PRESUPUESTO NACIONAL

El gasto público se mantuvo estable en 2025, pero con un fuerte cambio en su composición

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El gasto público primario nacional se mantuvo prácticamente inalterado en 2025 en términos reales (+0,1%), aunque con una marcada recomposición interna de partidas, según el Monitor de Gasto elaborado por la consultora Analytica. El ajuste dejó atrás el recorte generalizado de 2024 y dio paso a una reorientación del gasto, con mayores transferencias a provincias, subas en seguridad social y bienes y servicios, y una profundización del ajuste en obra pública, programas sociales y subsidios económicos.

El dato central del año es la estabilidad del gasto en mínimos históricos, luego de la contracción real del 26,8% registrada en 2024. Sin embargo, esa estabilidad esconde una dinámica heterogénea entre partidas, funciones y jurisdicciones, que revela las prioridades fiscales y políticas del Estado nacional en un contexto de fuerte disciplina presupuestaria.

Diciembre mostró subas puntuales, pero el gasto anual quedó virtualmente congelado

En diciembre de 2025, el gasto primario devengado creció 3,9% interanual en términos reales, impulsado principalmente por partidas que habían sido fuertemente ajustadas el año previo. Las mayores subas reales se observaron en subsidios económicos (+45,0% i.a.), transferencias a provincias (+22,7%) y jubilaciones y pensiones (+6,6%).

Dentro de los subsidios, el incremento estuvo explicado casi exclusivamente por los subsidios energéticos (+253,9% i.a.), fenómeno asociado en parte a una baja base de comparación, tras los fuertes recortes aplicados en 2024. En el caso de las transferencias a provincias, el aumento respondió fundamentalmente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En contrapartida, diciembre volvió a mostrar caídas significativas en obra pública (-45,8% i.a.), tanto en construcciones (-28,5%) como en transferencias (-50,7%), y en bienes y servicios (-12,4%), confirmando la continuidad del ajuste en la inversión estatal directa.

En el acumulado del año, el gasto primario se mantuvo prácticamente invariante (+0,1%), consolidando un nivel históricamente bajo tras el fuerte recorte del año anterior.

Reasignación del gasto: más provincias y seguridad social, menos obra pública y programas sociales

El análisis de la composición del gasto en 2025 muestra con claridad el cambio de prioridades. Las mayores subas reales anuales se registraron en las transferencias corrientes a provincias (+22,0%), impulsadas principalmente por el cumplimiento de la medida cautelar 1864/2022 a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya ejecución comenzó en septiembre de 2024.

También se destacó el aumento del gasto en bienes y servicios (+14,2%) y en asignaciones familiares y por hijo (+12,0%), traccionadas en gran medida por el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que aumentó 18,9% i.a., mientras que las asignaciones familiares tuvieron un incremento más moderado (+2,0%).

Del lado del ajuste, los programas sociales registraron una caída del 21,7% en términos reales. Dentro de este rubro sobresale la fuerte reducción de Potenciar Trabajo (-44,5%), seguida por las políticas alimentarias, que incluyen la Tarjeta Alimentar (-19,8%), y las becas Progresar (-38,5%).

Los subsidios económicos también mostraron un recorte significativo en el año (-35,4% real), en línea con los incrementos tarifarios en electricidad y transporte. En particular, los subsidios eléctricos cayeron 38,7% y los subsidios al transporte disminuyeron 25,9%, movimientos coherentes con la suba interanual del 33,0% en electricidad, gas y otros combustibles y del 32,2% en transporte público, según el IPC de noviembre.

Obra pública: continúa el ajuste, con cambios en su composición interna

La obra pública volvió a ser una de las partidas más ajustadas en 2025, con una reducción del 46,0% en pesos constantes, profundizando un sendero contractivo que ya había mostrado una caída del 76,5% en 2024.

El recorte se concentró principalmente en las transferencias de capital (-59,3%), en particular por la disminución de las transferencias a Energía Argentina S.A. (-83,3%), asociada a la finalización del último tramo del gasoducto en octubre de 2024.

En contraste, el gasto en construcciones ejecutadas directamente por el Estado Nacional mostró un incremento real del 4,6%, impulsado por el gasto en transporte (+13,9%), que explicó el 63% del total destinado a construcciones. Entre los proyectos de mayor peso se destacaron la Construcción del Reactor RA-10 (10,9% del gasto en construcciones) y la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca – Ramal Constitución–La Plata (6,4%).

Concentración del gasto y ejecución presupuestaria

Desde una perspectiva institucional, el gasto mostró una fuerte concentración jurisdiccional: el 65,6% del gasto primario se ejecutó en el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita se encuentra la ANSES. Por función, el 63,3% del gasto se destinó a seguridad social, seguido por salud (6,1%), educación y cultura (5,8%) y energía, combustibles y minería (4,9%).

La ejecución presupuestaria del gasto primario alcanzó el 96,9% del crédito asignado, aunque con disparidades relevantes. Las menores ejecuciones se observaron en bienes y servicios (86,5%), transferencias a provincias (82,4%) y obra pública (71,2%).

Durante 2025, ante la falta de aprobación del Presupuesto, se utilizó el presupuesto prorrogado de 2024, que fue modificado a lo largo del año. El crédito presupuestario del gasto primario se amplió en $31,9 billones, de los cuales $20 billones se destinaron a jubilaciones, pensiones y PAMI. La única partida que redujo su crédito fue la de subsidios económicos (-$0,5 billones), producto de un recorte de $0,7 billones en subsidios energéticos, parcialmente compensado por un aumento de $0,2 billones en transporte.

Presupuesto 2026: más crédito nominal, ajuste real

La ley de Presupuesto 2026, aprobada en diciembre, asigna un crédito total de $148,1 billones, lo que implica un incremento nominal del 18% respecto del presupuesto vigente al 29 de diciembre de 2025. Sin embargo, al considerar una inflación promedio anual del 30%, el presupuesto proyecta un ajuste real del 9,2%.

Al analizar los 15 principales programas, que concentran el 71,7% del crédito total previsto para 2026, se observa que la mayoría presenta recortes en términos reales. La excepción es el programa “Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes de la Secretaría de Energía”, que proyecta un aumento nominal del 50%, equivalente a un incremento real del 15,4%.

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Fondos Rotatorios: el Gobierno habilita ampliaciones y refuerza el control del gasto público

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Mediante el Decreto 926/2025, el Poder Ejecutivo modificó el régimen de Fondos Rotatorios previsto en el Decreto 1344/2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera. La medida introduce cambios clave para permitir ampliaciones de fondos ante transferencias presupuestarias entre organismos, refuerza criterios de eficiencia para evitar saldos inmovilizados y avanza en la simplificación operativa mediante un mayor uso de medios electrónicos. El impacto es directo sobre la ejecución diaria del gasto público y la capacidad de respuesta administrativa del Estado.

Adecuaciones en el uso de Fondos Rotatorios ante cambios presupuestarios

El Decreto 926/2025, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictado el 29 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica disposiciones centrales del Decreto N° 1344/2007, reglamentario de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

El eje de la medida se concentra en el artículo 81 del reglamento, que regula el funcionamiento de los Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas. Según el texto oficial, la modificación responde a una problemática recurrente en la administración pública: las transferencias de programas presupuestarios entre Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) durante el ejercicio fiscal, que pueden dejar descalzado el nivel de fondos disponibles para atender gastos inmediatos.

Hasta ahora, los Fondos Rotatorios podían constituirse hasta un límite del 3% de los créditos presupuestarios originales del ejercicio. El nuevo esquema mantiene ese tope, pero introduce una precisión clave: cuando se produzcan transferencias de programas entre jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, el S.A.F. receptor podrá ampliar su Fondo Rotatorio por un importe adicional de hasta el 3% de los créditos transferidos, siempre excluyendo la Partida Parcial 5.1.4 “Ayudas Sociales a Personas y Asignaciones Familiares”.

De manera complementaria, el S.A.F. cedente deberá adecuar su Fondo Rotatorio en función de la reducción de créditos, ajustándolo al nuevo nivel presupuestario. El objetivo explícito es evitar que los organismos que asumen nuevas funciones queden sin capacidad operativa para afrontar gastos corrientes de ejecución inmediata.

Más control sobre los montos y menos fondos inmovilizados

La reforma también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda en la administración del régimen. El nuevo texto del inciso f) del artículo 81 habilita a esa dependencia a restringir los montos de constitución de Fondos Rotatorios por debajo del límite máximo del 3%, cuando detecte una desproporción entre los fondos constituidos y los efectivamente ejecutados en el ejercicio inmediato anterior.

Según el decreto, esta facultad apunta a “minimizar la existencia de fondos inmovilizados en las cuentas corrientes asociadas a este régimen”, una situación que afecta la eficiencia en el uso de recursos públicos y distorsiona la gestión financiera. El criterio de evaluación será la relación entre el monto total ejecutado por el régimen y el total constituido, introduciendo así un parámetro de desempeño para la asignación de liquidez.

Este enfoque se alinea con los principios de la Ley 24.156, que promueve una administración financiera basada en la eficiencia, la economicidad y el control del gasto, en un contexto de restricción fiscal y revisión integral de los mecanismos de ejecución presupuestaria.

Simplificación operativa y avance de los medios electrónicos

Otro cambio relevante del Decreto 926/2025 se vincula con la operatoria de los Fondos Rotatorios Internos. En particular, se sustituye el inciso j) del artículo 81 del Anexo al Decreto 1344/07, eliminando la exigencia de asignación de cuentas bancarias específicas para fondos constituidos por montos iguales o inferiores a ochenta módulos (80 M).

La decisión se fundamenta en la “evolución y amplia aceptación de los medios de pago electrónicos” dentro del régimen, impulsada por las Resoluciones N° 101/2017 y 276/2018 de la Secretaría de Hacienda, que promovieron el uso de tarjetas de compra corporativas y la reducción del efectivo y los cheques. En ese marco, el decreto considera innecesario mantener exigencias operativas pensadas para un esquema financiero más tradicional.

Además, la modificación es consistente con lo dispuesto en el artículo 78, punto 8.1 del Anexo al Decreto 1344/07, que establece que los organismos del Sector Público Nacional deben operar con el menor número posible de cuentas bancarias, simplificando la gestión y fortaleciendo los controles.

Impacto institucional y posibles repercusiones

La actualización del régimen de Fondos Rotatorios tiene impacto transversal sobre toda la Administración Nacional. En términos prácticos, otorga mayor flexibilidad a los organismos que reciben nuevas competencias durante el ejercicio presupuestario, permitiéndoles sostener la ejecución cotidiana sin depender de trámites excepcionales o demoras administrativas.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el control centralizado de la liquidez, al mismo tiempo que profundiza la digitalización de los pagos y la reducción de circuitos financieros tradicionales. En un escenario de ajuste fiscal y revisión del gasto público, el decreto introduce herramientas para compatibilizar austeridad con operatividad.

Para los servicios administrativos financieros, el nuevo esquema implica una mayor responsabilidad en la gestión de fondos, con incentivos claros para evitar la acumulación de saldos ociosos. A la vez, la posibilidad de adecuar fondos ante transferencias presupuestarias reduce tensiones internas y mejora la previsibilidad en la ejecución de programas.

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Actualizan los montos del plan nacional de Inversiones Públicas desde 2026

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La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), actualizó los montos máximos de los programas y proyectos de inversión pública que pueden ser aprobados directamente por los organismos ejecutores para su incorporación al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). La medida quedó formalizada mediante la Disposición 1/2025, dictada el 23 de diciembre de 2025 y con vigencia a partir del 1° de enero de 2026.

La norma redefine los umbrales de aprobación en función de la variación del presupuesto anual de inversión pública nacional, con impacto directo sobre la planificación, evaluación y priorización de proyectos financiados con recursos del Sector Público Nacional. En concreto, se elevó a $3.045 millones el monto máximo para la aprobación directa por parte del organismo iniciador y se fijó en $30.459 millones el umbral a partir del cual será obligatorio presentar un Documento Analítico Complementario ante la DNIP.

El encuadre normativo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas

La disposición se inscribe en el marco de la Ley N° 24.354, que creó el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), cuyo objetivo central es mantener un inventario actualizado de proyectos de inversión pública y formular y gestionar el Plan Nacional de Inversiones Públicas. El SNIP establece criterios técnicos para asegurar la consistencia, eficiencia y racionalidad del gasto de capital del Estado nacional.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 24.354, el monto máximo de un programa o proyecto que puede ser aprobado directamente por el organismo iniciador no puede superar el UNO POR MIL (1‰) del presupuesto anual de inversión pública nacional correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Ese criterio fue operacionalizado por la Resolución N° 1/2021 de la entonces Secretaría de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, que fijó como base de cálculo los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional.

En ese marco, la DNIP, como órgano responsable del SNIP, tiene la función de comunicar periódicamente los montos máximos actualizados y de proponer modificaciones a las normas que regulan el sistema, tal como lo estableció el Decreto N° 1.103/2024.

Nuevos umbrales y exigencias técnicas para los proyectos

La Disposición 1/2025 fija dos valores clave para la gestión de inversiones públicas a partir de 2026. Por un lado, establece en $3.045.000.000 el monto máximo de los programas o proyectos que podrán ser aprobados directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el PNIP, sin necesidad de instancias adicionales de evaluación centralizada.

Por otro lado, determina que los proyectos cuyo monto supere los $30.459.000.000 deberán presentar obligatoriamente un Documento Analítico Complementario ante la Dirección Nacional de Inversión Pública, conforme a los requisitos previstos en el Anexo 2 de la Resolución 1/2021. Ese documento deberá ser presentado antes del 15 de junio de 2026, respetando los plazos fijados por el artículo 7° del Decreto N° 720/95, que establece como fecha límite el 15 de junio del año anterior al ejercicio presupuestario en el que se pretende incorporar el proyecto.

Para calcular estos montos, la DNIP solicitó a la Oficina Nacional de Presupuesto el dato actualizado de los gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional. Dicha oficina informó que, en virtud de la prórroga del Presupuesto 2023 dispuesta por el Decreto N° 1.131/2024, se consideraron las proyecciones incluidas en el Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que estiman los gastos de capital de 2025 en $3.045.964,5 millones.

Impacto institucional y en la planificación de la obra pública

La actualización de estos umbrales tiene implicancias directas sobre la dinámica de aprobación y evaluación de la inversión pública nacional. Al redefinir los montos máximos, la norma ajusta los mecanismos de control técnico a la nueva escala presupuestaria, evitando que la inflación o la expansión nominal del gasto de capital distorsionen los criterios de aprobación establecidos por el SNIP.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Inversión Pública como órgano rector del sistema y ordena el proceso de incorporación de proyectos al PNIP, al tiempo que deroga la Disposición DNIP N° 1/2024, que había fijado los montos vigentes hasta el cierre de 2025.

Para los organismos ejecutores, el nuevo esquema redefine los márgenes de autonomía en la aprobación de proyectos y eleva las exigencias técnicas para las iniciativas de mayor envergadura, lo que anticipa un mayor énfasis en la evaluación económica y financiera de los grandes proyectos de inversión pública a partir del ejercicio 2026.

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Economía emite nuevos bonos CER, dólar linked y TAMAR y amplía deuda por más de $26 billones

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El Ministerio de Economía aprobó, mediante la Resolución Conjunta 60/2025, una de las operaciones de financiamiento más significativas del año, emite y amplía deuda por más de $26 billones y USD 6.000 millones.

La medida habilita la emisión de cuatro nuevos instrumentos de deuda y la ampliación de cinco títulos ya existentes, con vencimientos entre 2026 y 2027. La decisión se inscribe en el marco normativo de la Ley 24.156 y la Ley de Presupuesto vigente, y responde a la necesidad de cubrir la demanda de la licitación convocada para el 26 de noviembre.

Un paquete de financiamiento respaldado por normativa presupuestaria y de crédito público

La Resolución Conjunta 60/2025 —firmada el 26 de noviembre de 2025 en Buenos Aires— se fundamenta en el sistema de crédito público previsto en la Ley 24.156 y en las autorizaciones otorgadas por el artículo 37 de la Ley 27.701 de Presupuesto, que continúa vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, y a los decretos 436/2023, 56/2023, 23/2024, 280/2024, 594/2024, 1104/2024 y 1131/2024.

El texto recuerda que el artículo 60 de la Ley 24.156 impide realizar operaciones de crédito público no contempladas en el presupuesto o en leyes específicas. En ese marco, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda actúan como Órgano Responsable de la coordinación del sistema financiero del sector público, según el decreto 1344/2007 (modificado por el decreto 820/2020).

La resolución autoriza una licitación por efectivo y establece el detalle técnico de los instrumentos que serán utilizados. Las colocaciones se rigen por el “Procedimiento para la Colocación de Instrumentos de Deuda Pública” aprobado por la resolución conjunta 9/2019.

Emisión de nuevos instrumentos: CER, TAMAR y dólar linked

El Gobierno dispuso la emisión de cuatro títulos públicos con condiciones y objetivos complementarios. El límite máximo autorizado para cubrir la demanda del mercado supera los $14 billones y USD 3.000 millones, según el valor nominal original especificado.

1. Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER (vto. 29/05/2026)

  • Monto máximo: VNO $ 5.000.000.000.000
  • Emisión: 28/11/2025
  • Amortización: íntegra al vencimiento
  • Intereses: a descuento
  • Ajuste: Coeficiente CER (Decreto 214/2002)

La Oficina Nacional de Crédito Público actuará como Agente de Cálculo y su determinación será “final y válida para todas las partes, salvo error manifiesto”.

2. Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER (vto. 30/04/2027)

  • Monto máximo: VNO $ 4.000.000.000.000
  • Intereses: cero cupón
  • Ajuste: CER desde 10 días hábiles previos a emisión hasta 10 días previos al pago.

3. Bono del Tesoro vinculado al dólar (vto. 30/11/2026)

  • Monto máximo: VNO USD 3.000.000.000
  • Suscripción: en pesos
  • Pago: en pesos, según tipo de cambio Comunicación “A” 3500 del BCRA
  • Intereses: cero cupón

Se trata de un instrumento dólar linked cuyo rendimiento se ajusta a variaciones cambiarias de referencia, lo que suele atraer cobertura del sector privado.

4. Letra del Tesoro a tasa TAMAR (vto. 30/04/2026)

  • Monto máximo: VNO $ 5.000.000.000.000
  • Interés: tasa TAMAR TEM, capitalizable mensualmente
  • Fórmula: ajustada según la tasa promedio de depósitos mayores a $1.000 millones, publicada por el BCRA.
    El margen que se sumará a la tasa será determinado en la licitación del 26/11/2025.

Ampliación de instrumentos vigentes: continuidad del programa de deuda interna

Además de las nuevas emisiones, la resolución amplía cinco títulos ya colocados previamente, por un total superior a $16 billones y USD 3.000 millones, siempre “por hasta la suma de valor nominal necesaria para cubrir la demanda del proceso de licitación”.

Las ampliaciones aprobadas son:

  • Letra Capitalizable en pesos (vto. 30/04/2026): hasta VNO $4.500.000.000.000
  • Letra Capitalizable en pesos (vto. 30/10/2026): hasta VNO $4.700.000.000.000
  • Bono Capitalizable en pesos (vto. 30/04/2027): hasta VNO $4.800.000.000.000
  • Bono cero cupón ajustado por CER (vto. 30/10/2026): hasta VNO $2.624.394.620.396
  • Letra vinculada al dólar cero cupón (vto. 30/04/2026): hasta VNO USD 3.000.000.000

Todas las operaciones cuentan con exenciones impositivas previstas en la normativa vigente y con asistencia operativa del Banco Central, que administrará pagos y actuará como agente de registro a través del CRYL.

Una estrategia para cubrir vencimientos y sostener liquidez

La resolución confirma que los vencimientos de los instrumentos “operan en ejercicios futuros” y se encuentran dentro de los límites de endeudamiento de la planilla anexa al artículo 37 de la Ley 27.701.

Desde el punto de vista operativo y fiscal, la estrategia cumple tres objetivos: Renovar y refinanciar vencimientos próximos, evitando tensiones de corto plazo. Ampliar el menú de instrumentos, combinando CER, dólar linked y tasas de mercado (TAMAR). Sostener liquidez del Tesoro, mediante emisiones ajustadas a la demanda del mercado.

La medida tiene impacto directo en bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y administradores de portafolio que operan regularmente con títulos públicos, además del sistema financiero del sector público.

Asimismo, refuerza la posición del Ministerio de Economía de administrar el crédito público dentro del marco legal vigente, destacando explícitamente la intervención del servicio jurídico y la observancia de límites presupuestarios.

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Informe CEPA: fuerte recorte en áreas sociales mientras crece el presupuesto de inteligencia y deuda

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Entre enero y agosto, el gasto ejecutado por la Administración Pública Nacional se redujo un 31% en términos reales frente a 2023. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el ajuste impacta con fuerza en áreas sociales clave, mientras se incrementa el presupuesto destinado a inteligencia y se consolida el peso de la deuda.

El gobierno nacional encara 2025 con una estrategia de consolidación fiscal inédita en magnitud. Según el informe de CEPA, la contracción del gasto público es el correlato de una política de ajuste estructural que busca equilibrar las cuentas en medio de un escenario de recesión económica, inflación desacelerada pero persistente y tensiones políticas tras el veto presidencial a leyes de transferencias provinciales.

El dato más llamativo es la caída del 31% interanual en el gasto primario real durante los primeros ocho meses del año, lo que configura un recorte de dimensiones históricas. El impacto atraviesa múltiples sectores: salud, educación, ciencia y tecnología, seguridad social, programas sociales y obra pública.

En contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23%, y los Servicios de la Deuda Pública concentran el 9% del gasto total, mostrando un reordenamiento de prioridades en la estructura presupuestaria.

Ejecución presupuestaria en detalle

El recorte se refleja con particular crudeza en áreas sociales:

  • Salud: la Superintendencia de Servicios de Salud redujo un -56% su ejecución, los hospitales nacionales entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán un -26% y la ANMAT un -27%. Programas de atención y prevención muestran caídas de hasta -100%, salvo el de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que creció un +41%.
  • Seguridad social y programas sociales: ANSES ajustó un -7%, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% y el INAES un -75%. Los Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%), el programa de Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social (-100%) quedaron virtualmente desfinanciados.
  • Educación: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron ejecución nula (-100%). El fortalecimiento edilicio de jardines infantiles cayó -88% y las becas y programas de formación docente entre -77% y -79%.
  • Ciencia y tecnología: el CONICET recortó un -29%, la CONAE -40%, el INTA -37%, el INTI -44% y la promoción de la investigación e innovación -83%.
  • Producción y energía: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ajustó un -76%. La CNEA cayó -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%.
  • Obra pública y transporte: ejecución prácticamente nula, con bajas de -89% a -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Las transferencias a provincias también se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense.
  • Defensa y seguridad: las fuerzas federales sufrieron recortes de entre -29% y -32%, y el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea reducciones de entre -17% y -21%.

El informe del CEPA advierte que el ajuste compromete la continuidad de programas esenciales en un momento de alta vulnerabilidad social. La caída en partidas vinculadas a alimentación, salud preventiva, educación inicial y obra pública afecta directamente a provincias y municipios, que ven limitada su capacidad de respuesta.

En paralelo, el incremento del gasto en inteligencia y deuda revela un cambio en el enfoque de prioridades del Gobierno nacional: fortalecer el control institucional y garantizar la sostenibilidad financiera por encima de la inversión social y productiva.

En términos políticos, el ajuste profundiza las tensiones entre Nación y provincias, particularmente tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Gobiernos subnacionales reclaman compensaciones que hasta ahora no han tenido respuesta.

De cara a lo que resta del año, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad social y política de un ajuste que, según CEPA, golpea los cimientos de áreas estratégicas. Mientras el Ejecutivo defiende la disciplina fiscal como clave para estabilizar la economía, especialistas advierten que la contracción simultánea en inversión pública, programas sociales y apoyo productivo podría profundizar la recesión y erosionar la gobernabilidad.

En el corto plazo, el desafío radica en sostener el delicado equilibrio entre la reducción del déficit y la necesidad de contener las demandas sociales y provinciales. El debate en torno al Presupuesto 2026 será un test decisivo para medir hasta qué punto el ajuste puede sostenerse sin generar mayores costos políticos e institucionales.

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