Sturzenegger defiende la reforma del INYM y celebra la caída del precio real
El Gobierno redefine el rol del INYM, Federico Sturzenegger afirma que “se termina la intervención en precios y producción”
Con el Decreto 812/2025, el Gobierno nacional avanzó en una profunda reforma del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), orientada a limitar sus facultades de intervención en el mercado y centrar su funcionamiento en controles de calidad y promoción. Federico Sturzenegger celebró el cambio y aseguró que la desregulación impulsada por el DNU 70/23 ya generó resultados económicos “contundentes” para el sector.
Un nuevo marco regulatorio para el INYM: fin de facultades de intervención y foco en la competencia
El Decreto 812/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, modifica aspectos centrales del Decreto 1240/2002 y redefine la arquitectura institucional del INYM. La norma establece que el organismo no podrá dictar regulaciones que generen distorsiones de precios, barreras de entrada ni restricciones a la libre iniciativa privada en la producción y comercialización de yerba mate.
En términos prácticos, implica el fin de herramientas históricas como: fijación o intervención en precios mínimos, regulaciones que condicionen la oferta, autorizaciones o restricciones productivas de carácter administrativo, decisiones que puedan actuar como barreras competitivas.
La medida forma parte del capítulo de “modernización regulatoria” que el Ejecutivo lleva adelante sobre distintos organismos públicos. Bajo la premisa de reducir estructuras intervencionistas y fortalecer mecanismos de competencia y eficiencia institucional.
El decreto también ordena al INYM revisar, en un plazo de 30 días, todas las normas vigentes que contradigan los nuevos principios, y deroga artículos del marco original que conferían facultades de intervención directa.
Sturzenegger: “El INYM debe dedicarse a la calidad, no a restringir la producción”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal vocero de la reforma y destacó el giro conceptual que establece la nueva normativa. Su definición fue contundente: “A partir de ahora el INYM deberá focalizarse en la calidad y la promoción. No en ser un interventor de precios y de restricción a la producción”.
Sturzenegger sostuvo que los resultados posteriores a la desregulación del sector. Iniciada con el DNU 70/23, demuestran que un mercado más abierto genera incentivos productivos más eficientes. El ministro enumeró datos que, según dijo, avalan la decisión: La producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico. Las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord. En el mercado interno, el precio real de la yerba cayó 44%, lo que —según su lectura— implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras.
Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo.
La reforma del INYM, afirmó, busca sostener ese proceso, eliminando la posibilidad de revertir hacia esquemas de intervención.
Impactos sectoriales y nueva hoja de ruta: controles, calidad y promoción
La actualización normativa apunta a concentrar las funciones del organismo en: controles de calidad del producto final, certificaciones técnicas, verificación de estándares y buenas prácticas, campañas de promoción y posicionamiento internacional, investigación y programas de mejora competitiva.
En esta nueva etapa, el INYM se alinea con el enfoque de “regulación procompetencia” que impulsa el Ministerio de Desregulación. El objetivo declarado: un mercado más transparente, dinámico y con reglas estables.
Si bien aún no se registraron reacciones oficiales de cooperativas, productores y secaderos, el decreto impacta de forma directa en un sector. Que históricamente discutió el equilibrio entre regulación estatal y autonomía productiva. En este sentido, los próximos 30 días —plazo para la revisión— serán determinantes para conocer la transición operativa y las primeras respuestas institucionales.
