Presupuesto 2026

Impuestos 2026: Ganancias y combustibles lideran el crecimiento según el Presupuesto

Compartí esta noticia !

El proyecto de Presupuesto 2026, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, estima que la recaudación tributaria alcanzará los $90,3 billones, lo que representa un crecimiento nominal del 22,5% y real del 11% respecto a 2025. El esquema contempla un PBI en alza del 5% y un impacto diferenciado según tributo, con fuerte incremento en combustibles y CO₂ y la desaparición del Impuesto PAIS.

El Palacio de Hacienda fundamentó las proyecciones en un escenario de crecimiento del PBI del 5% y una inflación estimada en 10,1% anual. Bajo estas variables, el Gobierno espera que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenga $90,3 billones en 2026, frente a los $73,6 billones que se calcula recaudar en 2025.

La mejora de los ingresos permitirá, según el Ejecutivo, compensar la pérdida de recursos generada por la eliminación del Impuesto PAIS (1% del PBI) y la rebaja en Bienes Personales (0,3 puntos del PBI).

El Presupuesto prevé además un superávit fiscal del 1,5% del PBI, menor al 2,2% estimado en los compromisos con el FMI, aunque en línea con un escenario de crecimiento más dinámico.

Los tributos que más aportarán en 2026

  • Impuesto a las Ganancias: aportará $16,5 billones, con un incremento nominal del 24,2% y real del 12,8%.
  • IVA neto de devoluciones: sumará $32,9 billones, con un alza nominal del 19% y real del 8%, consolidándose como el tributo más relevante.
  • Impuesto a débitos y créditos bancarios: se prevé una recaudación de $16,4 billones, lo que implica un crecimiento real del 10%. Pese a su peso, es uno de los tributos bajo debate para su eventual eliminación.
  • Retenciones a las exportaciones: generarán $9,9 billones, con un avance real del 11%, reflejando el repunte esperado del comercio exterior.
  • Derechos de importación: alcanzarán $6,5 billones, con una suba real del 17%, en línea con el aumento proyectado en compras externas.
  • Impuestos a combustibles líquidos y a emisiones de CO₂: serán los de mayor crecimiento, al pasar de $1,7 billones a $2,9 billones (+71% nominal, +55% real), por la aplicación de actualizaciones postergadas.

Desde el Ministerio de Economía se subrayó que la estrategia tributaria no descansa únicamente en mayores alícuotas, sino en la ampliación de la base imponible, la mejora en la administración y el impulso de la actividad económica.

En términos políticos, el esquema busca sostener un equilibrio delicado: recaudación creciente con menor presión fiscal selectiva, en un contexto de austeridad y renegociaciones con el FMI. La eliminación del Impuesto PAIS implica un giro relevante, ya que representaba una de las principales fuentes transitorias de ingresos en años previos.

Las proyecciones abren interrogantes sobre su viabilidad: analistas advierten que la recaudación depende fuertemente de que el crecimiento del PBI supere el 5% previsto y que la inflación se mantenga controlada. Además, sectores exportadores y bancarios podrían objetar el peso de los tributos que continúan elevados.

El debate parlamentario del Presupuesto 2026 será decisivo para confirmar estas metas, en un año donde el oficialismo buscará consolidar credibilidad fiscal sin frenar la recuperación económica.

Compartí esta noticia !

Milei presentó el Presupuesto 2026 y sostuvo el equilibrio fiscal como “un principio no negociable”

Compartí esta noticia !

El presidente Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, universidades, salud y discapacidad en el Prepuestos 2026 y pidió a los argentinos “no aflojar”, al presentar por cadena nacional el proyecto de ley que debatirá en el Congreso.  “Lo peor ya pasó”, dijo, igual que lo hizo Mauricio Macri antes de perder las elecciones en 2019. Pero no era la primera vez que citaba al expresidente. Tanto él como el ministro Luis “Toto” Caputo vienen repitiendo esa frase desde mediados del año pasado. Mientras se emitía la cadena nacional en distintos barrios porteños y de la provincia de Buenos Aires hubo cacerolazos.

El mandatario anunció que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades”, además de “un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”, un dato controvertido, ya que no tienen actualización desde el año pasado y la proyección es que los incrementos sean por la suba de precios estimada para el año que viene.

También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

El mensaje del mandatario dio a entender que el Gobierno acusó recibo del reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires, al presentar un proyecto de Presupuesto que apunta a defender el superávit fiscal pero también atiende demandas de sectores de la sociedad que vienen protestando contra la gestión libertaria.

De esta forma, Milei giró al parlamento el esperado proyecto de Presupuesto en el inicio de la campaña para las elecciones legislativas  del 26 de octubre octubre, una instancia en la que busca retomar la iniciativa política perdida en los últimos meses para afrontar en mejores condiciones la votación de octubre.

Lo hizo con un mensaje de 16 minutos de extensión grabado en Casa Rosada y flanqueado por dos granaderos, aunque la mayor parte del tiempo el plano lo captó a él solo y el discurso no finalizó con el habitual “Viva la libertad carajo”.

“Sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”, enfatizó Milei.

“El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, subrayó. “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado”, insistió.

Y planteó que “si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida” para el país.

Admitió, por otro lado, que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”. “Durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor”, agregó.

También el Presidente afirmó que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.

De todos modos, reiteró que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.

Y llamó a gobernadores y legisladores a “trabajar codo a codo” para lograr el “superávit” que permita otorgar “financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país”.

“Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit permitirá al sector privado para que desarrollen obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”, afirmó en su mensaje grabado en Casa Rosada por la tarde y trasmitido a las 21:00.

Al pedir “no caer presos de falsos dilemas”, sostuvo: “No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y el estancamiento”.

Compartí esta noticia !

Milei restituyó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán como ministro

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional oficializó la restitución del Ministerio del Interior, cartera que había sido degradada a Secretaría en 2024, y nombró a Lisandro Catalán al frente de la misma. La medida, instrumentada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 658/2025 y el Decreto 672/2025, redefine el esquema de la Ley de Ministerios y amplía las competencias del Ejecutivo en materia de gestión política, turismo, deporte y política ambiental.

La decisión se da en un escenario de replanteo político de La Libertad Avanza luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, el presidente Javier Milei reunió a su Gabinete para evaluar cambios y resolvió activar tres mesas de trabajo: una Política, otra Bonaerense y una Federal, destinada a recomponer la relación con los gobernadores.

En ese marco, la restitución del Ministerio del Interior aparece como un movimiento destinado a recuperar centralidad institucional y fortalecer el diálogo político con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Catalán, abogado y hombre de confianza del oficialismo, ya venía trabajando junto a Guillermo Francos en negociaciones políticas. Su debut se produjo la semana pasada cuando encabezó la primera reunión de la mesa federal, en la que se sentaron representantes de aliados estratégicos.

Este lunes, el jefe de Estado le tomará juramento en Casa Rosada, en una jornada de alta densidad política que incluirá reuniones de las mesas nacional y bonaerense, y que culminará con una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

Redefinición de la Ley de Ministerios

El DNU 658/2025 modifica la Ley de Ministerios N.° 22.520 y establece que el despacho de los negocios del Ejecutivo quedará a cargo del Jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

El Ministerio del Interior asume así competencias ampliadas:

  • Gestión política interna: asistencia al Presidente y al Jefe de Gabinete en la coordinación institucional, preservación del régimen republicano y federal, y relación con provincias y CABA.
  • Registro y ciudadanía: supervisión del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la gestión de políticas migratorias y de asilo.
  • Turismo y deporte: administración del Fondo Nacional de Turismo, coordinación del Consejo Federal de Turismo, promoción de la actividad deportiva y representación internacional en ambas materias.
  • Política ambiental: diseño y ejecución de planes de mitigación y adaptación al cambio climático, preservación de bosques y áreas protegidas, y gestión sostenible de los recursos naturales.

Además, la norma dispone que toda referencia normativa a la Vicejefatura de Gabinete del Interior deberá entenderse como Ministerio del Interior, y transfiere a la nueva cartera los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal correspondientes.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete se fortalece con la creación de un Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, con rango y jerarquía ministerial, a quien podrá delegar facultades específicas. El decreto detalla 57 funciones de la Jefatura, desde la coordinación de ministerios y la administración general hasta la relación con el Congreso y la supervisión de políticas científicas y tecnológicas.

La restitución del Ministerio del Interior envía una señal clara en dos direcciones: por un lado, hacia los gobernadores, que encuentran un canal institucionalizado para discutir temas de financiamiento, obras y políticas sectoriales; por el otro, hacia el interior del Gabinete, donde la figura de Catalán se erige como un contrapeso a la centralidad de la Jefatura de Gabinete y alinea a la Casa Rosada con una estrategia de mayor apertura política.

El movimiento también tiene impacto en el plano legislativo, dado que el Ministerio del Interior será clave en la construcción de consensos para avanzar con la agenda de reformas de Milei, particularmente en materia de presupuesto, coparticipación y federalismo fiscal.

En el plano institucional, la inclusión de áreas como turismo, deporte y medio ambiente bajo la órbita de Interior marca un rediseño del mapa de competencias, que busca ganar eficiencia pero también acumular poder político en una sola cartera.

De cara al futuro inmediato, la expectativa se centra en el rol que jugará Catalán en la mesa federal y en la articulación con las provincias en un contexto económico y social marcado por tensiones presupuestarias y demandas de recursos.

Compartí esta noticia !

Milei vetó la ley de financiamiento universitario

Compartí esta noticia !

El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.

Compartí esta noticia !

La Corte remitió al Ejecutivo un presupuesto judicial de $378.087 millones para 2026

Compartí esta noticia !

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial para el ejercicio 2026, que asciende a $378.087.606.265. La decisión, adoptada mediante la Acordada 28/2025, contempla además un plantel de 4.732 cargos y un plan de obras de infraestructura para la Justicia federal, en línea con lo establecido en la Ley 23.853.

El rol institucional de la Corte y el Consejo de la Magistratura

La definición del presupuesto judicial responde a la obligación legal prevista en el artículo 1° de la Ley 23.853, que faculta a la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, a remitir anualmente al Poder Ejecutivo la estimación de gastos y recursos.

El monto fijado se había aprobado previamente en la Acordada 26/2025 (13 de agosto de 2025), que incluyó no solo el cálculo de erogaciones sino también el detalle de personal y un plan de obras (Anexos II A y B). En esa misma decisión, el Máximo Tribunal solicitó al Poder Ejecutivo la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en el artículo 2° de la Ley 23.853, que permite financiar parte del presupuesto judicial con recursos propios.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura remitió la Resolución 3/2025, que contiene el anteproyecto de presupuesto para el conjunto del Poder Judicial en 2026, también elevado junto con la acordada.

Montos, cargos y obras

La Acordada 28/2025, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, establece con precisión:

  • Presupuesto total: $378.087.606.265 para 2026.
  • Planta de personal: 4.732 cargos, según el Anexo I.
  • Plan de obras: contemplado en los Anexos II A y B de la Acordada 26/2025.

El documento ordena además:

  • Remitir al Ejecutivo los presupuestos de la Corte y del Consejo de la Magistratura.
  • Solicitar la incorporación de recursos remanentes y aportes legales para asegurar la cobertura financiera.

El dictado de la medida se apoyó en la excepción prevista en la Acordada 15/2023 y en los criterios de quórum fijados en la Acordada 12/2024, dadas las particularidades de la integración del Tribunal al momento de la votación.

impacto político y administrativo

La decisión de la Corte no solo fija la hoja de ruta financiera de la Justicia federal, sino que también proyecta la ejecución de obras de infraestructura en un contexto de fuerte demanda por mejorar el acceso y la eficiencia del sistema judicial.

Desde el plano político, la aprobación del presupuesto judicial llega en un escenario de tensiones por la independencia del Poder Judicial y la distribución de fondos entre poderes del Estado. En los últimos años, las discusiones sobre los recursos asignados a la Justicia se cruzaron con debates sobre el rol del Consejo de la Magistratura, la cobertura de vacantes y la modernización tecnológica de tribunales.

El envío del presupuesto al Poder Ejecutivo abre ahora la instancia de tratamiento legislativo, donde el monto y la asignación de partidas podrían convertirse en un punto de fricción entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.

Con el presupuesto ya remitido, el Poder Ejecutivo deberá incorporarlo al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 para su posterior debate en el Congreso. De aprobarse sin modificaciones sustantivas, el Poder Judicial contará con un incremento nominal que, sin embargo, estará condicionado por la dinámica inflacionaria y la disponibilidad de recursos fiscales.

En términos institucionales, la medida refuerza el mensaje de la Corte sobre la necesidad de autonomía financiera y de contar con partidas suficientes para sostener la planta de personal, la modernización y las obras de infraestructura comprometidas para el año próximo.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin