El Gobierno prorrogó por un año la intervención de la Agencia del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME)
La medida, firmada por el Ministerio de Economía, busca garantizar la continuidad institucional y completar la reorganización del organismo clave para el desarrollo de la industria del cáñamo en Argentina.
Prórroga para consolidar la regulación del sector
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025. A través de la Resolución 464/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía prorrogó por un año la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.
La decisión —firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y actual responsable de las competencias de Industria y Comercio— extiende la intervención vigente desde septiembre de 2024, con el objetivo de completar la reorganización institucional y asegurar la continuidad de los procesos regulatorios vinculados a la industria del cáñamo no psicoactivo y del cannabis medicinal.
La resolución ratifica además en su cargo al médico Ignacio Ferrari como interventor de la ARICCAME, con rango y jerarquía de Director Nacional, quien continuará dirigiendo las tareas de administración, emisión de licencias y coordinación con los organismos competentes.
Según el texto oficial, la medida responde a la necesidad de “garantizar la continuidad institucional, la coordinación interjurisdiccional y la seguridad regulatoria necesarias para la implementación de la segunda etapa del régimen de autorizaciones administrativas”, en el marco de la Ley N° 27.669, que regula el desarrollo de la cadena productiva del cáñamo y del cannabis medicinal.
Un organismo clave para el desarrollo del cáñamo
La ARICCAME fue creada para centralizar y coordinar las políticas públicas destinadas al desarrollo integral del cáñamo y del cannabis medicinal, articulando las autorizaciones de producción, industrialización y comercialización con distintos organismos nacionales.
El proceso de intervención comenzó en septiembre de 2024, mediante el Decreto 833/2024, con el propósito de ordenar su funcionamiento interno, agilizar la tramitación de licencias y mejorar la transparencia de los procesos administrativos.
Durante el último año, el organismo avanzó en la primera etapa del régimen regulatorio, orientada a la producción agrícola e industrialización de semilla, grano y fibra de cáñamo (no psicoactivo).
La segunda fase, que se iniciará durante este nuevo período de intervención, comprende la producción agrícola e industrialización de flor y biomasa de cáñamo, lo que permitirá cerrar el circuito productivo integral y ampliar las oportunidades de agregado de valor e innovación tecnológica.
El informe técnico IF-2025-109877312-APN-ARICCAME#MEC, incorporado al expediente, detalla los avances alcanzados en la reorganización institucional y en el otorgamiento de licencias, además de proponer medidas para fortalecer la capacidad operativa del organismo y asegurar su sostenibilidad administrativa.
“La prórroga de la intervención resulta el mecanismo adecuado para garantizar la continuidad de las acciones en curso, preservando la eficacia, eficiencia y economía en la administración del organismo”, sostiene el texto de la resolución.
Economía mantiene la intervención para completar la segunda fase del régimen del cáñamo
La continuidad de la ARICCAME se da tras una serie de definiciones políticas y administrativas. En julio de 2025, el Decreto 462/2025 había dispuesto la disolución del organismo, pero la medida fue rechazada por ambas cámaras del Congreso Nacional —la Resolución 95/2025 de Diputados y la Resolución 56/2025 del Senado—, lo que derivó en su restitución mediante el Decreto 627/2025, dictado el 2 de septiembre de este año.
El texto de la Resolución 464/2025 establece que la prórroga de la intervención tendrá vigencia retroactiva al 3 de septiembre de 2025, fecha en la que se restituyó la plena operatividad del organismo.
En el mismo sentido, se precisó que el interventor Ferrari continuará ejerciendo las facultades conferidas por los artículos 4° y 5° del Decreto 833/2024, entre ellas la dirección administrativa, representación legal, gestión de recursos humanos, otorgamiento de licencias, reordenamiento de proyectos y coordinación con los organismos de control.
La decisión apunta a consolidar un marco de seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria en un sector que busca posicionarse como un nuevo vector de inversión, innovación y generación de empleo de base industrial.
Un sector con potencial de expansión
El desarrollo del cáñamo industrial en Argentina representa una oportunidad estratégica dentro de la bioeconomía: se trata de un cultivo de múltiples aplicaciones —textiles, bioplásticos, biocombustibles, alimentos y cosméticos— que, bajo la normativa vigente, debe provenir de variedades no psicoactivas, con bajo contenido de THC.
El Ministerio de Economía sostiene que la regulación ordenada de la cadena permitirá atraer inversiones, generar exportaciones y fortalecer el tejido productivo local, especialmente en regiones agroindustriales del norte argentino.
El avance hacia la segunda etapa de la regulación, con el foco en la flor y la biomasa, también podría abrir el camino para nuevos desarrollos tecnológicos en biotecnología, farmacología y materiales sustentables, promoviendo la articulación público-privada en innovación y ciencia aplicada.
En términos institucionales, la continuidad de la intervención busca garantizar una transición ordenada hacia un modelo definitivo de gestión, una vez concluidas las tareas de reestructuración y consolidación del régimen de licencias.
