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El Gobierno anunció que privatizará parcialmente la empresa Nucleoléctrica Argentina

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Nucleoléctrica Argentina está incluida en la Ley Bases para pasar a manos privadas, pero con control estatal. Se buscará vender el 44% de las acciones. Argumentaron que se hace para “promover la inversión privada” en el sector.

El Gobierno anunció este martes que privatizará de manera parcial la empresa que se encarga de controlar las centrales nucleares del país.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que el decreto para efectivizar este proceso se conocerá en los próximos días.

“Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina”, anunció Adorni, quien aclaró que la empresa estaba incluida dentro de la Ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas.

Si bien no se conoce el detalle del proceso, el portavoz del Presidente adelanto que se venderá “el 44% de las acciones en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional”.

En esa línea, explicó que “se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario”.

Desde la Secretaría de Energía explicaron a través de un comunicado que así “permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario”.

La empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA) es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país.

Dirigida por Demian Reidel, se trata de una de las pocas empresas estatales que dan superávit. Durante el primer trimestre de 2025, tuvo un resultado financiero positivo de $17.234 millones. Según cálculos de los analistas del sector, la valuación total de la firma puede llegar hasta US$1000 millones.

Los accionistas de NASA son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa). Pero para avanzar en la privatización, esos organismos transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía.

El vocero presidencial aclaró en su habitual conferencia de prensa que “el 51% restante quedará en manos del Estado nacional”, tal como

“La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del plan nuclear argentino, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector”, explicó Adorni.

El portavoz del Presidente detalló los objetivos del programa para el sector: “Lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio”.

La Secretaría de Energía explicó en un comunicado que la empresa NASA recibió en 2023 “transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente US$2 millones a noviembre de ese año)”.

“En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada”, explicaron.

“Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II)” , añadieron desde Energía.

En ese sentido, señalaron: “La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”.

El vocero presidencial remarcó que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización” que llevarán adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

Por último, aseguró que esta política “representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”.

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Caputo inicia el proceso de privatización total de Corredores Viales SA

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El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó mediante la Resolución 1284/2025 el inicio del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, empresa estatal que administra más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida implica la extinción de los contratos de concesión actuales, el llamado a licitación para nuevas concesiones viales con peaje y la posterior disolución y liquidación de la sociedad anónima.

Según la normativa, la privatización deberá completarse en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución, publicada este 1° de septiembre en el Boletín Oficial.

De empresa estatal a concesión privada: los pasos del proceso

La decisión del Gobierno se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, que incluyó a Corredores Viales SA en el listado de compañías sujetas a privatización bajo el régimen de la Ley de Reforma del Estado N.° 23.696.

El procedimiento, delineado por el Decreto 97/2025, establece tres fases:

  1. Extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes (Tramos I a V, VI y VII a X).
  2. Licitación pública nacional e internacional de nuevos contratos de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley 17.520.
  3. Disolución y liquidación de Corredores Viales SA una vez perfeccionados los nuevos contratos.

La Secretaría de Transporte será la responsable de diseñar y ejecutar la licitación, mientras que la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación y control del proceso, incluyendo la tasación de bienes y flujos futuros de concesión, que será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El Gobierno dispuso además que todos los procedimientos se llevarán adelante a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR, como parte de la política de digitalización y transparencia en contrataciones públicas.

Un cambio estructural en la gestión vial

Corredores Viales SA fue creada en 2017 como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para administrar de manera directa rutas nacionales estratégicas. En los últimos años, gestionaba más de 6.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales con peaje, luego de la caducidad de contratos con concesionarias privadas.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo busca transferir nuevamente al sector privado la explotación de la red vial nacional, argumentando que la modalidad concesionada permitirá eficiencia en la gestión, mejoras en infraestructura y alivio en las cuentas públicas.

La resolución explicita que no se aplicarán programas de propiedad participada ni preferencias para trabajadores, previstos en la Ley 23.696, lo que marca una diferencia respecto a los procesos de privatización de los años noventa.

La privatización de Corredores Viales SA tendrá impacto directo en transportistas, usuarios de rutas nacionales y provincias donde operan los corredores. El traspaso a concesionarias privadas conllevará la redefinición del esquema tarifario de peajes, que será uno de los ejes de debate público en los próximos meses.

En el plano político, la decisión es consistente con la estrategia del Gobierno de reducir la participación del Estado en empresas públicas, como ya sucedió con Aerolíneas Argentinas y AySA, incluidas en la misma normativa de privatización.

Los sindicatos vinculados al sector vial, en particular el Sindicato de Trabajadores de Peajes (SUTPA) y gremios de Vialidad Nacional, anticipan un escenario de tensión por el impacto en los puestos de trabajo, ya que la resolución prevé la disolución de la empresa sin mecanismos de participación accionaria de empleados.

Licitación en 2026 y un nuevo esquema vial

El calendario oficial prevé que las licitaciones se realicen durante 2026, con adjudicación de contratos antes del segundo semestre. A partir de entonces, las empresas privadas concesionarias quedarán a cargo del mantenimiento, explotación y cobro de peajes en la red vial nacional.

La disolución definitiva de Corredores Viales SA dependerá de la adjudicación y perfeccionamiento de los contratos, lo que implica que la transición operativa deberá coordinarse con los nuevos operadores para evitar interrupciones en la gestión vial.

La medida constituye uno de los procesos de privatización más relevantes en materia de infraestructura de transporte desde la década del noventa, y será un banco de prueba para el modelo de concesión que el Gobierno busca replicar en otros servicios públicos estratégicos.

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Casa de la Moneda: el Ejecutivo extiende la intervención por 120 días para completar la reestructuración

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La Casa Rosada extendió por 120 días la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal. La medida responde a la complejidad del proceso de reconversión estructural y al traspaso de funciones clave a otros organismos del Estado. El futuro de la histórica entidad queda así supeditado a un plan de reestructuración que redefine su rol y cuestiona su viabilidad financiera.

A través del Decreto 615/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la prórroga de la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), designando nuevamente al abogado Pedro Daniel Cavagnaro al frente de la empresa por un período de 120 días corridos.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, obedece a que “la complejidad del proceso emprendido torna insuficiente el plazo previsto” para concluir el traspaso de áreas operativas a distintos organismos estatales, según detalla el decreto.

De esta manera, el Poder Ejecutivo busca dar continuidad al proceso iniciado con el Decreto 442/2025, que dispuso la reconformación estructural de Casa de Moneda y el traslado de funciones clave a entidades especializadas:

  • Instrumentos Fiscales de Control y trazabilidad → Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
  • Pasaportes → Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
  • Billetera Virtual → Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).

El plazo original vencía a fines de agosto, pero el interventor advirtió que el traspaso de personal y bienes muebles requería mayor tiempo para ejecutarse de manera ordenada.

Crisis estructural y pérdida de contratos

La prórroga se inscribe en un contexto de profunda crisis operativa y financiera de Casa de Moneda. Un informe elaborado por la intervención en abril de 2025 reveló:

  • Sobredimensionamiento de la estructura, con superposición de funciones administrativas.
  • Altos costos operativos en dos plantas industriales, sin procesos productivos integrales.
  • Exceso de maquinaria importada sin uso.
  • Endeudamiento significativo producto de inversiones inconclusas.

La situación se agravó tras la decisión del Banco Central (BCRA) de rescindir en octubre de 2024 los contratos de producción de dinero circulante, lo que cortó el principal flujo de ingresos de la compañía.

A ello se sumó la rescisión de contratos vinculados a la provisión de chapas patente, dispuesta por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor. Como consecuencia, la empresa quedó dependiente de aportes del Tesoro Nacional para cubrir gastos corrientes.

El Gobierno ya había prorrogado la intervención en abril de este año mediante el Decreto 295/2025, pero los tiempos de ejecución resultaron nuevamente insuficientes.

Impacto político y económico de la reestructuración

La decisión de extender la intervención tiene varias aristas de impacto:

  1. Institucional: Casa de Moneda, creada en 1977 por la Ley 21.622, atraviesa una redefinición de su rol histórico como proveedor exclusivo de billetes, documentos de seguridad y especies valoradas. Con la reconversión, sus funciones se reducen a la fabricación de dinero circulante, la asistencia en procesos de destrucción de billetes y la producción de impresos especiales.
  2. Económico-financiero: La pérdida de los contratos con el BCRA y con Registros de Automotor privó a la sociedad de dos fuentes centrales de ingresos. Esto refuerza la necesidad de achicar la estructura y transferir áreas no estratégicas, en línea con la política de ajuste fiscal de Milei.
  3. Político-laboral: El traspaso implica la migración de personal especializado a otros organismos, con potenciales conflictos sindicales. El gremio gráfico y trabajadores técnicos de la empresa siguen de cerca la transición, mientras la Unidad Ejecutora de Transformación de Empresas Públicas articula con ARCA, RENAPER y ARSAT.
  4. Tecnológico y de soberanía: La decisión de limitar la actividad de Casa de Moneda reabre el debate sobre la dependencia tecnológica en la emisión de billetes y documentos de seguridad. Argentina ha recurrido en los últimos años a imprentas extranjeras para abastecer la demanda de circulante, lo que genera tensiones en términos de soberanía monetaria.

El Gobierno apuesta a que la extensión de la intervención permita culminar el traspaso sin sobresaltos antes de fin de año. Si el cronograma se cumple, Casa de Moneda quedaría reducida a un rol estrictamente ligado a la impresión de billetes y documentos de seguridad, con un tamaño organizacional mucho menor.

Sin embargo, persisten dudas sobre su viabilidad económica en un contexto en el que el BCRA continúa tercerizando parte de la impresión de billetes y en el que la digitalización de medios de pago podría seguir restando volumen a la producción local.

En paralelo, el decreto refuerza la línea política del oficialismo: convergencia hacia la eficiencia estatal, reducción de estructuras deficitarias y transferencia de funciones a organismos con mayor capacidad operativa.

El desenlace de este proceso marcará no solo el futuro de una institución histórica, sino también la forma en que el Gobierno de Javier Milei define su política de gestión de empresas públicas y de servicios estratégicos.

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El Gobierno inició el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales

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El vocero Manuel Adorni adelantó el viernes que el Ejecutivo avanzaría en este sentido. Ahora, la decisión se hizo oficial a través de la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial. Entre las rutas a ser concesionadas aparece la 105 en Misiones, aunque está en manos de la Provincia en un proceso que culmina recién en dos años.

Tal como había sido anunciado, el Gobierno nacional inició el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, que maneja las principales rutas del país. Este es el paso previo al cierre de la empresa estatal.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que el Ejecutivo comenzaría con el plan oficial para pasar al sector privado más de 9 mil kilómetros de caminos, que concentran el 80% del tráfico a nivel nacional. La decisión se oficializó esta madrugada mediante la publicación del decreto 97/2025 en el Boletín Oficial, que establece: “Autorízase el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”.

En línea con lo que establece la normativa, será el Ministerio de Economía, con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el organismo a cargo de adoptar las medidas necesarias para comenzar este proceso. Para eso, establecieron una serie de acciones que deberán concretarse, entre ellas:

  • la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.;
  • la ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores; y
  • la disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según explicó Adorni, “a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”.

Ahora, el Gobierno alega que el estado de los caminos se debe al atraso tarifario. En este contexto, se definirá qué tarifas podrán establecer las nuevas concesionarias, las cuales tendrán la responsabilidad de ejecutar obras de mejora en la infraestructura vial.

“A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados”, detalló el vocero presidencial. Este porcentaje representa 3.402 kilómetros.

Según datos oficiales, Corredores Viales presentó un resultado económico negativo en 2023, con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas de $268.000 millones. Para hacer frente a esta situación, recibió asistencia del Tesoro Nacional por un total de $301.000 millones.

En el considerando de la norma, el Gobierno alega que “considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”. Por esto mismo, propone la privatización total de la empresa a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública.

La empresa estatal es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAUEnergía Argentina S.A. (Enarsa)Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A. En el Gobierno consideran que de alguna manera Corredores Viales duplicaba las funciones de la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Rutas que administra Corredores Viales:

A continuación, se detallan los 10 tramos de rutas administrados por Corredores Viales S.A., incluyendo el número de ruta, los puntos de inicio y fin, y la longitud en kilómetros:

  • Tramo IRutas: RN 34 y RN 9. Desde: Límite Santa Fe / Santiago del Estero (Km 398,00). Hasta: La Banda, Santiago del Estero (Km 725,11). Longitud: 327,11 km.
  • Tramo II. Ruta RN 188. Desde: Pergamino (Km 73,88). Hasta: Empalme con RN 7 (Km 163,89). Longitud: 90,01 km.
  • Tramo III. Rutas RN 12 y RN 16. Desde: Empalme RN 123 (Km 871,15). Hasta: Posadas, Misiones (Km 1336,00)Longitud: 464,85 km
  • Tramo IV. Rutas RN 8, RN 36 y A005. Desde: Pilar (Km 56,99). Hasta: Villa Mercedes, San Luis (Km 722,95)Longitud: 665,96 km.
  • Tramo V. Rutas RN 19 y RN 34. Desde: Empalme RN 1 Santo Tomé (Km 0,00). Hasta: Río Primero (Km 280,20). Longitud: 280,20 km.
  • Tramo VI. Rutas RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012. Desde: Empalme RP ex RN A024 (Km 72,90)Hasta: Empalme RN A-008 (Km 287,42)Longitud: 214,52 km.
  • Tramo VII. Rutas RN 3, RN 226 y RN 205. Desde: Fin Autopista Ezeiza – Cañuelas. Hasta: Intersección con RN 226. Longitud: 245,26 km.
  • Tramo VIII. Ruta RN 7. Desde: Empalme Acceso Oeste Luján. Hasta: Límite Córdoba / San Luis. Longitud: 590,74 km.
  • Tramo IX. Rutas Acceso Riccheri y Ezeiza – Cañuelas. Desde: Av. Gral. Paz. Hasta: Aeropuerto Ezeiza. Longitud: 13,86 km.
  • Tramo X. Ruta RN 5. Desde: Eje calle Pascual Simone. Hasta: Empalme RN 35 Santa Rosa, La Pampa. Longitud: 538,65 km.

Red Federal de Concesiones

Hace tan solo dos semanas, Vialidad Nacional convocó a una audiencia pública para finales de febrero con el fin de licitar lo que se conoce como la ruta del Mercosur, que abarca unos 670 kilómetros de extensión. Durante los últimos 30 años, esta ruta estuvo a cargo de la empresa privada Caminos Río Uruguay SA (CRUSA).

En el proceso de adjudicación, se seleccionará a la empresa que ofrezca la menor tarifa al usuario, sin que exista ningún canon al Estado ni subsidios para las compañías. No obstante, los precios de los peajes se mantendrán iguales a los vigentes al momento de la adjudicación hasta que se logren las condiciones óptimas de transitabilidad, como bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.

El Estado establecerá una tarifa máxima y un sistema de actualización trimestral, que se detallará en los pliegos de cada licitación. Los cuadros tarifarios se ajustarán a fórmulas prefijadas, basadas en diversos índices del Indec, aunque no se dieron más detalles al respecto. En cualquier caso, se anticipa que durante el primer año de la concesión se llevará a cabo una fase de puesta en valor de las rutas y autopistas, y será a partir del segundo año cuando se inicie el cobro de tarifas.

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El Gobierno avanza con la privatización de Corredores Viales S.A.

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La Oficina del Presidente de la Nación informó que el presidente Javier Milei firmó el decreto que da inicio al proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la gestión de la infraestructura y el tránsito en rutas y autopistas del país.

Según la comunicación oficial, la empresa representaba un alto costo fiscal para el Estado, con un déficit de 301 mil millones de pesos en 2023. Desde el Gobierno señalaron que, a pesar de la existencia de concesiones privadas en diversas rutas y autopistas, administraciones anteriores optaron por mantener esta sociedad estatal, cuyo desempeño ha sido cuestionado.

Un relevamiento del Gobierno determinó que 3.400 kilómetros de traza, equivalentes al 45% de la red vial administrada por Corredores Viales, no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular. Para la administración de Milei, esto refleja la ineficiencia del Estado en la gestión de la infraestructura vial y refuerza la necesidad de su traspaso al sector privado.

En este sentido, el esquema de privatización contempla que las empresas concesionarias asumirán la responsabilidad de realizar las obras necesarias para garantizar el mantenimiento de las rutas a cambio del derecho de cobro de peajes.

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional impulsa un modelo de Estado con menor intervención en la economía, con el objetivo de transferir al sector privado la motorización de la infraestructura y la actividad económica. En línea con este principio, la privatización de Corredores Viales S.A. se enmarca dentro de un plan más amplio de reducción del gasto público y desregulación del mercado.

La medida generará impacto en los usuarios y en los trabajadores de la empresa, quienes en los próximos meses deberán definir su futuro laboral en el marco del proceso de privatización.

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