Presupuesto 2027 Misiones

Turismo rediseña su estrategia para 2027: menos gasto en ferias y más apoyo para sostener 30.000 empleos

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El turismo misionero llegará a 2027 con una estrategia marcada por un objetivo central: sostener el empleo y evitar que la caída del consumo termine golpeando con mayor fuerza a las empresas y emprendimientos del sector. Con un presupuesto proyectado en torno a los 7.900 millones de pesos, el Ministerio de Turismo prepara además un cambio en la asignación de sus recursos, con menos dinero concentrado en grandes acciones promocionales y mayor asistencia directa a quienes integran la cadena turística.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, presentó este lunes los principales lineamientos de su cartera ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones, en el marco del análisis del Presupuesto provincial 2027.

Según precisó, Turismo dispondría de cerca de $7.900 millones, lo que representa un incremento de entre 15% y 18% respecto del ejercicio vigente.

Más allá del crecimiento nominal de las partidas, Arrúa dejó en claro que el eje estará puesto en preservar una actividad que atraviesa un escenario crítico por el comportamiento de la economía nacional, la pérdida de capacidad de consumo y las asimetrías que enfrenta Misiones.

“La prioridad es sostener el empleo que genera el turismo”, sintetizó.

El ministro estimó que alrededor de 30.000 familias dependen de la actividad turística en Misiones, a partir de unos 20.000 puestos de trabajo directos y otros 10.000 indirectos.

Ese entramado convierte al turismo en una de las actividades con mayor capacidad de distribución territorial del empleo, ya que alcanza a hoteles, alojamientos, gastronomía, agencias, transporte, guías, atractivos y pequeños emprendimientos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Arrúa sostuvo que la actividad viene resistiendo un contexto “muy difícil y muy complejo”, pero destacó que Misiones mantiene una oferta consolidada. En ese escenario, consideró que la discusión ya no puede quedar limitada exclusivamente al precio.

El desafío, planteó, pasa también por mejorar los servicios, la calidad y la competitividad de la oferta turística.

Arrúa cuestionó el ajuste nacional en promoción turística

Arrúa dedicó una parte de su exposición a cuestionar el recorte de los recursos nacionales destinados a la promoción turística internacional. El ministro puso como ejemplo la situación del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), financiado en parte por el Derecho Nacional de Turismo (DNT), un impuesto equivalente al 7% del precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior. De acuerdo con el esquema legal expuesto por el funcionario, el 40% de lo recaudado por ese concepto corresponde al INPROTUR para promoción internacional, mientras que el 60% se destina al Fondo Nacional de Turismo.

Según los datos presentados por Arrúa ante los legisladores, para 2026 se estiman $182.097 millones de ingresos vinculados al aporte del DNT al INPROTUR, mientras que el presupuesto formal del organismo fue establecido en $63.851 millones. Sin embargo, $50.000 millones fueron destinados a transferencias al Tesoro Nacional y posteriormente se aplicó un recorte adicional de $282,6 millones, por lo que la disponibilidad presupuestaria efectiva quedaría en torno a $13.568 millones. El ministro sostuvo que apenas alrededor del 7,6% del presupuesto termina asignándose al programa operativo de promoción turística.

Para Arrúa, ese ajuste ya tiene consecuencias concretas sobre la presencia argentina en los mercados internacionales. Según detalló, de unas 80 ferias internacionales previstas se pasó a alrededor de 30, mientras que las misiones comerciales se redujeron de 133 a 69. La retracción nacional afecta especialmente a Misiones por el peso internacional de las Cataratas del Iguazú, que históricamente permitió a la provincia tener una participación relevante dentro de las acciones de promoción de la Argentina en el exterior.

El ministro vinculó además la reducción de recursos con el retiro de otras políticas nacionales que anteriormente acompañaban al sector. “Hace un tiempo que nos quedamos sin capacitaciones, sin sellos de distinción, sin infraestructura turística a nivel nacional”, planteó, y agregó entre las falencias la menor disponibilidad de programas de señalética y asistencia. En ese contexto, defendió la necesidad de que Misiones construya herramientas propias para sostener su posicionamiento turístico internacional.

Un Fondo Provincial de casi $900 millones

Dentro de esa estrategia aparece la Cuenta Especial 02, correspondiente al Fondo Provincial del Turismo, que para 2027 contempla una partida cercana a los $900 millones. El mecanismo se financia, entre otras fuentes, con la tasa turística provincial aprobada el año pasado, creada precisamente para generar recursos destinados a la promoción de Misiones en los mercados internacionales ante el retroceso del financiamiento nacional.

Arrúa señaló que en Misiones existen 441 alojamientos, pero actualmente apenas alrededor del 10% está vinculado al cobro de la tasa turística. Por eso, el Ministerio trabaja junto al organismo tributario provincial para ampliar la adhesión y explicar al sector privado la importancia del instrumento. La expectativa oficial es incorporar progresivamente a una mayor cantidad de establecimientos al sistema.

La tasa representa un monto de entre uno y dos dólares por turista internacional alojado en Misiones, según explicó el ministro. Aunque el aporte individual es reducido, la Provincia busca convertirlo en una fuente permanente de financiamiento para sostener acciones promocionales propias. Arrúa destacó que esos recursos ya permiten financiar la presencia misionera en mercados como Brasil, Perú y Estados Unidos, entre otros destinos estratégicos.

La creación del fondo adquiere así una dimensión que excede la recaudación: funciona como una respuesta provincial al repliegue de Nación en materia de promoción internacional. Con menos ferias, menos misiones comerciales y menores recursos nacionales disponibles, Turismo busca que una parte del financiamiento generado dentro de Misiones permita mantener la provincia en los mercados emisores, especialmente en un momento en que la caída del consumo interno obliga al sector a profundizar la búsqueda de visitantes extranjeros.

Menos FIT y más dinero para los emprendedores

Una de las definiciones más fuertes de la exposición fue el rediseño de los recursos destinados a promoción.

Misiones decidió reducir su despliegue propio en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires. En lugar del gran stand provincial de aproximadamente 300 metros cuadrados previsto inicialmente, Turismo buscará complementar su presencia con Puerto Iguazú y reasignará una parte sustancial de esos fondos hacia herramientas directas para el sector privado.

Arrúa estimó que la participación durante los cuatro días de la feria implicaría un desembolso cercano a los $350 millones.

“Nos parece importante rediseñar esos fondos y trabajar de manera más directa con los emprendedores”, explicó.

El ministro cuestionó además el modelo tradicional de las grandes ferias turísticas y aseguró que las formas de comercialización y promoción cambiaron.

“El turismo cambió, el mundo cambió, la forma en que la gente viaja y la promoción cambiaron”, sostuvo.

A su juicio, la FIT conserva importancia institucional y política, pero perdió parte de las herramientas que anteriormente acompañaban a ese tipo de encuentros, como programas nacionales de infraestructura, señalética, inclusión y directrices de calidad.

Vuelve la precompra turística

Una de las herramientas centrales será un programa de precompra de productos turísticos, un mecanismo que Misiones ya utilizó durante la pandemia.

El modelo consiste en que el Estado provincial compre anticipadamente plazas y servicios a prestadores turísticos. De esa manera, los establecimientos reciben liquidez en momentos de menor actividad y posteriormente esos productos pueden ser comercializados mediante operadores nacionales durante las temporadas bajas.

La lógica apunta a resolver uno de los problemas que Turismo detecta actualmente: emprendimientos que llegan a las próximas temporadas con dificultades financieras y deudas acumuladas.

“Tenemos emprendedores que van a llegar a la temporada con deudas vinculadas a los servicios, la energía, el agua y también muchos con el personal”, advirtió Arrúa.

La precompra permitiría, de ese modo, inyectar capital de trabajo sin recurrir exclusivamente a subsidios, al tiempo que generaría un stock de productos turísticos para utilizar posteriormente como herramienta comercial.

El esquema se complementaría con créditos a tasas blandas para emprendedores, aunque el Ministerio mantendrá también sus acciones tradicionales de promoción en los mercados nacional e internacional.

Arrúa también puso una cuota de cautela sobre uno de los principales indicadores turísticos de Misiones: el Parque Nacional Iguazú alcanzó recientemente el visitante número un millón de 2026.

Para el ministro, sigue siendo “un buen hito”, pero el número debe ser interpretado en función de lo que efectivamente dejan esos turistas en la economía provincial.

“Está lejos de generar lo que por ahí se generaba con el visitante un millón”, señaló.

La explicación está en dos variables que preocupan al sector: bajó el consumo y cayó el pernocte.

Es decir, Misiones puede mantener un volumen importante de visitantes y, al mismo tiempo, registrar un impacto económico menor si los turistas permanecen menos noches, reducen gastos gastronómicos, compran menos productos o contratan menos servicios.

La mirada oficial para 2027 apunta precisamente a esa brecha: no solamente atraer turistas, sino conseguir que la actividad genere ingresos suficientes para sostener a las empresas y conservar puestos de trabajo.

La planificación para el próximo año incorpora además una variable climática. Arrúa indicó que la Provincia está previendo la llegada de El Niño, especialmente por sus potenciales efectos sobre la zona del río Uruguay.

El escenario podría generar nuevas necesidades de intervención y asistencia estatal, por lo que Turismo contempla esa contingencia dentro de su planificación.

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Los números de agosto

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Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso. 

La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario. 

La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.

No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

Fotos gentileza Marcos Otaño.
Foto gentileza Marcos Otaño.

Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa. 

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.

“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.

En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.

“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.

Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor. 

El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco. 

Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición. 

Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.

Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos

No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.

Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera. 

El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado. 

Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.

Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.

Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema. 

Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.

Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo. 

La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo. 

El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes. 

Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes. 

Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.

La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones. 

La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país. 

Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.

El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.

Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.

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Presupuesto 2027: Misiones proyecta un gasto de $5,2 billones y blinda la inversión social

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El gobernador Hugo Passalacqua remitió este viernes a la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2027, que asciende a $5.206.134.722.000, consolidando una estrategia que prioriza el gasto social y busca sostener la inversión pública en un contexto de fuerte retracción de los recursos nacionales.

La iniciativa representa un incremento nominal del 28,7% respecto del presupuesto vigente para 2026, que fue fijado en $4.045.600.921.000. En términos absolutos, la Provincia proyecta administrar $1,16 billones adicionales durante el próximo ejercicio.

El proyecto mantiene como eje central la inversión social. Según anunció Passalacqua, el 63% del presupuesto estará destinado a educación, salud y políticas de contención social, mientras que el 14% se orientará al desarrollo económico, con especial énfasis en la reactivación de obras de infraestructura.

“Cumpliendo con el mandato del artículo 116 inciso 4) de nuestra Constitución Provincial he presentado a la Legislatura Provincial el proyecto de Presupuesto 2027, por un monto de $5.206.134.722.000. Para seguir cuidando la educación, la salud y la contención social de los misioneros destina el 63% a la inversión social, y 14% para el desarrollo de la economía motivado en la reactivación de obras”, expresó el mandatario.

Un presupuesto atravesado por el ajuste nacional

En la nota elevada a la Legislatura, el Gobernador deja en claro que el presupuesto fue elaborado en un escenario marcado por el retiro del Estado nacional del financiamiento de programas y obras, situación que obligó a la Provincia a reorganizar prioridades y absorber con recursos propios funciones que antes eran compartidas.

El mensaje recuerda que durante 2024 comenzaron los recortes de partidas y fondos nacionales y que esa política se profundizó durante 2025 y 2026. Entre los principales impactos menciona la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); el desfinanciamiento del programa Remediar; la reducción del transporte subsidiado; el abandono del mantenimiento de la red vial nacional; la disminución de los envíos a las cajas previsionales provinciales; y una menor asistencia de organismos nacionales.

Según el texto oficial, esta situación obligó a la Provincia a sostener con recursos propios servicios esenciales para la población.

PRESUPUESTO 2027

Misiones proyecta administrar
$5,2 billones

El gasto provincial crecerá 28,7% respecto del presupuesto vigente de 2026.

Presupuesto 2026 $4,046 billones
Proyecto 2027 $5,206 billones
Aumento nominal +28,7%
Incremento absoluto +$1,16 billones

Destino de los recursos

Inversión social 63%
Educación, salud y políticas de contención social.
Desarrollo económico 14%
Reactivación de obras e impulso a la actividad económica.
Dato clave: casi dos de cada tres pesos del Presupuesto 2027 estarán destinados a la inversión social. Fuente: Gobierno de Misiones | Elaboración: Economis

Prioridad: educación, salud y contención social

Al igual que en los últimos ejercicios, el proyecto ratifica la decisión política de mantener a la inversión social como el principal destino de los recursos públicos.

El 63% del presupuesto estará concentrado en áreas sociales, consolidando la política provincial de preservar el funcionamiento del sistema educativo, la salud pública y los programas de asistencia, aun en un escenario de menores transferencias nacionales.

En paralelo, el Gobierno provincial reserva el 14% para el desarrollo económico, porcentaje vinculado principalmente a la reactivación de la obra pública, uno de los sectores más golpeados por la paralización de las inversiones nacionales.

Crecimiento moderado frente a una economía en rojo

El aumento del 28,7% respecto del presupuesto 2026 refleja una pauta de crecimiento nominal prudente, consistente con un escenario de desaceleración inflacionaria, aunque todavía atravesado por fuertes incertidumbres macroeconómicas.

En su mensaje, Passalacqua advierte además sobre los efectos de la apertura comercial, la desregulación de mercados y la caída de la demanda, factores que impactan especialmente sobre las economías regionales y las provincias fronterizas como Misiones.

El documento sostiene que ese contexto afecta la actividad económica, el empleo y la recaudación provincial, razón por la cual el Gobierno apuesta a un Estado “eficiente” que continúe trabajando junto al sector privado para amortiguar los efectos de esas asimetrías.

Con este proyecto, Misiones vuelve a poner el acento en la protección del gasto social y en el sostenimiento de la inversión pública, mientras busca compensar con recursos provinciales el repliegue financiero de la Nación. La discusión parlamentaria comenzará en las próximas semanas y definirá el esquema de funcionamiento del Estado provincial durante 2027.

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