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Senado: se formalizó la sesión para el viernes para tratar el Presupuesto e Inocencia Fiscal

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El Senado formalizó la sesión para el viernes al mediodía donde la Libertad Avanza buscará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026, que fueron aprobados por diputados en la madrugada del jueves pasado.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.

De acuerdo al cronograma de citación, primero se debatirá el Presupuesto 2026 y posteriormente el proyecto sobre Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas poder incorporar al mercado los dólares comprados en el sistema informal.

Dictamen de comisión

El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de discapacidad y Universidades.

Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para que LLA propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en diputados.

Incluso este domingo hubo un ultimo intento por seducir a los senadores aliados y lograr así introducir el Capítulo XI al Presupuesto 2026, pero también fracasó, con lo cual el Gobierno podrá tener la ley pero sin la inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad, Universidades, la restricción de la ley de Zona Fría y las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, además de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires.

Presupuesto construido sobre la base del déficit cero

La última negociación que fracasó se realizó este domingo en una reunión virtual que encabezó la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, según Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias. 

Por ese motivo, el presidente Javier Milei destacó en la noche del domingo que “logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, afirmó.

Dijo que, al no aprobarse la derogación de las leyes sobre discapacidad y Universidades, “lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas: lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, en un reportaje con la señal La Nación+.

La decisión de mantener el texto votado en diputados le permitirá contar con el radicalismo que puede aportar una decena de votos, el PRO, los dos misioneros del Frente de la Concordia y las senadoras de Tucumán, de Salta y Neuquén.

Negociaciones de última hora

De esta manera, el oficialismo tendrá 21 votos propios, 10 de la UCR, dos del PRO y cinco provinciales a los cuales puede sumarse el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, señalaron voceros parlamentarios.  

En tanto, el peronismo buscará plasmar reformas para anular el artículo 30, que establece la derogación de los artículos que establecen una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

Si bien votará en contra del Presupuesto, el interbloque peronista buscará incluir algunas reformas que fueron solicitados por sectores educativos para eliminar la anulación del financiamiento educativo, confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

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Presupuesto 2026: el IDAA advierte que la meta de retenciones sería casi imposible de cumplir

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Mientras el Presupuesto 2026 transita su etapa final de debate en el Congreso Nacional, un análisis privado encendió señales de alerta sobre la factibilidad de cumplir las metas fiscales proyectadas, en particular la vinculada a la recaudación por derechos de exportación (DEx). Desde el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) advirtieron que el cálculo oficial “no cierra” y que, bajo las condiciones actuales, el objetivo planteado resultaría prácticamente inalcanzable.

El foco del cuestionamiento está puesto en la proyección elaborada por el Ministerio de Economía, que estima que la recaudación por retenciones alcanzará los $9,97 billones en 2026, un crecimiento interanual del 22,8% respecto del monto previsto para 2025, calculado en $8,12 billones. El dato adquiere relevancia central si se considera que el sector agroindustrial aporta cerca del 80% de esos ingresos, lo que convierte a la política aplicada sobre el comercio exterior en un factor determinante para el equilibrio fiscal proyectado.

Un punto de partida cuestionado y una brecha fiscal creciente

El análisis del IDAA, elaborado por el ingeniero agrónomo Javier Patiño, sostuvo que el problema central radica en el punto de partida utilizado para la proyección, al considerar que la meta de recaudación de 2025 no se alcanzaría como consecuencia de la eliminación temporal de las retenciones y de la reciente reducción de las alícuotas de los DEx.

Según detalló el informe, entre enero y noviembre la recaudación por derechos de exportación alcanzó los $6,87 billones, mostrando una tendencia declinante luego del último esquema de Dólar Soja de septiembre. En ese período, se registraron 19 millones de toneladas de granos y subproductos con retenciones cero, lo que impactó de manera directa en los ingresos fiscales.

Bajo ese escenario, Patiño estimó que la recaudación final de 2025 cerraría en torno a los $7,17 billones, muy por debajo de los $8,12 billones tomados como base por el Gobierno. En consecuencia, alcanzar los $9,97 billones en 2026 implicaría un incremento cercano al 39% interanual, una cifra sensiblemente superior a la proyectada oficialmente.

Retenciones cero, baja de alícuotas y el impacto en el complejo soja

El informe también subrayó un aspecto clave del proceso legislativo: el Presupuesto fue girado al Congreso el 15 de septiembre, es decir, antes de la implementación de las retenciones cero y de la posterior reducción de las alícuotas. Esa rebaja alcanzó los dos puntos porcentuales para la soja y sus subproductos, así como para trigo, cebada y sorgo, y un punto para el maíz y el complejo girasol.

En este contexto, Patiño advirtió que “alcanzar la meta se torna más difícil o casi imposible”, especialmente en el caso del complejo soja, que constituye el principal aportante a la recaudación por retenciones debido a su elevada carga tributaria histórica.

Como ejemplo concreto, señaló que durante los dos días de vigencia de las retenciones cero se registraron exportaciones para embarcar en 2026 que implicaron US$340 millones menos para el fisco, equivalentes a $462.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento. Ese monto, remarcó, debería descontarse directamente de la recaudación proyectada para el próximo ejercicio.

A ello se suma el efecto estructural de la baja de alícuotas. Partiendo de una proyección de cosecha de soja de 48,5 millones de toneladas, estimada por el USDA, y descontando el consumo interno y las exportaciones ya registradas, quedarían 37,7 millones de toneladas disponibles para exportar como poroto o como subproductos industriales.

En términos fiscales, Patiño calculó que los dos puntos menos de DEx representan, a grandes rasgos, US$310 millones menos de recaudación, equivalentes a $446.000 millones. De este modo, advirtió que solo considerando la soja anotada durante las retenciones cero más la baja de alícuotas, el Estado estaría resignando cerca de un billón de pesos, sin computar lo dejado de percibir por el resto de los complejos exportadores.

Escenarios posibles y tensiones en el debate presupuestario

Frente a este panorama, desde el IDAA plantearon que las alternativas para compensar la pérdida de ingresos son limitadas. Según el análisis, solo dos escenarios podrían revertir parcialmente el desfasaje: una suba significativa de los precios internacionales de los commodities, considerada “muy improbable”, o una fuerte devaluación que mejore los números fiscales medidos en moneda local.

La advertencia introduce un elemento de tensión técnica y política en el tratamiento del Presupuesto 2026, al poner en discusión la consistencia de las proyecciones fiscales en un contexto de cambios en la política tributaria sobre el agro. Para el sector agroindustrial, principal aportante de los DEx, el debate también reabre interrogantes sobre la sustentabilidad de los ingresos del Estado y el impacto de las decisiones fiscales en la competitividad exportadora.

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Milei aseguró que no vetará el Presupuesto, pero hará cumplir “el déficit cero sin crear impuestos”

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El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, pese a que la oposición le bajó del texto original la derogación del financiamiento a las universidades y de la emergencia en discapacidad.

En declaraciones a LN+, sostuvo que “en la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas”, y amplió: “Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”.

El mandatario nacional destacó que “ese Presupuesto está construido en la base del déficit cero”.

Al ser consultado sobre si iba a aceptar la ley tal cual salió de Diputados, pese a las modificaciones a la propuesta original, Milei expresó: “Exactamente”.

“Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”, indicó Milei. 

Y agregó: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

De esta forma, Milei rechazó un veto al Presupuesto 2026, versión que circuló en Casa Rosada luego de que el capítulo 11 del proyecto fuera rechazado en Diputados.

Está previsto que el viernes 26 de diciembre el tema se discuta en el recinto de la Cámara de Senadores, donde podría ser convertido en ley.

Milei recortó $50 billones desde que asumió y anticipa más poda

“Voy a acomodar las partidas para tener déficit cero”, avisó el presidente Javier Milei tras aceptar que no vetará el Presupuesto 2026, que ya fue aprobado en Diputados con la eliminación de la derogación del Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad.

De esta forma, el jefe de Estado piensa seguir aplicando recortes, luego de que en sus dos primero años de mandato achicó el gasto público en unos 50 billones de pesos, según surge de un cálculo del instituto IARAF 

Semejante nivel de recortes equivalen a uno US$8.000 millones a precios constantes. El IARAF estimó que Milei achicó 27,2% los niveles de gastos. Así, en dos años el gasto primario se redujo de $185 a $134 billones.

Los mayores recortes se aplicaron a dinero girado por la Nación a los gobernadores, mientras que las transferencias de capital a provincias cayeron en un 93,8%, un ajuste sin precedentes.

En tanto, los subsidios a otras funciones bajaron 83,9% y la inversión real directa retrocedió 73,5%. Además, en el marco de un fuerte ajuste en el Estado, el gasto salarial retrocedió 26%. 

En cuanto al PAMI, el gasto se mantuvo, mientras que el gasto en Asignación Universal para protección social subió 70% en términos reales -es decir descontando el efecto de la inflación-, convirtiéndose en el único ítem con incremento.

El mayor recorte fue en programas sociales, donde se incluye el bono dado a jubilados y pensionados entre otros, con una baja de $10,5 billones en moneda de noviembre 2025, seguido por subsidios a la energía con $8,8 billones e inversión real directa con $ 8,3 billones.

El gasto salarial tuvo una merma de $6,3 billones. En quinto lugar estarían las transferencias de capital a las provincias y CABA, con $4 billones.

Por su parte, el incremento del único gasto que subiría, el de asignación universal por hijo, sería de $2,7 billones.

Según analistas, la recomposición de la AUH explica, junto con la baja de la inflación y la creación de empleo informal, por qué la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año, de acuerdo con datos oficiales.

Presupuesto 2026: arranca una semana clave en el Congreso

Esta semana continúa el periodo de sesiones extraordinarias y comienza una nueva etapa, en el Congreso Nacional, para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar sin dilatar.

La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del déficit cero por parte de La Libertad Avanza (LLA).

Uno de los debates significativos, y que tiene fecha para el próximo viernes 26, será el vinculado a la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que acompaña al Presupuesto 2026 y que cuenta con media sanción en Diputados.

La ley propuesta por el Ejecutivo nacional modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa, también, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Asimismo, y junto con los bloques dialoguistas, LLA pretende avanzar con el paquete de reformas que incluye, en primer lugar, el Proyecto de Modernización Laboral, que debió posponer su tratamiento para el año próximo y se retomará el 10 de febrero, y las modificaciones en el Código Penal, que aún no tiene una fecha definida.

La decisión sobre continuar el debate de la reforma laboral el próximo año fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Otros proyectos en agenda, y que también tiene gran relevancia tanto para el Ejecutivo Nacional como para las provincias mineras, es el de la Ley de Glaciares, donde se debaten las modificaciones para flexibilizar la protección ambiental en ciertas zonas y, de esa manera, fomentar inversiones mineras.

Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero donde, además de buscar la aprobación de la Modernización Laboral en el Senado, pretenden hacer lo propio con la Ley de Glaciares.

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El Presupuesto 2026 profundiza el desfinanciamiento de escuelas técnicas, universidades y ciencia

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El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 confirma que el ajuste fiscal dejó de ser transitorio para transformarse en una redefinición estructural del rol del Estado en educación, ciencia y formación técnica. Los números, expresados en pesos constantes de 2026, muestran una retracción profunda del financiamiento público en áreas clave para la productividad, la innovación y la competitividad de largo plazo.

Desde la formación de técnicos hasta el sostenimiento del sistema universitario y científico, el presupuesto proyectado consolida un corrimiento del Estado de funciones estratégicas, con impactos directos sobre la oferta de capital humano, la matriz productiva y la capacidad de generar valor agregado.

Educación técnica: el eslabón productivo más golpeado

El recorte más severo se registra en la Educación Técnico Profesional, uno de los pilares para la articulación entre educación y trabajo. El financiamiento destinado a este segmento muestra para 2026 una caída acumulada del 93% respecto de lo ejecutado en 2023, incluso después de dos años previos de fuerte contracción real.

La magnitud del ajuste no solo responde a una menor asignación presupuestaria, sino a una redefinición normativa incluida en el propio proyecto de Presupuesto, que elimina el fondo específico destinado a sostener a las escuelas técnicas. En términos económicos, esto implica desfinanciar el principal canal de formación de mano de obra calificada para la industria, la construcción, la energía y los servicios tecnológicos.

En un contexto donde las economías regionales y el entramado PyME demandan perfiles técnicos específicos, el recorte actúa como un factor restrictivo de la productividad futura, al debilitar la formación de recursos humanos intermedios, clave para la competitividad.

La Función Educación y Cultura en su conjunto presenta una caída real del 47,3% respecto de 2023, configurando uno de los ajustes más profundos del presupuesto nacional. Desde una mirada económica, esta contracción impacta no solo en el sistema educativo, sino también en el consumo asociado, el empleo público indirecto y las economías locales vinculadas a instituciones educativas.

El ajuste reduce la capacidad del sistema para cumplir su rol anticíclico y limita la inversión pública en capital humano, un insumo central para cualquier estrategia de crecimiento sostenido.

Las universidades nacionales enfrentan en 2026 una caída real del 33,8% en su presupuesto respecto de 2023. Este recorte se traduce en dificultades para sostener gastos operativos, infraestructura, salarios y programas de investigación y extensión.

A la restricción financiera se suma un factor institucional: la suspensión de la ejecución de la ley de financiamiento universitario mediante decreto, lo que introduce incertidumbre jurídica y presupuestaria en uno de los sistemas más relevantes para la formación profesional y científica del país.

Desde una óptica productiva, la falta de previsibilidad afecta la planificación académica, la vinculación tecnológica con el sector privado y la formación de profesionales en áreas estratégicas como ingeniería, salud, ciencias aplicadas y tecnología.

Becas: menor acceso y pérdida de movilidad social

El ajuste también alcanza a los programas de becas y transferencias directas a estudiantes, que registran una caída real acumulada del 76,6% frente a 2023. Este recorte impacta directamente en la tasa de permanencia y egreso, especialmente en los primeros años de las carreras.

En términos económicos, la reducción de becas implica menor inversión en movilidad social ascendente y una mayor segmentación del acceso a la educación superior, con efectos negativos sobre la oferta futura de profesionales y técnicos calificados.

La inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación muestra una caída real del 48,8% respecto de 2023, revirtiendo la senda de crecimiento que apuntaba a consolidar un sistema científico integrado al desarrollo productivo.

Este retroceso limita la capacidad del país para:

  • Generar innovación aplicada.
  • Desarrollar tecnología propia.
  • Acompañar procesos de agregado de valor en sectores estratégicos.
  • Sostener la transferencia de conocimiento hacia el sector privado.

En un contexto internacional marcado por la competencia tecnológica, la reducción de la inversión en ciencia funciona como un factor de pérdida de competitividad estructural.

El Presupuesto 2026 no expresa únicamente un ajuste fiscal. Refleja un cambio de enfoque en la política económica, donde educación, ciencia y formación técnica dejan de ser consideradas inversiones estratégicas para pasar a ser variables de ajuste.

Desde una mirada económica, el impacto trasciende el corto plazo: menos técnicos, menos profesionales, menos innovación y menor productividad futura. El costo no se mide solo en partidas presupuestarias, sino en capacidad de crecimiento, desarrollo regional y generación de empleo calificado.

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Informe fiscal CEPA: el ajuste del gasto sostiene el superávit, pero crece el déficit financiero implícito

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre de 2025 con superávit fiscal y financiero, en un contexto marcado por una fuerte contracción real del gasto público y una caída significativa de los ingresos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el resultado primario fue positivo en $2,13 billones y el financiero alcanzó los $0,60 billones, tras el pago de $1,53 billones en intereses de deuda. El dato confirma la consolidación del ajuste iniciado en 2024, aunque también expone un déficit financiero implícito creciente, asociado a la capitalización de intereses de la deuda en pesos.

En términos prácticos, el superávit se explica casi exclusivamente por el recorte del gasto, que compensó la caída de la recaudación, y permitió al Gobierno ubicarse por encima de las metas fiscales comprometidas con el FMI. Sin embargo, el informe advierte que, al incorporar los intereses capitalizados de títulos como LECAP, BONCAP y DUALES, el resultado financiero mensual se tornaría deficitario y el rojo acumulado del año alcanzaría niveles sustanciales.

Ajuste fiscal: superávit primario con fuerte contracción del gasto

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN sumaron $11,40 billones, con una caída interanual real del 9,7% y del 16,0% respecto del mismo mes de 2023. En paralelo, el gasto total fue de $9,27 billones, lo que implicó una reducción real del 14,2% interanual y una contracción del 35,2% frente a noviembre de 2023, confirmando la profundización del ajuste fiscal.

El informe de CEPA subraya que, de no haberse aplicado recortes significativos en partidas sensibles, el resultado financiero habría sido negativo. En particular, si los rubros “Otros programas”, Prestaciones del INSSJP y Universidades Nacionales hubieran mantenido en noviembre el mismo nivel de ejecución que en 2024, el gasto adicional habría ascendido a $1,34 billones, transformando el superávit financiero de $0,60 billones en un déficit de $0,74 billones.

Dentro del gasto, las Prestaciones Sociales cayeron 10,6% interanual y 19,8% frente a 2023. Se destacan recortes en Asignaciones Familiares (-17,5%), INSSJP (-44,6%), Pensiones no contributivas (-16,8%) y, especialmente, en “Otros programas” (-79,8% respecto de 2023), donde se incluyen políticas como Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Las Jubilaciones y pensiones contributivas mostraron una suba interanual del 5,5%, aunque en el acumulado de 2025 registran una caída real del 6,3% frente a 2023. En tanto, las Universidades Nacionales exhibieron un desplome del 95,5% interanual y del 96,7% respecto de noviembre de 2023, en un esquema de postergación de transferencias que ya se había observado en junio de este año, tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ingresos en caída y efectos de las medidas tributarias

La contracción de los ingresos estuvo atravesada por cambios normativos y efectos de base de comparación. El informe detalla una caída del 67,7% interanual en Bienes Personales, explicada por el impacto del REIBP, vigente desde septiembre de 2024, y por la prórroga de pagos aplicada el año pasado. También se registró una baja del 7,7% interanual en el impuesto a las Ganancias.

El rubro “Resto de tributos” retrocedió 42,5% interanual, debido a la eliminación del Impuesto PAIS, descontinuado a fines de 2024. CEPA estima que, de haberse mantenido vigente, este tributo habría aportado $8,73 billones reales en los primeros once meses de 2025.

En comercio exterior, los Derechos de Exportación se desplomaron 67,2% interanual, como resultado de liquidaciones anticipadas y de medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0% para diversos productos. El informe advierte que es previsible que en los próximos meses continúen las caídas en este tributo. En contraste, los Derechos de Importación crecieron 8,0% interanual, en línea con un aumento de las importaciones.

Déficit financiero implícito y metas con el FMI

Aunque el resultado financiero de noviembre fue positivo, CEPA remarca que el Tesoro continúa priorizando la emisión de títulos capitalizables en pesos, lo que difiere el registro de intereses. Solo en noviembre, los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES ascendieron a $2,65 billones. Si se incorporan estos compromisos, el resultado financiero del mes se transforma en un déficit de $2,05 billones y el déficit acumulado de 2025 alcanza los $21,22 billones.

Pese a este escenario, en términos de metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se mantiene holgado. Tras la revisión de agosto de 2025, el objetivo de superávit primario para diciembre quedó fijado en $10,88 billones. Hasta noviembre, el SPN acumuló un resultado positivo de $14,65 billones, es decir, $3,76 billones por encima de la meta.

El informe concluye que el programa fiscal muestra consistencia en el corto plazo gracias al ajuste del gasto, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, en un contexto de caída de ingresos, recortes profundos en áreas sociales y educativas, y un endeudamiento en pesos que esconde un déficit financiero de magnitud creciente.

Informe fiscal Noviembre 2025 by CristianMilciades

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