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Informe fiscal CEPA: el ajuste del gasto sostiene el superávit, pero crece el déficit financiero implícito

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre de 2025 con superávit fiscal y financiero, en un contexto marcado por una fuerte contracción real del gasto público y una caída significativa de los ingresos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el resultado primario fue positivo en $2,13 billones y el financiero alcanzó los $0,60 billones, tras el pago de $1,53 billones en intereses de deuda. El dato confirma la consolidación del ajuste iniciado en 2024, aunque también expone un déficit financiero implícito creciente, asociado a la capitalización de intereses de la deuda en pesos.

En términos prácticos, el superávit se explica casi exclusivamente por el recorte del gasto, que compensó la caída de la recaudación, y permitió al Gobierno ubicarse por encima de las metas fiscales comprometidas con el FMI. Sin embargo, el informe advierte que, al incorporar los intereses capitalizados de títulos como LECAP, BONCAP y DUALES, el resultado financiero mensual se tornaría deficitario y el rojo acumulado del año alcanzaría niveles sustanciales.

Ajuste fiscal: superávit primario con fuerte contracción del gasto

Durante noviembre, los ingresos totales del SPN sumaron $11,40 billones, con una caída interanual real del 9,7% y del 16,0% respecto del mismo mes de 2023. En paralelo, el gasto total fue de $9,27 billones, lo que implicó una reducción real del 14,2% interanual y una contracción del 35,2% frente a noviembre de 2023, confirmando la profundización del ajuste fiscal.

El informe de CEPA subraya que, de no haberse aplicado recortes significativos en partidas sensibles, el resultado financiero habría sido negativo. En particular, si los rubros “Otros programas”, Prestaciones del INSSJP y Universidades Nacionales hubieran mantenido en noviembre el mismo nivel de ejecución que en 2024, el gasto adicional habría ascendido a $1,34 billones, transformando el superávit financiero de $0,60 billones en un déficit de $0,74 billones.

Dentro del gasto, las Prestaciones Sociales cayeron 10,6% interanual y 19,8% frente a 2023. Se destacan recortes en Asignaciones Familiares (-17,5%), INSSJP (-44,6%), Pensiones no contributivas (-16,8%) y, especialmente, en “Otros programas” (-79,8% respecto de 2023), donde se incluyen políticas como Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Las Jubilaciones y pensiones contributivas mostraron una suba interanual del 5,5%, aunque en el acumulado de 2025 registran una caída real del 6,3% frente a 2023. En tanto, las Universidades Nacionales exhibieron un desplome del 95,5% interanual y del 96,7% respecto de noviembre de 2023, en un esquema de postergación de transferencias que ya se había observado en junio de este año, tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ingresos en caída y efectos de las medidas tributarias

La contracción de los ingresos estuvo atravesada por cambios normativos y efectos de base de comparación. El informe detalla una caída del 67,7% interanual en Bienes Personales, explicada por el impacto del REIBP, vigente desde septiembre de 2024, y por la prórroga de pagos aplicada el año pasado. También se registró una baja del 7,7% interanual en el impuesto a las Ganancias.

El rubro “Resto de tributos” retrocedió 42,5% interanual, debido a la eliminación del Impuesto PAIS, descontinuado a fines de 2024. CEPA estima que, de haberse mantenido vigente, este tributo habría aportado $8,73 billones reales en los primeros once meses de 2025.

En comercio exterior, los Derechos de Exportación se desplomaron 67,2% interanual, como resultado de liquidaciones anticipadas y de medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0% para diversos productos. El informe advierte que es previsible que en los próximos meses continúen las caídas en este tributo. En contraste, los Derechos de Importación crecieron 8,0% interanual, en línea con un aumento de las importaciones.

Déficit financiero implícito y metas con el FMI

Aunque el resultado financiero de noviembre fue positivo, CEPA remarca que el Tesoro continúa priorizando la emisión de títulos capitalizables en pesos, lo que difiere el registro de intereses. Solo en noviembre, los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES ascendieron a $2,65 billones. Si se incorporan estos compromisos, el resultado financiero del mes se transforma en un déficit de $2,05 billones y el déficit acumulado de 2025 alcanza los $21,22 billones.

Pese a este escenario, en términos de metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se mantiene holgado. Tras la revisión de agosto de 2025, el objetivo de superávit primario para diciembre quedó fijado en $10,88 billones. Hasta noviembre, el SPN acumuló un resultado positivo de $14,65 billones, es decir, $3,76 billones por encima de la meta.

El informe concluye que el programa fiscal muestra consistencia en el corto plazo gracias al ajuste del gasto, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, en un contexto de caída de ingresos, recortes profundos en áreas sociales y educativas, y un endeudamiento en pesos que esconde un déficit financiero de magnitud creciente.

Informe fiscal Noviembre 2025 by CristianMilciades

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Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero rechazó un capítulo clave para el oficialismo

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El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. No obstante, la alegría oficialista trocó por decepción poco más de una hora después. A las 0.19 de este jueves se inició la votación en particular, que tal cual se había votado al principio de la sesión, se hizo por capítulos (12 en total). Esa propuesta generó fuerte discordia, pues mereció insistentes reproches a lo largo de la jornada. Al punto tal que durante la votación en particular, antes de llegar al capítulo de la discordia, el XI, hubo una moción de reconsideración presentada por Nicolás del Caño, que fue rechazada (tuvo 115 votos a favor y 124 en contra ese pedido).

Es que durante toda la sesión sobrevoló la polémica en torno al Capítulo XI, donde se encontraba el artículo 75°, que derogaba las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Claramente la decisión oficial de votar por capítulos tenía por objeto “blindar” ese artículo en particular. Previsiblemente entonces la votación de ese capítulo atrajo toda la atención y terminó siendo votada cerca de la 1.30 de la madrugada. Sorpresivamente el capítulo completo fue rechazado por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.

Los diputados misioneros del Frente Renovador Neo acompañaron la sanción del Presupuesto Nacional y fundamentaron su decisión en un eje central: “un país sin presupuesto es un país sin rumbo”. En ese marco, sostuvieron que contar con una ley de gastos aprobada, debatida y transparente resulta indispensable para dar previsibilidad económica, asegurar el funcionamiento del Estado y limitar la discrecionalidad de la administración central.

Desde el bloque señalaron que la aprobación del presupuesto no es un trámite formal, sino una herramienta concreta de planificación: fija prioridades, ordena el uso de los recursos públicos y establece criterios para una distribución equitativa. Según explicaron, el objetivo fue evitar que la Argentina vuelva a quedar sin un marco presupuestario, escenario que -advirtieron- amplía márgenes de arbitrariedad y debilita la estabilidad institucional.

Registrado ese traspié, desde la propia oposición intentaron salir al rescate de algunos artículos “caídos” con el rechazo del Capítulo XI. Fue ahí que Nicolás Massot, del interbloque Unidos, propuso incorporar una serie de artículos correspondientes al dictamen de minoría de esa bancada, que incluían cuestiones tales como la eximición de derechos de importación del INVAP, presupuesto de la CONAE y la prórroga de la Ley de Energías Renovables.

Con los efectos del impacto negativo que el rechazo había generado en el seno del oficialismo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, optó poco antes de las 2 de la madrugada pasar a un cuarto intermedio para analizar las propuestas.

Sin embargo, al retornar media hora después, si bien parecía que se había aceptado la propuesta, tras un intento fallido de Germán Martínez por interpretar la situación, se pasó directamente a la votación del Capítulo XII, desechando cualquier alternativa para recuperar algo de lo que se había perdido.

En un último intento para garantizar más la protección de ese capítulo, antes de iniciar la votación en particular, el miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch había comunicado la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del Capítulo XI sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78.

De esta manera, procedió a leer la redacción del artículo 79: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

En el Capítulo XI también sumaron el artículo 80 respecto de la “modificación en las planillas de la jurisdicción 5 Poder Judicial”, y procedió a leer lo que propone: “Disponese que el jefe de Gabinete de ministros, a través de decisión administrativa, asignará dentro de la jurisdicción cinco Poder Judicial de la Nación la suma de pesos 21,347 millones correspondiente al inciso 4 de la categoría 8 ‘Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’ a la categoría 1 actividades centrales, actividad 4 gestión del Consejo de la Magistratura con imputación al inciso 4 de dicho programa presupuestario”.

Hecha la propuesta, tomó la palabra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien planteó que “por el articulado deben ir en el Capítulo II ambos artículos. No se ponen en cualquier capítulo. Sino hagan un capítulo nuevo. Tenemos que ser un poco más leales y advertimos que no se pueden tratar temas que no ha mandado el Ejecutivo”.

En el mismo sentido se manifestó Maximiliano Ferraro quien alertó que “es una extorsión la propuesta porque quiere incorporar una deuda legítima a la Ciudad de Buenos Aires que vienen reclamando hace tiempo. Es parte del chantaje y transacciones”.

También se pronunció en contra el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien alertó que “se está consumando el cuadro de lo que están intentando hacer en el desarrollo de la votación en particular” y explicó que “quieren blindar el artículo 75 y por eso meten cosas en el Capítulo XI. Coincido con el diputado Ritondo”.

El santafecino advirtió que “están cometiendo una perversidad agregando el financiamiento del Poder Judicial en el Capítulo XI con la única finalidad de que si algún juez osa suspender la aplicación de la votación de este capítulo se le cae la guita. Esto hay que decirlo, están convirtiendo el artículo 75 en la contradicción de todo el articulado y por eso están votando por capítulos. Están queriendo blindar el 75. Son unas chantas, pero ¿dónde están las fuentes de financiamiento de lo que están agregando?”.

Salió en defensa del oficialismo Silvana Giudici, quien la emprendió contra el kirchnerismo diciendo que “compraban votos a cambio de obras públicas y en este recinto hicieron el fraude más grande de la historia, así que cierren la boca cuando hablan de gallos y medianoches”. Y agregó: “Que se quede tranquilo Martínez, le puedo explicar que cuando uno agrega un artículo tiene que correr lo que va a agregar, que va en la sección de ‘otras disposiciones’”, y aseguró que el Capítulo XI “no corre ningún riesgo y la asignación va a salir del Presupuesto Nacional”.

Con los tapones de punta salió el diputado Pablo Juliano quien chicaneó: “A ver campeón de la vida en el Capítulo IX podés decir ‘De las provincias y del Gobierno de la Ciudad’ y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia, campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarte en la gente. Lo podés poner en el Capítulo IX y evitás que Giudici se angustie para que no se le mueva la planilla. Ahí meten el acuerdo político, pero no a costa de las universidades y de las personas con discapacidad. Atorrantes”.

Habló a continuación el diputado del Pro Alvaro González, quien aclaró que él tenía que ver con las dos modificaciones propuestas por el oficialismo: una por ser legislador por la Ciudad de Buenos Aires; y la otra por ser miembro del Consejo de la Magistratura. “En función de lo decidido en Labor, que se vota por capítulo, no voy a entrar en el ‘plan canje’ y quiero que quede constancia de que no voy a acompañar el Capítulo XI de este Presupuesto”.

El Capítulo XI, uno de los más polémicos, incluye una incorporación al texto que La Libertad Avanza formalizó esta semana: el artículo 75 propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)”, añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.

En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.

Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponían incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Es el artículo 69.

Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.

En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.

En una de las modificaciones sumadas a último momento, con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.

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Presupuesto 2026: Innovación Federal plantea una disidencia parcial por la emergencia en discapacidad y universidades

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En el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026, el bloque misionerista presentó una disidencia parcial al dictamen de mayoría elaborado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, al advertir sobre el impacto social de uno de los artículos incluidos en la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.

La comisión analizó el mensaje 104/2025 y el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el 15 de septiembre de 2025, y si bien manifestaron compartir el objetivo general del dictamen de mayoría, marcaron una diferencia central respecto del artículo 75 del texto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Según expresaron, ese artículo propone la derogación de las Leyes Nros. 27.793 y 27.795, correspondientes a la Emergencia en Discapacidad y a la Emergencia en Universidades, una decisión que consideran “un error” y que no están dispuestos a acompañar.

En el escrito, los legisladores misioneros sostienen que garantizar derechos como la salud, la educación, la protección social y el trabajo para las personas con discapacidad -en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– debe seguir siendo una prioridad del Estado. Por ese motivo, reclaman que se respete la vigencia de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

De manera puntual, la disidencia solicita la eliminación del artículo 75 del dictamen, al considerar que su aprobación implicaría retroceder en políticas públicas sensibles tanto para la provincia como para el conjunto del país. “Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a las personas con discapacidad y a la educación pública”, señala el documento por los legisladores Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, y agrega que no pueden acompañar una iniciativa que busque derogar emergencias vinculadas a dos áreas consideradas estratégicas y socialmente críticas.

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Caputo prueba la remonetización en dólares con la liberación de fondos del blanqueo

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A partir del 1° de enero de 2026, los contribuyentes que blanquearon más de u$s100.000 en 2024 podrán retirar sin costo los fondos depositados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). La medida, prevista en el esquema vigente del blanqueo, abre un test clave para la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, orientada a impulsar una “remonetización” de la economía en dólares y captar parte de los u$s243.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

Liberación de dólares y el test de confianza al esquema fiscal

El cambio normativo habilita, desde enero de 2026, la libre disponibilidad de los fondos blanqueados por encima de u$s100.000 sin pagar el impuesto especial del 5% que regía como penalidad por retiros anticipados. Se trata de un hito dentro del blanqueo 2024, que pone a prueba la expectativa oficial de que esos dólares no regresen al “colchón” y, por el contrario, se canalicen hacia el consumo, la inversión o el sistema financiero.

La apuesta del Palacio de Hacienda se apoya en un concepto incorporado en uno de los artículos del Presupuesto: la presunción de inocencia fiscal. Bajo este principio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debería probar el origen ilícito de los fondos y no el contribuyente justificar su procedencia, un cambio que apunta a incentivar el uso de ahorros fuera del sistema y a avanzar hacia una suerte de blanqueo permanente.

En este contexto, el consultor Camilo Tiscornia consideró que “tiendo a pensar que no se los van a llevar”, al señalar que la dinámica reciente de los depósitos en dólares muestra aumentos y no una salida de fondos. “Si la gente se anima a gastar sería mejor”, sostuvo, y agregó que una eventual salida masiva impactaría negativamente en las reservas del Banco Central. Para el economista, cuanto más se consolide la perspectiva de estabilidad, mayor será la probabilidad de que parte de esos dólares migre incluso hacia inversiones en pesos.

Cuántos dólares se liberan y dónde podrían ir

Las estimaciones privadas dimensionan el desafío. Según Fernando Marull, “el próximo 1 de enero se ‘liberan’ u$s23.000 millones que se blanquearon en 2024 y que están en Cuentas CERA”. La liberación implica que esos fondos quedan disponibles sin pagar la multa del 5% que aplicaba si se retiraban antes. “Mucho de esto se invirtió en bonos y acciones y están con ganancias de +20%. Otros están en cash”, precisó el analista.

Marull sostuvo que “es mucha plata y se va a mover”, con posibles destinos que incluyen activos financieros, activos reales, campos e inmuebles. Un dato relevante es que la mayor parte del blanqueo 2024 fue protagonizada por pequeños ahorristas con montos inferiores a u$s100.000, que no pagaron impuesto y aun así optaron por dejar los fondos en el sistema, una señal que el Gobierno interpreta como un respaldo implícito a la estabilidad macro.

No todos comparten el optimismo. Pablo Moldován, de C-P, advirtió que “es muy difícil estimar cuán grande va a ser el efecto” y consideró que “aunque sea chico, debería pegar en las cotizaciones de los activos financieros que captaron el blanqueo y en el volumen de depósitos en dólares”. Además, señaló que la liberación coincide con el inicio del año, cuando se revierte el ingreso de fondos que se utilizó para evitar el pago de Bienes Personales.

Escenarios de mercado y posibles repercusiones

El destino final de los dólares liberados dependerá, en buena medida, del clima macroeconómico y del avance de las reformas. Para Andrés Rechini, de F2 Finanzas, “habrá muchos aguardando noticias en materia de reformas antes de tomar una decisión”. En su visión, el hecho de que los fondos no se hayan retirado antes, aun con penalidad, refuerza la idea de que una salida abrupta no es el escenario base. “Puede haber algo de volatilidad transitoria, pero si prevalecen los fundamentos no debería haber inestabilidad”, sostuvo.

Walter Morales, CEO de Wise, coincidió en que “no va a haber grandes variaciones con el destino de los fondos” en lo inmediato, aunque no descartó que más adelante aparezcan retiros para invertir en real estate. Según su análisis, el inversor conservador podría rotar parte de su tenencia hacia carteras cortas en dólares, vía obligaciones negociables y bopreales, mientras que perfiles más agresivos podrían apostar a bonos en dólares ante la expectativa de avances en reformas estructurales, el Presupuesto 2026, el RIGI y el Mini RIGI, con una eventual baja del riesgo país hacia los 500 puntos.

En términos de impacto económico e institucional, la liberación de fondos del blanqueo se configura como una prueba decisiva para la estrategia oficial: si los dólares permanecen en el sistema o se canalizan a inversión y consumo, el Gobierno habrá validado su apuesta por la remonetización y la presunción de inocencia fiscal; si, en cambio, regresan al circuito informal, la señal para el mercado y las reservas del Banco Central será adversa.

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Misiones, entre las provincias más castigadas por el recorte de giros discrecionales de la Nación

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El último Monitor Fiscal Nación-Provincias de la consultora Analytica dejó una señal clara para Misiones: la provincia quedó entre las más castigadas en la distribución de transferencias no automáticas, pese a que a nivel nacional estos envíos crecieron 37,2 por ciento interanual en términos reales durante los primeros once meses del año.

Según el informe, las transferencias no automáticas acumuladas entre enero y noviembre de 2025 sumaron para Misiones 18.777 millones de pesos a precios de noviembre, con una caída real del 49,6 por ciento interanual, una de las más profundas del país. En el ranking, la provincia aparece en el tramo medio-bajo, muy por debajo de distritos que lograron sostener o incrementar sus vínculos financieros con la administración central.

El impacto se agudiza al mirar el dato per cápita: Misiones recibió 14.683 pesos por habitante en transferencias no automáticas, muy lejos de jurisdicciones como Santa Cruz (130.998 pesos) o Neuquén (107.542 pesos), que encabezan el reparto discrecional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también figura en la cúspide de la asignación per cápita, aun sin considerar la medida cautelar que la favorece en materia de coparticipación.

Mientras tanto, a nivel agregado, los giros no automáticos de la Nación a las provincias crecieron 37,2 por ciento en términos reales y, dentro de ellos, las partidas de capital -es decir, la obra pública y las inversiones- avanzaron 95,1 por ciento interanual, impulsadas en parte por una baja base de comparación. Sin embargo, Analytica muestra que el grueso de ese impulso se concentró en Buenos Aires, Salta, Tucumán y Corrientes. Misiones no aparece entre las provincias que más captaron esa expansión de la inversión nacional.

En el plano de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Monitor aporta un matiz: Misiones sí recibió fondos, pero en un nivel modesto. Entre enero y noviembre de 2025, la provincia figura con 7.000 millones de pesos en ATN, muy por detrás de Neuquén (18.000 millones), Tucumán (15.000 millones), Salta (13.000 millones) o Santa Fe y Entre Ríos (12.000 millones cada una). Varias jurisdicciones -como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Formosa- directamente no recibieron ATN en el período, lo que ubica a Misiones en un peldaño intermedio-bajo del reparto de esta herramienta de auxilio financiero.

La foto se completa con las transferencias automáticas, fundamentalmente coparticipación e impuestos vinculados. En noviembre, los envíos automáticos a las provincias cayeron 5,3 por ciento interanual real y, en el caso de Misiones, la baja fue de 5,4 por ciento, en línea con la mayoría de las jurisdicciones. La caída se explica por el retroceso real del IVA coparticipable (–3,5 por ciento) y de Ganancias (–3,3 por ciento), los dos tributos que explican el 95,5 por ciento del financiamiento del esquema automático.

Aun con esa merma, Misiones se ubica en una posición media cuando se observa el reparto per cápita de las transferencias automáticas: el informe la ubica con 131.719 pesos por habitante, por encima de provincias grandes como Córdoba o Santa Fe, pero lejos de los registros de Neuquén, Tierra del Fuego o Santa Cruz, que continúan liderando el ranking federal de recursos automáticos por persona.

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