PRESUPUESTO NACIONAL

Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027 el 15 de septiembre

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Javier Milei volverá a presentar personalmente el proyecto de ley de Presupuesto en el Congreso el próximo martes 15 de septiembre, retomando el formato que utilizó en 2024 y que había abandonado en 2025, cuando optó por grabar un mensaje desde la Casa Rosada para su emisión por cadena nacional.

La decisión vuelve a colocar al Presidente en el centro de una instancia que históricamente estuvo reservada al ministro de Economía. “El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron altas fuentes parlamentarias del oficialismo para explicar la estrategia. En términos políticos, la elección implica que Milei asumirá nuevamente el costo y el beneficio de defender ante el Congreso los principales lineamientos de la política económica del Gobierno.

El antecedente inmediato es significativo. En 2024, Milei presentó el proyecto correspondiente al Presupuesto 2025 desde un atril ubicado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de utilizar el sillón presidencial reservado junto a las autoridades legislativas. Aquella puesta en escena rompió con el protocolo tradicional y convirtió una exposición presupuestaria en una demostración explícita de liderazgo político.

El proyecto, sin embargo, no consiguió avanzar hasta el recinto. Quedó trabado en las comisiones de Diputados en medio de negociaciones fallidas entre el oficialismo, la oposición y los gobernadores por el reparto de recursos y las prioridades fiscales. La falta de acuerdo terminó impidiendo que el Congreso sancionara el Presupuesto 2025.

Un año después, el escenario fue diferente. El 15 de septiembre de 2025, en un contexto marcado por tensiones políticas y derrotas electorales, Milei decidió no concurrir al Palacio Legislativo y grabó un mensaje desde la Casa Rosada que fue transmitido por cadena nacional. El Presupuesto correspondiente a 2026 terminó teniendo un desenlace distinto al de su antecesor: fue el primero aprobado por ambas cámaras durante la administración libertaria, aunque recién obtuvo sanción en las sesiones extraordinarias de diciembre.

La nueva presentación del 15 de septiembre tendrá, por lo tanto, una importancia que excede la exposición de las variables fiscales para el próximo ejercicio. El desafío político será transformar los números del proyecto en un acuerdo parlamentario que permita garantizar su aprobación. Para el Gobierno, contar con una ley de Presupuesto implica además consolidar una herramienta institucional central para ordenar la política fiscal y otorgar mayor previsibilidad a la administración de los recursos públicos.

Milei cuenta con una particularidad que sus antecesores no tenían: conoce desde adentro el funcionamiento del Congreso, ya que fue diputado nacional entre 2021 y 2023. A esa experiencia se suma su formación como economista, dos factores que el oficialismo considera determinantes para justificar su decisión de asumir personalmente la presentación.

Pero el protagonismo presidencial también tiene una contracara institucional. La presencia de Milei en el Palacio Legislativo transformó el dispositivo de seguridad habitual del Congreso. En 2024, el operativo adquirió dimensiones extraordinarias, con controles federales dentro del edificio y restricciones inéditas para una actividad que durante décadas había tenido un carácter esencialmente administrativo y parlamentario.

La Policía Federal Argentina desplazó temporalmente funciones habituales del personal del Congreso y asumió el control de los accesos al hall y a los pasillos del Palacio Legislativo. Además, efectivos e inspectores realizaron recorridas preventivas piso por piso y oficina por oficina antes de la llegada presidencial.

El dispositivo incluyó también revisiones técnicas exhaustivas, perros detectores de explosivos en el recinto y controles de identidad y cacheos obligatorios en los accesos. En el exterior, la Avenida Rivadavia y el perímetro del Congreso fueron vallados y quedaron bajo vigilancia de un amplio despliegue policial, con participación de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La magnitud del operativo fue consecuencia directa de una modificación en la naturaleza política del acontecimiento. Lo que durante años había sido una presentación técnica del ministro de Economía pasó a convertirse, con Milei, en un evento presidencial con fuerte exposición pública, alta movilización política y mayor tensión con los bloques opositores.

El 15 de septiembre, esa dinámica volverá a ponerse a prueba. El Presidente deberá defender ante un Congreso donde el oficialismo necesita construir mayorías una hoja de ruta fiscal que será observada no solo por los legisladores, sino también por gobernadores, mercados, empresas y actores sociales. La presentación será, en consecuencia, el primer capítulo de una negociación parlamentaria que definirá cuánto margen tendrá el Gobierno para ejecutar su programa económico durante 2027.

Más allá del formato elegido, el desafío de fondo será el mismo que enfrentó el oficialismo en los últimos dos años: convertir el respaldo político al programa económico en acuerdos institucionales capaces de sostener una ley de Presupuesto. La exposición de Milei puede amplificar el mensaje; la aprobación dependerá, nuevamente, de la capacidad del Gobierno para negociar con el Congreso y las provincias.

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Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

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En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

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El Gobierno modifica el Presupuesto 2026 por DNU: refuerza fondos para el pago de salarios, deuda y programas sociales

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El Gobierno nacional volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para introducir modificaciones al Presupuesto 2026 con el objetivo de reforzar partidas destinadas a áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado. A través del DNU 594/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reasignó recursos para afrontar incrementos salariales, fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales, ampliar el presupuesto de la ANSES para cubrir déficits previsionales provinciales y garantizar el funcionamiento de distintos organismos de la Administración Pública.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y la totalidad del Gabinete, sostiene que la adecuación presupuestaria resulta indispensable para evitar riesgos en la prestación de servicios esenciales y para atender compromisos que surgieron durante la ejecución del ejercicio fiscal. El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto para los DNU.

Uno de los principales ejes de la modificación es el refuerzo presupuestario para la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Los nuevos recursos estarán destinados a financiar la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales y asegurar la continuidad del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, una herramienta orientada a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo. El área recibirá un aumento de $1.335.312.502.795 en su partida presupuestaria.

En paralelo, el Ejecutivo amplió el presupuesto de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar el financiamiento del Programa Monotributo Social, mecanismo que facilita la formalización laboral de trabajadores de bajos ingresos y emprendedores de la economía popular.

Otro de los capítulos de mayor impacto económico corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El decreto fija en $409.342.664.874 el crédito presupuestario destinado a financiar las transferencias hacia las cajas previsionales provinciales con déficit no transferidas al Estado nacional, consolidando uno de los principales compromisos financieros del sistema previsional argentino.

La readecuación también alcanza a la Jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, cuyos créditos fueron incrementados para asegurar el cumplimiento de los vencimientos financieros previstos durante el ejercicio. Paralelamente, se modifican partidas de Obligaciones a Cargo del Tesoro para asistir financieramente a Educ.ar S.A.U., empresa estatal que depende de la Secretaría de Educación y desarrolla contenidos y plataformas digitales para el sistema educativo.

El decreto incorpora además una operación financiera relevante para las cuentas públicas. El Ministerio de Capital Humano deberá transferir al Tesoro Nacional $280.510.611.926, correspondientes al reembolso de fondos vinculados al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, recursos que habían sido adelantados previamente por el Tesoro.

La modificación presupuestaria también contempla ajustes administrativos derivados de cambios en la estructura del Estado. Mientras se completan las adecuaciones formales de organismos cuya naturaleza jurídica fue modificada durante 2026, el Ejecutivo dispuso que continúen ejecutando sus gastos con cargo a las partidas originalmente asignadas.

Se asignaron más fondos para el funcionamiento de hospitales nacionales. El Hospital Garrahan recibirá $103.966 millones, mientras que el Hospital Cuenca Alta Nestor Kirchner contará con $17.521 millones, entre otros centros de salud del sistema SAMIC.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió un refuerzo total de $49.261 millones, que incluye partidas para personal, bienes de consumo y equipos de computación. Por su parte, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal también recibieron adecuaciones en sus créditos para gastos de personal y funcionamiento.

En cuanto a la deuda pública, se registró una readecuación importante del presupuesto para cumplir con los servicios financieros del ejercicio actual, incluyendo la amortización de letras intransferibles al Banco Central por más de $18 billones, utilizando recursos del Tesoro Nacional.

Las planillas anexas al decreto muestran que la redistribución de recursos alcanza a numerosos organismos del Estado. Entre ellos aparecen refuerzos para el Poder Judicial, el Ministerio Público, universidades nacionales, áreas de seguridad, cultura y diversos organismos descentralizados, principalmente para afrontar gastos salariales, funcionamiento e inversiones operativas.

Desde una perspectiva fiscal, el DNU refleja las tensiones propias de la ejecución presupuestaria en un contexto de fuerte disciplina sobre el gasto público. Aunque el Gobierno mantiene como objetivo central el equilibrio fiscal, la dinámica de la administración obliga a reasignar partidas para atender compromisos salariales, previsionales, educativos y financieros que no podían postergarse sin afectar el funcionamiento del Estado.

DNU 594/2026 by CristianMilciades

La decisión confirma, además, que el Poder Ejecutivo continúa utilizando la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia para introducir modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio, una práctica prevista por la legislación vigente pero que, como ocurre con todos los DNU, quedará sujeta al control político posterior del Congreso de la Nación.

anexo 1 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 2 DNU 594/2026 by CristianMilciades

anexo 3 DNU 594/2026 by CristianMilciades

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“Shutdown”: Milei propone un mecanismo para “apagar el Estado” cuando se agote el presupuesto

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El presidente Javier Milei volvió a colocar el equilibrio fiscal en el centro de su agenda política y económica al anticipar que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el modelo estadounidense. La idea apunta a impedir que la administración siga comprometiendo gastos cuando se agoten las partidas autorizadas, salvo en áreas esenciales, y establecer una regla de disciplina fiscal mucho más estricta que la vigente en Argentina.

“Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó el mandatario durante una entrevista, donde explicó que la iniciativa forma parte de un paquete más amplio que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y nuevas restricciones al financiamiento monetario del Tesoro.

La propuesta representa un cambio conceptual relevante: pasar de un sistema que permite la continuidad operativa del Estado mediante la prórroga presupuestaria a otro donde la falta de autorización de gasto implicaría la suspensión automática de actividades no esenciales.

El anuncio surgió mientras Milei describía la reforma que prepara para la autoridad monetaria. Según sostuvo, el Gobierno ya cuenta con una “versión unificada” del proyecto y buscará limitar de manera explícita cualquier forma de financiamiento del déficit por parte del Banco Central.

El Presidente cuestionó el esquema actual de la entidad y planteó que emitir para financiar al fisco debería tener consecuencias penales. “Emitir podría ser penado. Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo.

En esa lógica, la independencia del Banco Central y el cierre automático del gasto aparecen como dos piezas complementarias de un mismo objetivo: impedir que el déficit fiscal vuelva a financiarse mediante emisión monetaria.

El jefe de Estado adelantó que se reunirá esta tarde en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y el presidente del Central, Santiago Bausili.

“A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos”, señaló.

Qué es un “shutdown” en Estados Unidos

En el sistema estadounidense, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento antes de que se agoten los recursos disponibles. En ese escenario, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras continúan funcionando servicios críticos como seguridad, defensa, control aéreo y otras funciones estratégicas.

El caso más conocido se produjo durante la primera presidencia de Donald Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el gobierno federal permaneció parcialmente cerrado durante 35 días por la disputa sobre el financiamiento del muro fronterizo con México.

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, aquel cierre afectó a unos 800.000 empleados federales y generó una pérdida permanente de actividad económica estimada en unos US$3.000 millones.

La diferencia con el sistema argentino

El modelo actual argentino funciona de manera muy distinta. La Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no aprueba el Presupuesto al inicio del ejercicio, continúa vigente el del año anterior con los ajustes correspondientes. Esa prórroga evita precisamente una paralización automática de la administración pública.

Por eso, para implementar un esquema similar al estadounidense sería necesaria una ley específica que modifique las reglas de ejecución presupuestaria.

La versión que analiza el Gobierno no implicaría necesariamente un cierre total del Estado, sino la imposibilidad de seguir comprometiendo o devengando gastos una vez agotada una partida, excepto en áreas exceptuadas o servicios esenciales.

La iniciativa se inscribe en la estrategia fiscal de Milei, basada en el objetivo de déficit cero y en la reducción permanente del tamaño del Estado.

Desde la visión oficial, un mecanismo de “apagado” presupuestario funcionaría como una restricción institucional fuerte para evitar expansiones del gasto no autorizadas y reforzar la credibilidad del programa económico.

Sin embargo, su eventual implementación abriría un debate complejo sobre la flexibilidad del Estado para responder a emergencias, la continuidad de servicios públicos y el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria.

La señal política detrás del anuncio

Más allá de los detalles técnicos, el mensaje de Milei apunta a consolidar una idea central de su gobierno: el gasto público debe tener límites automáticos y no depender de decisiones discrecionales posteriores.

En un país acostumbrado a la prórroga de presupuestos y a la utilización de herramientas excepcionales para financiar al Tesoro, la propuesta busca instalar una regla de cierre mucho más rígida, alineada con la visión libertaria de disciplina fiscal y restricción del poder estatal.

El desafío será traducir esa lógica al sistema institucional argentino sin afectar la continuidad de funciones esenciales ni generar una parálisis administrativa de alto costo económico y social.

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El Gobierno activa el Presupuesto 2027 y ordena la hoja de ruta fiscal hasta 2029

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El Ministerio de Economía puso en marcha el armado del Presupuesto 2027 con una señal política clara: ordenar desde ahora las variables fiscales y macroeconómicas en un horizonte de tres años. A través de la Resolución 446/2026, publicada el 31 de marzo, el Gobierno fijó un cronograma detallado para la elaboración del proyecto que deberá enviarse al Congreso antes del 15 de septiembre, al tiempo que formalizó la construcción del Presupuesto Plurianual 2027-2029. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es un intento de consolidar previsibilidad fiscal o un movimiento para blindar la estrategia económica en un escenario de tensión de ingresos?

La medida no se limita a una cuestión técnica. Define tiempos, actores y responsabilidades en un proceso que, en la práctica, ordena la discusión política sobre gasto, inversión y financiamiento del Estado para los próximos años.

Un cronograma que estructura el poder presupuestario

El diseño aprobado por Economía establece un calendario preciso que arranca el 6 de abril con la coordinación inicial del proceso y culmina el 14 de septiembre con la remisión del proyecto de ley al Congreso.

Entre esos hitos, el esquema organiza una secuencia que combina definiciones técnicas y decisiones políticas: desde la proyección de variables macroeconómicas (entre el 20 de abril y el 4 de mayo) hasta la elaboración del proyecto final entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre.

En paralelo, el cronograma incluye la preparación de “techos presupuestarios” entre el 5 y el 30 de junio, un momento clave porque fija los límites de gasto para cada jurisdicción. Esa instancia suele ser donde se materializan las tensiones internas del Gobierno sobre prioridades y asignación de recursos.

El proceso también incorpora la elaboración del Presupuesto Plurianual 2027-2029, que se extenderá hasta el 30 de octubre, con el objetivo de proyectar el resultado primario, el financiamiento y los niveles de endeudamiento del Sector Público Nacional.

Un engranaje institucional que centraliza decisiones

Para ejecutar este esquema, la resolución crea el Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), coordinado por la Subsecretaría de Presupuesto y compuesto por áreas clave del Ministerio de Economía.

El GAEP no es un detalle administrativo. Es el espacio donde confluyen las áreas de ingresos, financiamiento, coordinación fiscal, relaciones internacionales y análisis macroeconómico. En términos prácticos, funciona como el núcleo técnico-político que define la arquitectura del presupuesto.

Además, la normativa refuerza la centralización del proceso: las jurisdicciones y entidades del Estado deben remitir la información requerida y ajustar sus anteproyectos a los lineamientos que fije Economía. El mensaje es claro: la construcción del presupuesto no es una suma de demandas sectoriales, sino un proceso coordinado desde el nivel central.

El uso de sistemas como el eSIDIF y el SIFEP para la formulación presupuestaria también apunta a estandarizar y controlar la información, reduciendo márgenes de discrecionalidad en la carga de datos.

Impacto político: el presupuesto como herramienta de orden

La activación temprana del Presupuesto 2027 tiene implicancias que exceden lo administrativo. En un contexto donde la recaudación muestra señales de desaceleración y las finanzas públicas enfrentan presión, el Gobierno busca anticiparse y fijar reglas de juego.

El cronograma obliga a todas las áreas del Estado a definir prioridades en plazos acotados, lo que tiende a ordenar la interna del gasto. Al mismo tiempo, la elaboración del presupuesto plurianual introduce un marco que condiciona decisiones futuras, especialmente en materia de inversión y financiamiento.

También aparece un factor institucional clave: el cumplimiento del plazo del 15 de septiembre para enviar el proyecto al Congreso. Ese momento marcará el inicio de la negociación política con las distintas fuerzas, donde el contenido del presupuesto se convierte en una herramienta central de construcción de alianzas o de conflicto.

Un proceso técnico con consecuencias abiertas

El armado del Presupuesto 2027 ya está en marcha, pero su resultado está lejos de ser definitivo. El cronograma establece los tiempos; la política definirá los contenidos.

En las próximas semanas, el foco estará en las proyecciones macroeconómicas y en la definición de los techos de gasto. Allí se jugará buena parte del equilibrio entre ajuste, inversión y sostenibilidad fiscal.

La hoja de ruta está trazada. Lo que resta ver es cómo se llenan esos casilleros y qué tensiones emergen cuando los números empiecen a traducirse en decisiones concretas.

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