El Gobierno inició el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales

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El vocero Manuel Adorni adelantó el viernes que el Ejecutivo avanzaría en este sentido. Ahora, la decisión se hizo oficial a través de la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial. Entre las rutas a ser concesionadas aparece la 105 en Misiones, aunque está en manos de la Provincia en un proceso que culmina recién en dos años.

Tal como había sido anunciado, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, que maneja las principales rutas del país. Este es el paso previo al cierre de la empresa estatal.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que el Ejecutivo comenzaría con el plan oficial para pasar al sector privado más de 9 mil kilómetros de caminos, que concentran el 80% del tráfico a nivel nacional. La decisión se oficializó esta madrugada mediante la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial, que establece: “Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”.

En línea con lo que establece la normativa, será el Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo a cargo de adoptar las medidas necesarias para comenzar este proceso. Para eso, establecieron una serie de acciones que deberán concretarse, entre ellas:

  • la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.;
  • la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores; y
  • la disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según explicó Adorni, “a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”.

Ahora, el Gobierno alega que el estado de los caminos se debe al atraso tarifario. En este contexto, se definirá qué tarifas podrán establecer las nuevas concesionarias, las cuales tendrán la responsabilidad de ejecutar obras de mejora en la infraestructura vial.

“A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados”, detalló el vocero presidencial. Este porcentaje representa 3.402 kilómetros.

Según datos oficiales, Corredores Viales presentó un resultado económico negativo en 2023, con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas de $268.000 millones. Para hacer frente a esta situación, recibió asistencia del Tesoro Nacional por un total de $301.000 millones.

En el considerando de la norma, el Gobierno alega que “considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”. Por esto mismo, propone la privatización total de la empresa a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública.

La empresa estatal es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAUEnergía Argentina S.A. (Enarsa)Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A. En el Gobierno consideran que de alguna manera Corredores Viales duplicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Rutas que administra Corredores Viales:

A continuación, se detallan los 10 tramos de rutas administrados por Corredores Viales S.A., incluyendo el número de ruta, los puntos de inicio y fin, y la longitud en kilómetros:

  • Tramo IRutas: RN 34 y RN 9. Desde: Límite Santa Fe / Santiago del Estero (Km 398,00). Hasta: La Banda, Santiago del Estero (Km 725,11). Longitud: 327,11 km.
  • Tramo II. Ruta RN 188. Desde: Pergamino (Km 73,88). Hasta: Empalme con RN 7 (Km 163,89). Longitud: 90,01 km.
  • Tramo III. Rutas RN 12 y RN 16. Desde: Empalme RN 123 (Km 871,15). Hasta: Posadas, Misiones (Km 1336,00)Longitud: 464,85 km
  • Tramo IV. Rutas RN 8, RN 36 y A005. Desde: Pilar (Km 56,99). Hasta: Villa Mercedes, San Luis (Km 722,95)Longitud: 665,96 km.
  • Tramo V. Rutas RN 19 y RN 34. Desde: Empalme RN 1 Santo Tomé (Km 0,00). Hasta: Río Primero (Km 280,20). Longitud: 280,20 km.
  • Tramo VI. Rutas RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012. Desde: Empalme RP ex RN A024 (Km 72,90)Hasta: Empalme RN A-008 (Km 287,42)Longitud: 214,52 km.
  • Tramo VII. Rutas RN 3, RN 226 y RN 205. Desde: Fin Autopista Ezeiza – Cañuelas. Hasta: Intersección con RN 226. Longitud: 245,26 km.
  • Tramo VIII. Ruta RN 7. Desde: Empalme Acceso Oeste Luján. Hasta: Límite Córdoba / San Luis. Longitud: 590,74 km.
  • Tramo IX. Rutas Acceso Riccheri y Ezeiza – Cañuelas. Desde: Av. Gral. Paz. Hasta: Aeropuerto Ezeiza. Longitud: 13,86 km.
  • Tramo X. Ruta RN 5. Desde: Eje calle Pascual Simone. Hasta: Empalme RN 35 Santa Rosa, La Pampa. Longitud: 538,65 km.

Red Federal de Concesiones

Hace tan solo dos semanas, Vialidad Nacional convocó a una audiencia pública para finales de febrero con el fin de licitar lo que se conoce como la ruta del Mercosur, que abarca unos 670 kilómetros de extensión. Durante los últimos 30 años, esta ruta estuvo a cargo de la empresa privada Caminos Río Uruguay SA (CRUSA).

En el proceso de adjudicación, se seleccionará a la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, sin que exista ningún canon al Estado ni subsidios para las compañías. No obstante, los precios de los peajes se mantendrán iguales a los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se logren las condiciones óptimas de transitabilidad, como bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.

El Estado establecerá una tarifa máxima y un sistema de actualización trimestral, que se detallará en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se ajustarán a fórmulas prefijadas, basadas en diversos índices del Indec, aunque no se dieron más detalles al respecto. En cualquier caso, se anticipa que durante el primer año de la concesión se llevará a cabo una fase de puesta en valor de las rutas y autopistas, y será a partir del segundo año cuando se inicie el cobro de tarifas.

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El Gobierno avanza con la privatización de Corredores Viales S.A.

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La Oficina del Presidente de la Nación informó que el presidente Javier Milei firmó el decreto que da inicio al proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la gestión de la infraestructura y el tránsito en rutas y autopistas del país.

Según la comunicación oficial, la empresa representaba un alto costo fiscal para el Estado, con un déficit de 301 mil millones de pesos en 2023. Desde el Gobierno señalaron que, a pesar de la existencia de concesiones privadas en diversas rutas y autopistas, administraciones anteriores optaron por mantener esta sociedad estatal, cuyo desempeño ha sido cuestionado.

Un relevamiento del Gobierno determinó que 3.400 kilómetros de traza, equivalentes al 45% de la red vial administrada por Corredores Viales, no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular. Para la administración de Milei, esto refleja la ineficiencia del Estado en la gestión de la infraestructura vial y refuerza la necesidad de su traspaso al sector privado.

En este sentido, el esquema de privatización contempla que las empresas concesionarias asumirán la responsabilidad de realizar las obras necesarias para garantizar el mantenimiento de las rutas a cambio del derecho de cobro de peajes.

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional impulsa un modelo de Estado con menor intervención en la economía, con el objetivo de transferir al sector privado la motorización de la infraestructura y la actividad económica. En línea con este principio, la privatización de Corredores Viales S.A. se enmarca dentro de un plan más amplio de reducción del gasto público y desregulación del mercado.

La medida generará impacto en los usuarios y en los trabajadores de la empresa, quienes en los próximos meses deberán definir su futuro laboral en el marco del proceso de privatización.

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De ganar las elecciones Milei, YPF será privatizada mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado

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Desde el ascenso de Javier Milei como el candidato más respaldado en las PASO, obteniendo el 30 por ciento de los votos, la atención pública se ha enfocado en analizar de manera más minuciosa sus propuestas y planteamientos.

Uno de los ámbitos que despierta un especial interés es el sector energético, y en éste sentido, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien encabeza el plan energético de Libertad Avanza (junto a Carlos Alberto María Casares y Gabriel Bornoroni), mantuvo una conversación con surtidores.com.ar para abordar las gestiones que implementarán en caso de acceder al gobierno.

¿Qué medidas propondría para regularizar el mercado de los combustibles?

Hay que dar sostenibilidad al mercado de combustibles desde el precio por barril que pagan las refinerías hasta el precio en surtidor. Por eso estamos trabajando en una solución integral que permita una transición a un libre mercado.

La situación actual de regulación de precios en surtidor no es compatible con los precios que pagan las refinerías, especialmente luego de la devaluación. Hay que devolverle sostenibilidad al mercado.

¿Los precios deberían fluctuar libremente?

Como se respondió en la pregunta anterior, se debe apuntar a una fluctuación libre, sin el control indirecto que hoy ejerce el gobierno en el mercado a través de YPF. Una vez logrado el equilibrio de precio con la paridad de exportación, se instrumentará un fondo compensador de precios en surtidor para morigerar los aumentos y reducciones de precio internacional que impactaría en el precio doméstico, del tipo que existe en Perú.

¿Cómo evalúan que afectará una posible actualización de precios en la demanda de combustibles?

El mercado siempre se regula por oferta y demanda por lo que se espera una respuesta en ese sentido. Cuando esté implementado el fondo compensador este tipo de preocupaciones será de fácil y rápida solución. En el mientras tanto, evaluaremos la conveniencia y posibilidad normativa de regular con la carga impositiva.

¿Qué medidas tomarían con los impuestos que gravan al combustible cuya actualización está atrasada dos años?

Los impuestos que gravan los combustibles líquidos están establecidos por ley y tiene destinos bien determinados en la misma. Mientras no haya cambios legislativos al respecto se intentará mantener los mismos lo más bajo posible dentro de las atribuciones que la ley le confiere al ejecutivo

¿Analizan implementar medidas para reducir costos, como por ejemplo el autodespacho de combustibles?

Hoy Argentina no permite el autodespacho. Se aducen razones de seguridad, pero de ser tales, los países desarrollados no lo permitirían y hace décadas que Europa y Estados Unidos lo tienen generalizado sin problemas. El autodespacho ayudaría a abaratar costos a los estacioneros y sin duda abriría el abanico para poner más Estaciones de Servicio en zonas demandadas y en zonas marginales, como así también contribuirá a acelerar el proceso de carga de combustibles para el usuario. Cabe tener en cuenta que estos sistemas son voluntarios, no obligatorios y por lo tanto ¿por qué no darle la posibilidad a la gente que elija qué prefiere?

¿Propondrían el ingreso de nuevos jugadores al mercado de combustibles?

Un mercado libre, sin intervención del estado, es un mercado propicio para la participación de nuevas empresas.  Además, se buscará paulatinamente limitar las posiciones dominantes e incentivar el ingreso de nuevos actores

¿Privatizarían YPF? ¿Qué medida tomarían con la empresa?

YPF será privatizada mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado. Pero en una primera etapa se buscará generar el marco jurídico que asegure una venta confiable y segura. Hoy la empresa tiene buenos resultados, pero el precio de la acción está muy bajo. Esto es más un problema de coyuntura que de gestión en sí. Por eso proponemos una privatización en una segunda etapa cuando las condiciones del mercado hagan atractiva la inversión para empresas de primera línea internacional.

Por otra parte es importante separar la gestión empresaria del uso que hasta ahora le viene dando el gobierno para regular el mercado de los combustibles. Su gestión debe ser totalmente independiente del poder político. Eso se puede implementar inmediatamente.

Finalmente analizamos también los mercados en que la participación de YPF es demasiado grande y por ello tiene una posición dominante y tiende a comportarse como un monopolio, particularmente en ciertos mercados.

¿Mantendría Energía en el rol de Secretaría o volvería a ser Ministerio?

En el plan de gobierno de La Libertad Avanza, Energía sería una Secretaría, dependiente del Ministerio de Infraestructura.

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Bolsonaro promulga la privatización de la gigante Eletrobras y anula protección social a despedidos

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó hoy la ley que privatiza la estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina, con algunos vetos que permiten eliminar una protección social por un año para los trabajadores que sean despedidos, que había sido aprobada por el Congreso.

La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y los 14 vetos aplicados por Bolsonaro configuran un mensaje hacia el mercado financiero, que reclamaba por una mayor reducción de exigencias a los futuros nuevos accionistas de Eletrobras.

Entidades de consumidores consideran que el costo de la energía eléctrica será un 15% mas caro que el actual con la privatización, a raíz de que el oficialismo en el Congreso, con ayuda de liberales derechistas opositores, han retirado medidas de control de impacto de precios.

El Gobierno, en cambio, indica que la tarifa se puede reducir en hasta 7,36%, aunque la privatización ocurre en un duro momento de la energía hidroeléctrica de Brasil, su principal fuente, a raíz de la peor sequía de los últimos 91 años en las cuencas del sur y sudeste del país, incluida la del Río Paraná.

La ley determina que la privatización será por venta de acciones de la empresa, que tiene capital abierto y cotiza en la Bolsa de San Pablo, aún siendo estatal: el plan es que Eletrobras deje de tener el 60% del paquete accionario y lo reduzca al 45%.

Bolsonaro, con la promulgación de la ley, retiró toda la cobertura social por despidos que generará la privatización que había articulado el Congreso, incluso su base oficialista, en un contundente mensaje al mercado financiero en medio de la peor popularidad de su mandato y con proyecciones de no ser reelecto el año que viene frente a expresidente Lula da Silva.

El presidente prohibió que los futuros despedidos puedan adquirir acciones de la empresa con descuento como parte de su indemnización y también eliminó la cláusula que permitía que los futuros despedidos pudieran ser empleados por otras empresas u órganos del sector público vinculado a la energía por “aumentar costos”.

El primer intento de privatización de Eletrobras había sido entre 2016 y 2018 durante la gestión de Michel Temer, cuya agenda de venta del patrimonio público se profundizó con la llegada de Bolsonaro con su ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal de la escuela de Economía de la Universidad de Chicago que reivindica a Ronald Reagan, Margareth Thatcher y Augusto Pinochet, para quien trabajó en Chile en los años ochenta.

También Bolsonaro vetó que el Senado deba evaluar a los directores del Operador Nacional del Sistema Eléctrico, el responsable por la coordinación de toda la red de generación y transmisión del país.

La venta de Eletrobras se concreta mediante paquete accionario, como ocurrió también con la gigante de las estaciones de servicios de la petrolera Petrobras, llamada BR Distribuidora, hoy en manos de fondos de inversión que poseen la mayoría accionaria.

El Gobierno planea que el Congreso apruebe a fin de año la venta de la estatal Correios, la empresa de logística más grande de América Latina, fundada hace más de tres siglos por el Reino de Portugal, mediante una subasta, en un negocio en el que oficialmente los funcionarios admiten interés de la multinacional argentina Mercado Libre y la estadounidense Amazon, además de los players locales brasileños.

La presidenta del opositor Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, había dicho que en caso de que gane las elecciones de 2022 el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva se iban a revisar medidas como la venta de las empresas públicas.

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La riqueza misionera: el agua operando en el mercado de futuros de EE.UU. y la perspectiva regional

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Cuando en diciembre pasado (07/12/2020) se confirmó que en California, Estados Unidos el agua pasó a cotizar en el mercado de futuros, realizamos un análisis en Economis, contrastando la política misionera, y la regional sobre tan preciado recurso natural.

Ahora recuperamos ese análisis y lo ampliamos con más datos a la fecha:

Lo que en Misiones comenzó a plantearse como debate necesario hace más de seis años, cuando el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira propuso reconocer el valor económico del agua, se transformó en una realidad financiera global: el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Estados Unidos, debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo, informó el Chicago Mercantile Exchange Group.

El proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con el dictador Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los Gobiernos neoliberales que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en los ’90.

Las cotizaciones reflejarán las variaciones del índice Nasdaq Veles California Water Index, con la sigla NQH2O, y se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que hoy cotizaba a unos 486,53 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos equivalente a 1.233 metros cúbicos, lo que representa 1.233.000 litros de agua.

Ese valor podrá ser utilizado como referencia en el mundo aunque estos contratos no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022.

Misiones desde hace varios años le puso valor al agua y considera al líquido vital como un commodity -una materia prima como el petróleo- que debe ser incorporado como costo para las empresas.

De hecho, las principales firmas que operan en la tierra colorada, desde industrias celulósicas, yerbateras, tealeras, hoteles, comenzaron a pagar por el uso del agua. Concretamente,  todo aquel que hace un uso comercial del agua debe pagar por ella. 

Hoy  esta política cobra aún más relevancia en el actual contexto de sequías e incendios. Otro dato relevante es que en Misiones  es el Estado el que regula el uso y el valor, no el mercado.

Hasta ahora se acordó el pago con más de 250 empresas misioneras, aunque se calcula que hay muchos más puntos de captación.

La ley I Nº 149 (antes 4519) fue la que asignó a Aguas Misioneras S.E el aprovechamiento lucrativo de las aguas de dominio provincial, comprendiendo a las aguas superficiales, subterráneas y del Sistema Acuífero Guaraní dentro del territorio misionero.

Además Aguas Misioneras S.E tiene asignada la comercialización de las aguas provinciales y, por ello, todas aquellas actividades que directa o indirectamente usufructúan el recurso hídrico con fines económicos directos o indirectos (entiéndase toma directa de agua de río, arroyos o perforaciones; no se incluye al agua de red)deben, a partir de ello, empezar a pagar por su uso.

Pagar por el agua es también una forma de cuidar y concientizar para el uso racional de un recurso que no solo no es infinito sino que cada vez va a faltar más en la Argentina y el mundo. Incluso la provincia de Misiones, en algunas regiones, tiene importantes problemas hídricos.

El precio de Estados Unidos

Por caso, el precio del agua en California se duplicó en el último año, según este indicador, y con la mayor escasez de este bien, la llegada al mercado de materias primas permitirá una mejor gestión del riesgo futuro, de acuerdo con los expertos. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua.

Según CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y al mismo tiempo realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados.

El índice del agua en el mercado de futuros de Wall Street, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro Pereyra, CEO de la operadora bursátil Passfolio, con sede en Nueva York. “Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520 dólares”, agregó Pereyra.

Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua aumentó, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua.

El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación “a ojo” del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado.

China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y, según Naciones Unidas, 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años, dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas podrían verse desplazadas.

La explotación excesiva de este recurso por el sector primario, la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, llevaron a que este recurso sea cada vez más escaso.

Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a CNN Radio que “progresivamente el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso, y estimó que esta situación se dará “en las próximas tres o cuatro décadas”.

En la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo a Télam que “es factible que dentro de algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro”. Agregó que “así como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte”.

Pero la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano tiene otras lecturas y consecuencias.

Para el español Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de las Naciones Unidas, “no se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada a la salud”. Además indicó que “el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado”.

Arrojo-Agudo anticipó a Télam que prepara un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, “porque un mercado de futuro de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008”.

Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, señaló en diálogo con Télam que en América Latina “está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación”.

El funcionario admitió que “algunos sectores muy de derecha en la Argentina creen que el agua es pasible de enajenación”, pero destacó que el “marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil”.

Pero esa apropiación del agua “se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte”. Es ahí dónde el Estado tiene que estar presente “con capacidad de medir, regular, controlar y garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable”, agregó Villa Uria.

Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX.

En la década de los ’70 Augusto Pinochet dejó la economía chilena en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, que sigue vigente. “En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento”, señaló a Télam Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó Mundaca, “es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución” que está en marcha en Chile.

A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales que luego se replicaron en varios países de América Latina.

El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas.

Ese proceso en la Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes.

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