —según describen los actores involucrados— la competencia no es con otras provincias, sino con economías de países vecinos.

En ese contexto, la iniciativa retoma debates previos vinculados a la posibilidad de establecer regímenes especiales, incluyendo antecedentes como el planteo de un esquema basado en el artículo 10 de la Ley Pyme o propuestas de zonas francas. Sin embargo, el eje actual está puesto en reducir la carga de impuestos nacionales para mejorar la competitividad.

El pedido, según se informó, será elevado por representantes misioneros en el Congreso, mientras la provincia actúa como canal político para trasladar la demanda del sector privado al nivel nacional.

Exenciones fiscales como herramienta de competitividad

El núcleo del proyecto es la implementación de exenciones impositivas nacionales. La lógica es directa: reducir costos estructurales para que empresas y comercios puedan competir en condiciones más equilibradas frente a mercados de Brasil y Paraguay.

Panozzo fue explícito en ese punto: “No compite con otras ciudades sino que directamente compite con otros países”, afirmó. Bajo esa premisa, el esquema impositivo actual aparece como una desventaja que limita la capacidad de sostener precios competitivos.

El dirigente también aclaró el enfoque del sector privado: “No quiere ser subsidiado”, sino contar con “herramientas claras” que permitan operar en igualdad de condiciones. En esa línea, vinculó el reclamo con el propio modelo económico, señalando que la apertura y la competencia requieren estructuras de costos acordes.

Alineamiento empresario y presión sobre Nación

El respaldo empresario introduce un elemento clave en la dinámica política del proyecto. La coincidencia entre cámaras comerciales y legisladores provinciales refuerza la legitimidad del reclamo y consolida una agenda común frente al Gobierno nacional.

En términos de poder, el movimiento desplaza el eje del debate hacia la Nación, que es donde se definen los impuestos que el proyecto busca modificar. La provincia, según lo expresado, actúa como intermediaria institucional para canalizar una demanda que excede su jurisdicción.

Al mismo tiempo, el planteo se articula con el contexto económico actual. Panozzo vinculó la necesidad de estas medidas con la retracción del consumo interno y la necesidad de “salir a buscar nuevos clientes”, lo que introduce una dimensión exportadora o de competencia regional en la estrategia empresarial.

Costos, precios y expansión de mercados

La eventual implementación de un régimen diferencial tendría impacto directo sobre la estructura de costos del sector privado misionero. Menores impuestos nacionales podrían traducirse en precios más competitivos, tanto en el mercado interno como en la frontera.

El objetivo, según lo planteado, es mejorar la capacidad de las empresas para vender productos en un contexto donde el consumo local muestra debilidad. En ese escenario, la competitividad frente a mercados vecinos aparece como una variable clave para sostener actividad económica.

Misiones como caso testigo de asimetrías

El reclamo pone en el centro la situación particular de Misiones dentro del NEA. La extensa frontera con Brasil y Paraguay es presentada como un factor estructural que condiciona el desempeño económico de la provincia.

Desde el sector privado sostienen que esta condición requiere políticas diferenciadas. La iniciativa, en ese sentido, busca instalar nuevamente el debate sobre tratamientos fiscales especiales para regiones con desventajas competitivas específicas.

Negociación política y viabilidad del proyecto

El avance del proyecto dependerá ahora de su tratamiento en el Congreso y de la receptividad del Gobierno nacional. La articulación entre legisladores, provincia y sector privado será determinante para sostener el impulso político.

Entre las variables a observar aparecen la definición del alcance de las exenciones, el impacto fiscal de la medida y el grado de consenso que logre construir la propuesta.

Por ahora, el respaldo empresario consolida una posición: Misiones busca reabrir la discusión sobre su régimen impositivo en un contexto económico que vuelve a poner en evidencia sus desventajas estructurales.

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Comercio: empresarios y la Municipalidad abren una mesa de diálogo en Posadas

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La Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) fue escenario de una reunión clave entre empresarios locales y autoridades de la Municipalidad, con el foco puesto en el sostenimiento de la actividad, afectada por la caída de ventas y el aumento de los costos como alquileres y energía, lo que afecta particularmente a los comercios.

Del encuentro participaron el secretario de Hacienda municipal, Martín Leiva Varela, y la directora general de Rentas, Virginia Piris, quienes expusieron el cuadro fiscal de la comuna y escucharon los planteos de los socios de la entidad.

El diagnóstico del sector privado fue contundente: retracción en las ventas, aumento sostenido de costos fijos y crecientes dificultades para sostener la operatoria cotidiana. A ese escenario se suma, según señalaron, una estructura tributaria, junto con una carga administrativa que complica la gestión diaria.

Además, los comerciantes pusieron sobre la mesa un reclamo recurrente: las desigualdades competitivas frente a grandes cadenas y operadores externos, que -según advierten- operan con ventajas que terminan afectando al comercio local.

Desde el lado del Ejecutivo municipal, las autoridades explicaron que el escenario también es complejo para las finanzas públicas, con una caída de los recursos que obliga a sostener el funcionamiento de los servicios esenciales. En ese marco, detallaron aspectos del Código Fiscal Municipal, los regímenes de percepción vigentes y los mecanismos de control implementados.

Sin embargo, el dato político del encuentro pasó por la señal de apertura al diálogo. El equipo económico municipal manifestó la voluntad de revisar procedimientos, simplificar procesos administrativos y mejorar los canales de comunicación con los contribuyentes. También se comprometió a analizar herramientas e incentivos orientados a promover la inversión, la competitividad y el consumo.

Desde la CCIP, en tanto, se insistió en la necesidad de priorizar la sostenibilidad del entramado comercial existente, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que hoy enfrentan un escenario de alta fragilidad. El planteo central fue avanzar en medidas concretas que permitan aliviar la carga sobre el sector y generar condiciones más equitativas.

El encuentro cerró con un consenso básico pero relevante: la necesidad de institucionalizar estos espacios de trabajo conjunto. Tanto empresarios como funcionarios coincidieron en que el diálogo permanente será clave para diseñar respuestas que permitan sostener el empleo, fortalecer al comercio local y acompañar el desarrollo económico de Posadas en un contexto adverso.

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