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Milei habló de un reconocimiento especial para los veteranos de Malvinas y prometió mejores salarios para las Fuerzas

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El 2 de abril, en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei transformó una conmemoración en señal política: anunció un reconocimiento especial a los veteranos para 2027, mejoras salariales para las Fuerzas Armadas y la decisión de destinar el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones al sistema de Defensa.

El dato no es menor. En un contexto de ajuste fiscal y redefinición del Estado, el Gobierno introduce una excepción estratégica: priorizar el financiamiento militar. La pregunta queda planteada: ¿se trata de un giro estructural en la política de defensa o de un movimiento táctico para consolidar una narrativa de autoridad y soberanía?

De la conmemoración a la política pública

El anuncio se inscribe en un marco institucional claro: el Presidente anticipó un decreto para que en 2027, al cumplirse 45 años de la guerra, la Secretaría General de la Presidencia otorgue una distinción a los veteranos. No es solo un gesto simbólico. Funciona como punto de anclaje de una agenda más amplia que busca reposicionar a las Fuerzas Armadas dentro del esquema estatal.

El mensaje oficial articula tres ejes. Primero, el reconocimiento de una “deuda histórica” con el personal militar. Segundo, la intervención sobre áreas sensibles como la obra social, con una reorganización orientada a reducir gastos administrativos y garantizar cobertura. Tercero, el componente presupuestario: asignar parte de los ingresos por privatizaciones a equipamiento y bienes de capital.

En términos operativos, el Gobierno traduce conceptos abstractos —soberanía, defensa, reconocimiento— en decisiones concretas: financiamiento, salarios y estructura institucional. Ese pasaje es clave para entender el alcance político del anuncio.

Recursos, relato y correlación de fuerzas

La decisión de vincular el financiamiento de Defensa con las privatizaciones introduce un elemento de lectura estratégica. El Gobierno conecta dos agendas centrales —reforma del Estado y seguridad nacional— y redefine prioridades en el uso de recursos.

Esto impacta en varios niveles. Por un lado, fortalece la posición del Ejecutivo frente a las Fuerzas Armadas, al ofrecer mejoras salariales en un contexto de restricciones. Por otro, envía una señal hacia el sistema político: la defensa nacional se instala como política de Estado, más allá de la coyuntura.

También hay una dimensión externa. El discurso reafirma el reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y anticipa respuestas diplomáticas frente a iniciativas sobre recursos en la cuenca Malvinas Norte. La referencia a inversiones en el yacimiento Sea Lion introduce un componente económico concreto en la disputa geopolítica.

Sin embargo, el esquema abre interrogantes. La asignación de fondos dependerá del volumen efectivo de privatizaciones, lo que condiciona la sostenibilidad del financiamiento. Al mismo tiempo, el énfasis en Defensa podría tensionar otras áreas del gasto público en un contexto de caída de ingresos.

Entre el giro estratégico y la construcción política

El Gobierno plantea la reconstrucción de las Fuerzas Armadas como un proceso de largo plazo y como política de Estado. Pero la temporalidad de los anuncios —reconocimiento en 2027, financiamiento atado a privatizaciones— sugiere una combinación de estrategia y gradualismo.

En el corto plazo, el foco estará en la implementación: cómo se traduce la mejora salarial, qué alcance real tiene la reorganización institucional y qué volumen de recursos logra canalizar el nuevo esquema. En paralelo, la política exterior sumará presión, con el frente Malvinas activo y la vigilancia sobre actividades en la región.

La decisión abre una nueva fase en la agenda del Gobierno. No solo redefine el lugar de las Fuerzas Armadas, también reintroduce la defensa como eje de poder estatal. Queda por ver si ese movimiento logra consolidarse como política sostenida o si queda condicionado por las variables económicas y el escenario internacional.

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Ley de Presupuesto y fiscos provinciales: un paso adelante y varias incógnitas

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Por Isidro Guardarucci / FIEL – Radiografía del superávit. 2025 llegó a su fin y los números fiscales van a apareciendo. La información más reciente es la ejecución a noviembre, es decir, sólo queda por agregar el último mes del año. La foto del pre cierre de año muestra un superávit primario de $14,6 billones, un 12,6% más bajo que el observado en igual período de 2024 (cuando se compara a precios constantes, es decir, neto del efecto inflacionario). Por su parte, el balance global, que incluye el pago de intereses, se ubicó en $4,7 billones. Este número, favorecido por el registro contable de los instrumentos capitalizables cuyos servicios se reflejan íntegramente debajo de la línea, es muy similar a lo observado un año atrás.

En línea con lo acontecido durante todo 2025, se destaca la fuerte contracción de los subsidios económicos y la inversión pública; en menor proporción, las partidas salariales también se vieron reducidas. Mención aparte para las transferencias a universidades nacionales, las cuales, si bien cayeron, arrancan el año 2026 con Ley de Financiamiento vigente. En la misma línea, también cayeron los intereses, por cuestiones de registro ya mencionadas. Por el contrario, los gastos no salariales de funcionamiento estatal y las transferencias a provincias aumentaron considerablemente. En menor proporción, pero con un impacto considerable, el aumento de las prestaciones sociales es el principal determinante de que la situación fiscal muestre un retroceso con respecto a 2024. En el mismo sentido juega la caída de la recaudación tributaria, que afecta negativamente al balance en unos $3 billones (medidos en moneda constante).

Finalmente, hay Ley de Presupuesto

Con el año nuevo, el gobierno logró tener (finalmente) un presupuesto aprobado. Esto representa un hito en la gestión económica, dotando de mayor institucionalidad a la cuestión fiscal. No obstante, el tema no está cerrado totalmente. El proyecto aprobado por el Poder Legislativo eliminó el artículo que derogaba las leyes referidas a financiamiento educativo y discapacidad. Así, no es obvio cómo se logrará sostener el superávit primario proyectado en 1,5% del PIB. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso ambas normativas implican más de medio punto del producto en gasto anual, el cual ahora deberá ser absorbido con alguna reasignación de partidas. Una posibilidad es que, al menos parcialmente, estos gastos se financien con los recursos generados por el nivel de inflación más alto implícito en el nuevo plan cambiario anunciado para este 2026. Se plantea también la alternativa trascendida de ignorar estas disposiciones, toda vez que el proyecto aprobado por el Congreso no especifica las fuentes de financiamiento asignadas para tales erogaciones. Finalmente, existe la posibilidad de algún recurso normativo que proponga el Poder Ejecutivo para buscar una solución intermedia a una disputa no saldada.

Fin de año en las provincias: optimismo se busca

Por su parte, las provincias enfrentan un escenario que luce algo más deteriorado. Si bien es un mapa heterogéneo, el análisis macroeconómico impone la necesidad de una lectura agregada. Como se manifestó en esta misma columna hace algunos meses, la situación subnacional del primer semestre era peor que la de 2024 (cuando la licuación del gasto jugó a favor de los tesoros provinciales) y similar a la de 2023. No obstante, no es correcto pensar que este corte parcial se debe traducir linealmente al cierre de año. La realidad se impone.

Las provincias tienen gastos muy rígidos, donde el componente salarial es (por mucho) el más relevante. Además, la mitad de ellas sostienen a sus cajas previsionales provinciales, las cuales imponen también erogaciones sin ninguna flexibilidad. En cuanto al gasto “discrecional”, es más rígido que en nación: los bienes y servicios que contratan son asociados en su mayor parte al funcionamiento de salud, educación y seguridad; mientras que la obra pública tiene también escaso margen de maniobra dada la contracción del financiamiento nacional en este rubro.

Del lado de los ingresos, las provincias viven principalmente de la coparticipación (Ganancias e IVA dirigen el show) y la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos. Estos recursos se ven influenciados de forma directa por la inflación. Y el comportamiento de los precios en 2023 no se puede comparar en absoluto con 2025. Mientras hace dos años el segundo semestre fue de fortísima aceleración, en el último ejercicio mostró niveles más o menos constantes entre julio y diciembre. Así, mientras los precios se aceleran, la recaudación aumenta y los recursos para financiar gastos (que se actualizan mirando al pasado) son suficientes. Esto brinda flexibilidad en el corto plazo a gobiernos que, si se acostumbran a operar en ese contexto, terminan por adaptarse a dinámicas menos sostenibles en procesos de estabilización. El cierre de 2025, si bien dista mucho de lo que es un nivel de inflación deseable, no se compara con lo observado en años pasados. Es decir, los números deben cerrar con prudencia fiscal, no apostando a la nominalidad y “patear el problema para adelante”.

La situación luce más sensible si se compara la recaudación provincial y su dinámica reciente. Según los datos más actuales, la recaudación acumulada del Impuesto a los Ingresos Brutos está por debajo de los registros tanto de 2023 como de 2024 (en algunos casos, como en Córdoba, la situación es similar). En resumen, ni los recursos de 2023 ni la licuación del gasto de 2024. Las provincias suelen ser algo lentas para mostrar sus números, pero no hay dudas de que la foto de cierre de 2025 mostrará a varios fiscos subnacionales en la situación más incómoda de los últimos años.

El año que se viene

Comienza un nuevo año y el gobierno deberá enfrentar el desafío de sostener el superávit fiscal, sin dudas, el pilar de su programa económico. No se puede ignorar que la Ley de Presupuesto y el resultado electoral plantean un escenario más sólido en lo institucional y político, pero la tarea sigue. Por el lado de las provincias, en las próximas semanas (y quizás meses) posiblemente empezaremos a ver un cierre de 2025 con más déficit del que veníamos acostumbrados.

Pasado un año marcado por las elecciones legislativas, 2026 llama a encauzar las finanzas públicas a todo nivel. Aunque parezca pronto, ya podemos decir que el año que viene se renuevan autoridades ejecutivas. Y no es deseable llegar sin margen a esas instancias. Para los gobernantes, un fisco bajo stress es sinónimo de ajuste y menor capacidad de negociación; para la economía, es sinónimo de inestabilidad e incertidumbre.

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La recaudación tributaria cerró 2025 con un crecimiento del 39,4% y superó los $183 billones

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La recaudación tributaria mostró un desempeño sólido tanto en diciembre como en el acumulado anual de 2025. En el último mes del año, los ingresos alcanzaron los $16.527.268 millones, con una suba interanual del 27%, mientras que en el total del ejercicio el Estado recaudó $183.109.217 millones, lo que representa un incremento del 39,4% respecto de 2024. El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del IVA, el Impuesto a las Ganancias, la Seguridad Social y los tributos asociados al comercio exterior, en un contexto atravesado por cambios normativos, variaciones del tipo de cambio y ajustes en regímenes de anticipos y alícuotas.

Diciembre 2025: fuerte aporte del IVA y Ganancias, con impacto de cambios normativos

Durante diciembre, el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $5.436.360 millones, con una variación interanual del 21,5%. En su desagregación, el IVA Impositivo creció 25,1%, mientras que el IVA Aduanero avanzó 11,7%. Según el informe oficial, la evolución del IVA estuvo influida por distintos factores que atenuaron el crecimiento, como el ingreso extraordinario registrado en diciembre de 2024 por la moratoria prevista en la Ley 27.743, un mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y mayores devoluciones vinculadas al Régimen de Comercialización de Granos.

En el caso del IVA Aduanero, incidió positivamente el incremento del tipo de cambio, aunque el crecimiento se vio moderado por la derogación, a partir de marzo de 2025, de la suspensión de los certificados de exclusión, que en el año anterior habían incrementado la recaudación de percepciones aduaneras.

El Impuesto a las Ganancias registró uno de los desempeños más destacados del mes, con una suba interanual del 43,8% y una recaudación de $3.680.713 millones. En diciembre venció el primer anticipo de las sociedades con cierre de ejercicio en junio y el tercer anticipo de personas humanas del período fiscal 2025. El informe señala que la recaudación se vio favorecida por mayores ingresos de anticipos de Ganancias de sociedades, producto de la modificación del régimen de anticipos implementada por la Resolución General 5.685/2025, que elevó la alícuota aplicada en el séptimo anticipo al 11,11%, frente al 8,33% utilizado el año anterior. También incidió positivamente el incremento de las retenciones impositivas, mientras que volvió a atenuar la comparación interanual el efecto de la moratoria de 2024.

En materia de Seguridad Social, los ingresos alcanzaron $3.898.608 millones, con un aumento interanual del 29,5%, explicado principalmente por el crecimiento de la remuneración bruta promedio, aunque nuevamente con impacto moderador de la moratoria del año previo y del mayor uso de planes de pago.

Informe Recaudación Diciembre ARCA by CristianMilciades

Comercio exterior y tributos específicos: impacto de alícuotas y tipo de cambio

Los Derechos de Exportación mostraron una fuerte caída interanual del 45% en diciembre, con ingresos por $325.273 millones. El informe atribuye este desempeño a la baja de aranceles dispuesta por el Decreto 526/2025, al adelantamiento de pagos generado por la reducción temporal de alícuotas establecida por el Decreto 38/2025 —vigente hasta el 30 de junio— y a la suspensión de alícuotas prevista en el Decreto 682/2025, que llevó a que pagos habituales de diciembre se cancelaran anticipadamente a tasa cero. A su vez, a partir del 12 de diciembre se aplicaron nuevas reducciones de alícuotas mediante el Decreto 877/2025, que alcanzaron, entre otros productos, a la soja, el trigo y el maíz.

En contraste, los Derechos de Importación y otros tributos aduaneros totalizaron $591.291 millones en diciembre, con un crecimiento interanual del 47,7%, impulsados por el incremento del tipo de cambio. También mostró una evolución positiva el Impuesto a los Créditos y Débitos, que recaudó $1.379.096 millones, con una suba del 35,9%, aunque el informe aclara que el mes contó con un día hábil menos respecto de diciembre de 2024.

Otros tributos relevantes fueron Bienes Personales, que alcanzó $97.207 millones (+6,0%), y el Impuesto a los Combustibles, con ingresos por $615.016 millones y una variación interanual del 37,6%, explicada en mayor medida por las actualizaciones del impuesto.

Balance anual 2025: crecimiento del 39,4% y presión sobre bases tributarias

En el acumulado del año, la recaudación de recursos tributarios ascendió a $183.109.217 millones, con un crecimiento interanual del 39,4%. El desempeño estuvo explicado principalmente por mayores ingresos de IVA Impositivo, el Impuesto a los Débitos y Créditos, Ganancias —especialmente por mayores retenciones—, Seguridad Social, asociada al aumento de la remuneración bruta promedio, y la recaudación aduanera vinculada a importaciones, favorecida por el aumento del volumen importado y del tipo de cambio.

El informe oficial aclara que, de no haberse registrado ingresos extraordinarios en 2024, la variación interanual de la recaudación en 2025 habría sido cercana al 50%, lo que refleja la magnitud del crecimiento sobre bases tributarias más exigentes.

Desde el punto de vista económico e institucional, los datos consolidan un escenario de fuerte expansión nominal de los recursos del Estado, con impacto directo sobre la coparticipación, el financiamiento del gasto público y la relación fiscal con las provincias. Al mismo tiempo, el desempeño desigual entre tributos internos y vinculados al comercio exterior refleja el efecto combinado de la política tributaria, los cambios normativos y la dinámica macroeconómica a lo largo del año.

Informe Recaudación Anual ARCA by CristianMilciades

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El Ejecutivo demora la reforma laboral ante la falta de apoyos y la presión sindical

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El Gobierno nacional decidió postergar el debate de la reforma laboral y trasladarlo para febrero de 2026, en una jugada política orientada a asegurar respaldos legislativos y evitar que la iniciativa se convierta en una nueva herramienta de presión de los gobernadores en plena negociación presupuestaria, según la consultora Ecolatina. La decisión se tomó luego de las complicaciones surgidas durante la discusión del Presupuesto, que dejaron en evidencia dudas sobre el acompañamiento de aliados clave, especialmente en el Senado, y un escenario de alta fragilidad política para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

La postergación busca descomprimir el frente legislativo y ganar tiempo en un contexto donde no existe una voluntad firme de acompañamiento por parte de los aliados circunstanciales, lo que llevó a La Libertad Avanza (LLA) en el Senado a recalibrar su estrategia y evitar una derrota o un costo político innecesario.

Presupuesto, gobernadores y reforma laboral: un delicado equilibrio político

La discusión del Presupuesto actuó como detonante de la decisión oficial. Según el análisis interno del Ejecutivo, avanzar en paralelo con la reforma laboral hubiera expuesto al Gobierno a una doble negociación con los gobernadores, que podrían haber utilizado su apoyo —o su rechazo— a la iniciativa laboral como moneda de cambio adicional en la puja por recursos y partidas presupuestarias.

En ese marco, el Gobierno evaluó que el debate laboral podía quedar rehén de las tensiones fiscales y políticas, debilitando su capacidad de ordenar mayorías estables. La ausencia de señales claras de acompañamiento por parte de los gobernadores aliados terminó de inclinar la balanza hacia la postergación.

Con este movimiento, el oficialismo busca recomponer condiciones políticas, reducir el margen de presión externa y encarar la discusión laboral en un momento de mayor previsibilidad parlamentaria.

CGT en la calle y disputa por el contenido de la reforma

La decisión del Ejecutivo coincidió temporalmente con una movilización de la CGT a la Plaza de Mayo, organizada como una demostración de fuerza para forzar una negociación sobre los contenidos de la reforma laboral. La central sindical activó una estrategia múltiple para intentar frenar o moderar los cambios: protesta en la calle, diálogo con bloques aliados en el Congreso y la advertencia de recurrir a la Justicia en caso de que la reforma sea sancionada.

Desde la CGT descuentan que no es viable frenar la totalidad de la ley, pero apuntan a bloquear o atenuar los artículos que consideran más perjudiciales para los trabajadores. La postergación del debate amplía el margen de maniobra sindical y fortalece el trabajo de lobby sobre los sectores dialoguistas.

El Congreso como campo de disputa: aliados, rechazos y bloques clave

Con el nuevo calendario, el escenario legislativo aparece más definido. El oficialismo y sus aliados más afines a la reforma, en particular el PRO, mantienen su respaldo al proyecto. En el extremo opuesto, el peronismo opositor ratifica su rechazo.

La verdadera disputa, tanto para el Gobierno como para la CGT, se concentra ahora en los bloques dialoguistas y en los gobernadores, que se consolidan como los árbitros del debate. Allí se jugará la posibilidad de sancionar la reforma, modificarla sustancialmente o bloquear sus puntos más sensibles.

La postergación, lejos de clausurar el conflicto, lo traslada en el tiempo y lo intensifica en términos de negociación política, en un año donde la agenda legislativa seguirá atravesada por tensiones fiscales, reformas estructurales y disputas de poder entre Nación, provincias y actores sociales.

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La victoria del Excel

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La aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Senado marca el fin de año político con la ratificación del plan de ajuste del gobierno nacional comandado por Javier Milei. No se trata de una hoja de ruta de crecimiento ni de inversiones, sino que la insistencia libertaria se ha centrado en sostener los recortes por sobre todas las demás urgencias, incluso en la educación y en la atención a las personas con discapacidad. 

La discusión, en el Senado, sin embargo, no estuvo exenta de dardos que dejaron expuestos los flancos del Gobierno, el ajuste, el endeudamiento y el empobrecimiento de buena parte de la sociedad vía devaluación e inflación disimulada. Incluso los aliados, como el radicalismo, cuestionaron la “falta de rumbo” del Gobierno. 

Pese a los intentos de la oposición, el oficialismo logró blindar los artículos 12 y 30 del capítulo 2, que no son meras cláusulas técnicas sino el corazón del nuevo ajuste: recortan recursos a educación, ciencia y tecnología y avanzan sobre el financiamiento del sistema nacional de defensa, consolidando un giro de alto costo estratégico para el país.

Sin embargo, no deja de ser un triunfo político para Milei, encaramado en el resultado de las elecciones legislativas. No parecen importarle los cuestionamientos y que hasta los aliados hayan tomado distancia de un diseño que ridiculiza el Excel de Aranguren: los números sólo cierran si queda gente afuera. 

Esa realidad es la que determina las acciones del Gobierno. El equilibrio fiscal como dogma. Déficit cero y macroeconomía “ordenada”, aunque la economía -no sólo la micro-, esté tambaleando, con crisis severas en la mayor parte de los sectores económicos. 

La inversión privada encadena datos negativos y en el tercer trimestre de 2025 se desplomó 6,6% después de caer 1,6%. 

El consumo también sigue en el pozo y cayó 2,8% interanual en noviembre.

La desconfianza no es sólo interna. A pesar del RIGI y las reverencias, el 2025 arroja un dato alarmante: la inversión extranjera directa fue negativa por primera vez desde el 2003, es decir hace 22 años. Según datos del Banco Central (BCRA), medidos en valores constantes, entre enero y noviembre se verificó una salida neta de fondos por 1.521 millones de dólares, rompiendo una serie histórica que, desde 2003, siempre había mostrado resultados positivos.

El contraste es fuerte si se observan los promedios anteriores. Mientras que entre 2016 y 2019 la IED anual rondó los 3.200 millones de dólares y entre 2020 y 2023 se redujo a unos 950 millones, en 2025 la tendencia se revirtió por completo. El rojo no solo es estadístico: marca un cambio estructural en la dinámica de los capitales externos.

El Gobierno elige no mirar más allá de su objetivo. Así, celebra datos grises como si fueran fruto de un proceso virtuoso, cuando en realidad son consecuencias evidentes del deterioro. 

Los últimos datos del mercado laboral vuelven a confirmar una dinámica tan incómoda como persistente: una creciente degradación de la calidad del empleo. La tasa de empleo subió al 45,4% y la desocupación bajó al 6,6%, incluso con una mejora adicional en términos desestacionalizados. En los papeles, la economía parece haber recuperado cierta capacidad de absorción de mano de obra. En la vida real, esa mejora se sostiene sobre una base cada vez más frágil.

El dato clave está en la composición: el 85% de los nuevos puestos de trabajo creados en el último año fueron inestables, informales y de bajos ingresos. La informalidad trepó del 42,6% al 43,3% de los ocupados, lo que implica que casi uno de cada dos trabajadores está hoy fuera de cualquier marco de protección laboral. No se trata de un fenómeno marginal: es el corazón del ajuste.

Dentro de ese deterioro, el caso de los trabajadores por cuenta propia es particularmente revelador. Mientras entre los asalariados la informalidad se mantuvo estancada en torno al 36,7%, entre los independientes saltó del 61,9% al 64,9% en apenas un año. Lejos de expresar un auge del emprendedurismo, lo que muestra es un mercado laboral expulsivo: personas que no encuentran empleo asalariado y se ven empujadas a formas de subsistencia precarias, sin estabilidad ni derechos.

Los datos del empleo derrumban la idea de que la pobreza se redujo. No puede haber reducción de la pobreza con trabajos e ingresos precarios e inestables. 

Los jóvenes encarnan otra paradoja. El desempleo juvenil bajó, pero no porque haya más trabajo, sino porque cayó la tasa de actividad. Es decir, menos jóvenes buscan empleo. Algunos pueden haber salido por una menor presión económica en los hogares, pero muchos otros parecen haber sido directamente desalojados por un mercado que no ofrece oportunidades atractivas. No es casual que este grupo siga siendo el más atrapado en la informalidad y la precariedad.

Los grandes aglomerados urbanos, donde se concentra la mayor parte de la actividad económica, exhiben una desocupación más alta que las ciudades chicas. Algunos casos son alarmantes. Río Gallegos lidera el ranking de desocupación con 10,8%, casi ocho puntos más que en 2023. Gran Resistencia ronda el 10%. Gran Rosario trepó al 8,9% por un fuerte aumento de la oferta laboral que el tejido productivo no logró absorber. 

No hay recuperación, sino ante una mutación del ajuste. Se cambia desocupación abierta por precariedad estructural. Y esa es una forma más silenciosa, pero no menos dañina, de crisis.

Hay un dejo de crueldad en la ignorancia deliberada de esos datos. Hay un dejo de malicia en la persistente urgencia del Gobierno en eliminar recursos para la educación pública, la escuela técnica y las pensiones por invalidez. No se trata de ordenar, sino de cercenar. Artículos que entraron por la ventana para insistir en leyes que ya fueron rechazadas por el Congreso. 

Después de dos años de ajuste, el modelo no cierra si no se sigue recortando en educación y en salud. Difícil de sostener el argumento si al mismo tiempo se celebra un supuesto crecimiento. 

De todos modos, no deja de ser saludable que Argentina haya vuelto a tener un presupuesto después de dos prórrogas inéditas. El Estado debe regirse por un presupuesto. Aunque raquítico, sirve para tener una guía y, sobre todo, para ejercer controles. La extensión del presupuesto desde 2023 licuó toda posibilidad de leer su ejecución en forma veraz, con datos de otra realidad de la Argentina. 

Habrá que mirar los datos promesa: 

  • Crecimiento económico para 2026 estimado en 5 % del PIB
  • Inflación proyectada de 10,1 %
  • Superávit fiscal primario proyectado en 1.5 % del PIB

Los dos primeros items son de dudoso cumplimiento. El tercero, casi una garanía.

Sin presupuesto, reinaba la discrecionalidad. Ahora le quedarán menos excusas al Gobierno para dar respuestas a las provincias, que exigen una distribución de los recursos de acuerdo a las normas vigentes y no depender del humor –el toma y daca– de la Nación.

Misiones es una de las provincias que puede hacer frente al retroceso de la Nación. Pero otras provincias atraviesan una fuerte crisis por la falta de recursos. 

El gobernador Hugo Passalacqua mantiene la determinación de encarar las obras que se puedan financiar en paralelo a las negociaciones que se hagan con Nación. Las redes eléctricas entre Posadas, Alem y Oberá, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y las de infraestructura vial que se financiarán con un crédito del BID, son muestras de las cuentas sanas, que permiten acceder al mercado de deuda, incluso con tasas mucho más bajas que otras provincias  y la misma Nación, que se atraganta con cualquier opción con tal de estirar plazos de pago de los cada vez más apremiantes vencimientos.

Al mismo tiempo, se potenciará la gestión “más cercana”, más “mano a mano”, como la que tienen que llevar adelante los intendentes que son el primer bastión de las trincheras. 

Fue un año duro para todos, durísimo. La gente la pasó muy mal y, si no la pasó peor, fue por el esfuerzo de ustedes”, expresó Passalacqua en una reunión con los jefes comunales, reconociendo el rol de los municipios en la contención social a lo largo de 2025.

Passalacqua llamó a profundizar el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para enfrentar un escenario adverso. “Para salir adelante tendremos que ser creativos y seguir trabajando en conjunto”, sostuvo, marcando la necesidad de fortalecer la coordinación institucional como condición para sostener políticas públicas de alcance territorial.

El Gobernador subrayó la continuidad de las políticas provinciales orientadas a sostener la actividad económica, con especial foco en el empleo y el consumo interno. “A través de los programas Ahora y el  Fondo de Crédito, Misiones tuvo siempre una política de estímulo a la demanda, al consumo y a las ventas”, afirmó. En esa línea, remarcó la importancia estratégica del comercio en la estructura laboral provincial: “No se olviden que el comercio es el primer dador de empleo de la provincia; entonces, cuando cuidamos el comercio, cuidamos el empleo y también el bolsillo de la gente que va a comprar”.

La economía de Misiones soportó la crisis a su manera. Hay claros ganadores y perdedores. El turismo cerrará el año con un flujo de visitantes muy cercano al récord de 2019. Navidad marcó el ingreso del turista 1,5 millones a Cataratas del Iguazú y la provincia está por encima de los dos millones. El sector exportador también está a tiro de récord. En noviembre reportó ventas externas por USD 38,5 millones, 23,2% contra igual mes del año anterior. En el acumulado, hay USD 492,8 millones, con una suba de 21,1% interanual  y el mayor volumen desde el 2011. Misiones vuelve a ratificar su amplio liderazgo en el NEA: concentra el 37,4% de las exportaciones de la región medido en dólares

El récord histórico de exportaciones misioneras en dólares, fue en 2011 con USD 535,7 millones. Con el último mes todavía sin cerrar, Misiones está cerca de romper ese récord, por lo cual podría cerrar el año con un nuevo récord o bien quedando muy cerca del mismo. Pero no todos los sectores celebran. El forestal atraviesa una profunda recesión, con un panorama incierto, en el que apenas unos pocos tienen saldo positivo. Con la yerba, igual. Un puñado de industrias equilibra balances con las exportaciones, mientras que el mercado interno cerrará en 266 millones de kilos, mejor que el 2024, pero lejos de 2023, cuando se consumieron 285 millones. 

En contraste, el sector primario navega con la certeza de que nada mejorará en el corto plazo. La asunción del nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, no hizo más que confirmar el plan de desregulación del Gobierno nacional. En la primera reunión del directorio, se avanzó en una reconfiguración profunda del marco regulatorio al abrogar resoluciones clave y modificar su régimen sancionatorio, en línea con los cambios introducidos por el DNU 70/2023 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 812/2025. 

La medida implica la eliminación de normas que regulaban infracciones, períodos de cosecha y plantaciones -no hay límites- y regímenes de inhabilitación automática, con el objetivo explícito de “impedir la intromisión en un mercado competitivo” y concentrar la actuación del INYM en las verificaciones de calidad, la trazabilidad y la salubridad del producto. En los hechos, se trata de una de las desregulaciones más relevantes desde la creación del organismo por la Ley 25.564, con impacto directo en productores, secaderos, molinos y operadores comerciales de la cadena yerbatera. El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados. La responsabilidad sobre el respeto de los ciclos productivos y la calidad queda explícitamente en manos del sector privado.

El Directorio también dejó constancia que el proceso no está cerrado. Aún restan analizar resoluciones de “mayor complejidad” para determinar si se ajustan a los lineamientos del Gobierno nacional. Esa tarea continuará de forma progresiva y será comunicada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Del precio de la materia prima, ni hablar. Sin embargo, sorprendió el aumento de la estampilla que deben comprar las industrias: se aplicó una suba del 28% de la estampilla yerbatera, de 25 a 32,12 pesos por kilo. No fueron pocos los cuestionamientos, ya que a contramano de la desregulación y las promesas de Federico Sturzenegger de eliminar el estampillado, se decidió fortalecer la caja del INYM. 

La articulación y la presencia del Estado son claves para conservar el empleo. Además de sostener planes de incentivo al consumo, el Gobierno analiza otras medidas para fortalecer la actividad económica y hacer frente a las asimetrías. Un dato refleja la magnitud del esfuerzo de la Provincia: en 2025 se otorgaron créditos productivos por 34.784 millones, casi quince mil millones más que en 2024. Con eso se logró mantener la actividad de pequeños secaderos de yerba y de madera y fortalecer el precio que se pagó por la materia prima. 

La preocupación por sostener la actividad tiene asidero. El consumo no repunta en todo el país y en las ciudades de frontera se siente más la recesión. Las ventas en los supermercados son el mejor indicador formal sobre el estado de la economía. En Misiones los datos de octubre fueron dispares. Las ventas relevadas en las bocas de expendio de los grandes supermercados de la provincia totalizaron $25.349 millones en octubre y en relación con igual mes del 2024, mostraron una caída del 4,7% real, la sexta baja consecutiva en este nivel comparativo. Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada, las ventas mostraron un sendero opuesto: se recuperan +5,4% real contra septiembre. 

Esas distorsiones se observaron en otros puntos de consumo. El Mercado Concentrador estuvo repleto en los días previos a la Navidad. Los supermercados vendieron apenas por encima de un día normal, aunque el año se cerró con un nuevo local en pleno centro posadeño –El Arco Exprés, con 25 nuevos empleos-. 

Pero llamó la atención la noche navideña. Escasa pirotecnia para el bien de chicos y mascotas y vacío total en la Costanera posadeña y boliches tradicionales. Apenas uno o dos abiertos y con presencia. Muchos encuentros en los hogares, con festejos gasoleros.

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