La mortalidad infantil subió a 8,5 por mil y marcó su primer aumento desde 2002
Por primera vez en más de dos décadas, la Argentina registró un incremento de 0,5 puntos en la tasa de mortalidad infantil, que pasó de 8 a 8,5 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024.
El dato, difundido por el Ministerio de Salud en su informe de Estadísticas Vitales, da cuenta de 3.513 muertes de bebés menores de 12 meses durante 2024 y revierte una tendencia de descenso sostenido que se mantenía desde el año 2000. El cambio, de fuerte impacto social e institucional, vuelve a poner en foco las desigualdades territoriales y el desempeño de los sistemas de atención materno-infantil.
Misiones se ubica como la séptima provincia con el índice más bajo de mortalidad infantil. Sin embargo, está entre las provincias que más aumentaron su tasa de mortalidad infantil detrás de Corrientes, que pasó de 7,5 en 2023 a 14 en 2024. Le sigue Misiones, que pasó de 5,8 a 9,5; y luego Entre Ríos, que pasó de 5,2 a 8,8.
Un quiebre en una tendencia de más de 20 años
De acuerdo con la información oficial a la que accedió el medio Chequeado, la tasa de mortalidad infantil había mostrado una trayectoria descendente desde el año 2000, cuando se ubicaba en 16,6 por mil. Desde entonces, el indicador solo había exhibido incrementos puntuales en 2001-2002, 2006-2007, 2021-2022 y, ahora, en 2023-2024, configurando el primer aumento neto desde 2002.
El repunte de 0,5 puntos en un solo año constituye un dato relevante por su magnitud y por el contexto: la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles para medir condiciones sanitarias, acceso a servicios de salud y desigualdad estructural. El aumento registrado en 2024 corta una dinámica de mejora sostenida y abre interrogantes sobre los factores que incidieron en este cambio.
En 2024, primer año de gobierno de LLA, hubo 3.513 casos de mortalidad infantil. En 2023 habían sido 3.689. La reducción del número absoluto de muertes infantiles se relaciona con el dramático descenso de la tasa de natalidad y fecundidad en nuestro país en los últimos años. Pero la tasa se calcula con el número de muertes de niños menores de un año en el numerador y el número de nacidos vivos en el denominador, por 1.000.
Si se analiza la tasa cada 1.000 nacidos vivos, este año ese número alcanzó los 8,5 decesos por cada mil nacidos vivos. Se trata de un incremento de 0,5 puntos con respecto a 2023, según la información del Ministerio de Salud, con las afecciones originadas en el periodo perinatal y las malformaciones congénitas como las principales causas de aumento en la mortalidad.
“De este modo, en 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, explica un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en temas de prevención y promoción de la salud.
Desigualdad territorial: provincias con las tasas más altas
El informe expone fuertes diferencias entre distritos. Corrientes presentó la tasa más elevada, con 14 decesos por cada 1.000 nacidos vivos, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). En tanto, Formosa y Santiago del Estero reportaron 10,7 muertes infantiles.
En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registró la tasa más baja del país, con 4,9 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró 1.236 muertes infantiles, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231), reflejando el peso demográfico de esos distritos en el total nacional.
Las brechas entre jurisdicciones vuelven a evidenciar un patrón persistente: las provincias del norte argentino exhiben tasas sensiblemente superiores al promedio nacional, mientras que los grandes centros urbanos muestran indicadores comparativamente más bajos.
Qué mide la tasa y por qué importa
La tasa de mortalidad infantil se define como la relación entre el número de niños que mueren antes de cumplir los 12 meses de vida por cada 1.000 nacimientos en un período y un área geográfica determinados. Se trata de un indicador clave para evaluar el estado de la salud pública, la calidad de la atención prenatal y neonatal, y las condiciones socioeconómicas generales.
El aumento registrado entre 2023 y 2024 no solo tiene implicancias sanitarias, sino también económicas e institucionales, ya que suele funcionar como un termómetro de la eficacia de las políticas públicas orientadas a la primera infancia. La reversión de la tendencia descendente reabre el debate sobre prioridades presupuestarias, cobertura territorial y capacidad de respuesta del sistema de salud en los distintos niveles de gobierno.
