Productores yerbateros

La Provincia pide que el INYM genere un precio de referencia para la yerba mate

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En un contexto de fuerte tensión en la cadena yerbatera tras la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el director del organismo por el Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, elevó una nota formal al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, solicitando que el Directorio avance en la generación de un precio referencial de la materia prima para la zafra 2026.

La carta, fechada en Posadas el 12 de febrero de 2026 y con ingreso oficial al organismo ese mismo día, plantea la necesidad de que el sector cuente con información de costos y valores orientativos para la hoja verde y la yerba canchada.

Maciel reconoce en el texto que el INYM perdió facultades para fijar un “precio oficial obligatorio”, pero advierte sobre el impacto que esa decisión generó en las últimas dos cosechas. “No hace falta redundar en las pérdidas de facultades para la fijación de un precio oficial obligatorio por parte de este organismo, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que tal decisión generó en las dos últimas cosechas en el sector productivo primario”, señala.

Un mercado oligopsónico

Uno de los puntos centrales del planteo es la caracterización estructural del mercado yerbatero. El director sostiene que se trata de un mercado “oligopsónico”, es decir, con pocos compradores que concentran el poder de demanda y pueden influir en los precios pagados a los productores.

“Hay pocos compradores que dominan el mercado y pueden (y lo hacen) influir en los precios pagados a los productores; por lo tanto, en este escenario, el libre mercado no existe o es injusto”, afirma el documento.

La advertencia apunta directamente a la asimetría entre los aproximadamente 12.500 productores misioneros y el reducido número de molinos que adquieren la hoja verde, una situación que, sin un precio de referencia institucional, deja al eslabón primario expuesto a negociaciones individuales y dispersión de valores.

Maciel solicita que el Directorio avance en la generación de una “pizarra” o referencia de precios antes del inicio de la próxima etapa productiva. El pedido es concreto: que a partir del 1° de abril la actividad se desarrolle con información oficial de precios emitida por el organismo.

“El mercado desconoce que hay costos oficiales de mano de obra, combustibles, energía, fertilizantes y que además el que produce necesita un mínimo margen de rentabilidad”, sostiene.

El planteo no describe a la yerba mate como un sector en crisis productiva, sino que introduce una definición más política y económica: “La yerba mate no está en crisis, lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

El documento también invoca el objetivo fundacional del INYM de “bregar por la sustentabilidad de toda la cadena” y evitar la concentración del negocio en pocos actores. En ese marco, la generación de valores referenciales aparece como una herramienta para ordenar el mercado sin volver -al menos formalmente- al esquema de precios obligatorios.

El planteo reabre el debate sobre el rol del INYM tras la desregulación nacional que limitó su capacidad de fijar precios mínimos. Mientras algunos sectores industriales sostienen que el mercado debe autorregularse, representantes del sector productivo y del Gobierno provincial insisten en la necesidad de mecanismos de referencia que compensen las asimetrías estructurales.

Más allá de su carácter administrativo, la carta constituye una señal política clara desde la representación misionera dentro del Instituto: avanzar en algún tipo de intervención orientativa antes del inicio de la zafra gruesa.

El pedido coloca nuevamente en agenda el debate sobre la regulación del mercado yerbatero, la sustentabilidad económica de los pequeños productores y el equilibrio de poder dentro de la cadena.

La decisión ahora queda en manos del Directorio del INYM, en un año clave para la actividad.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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Santilli advirtió que las negociaciones por la yerba deben canalizarse por Agricultura

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El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche, de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

En el encuentro, Hein tuvo a su cargo la presentación vinculada a la yerba mate, donde realizó una reseña detallada del momento que atraviesa el sector primario, con foco en las dificultades que enfrentan los productores yerbateros y las cooperativas.

Según explicó, el mercado yerbatero “es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

De acuerdo a lo expresado en la reunión, el funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguirse tras el encuentro.

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Sartori alertó por la crisis yerbatera y defendió el acuerdo tabacalero en Misiones

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Tras la presentación de la fiesta del Té, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, se refirió a la delicada situación que enfrentan los sectores tabacalero y yerbatero en la provincia, marcada por conflictos de precios, protestas de productores y un escenario de incertidumbre que golpea a miles de familias rurales.

Sartori, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación de dos de las principales economías regionales de la provincia: tabaco y yerba mate. Mientras defendió el acuerdo de precios tabacaleros, que ubicó el valor del producto por encima de la inflación regional, alertó por el derrumbe del precio de la yerba, que perdió entre 60% y 70% de su valor en dólares, y reclamó a la Nación el ordenamiento del mercado yerbatero para garantizar la sostenibilidad de más de 12.500 familias productoras.

Tabaco: acuerdo por encima de la inflación y protestas sin reconocimiento institucional

Al referirse al conflicto tabacalero, Sartori explicó que el precio vigente surge de un acuerdo formal entre las asociaciones de productores, las cooperativas y la industria, en el cual el Estado provincial actuó como mediador y articulador institucional. El incremento acordado fue del 71%, cifra que, según remarcó, se ubica por encima de la inflación del NEA y también en niveles históricamente altos si se lo mide en dólares, tratándose de un commodity con referencias internacionales.

“Desde nuestro lugar de mediación hubo un acuerdo entre las tres asociaciones, las cooperativas y la industria”, sostuvo el ministro, al tiempo que aclaró que el grupo que mantiene bloqueos no cuenta con reconocimiento institucional. Se trata, precisó, de 30 a 40 productores que impiden el ingreso y egreso de camiones al considerar insuficiente el precio pactado.

Sartori reconoció que la tensión entre la expectativa del productor y las condiciones del mercado es recurrente, pero subrayó que el tabaco “tiene precios internacionales y se rige por reglas de mercado”. En paralelo, confirmó que se realizaron pagos en distintas instancias, incluyendo cosecha, tabacaleros e interzafra, y que el diálogo entre asociaciones, cooperativas e industria permanece abierto.

Yerba mate: desplome del precio, alerta social y pedido urgente a la Nación

El panorama se torna más delicado en la cadena yerbatera, donde Sartori expresó una “preocupación profunda” por la evolución de los precios. Según detalló, el valor del producto cayó de US$ 0,52 por kilo a entre US$ 0,20 y US$ 0,22, lo que implica una pérdida de entre 60% y 70% del valor, retrotrayendo al sector a niveles comparables con décadas críticas del pasado.

“Estamos volviendo a épocas de precios sumamente bajos”, advirtió el funcionario, al recordar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate fue creado en 2001 precisamente para evitar estos desfasajes de mercado. En ese sentido, reclamó que se aplique la ley vigente y se restablezcan mecanismos de ordenamiento y regulación, como ya ocurrió en otros períodos.

El impacto económico se traduce en una fuerte presión social: 12.500 familias productoras no logran cubrir costos en un contexto donde los insumos y el costo de vida aumentaron. Sartori recordó que hasta el año pasado la yerba era una de las pocas economías regionales con “semáforo en verde”, es decir, con rentabilidad en toda la cadena, situación que hoy se revirtió de manera abrupta.

Cese de cosecha, debate legislativo y migración laboral a Brasil

En paralelo, el ministro se refirió con cautela al cese de cosecha impulsado por algunos sectores, remarcando que se trata de un mercado privado, donde cada productor decide si vende o no, sin una intervención directa del Estado. También fue prudente respecto a los debates que se desarrollan en el ámbito legislativo provincial, señalando que se trata de un tema en análisis por parte de los legisladores.

Finalmente, Sartori reconoció el crecimiento de la migración laboral hacia Brasil, especialmente hacia Rio Grande do Sul, impulsada por mejores salarios del otro lado de la frontera. Confirmó que el Gobierno provincial trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Trabajo y mantiene contactos con autoridades brasileñas para contener y acompañar a los trabajadores que buscan alternativas laborales fuera del país.

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Yerba: productores acusan “destrucción criminal” y piden a Santilli frenar el desguace del INYM

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Organizaciones de productores yerbateros solicitaron la intervención del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para revertir lo que definieron como un “criminal deterioro del sector yerbatero”, al que atribuyen a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional desde la entrada en vigencia del DNU 70/23 y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El reclamo fue formalizado en una nota fechada el 29 de enero de 2026, que será entregada esta semana por representantes de CONINAGRO durante una reunión prevista con el funcionario nacional. En el documento, los productores advierten que desde la asunción del presidente Javier Milei, la Yerba Mate Argentina atraviesa un proceso de deterioro acelerado que compromete no sólo la sustentabilidad económica de la actividad, sino también la calidad e inocuidad del producto, que contrasta con la realidad yerbatera hasta antes de la desregulación.

Según plantean, el Decreto 70/23 y otras decisiones de política económica “están ocasionando la destrucción de una economía regional que hasta hace dos años era pujante”, afectando de manera directa a miles de trabajadores, pequeños productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. En ese marco, alertan que el daño ya comienza a impactar sobre la calidad del producto final, con eventuales riesgos sanitarios y consecuencias negativas para la comercialización, tanto en el mercado interno como en el externo.

La nota lleva las firmas de Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM); Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN); Jorge Lizznienz, productor de Jardín América; Antonio França, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; y Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero.

Los dirigentes agrarios reivindican la plena vigencia del INYM como herramienta central para el desarrollo del sector. “Sabemos por experiencia que la única herramienta que permite crecimiento y previsibilidad a una actividad con más de 120 años de historia es la regulación del mercado”, sostienen, y reclaman la restitución de todas las facultades del organismo.

En el mismo sentido, cuestionan la gestión encabezada por el recientemente designado presidente del INYM, Rodrigo Correa, al considerar que sus decisiones profundizan la crisis existente. Entre los puntos señalados, rechazan la creación de una secretaría privada en el organismo en un contexto de fuerte deterioro económico del sector.

Junto al escrito, los productores adjuntaron un documento que resume el impacto positivo del INYM en sus 21 años de funcionamiento. Allí recuerdan que el organismo aportó previsibilidad y crecimiento a toda la cadena yerbatera, integrada por unos 15.000 cosecheros, 13.000 productores, 190 secaderos, 60 cooperativas y más de 110 molinos y fraccionadores, además de impulsar un plan estratégico y posicionar a la yerba mate como un alimento saludable en los mercados nacional e internacional.

Finalmente, solicitan a Santilli una reunión y su intermediación ante las autoridades nacionales “para comenzar a revertir esta insensata destrucción de una economía regional clave”, y remarcan que la defensa de la Yerba Mate Argentina “es inseparable de la vigencia plena del Instituto Nacional de la Yerba Mate, tal como funcionaba antes del Decreto 70/23”.

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