PRIVATIZACIONES

La empresa que compra Impsa pide plazo hasta fin de enero para renegociar la deuda de u$s600 millones

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Arc Energy, conocida por sus vínculos con Donald Trump, quiere reunir el aval de los acreedores antes de firmar el contrato definitivo.

IAF, el consorcio que se adjudicó la compra de Impsa y cuyo socio principal es la empresa estadounidense Arc Energy, pidió plazo hasta el 31 de enero para gestionar el apoyo de los acreedores de la empresa metalúrgica a la reestructuración de su deuda, que asciende a unos u$s600 millones, como condición para cerrar la operación de compra.

“En caso de que se cumpla dicha condición (o IAF renuncie a la misma), las partes procederán a la redacción del contrato de compra venta de acciones de Impsa”, informó ante la Comisión Nacional de Valores el Responsable de Relaciones con el Mercado de Impsa S.A., Fabián D’Aiello

“Conforme el comunicado del Ministerio de Economía de la Nación, la Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de IMPSA, integrada por representantes del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la Provincia de Mendoza, resolvió recomendar la pre-adjudicación de las acciones de IMPSA en poder del Estado Nacional y Provincial al consorcio IAF, cuyo socio principal es Arc Energy, siendo este un paso legal requerido en el marco del Proceso de Venta”, añadió.

“De acuerdo con dicho comunicado, IAF solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener consentimientos al refinanciamiento de la deuda de Impsa con sus acreedores y, en caso de que se cumpla dicha condición (o IAF renuncie a la misma), las partes procederán a la redacción del contrato de compra venta de acciones de Impsa”, completó.

“Finalmente, se informa al público inversor que la Sociedad no forma parte del Proceso de Venta, ni de sus negociaciones, comprometiéndose a mantener informado al público inversor de cualquier novedad que le sea comunicada sobre este tema tan pronto como sea posible”, concluyó el representante de la ex empresa del grupo Pescarmona.

Este miércoles, la Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa – integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza – resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy.

La compañía es conocida por sus vínculos con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Tiene sede en Luisiana, Estados Unidos. El presidente de la firma es Jason Arceneaux, y tanto él como dos de los directores de la compañía, que son venezolanos, aparecieron públicamente como aportantes a la campaña de Donald Trump.

ARC Energy fue la única oferente cuando Milei lanzó la licitación internacional en el mes de octubre para adquirir la mayoría del paquete accionario de la metalúrgica. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza con el 21,2%. El resto de las acciones se reparten un fondo de acreedores (9,78%) y la familia Pescarmona (5%).

IMPSA SA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

Por qué se privatiza IMPSA

El capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.

La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal.

IMPSA SA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

ARC Energy fue la única oferente cuando Milei lanzó la licitación internacional en el mes de octubre para adquirir la mayoría del paquete accionario de la metalúrgica. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y la provincia de Mendoza con el 21,2%. El resto de las acciones se reparten un fondo de acreedores (9,78%) y la familia Pescarmona (5%).

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El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza preadjudican sus acciones de la empresa IMPSA

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Las acciones de la empresa IMPASA que se encuentran bajo el poder estatal serán preadjudicadas. Además, la Comisión Evaluadora recomendó que se acepte la oferta de IAF y su socio Arc Energy, que potenciará la compañía argentina y garantizará su funcionamiento.

La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa – integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza – resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy.

IAF ofertó 27 millones de dólares en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de Impsa, que alcanza la cifra de 576 millones de dólares.

La Comisión evaluó la única oferta presentada para la adquisición de las acciones, la cual mejoró en forma significativa las condiciones de la oferta inicial.

En su análisis, la Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa.

IAF deberá obtener la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra venta de acciones y su posterior transferencia.

El capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.

La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal.

IMPSA SA se dedica a la fabricación de equipos tales como turbinas, grúas, reactores abasteciendo a los sectores de metalurgia, de generación de energía y tecnología.

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Para promover su privatización, las empresas del Estado se transforman en sociedades anónimas

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Así lo adelantó el presidente Javier Milei en su mensaje por cadena nacional.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) dado a conocer esta noche por el Gobierno nacional establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización, tal como adelantó el presidente Javier Milei en su mensaje por cadena nacional.

El capítulo II del DNU que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial se refiere a la “transformación de empresas del Estado en Sociedades Anónimas”.

En el artículo 48 se establece que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”.

“Esta disposición comprende a las empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”, explica la norma.

En el artículo 50, se indica asimismo que “las empresas en las que el Estado nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.

El artículo 51 se indican los plazos de aplicación: “Se establece un período máximo de transición de 180 días a partir del dictado del presente para que la autoridad de aplicación proceda a la aplicación del artículo 48 y la inscripción de las sociedades transformadas en los Registros Públicos de Comercio que corresponda”.

Finalmente, sostiene que “la Ley N° 24.156 y demás normativa de control del sector público solo será aplicable cuando, en las Sociedades Anónimas producto de la transformación determinada en el presente, el Estado posea participación accionaria mayoritaria”.

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Milei propuso privatizaciones y “desaparecer” medios públicos

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El diputado por Libertad Avanza, Javier Milei, anunció que se presentará como precandidato a presidente en las elecciones de 2023 y adelantó que si llegara a ser electo “tienen que desaparecer” Télam, Radio Nacional y la TV Pública, y que además privatizaría empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, AySA y el Correo Argentino, lo que desató una serie de repudios por parte de legisladores, representantes sindicales y organismos de derechos humanos.

Entrevistado por Radio Mitre, el legislador planteó para ese escenario hipotético una reducción del Estado que incluiría la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, “que continuamente genera pérdidas”, como también las de Aysa y Correo Argentino, y en materia de comunicación pública manifestó que Télam, Radio Nacional y la TV Pública “tienen que desaparecer” porque -dijo- “son medios de propaganda oficial”, definición que desencadenó una serie de críticas.

Para Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, lo que dijo Milei es “deplorable y repulsivo” y exhortó a que “la gente tenga memoria y sepa quién es”, para finalmente transmitir su “repudio” a “las intenciones de este individuo”, sobre las que prefirió “no seguir opinando, porque no serían palabras propias de una Madre de Plaza de Mayo”.

La propuesta de cerrar los medios públicos también fue cuestionada por el dirigente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) Agustín Lecchi, quien la definió como “antidemocrática” y consideró que expresiones de ese tenor “atentan contra los puestos de trabajo y contra la libertad de expresión”.

Desde el Congreso, el diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) advirtió que “anular voces no es el camino” y alertó que “con intolerancia no se genera transparencia ni mejor diálogo”.

“Queda claro que un debate robusto de ideas es teniendo más diversidad de voces, con empresas privadas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro y también con agencias públicas”, remarcó Carro, quien es docente de Comunicación Política en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y fue titular de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja.

Otra respuesta del ámbito sindical llegó del secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, quien al referirse a la actividad periodística aseguró que “en cualquier país hay medios públicos y empresas privadas nacionales”.

En tanto, la legisladora porteña Claudia Neira (FdT) consideró que “no se puede debatir seriamente con Milei”, ya que “grita soluciones mágicas que son impracticables”, y manifestó que “no tiene una sola propuesta para mejorar la vida de la gente”.

“Quiere terminar con nuestra moneda, con el Banco Central, con los medios y las empresas públicas. No se le cae una idea para mejorar las cosas, sólo cerrar, eliminar y terminar con todo”, alertó la diputada de CABA.

Este lunes, en sus declaraciones radiales, Milei insistió en privatizar Aerolíneas Argentinas, a la que definió como una empresa “cara” y “absolutamente injusta”, que genera “déficit” que “pagan los que no pueden volar, en beneficio de los que vuelan y de los que están adentro de la empresa”.

Sobre el programa económico que implementaría en caso de llegar al Gobierno, lo basó en “una reforma monetaria y financiera” inspirado en Panamá, “donde puede circular la moneda de quieras”.

También se expresó en contra de las manifestaciones populares que ocupan la calle, a las que calificó como “inaceptables” porque “ni siquiera dejan trabajar a aquellos que generan riqueza, que después es de dónde sale lo que se les paga”.

Para Milei, los manifestantes “invaden la Capital” y para resolverlo “hay que quitarle el poder a las organizaciones que los manejan y que la administración de eso la hagan quienes tienen relación directa con la gente, los intendentes”.

Entre todas sus definiciones, sus dichos sobre las empresas estatales y los medios públicos generaron una polémica que incluyó referencias a la diversidad de voces, como la esgrimida desde el Sipreba, desde donde subrayaron que “la función de los medios públicos es garantizar el pluralismo”.

“Entre nuestras peleas como sindicato está la defensa de los medios públicos y de su función social. Que estén no sólo todas las voces políticas en sus agendas sino las de todos los actores y sectores sociales, incluso aquellos que los grandes medios silencian”, ratificó el gremialista Lecchi.

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La venta de activos públicos, la clave para alcanzar la meta fiscal y cumplir con el FMI

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¿Cuál fue el resultado fiscal en junio?

En el sexto mes del año el resultado primario fue levemente negativo. Este desempeño era previsible debido a la elevada estacionalidad del gasto público (en junio se paga medio aguinaldo a los jubilados, quienes también recibieron el incremento trimestral correspondiente en sus prestaciones). Sin embargo, el rojo fue de apenas ARS 6.600 millones, reduciéndose significativamente respecto al mismo mes del año previo, cuando fue de ARS 56.700 millones. Esta contracción estuvo relacionada con los elevados ingresos de capital registrados durante el mes, gracias a las ventas de dos centrales térmicas y una transferencia del FGS a la ANSES, señala un estudio de la consultora Ecolatina. De esta manera, los ingresos totales treparon 69% i.a. (+9% en términos reales). Si no tenemos en cuenta los ingresos de capital, los recursos crecieron sólo 40% i.a. (-10% i.a. en términos reales). Mientras, el gasto primario se ubicó nuevamente por debajo de los ingresos al subir sólo 37% i.a. (-12% i.a. en términos reales).

Por su parte, el pago de intereses fue de ARS 61.100 millones en el mes (+90% i.a., +22% i.a. deflactado). De esta forma el déficit financiero terminó cerca de los ARS 68.000 millones (-24% i.a., -51% i.a. deflactado).

¿Cómo fue la evolución de las cuentas públicas en la primera mitad del año?

Con el dato de junio el gobierno obtuvo el primer resultado primario positivo para un primer semestre desde el 2011. Así, sobrecumplió la meta fiscal pactada con el FMI. Éste organismo, en el stand-by firmado con Argentina, estableció que para el cierre de junio el ahorro público antes del pago de intereses debía ser de ARS 20.000 millones. Sin embargo, también se definieron ajustadores de la meta: si el gasto en prestaciones sociales y en obras públicas realizadas con financiamiento externo excedían ciertos pisos, la meta se relajaba en esa medida. Dado que Hacienda activó parte de estos ajustadores, la meta efectiva era de ARS -17.000 millones. Si bien el superávit operativo acumulado de ARS 30.000 millones (+0,1% del PBI) sobrecumple la meta en ARS 47.000 millones, al tener en cuenta que los ingresos de capital en junio fueron de casi ARS 65.000 millones, podemos concluir que el objetivo fiscal no habría sido alcanzado de no ser por la venta de estos activos. Los ingresos de capital estaban planificados y presupuestados, por lo que no es incorrecto que se computen, contribuyendo al cumplimiento de la meta fiscal. Lo que es llamativo es la magnitud del monto ejecutado, que probablemente no se repetirá en septiembre (cuando es la próxima revisión trimestral del Fondo) ni en diciembre (cuando no sólo será la revisión anual de las cuentas fiscales, sino también un mes de elevada estacionalidad de las erogaciones).

La mejoría fiscal primaria fue de 1,0 p.p. del PBI cuando se la compara con el primer semestre del año pasado. Sin embargo, al tener en cuenta también el pago de intereses, la reducción del déficit financiero fue sólo de 0,4 p.p. del PBI (pasó de -1,8% en la primera mitad del 2018 a -1,4% en igual lapso de 2019).

¿Qué queda para el resto del año?

Habiendo alcanzado exitosamente la meta de junio, el gobierno apuntará a satisfacer también el objetivo del tercer trimestre. En la última revisión del FMI, este target fue elevado de ARS +60.000 millones a ARS +70.000 millones, aunque se flexibilizaría por la aplicación de los ajustadores, quedando más cerca del equilibrio operativo. De esta forma, proyectamos que el objetivo se alcanzaría nuevamente.

Por último, la meta de diciembre luce más exigente: por el fuerte aumento del gasto durante ese mes, cumplir el acuerdo (-0,5% del PBI, usando en su totalidad los ajustadores) requerirá que exista una significativa reactivación de la actividad económica que traccione la recaudación. Aunque Hacienda descuenta que esto ocurrirá, la recuperación todavía está por verse y será fundamental para destrabar los desembolsos del Fondo.

 
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