En medio de una de las crisis de precios más prolongadas de la actividad yerbatera, el Gobierno de Misiones puso en marcha una nueva herramienta financiera que busca atacar uno de los problemas que profundizan las dificultades de productores y pequeñas empresas: la demora entre la entrega de la yerba y el cobro efectivo de la venta.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, firmó junto a Carlos Moyano, cofundador de Andescrowd, un convenio para implementar un mecanismo de custodia de facturas destinado específicamente a productores, operadores e industrias de la cadena de la yerba mate.
La herramienta introduce una diferencia sustancial respecto de las operaciones tradicionales: quien venda cumpliendo con los precios mínimos de referencia podrá cobrar el importe neto de la factura a los diez días, mientras que la empresa compradora tendrá hasta 180 días para cancelar la operación mediante un único pago al vencimiento, bajo la modalidad conocida como bullet.
La Provincia, por su parte, bonificará el 50% del costo financiero de la operatoria.
“Junto a Carlos Moyano, cofundador de Andescrowd, firmamos un convenio para que los productores e industrias del sector yerbatero accedan a un esquema de financiamiento ágil, transparente y con respaldo provincial”, explicó Safrán.
Cobrar rápido sin ahogar financieramente a la industria
El diseño de la herramienta intenta resolver las dos puntas de un mismo problema. Por un lado, darle liquidez inmediata al productor o pequeña empresa que necesita disponer del dinero para sostener la cosecha, pagar salarios, combustible, insumos y demás costos operativos. Por otro, evitar que esa aceleración de los pagos implique trasladar toda la presión financiera a las industrias compradoras.
Hasta ahora, una parte de los productores que necesitaba transformar rápidamente una venta a plazo en efectivo debía recurrir al descuento de cheques u otros mecanismos financieros. En esos casos, el costo de adelantar el dinero terminaba reduciendo el precio efectivamente percibido por la materia prima.
Con el nuevo esquema, el productor podrá recibir el 100% neto correspondiente a la operación a los diez días de emitida la factura, mientras el comprador conserva un horizonte financiero de seis meses.
“El objetivo de esta herramienta es reforzar el acompañamiento a la cadena yerbatera generando liquidez inmediata para los pequeños y medianos productores sin comprometer la capacidad operativa de los compradores”, señaló Safrán.
El precio de referencia, la condición clave
El mecanismo incorpora además una condición especialmente relevante en el actual escenario yerbatero: para acceder al financiamiento, la operación deberá realizarse respetando los precios mínimos de referencia.
De esta manera, el incentivo financiero también funciona como una herramienta para promover operaciones a valores de referencia dentro de la provincia.
El esquema adquiere particular importancia después de la desregulación del mercado yerbatero y la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate para establecer precios obligatorios para la hoja verde y la yerba canchada.
En ese contexto, Misiones viene buscando mecanismos propios para sostener el precio recibido por los productores y amortiguar los problemas financieros de una cadena en la que conviven miles de pequeños productores con secaderos, cooperativas, molinos e industrias de distinta escala.
Cómo funcionará el nuevo financiamiento
El circuito previsto contempla cuatro puntos centrales:
Cobro a diez días: productores y operadores que vendan respetando el precio mínimo de referencia podrán recibir el 100% neto de la factura a los diez días de su emisión.
Financiamiento para el comprador: la industria o empresa adquirente podrá cancelar la operación a los 180 días mediante un único pago.
Bonificación provincial: el Gobierno de Misiones absorberá el 50% del costo financiero de la operación.
Custodia de facturas: Andescrowd administrará el mecanismo que respalda y estructura financieramente las operaciones.
La iniciativa fue gestionada conjuntamente por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Agro y la Producción y funcionarios provinciales vinculados a la problemática yerbatera.
El punto central del programa es que la necesidad de financiamiento deje de recaer exclusivamente sobre el eslabón más débil de la cadena. El productor obtiene efectivo prácticamente al contado, la industria conserva plazo para comercializar y generar los recursos necesarios para cancelar la compra y el Estado provincial absorbe parte del costo que permite conectar ambos extremos.
En una actividad atravesada por la caída de los precios de la materia prima y las dificultades financieras, Misiones apuesta así a utilizar el crédito como instrumento para ordenar las operaciones: liquidez inmediata para quien produce, plazo para quien compra y un incentivo económico para que la yerba se comercialice a los valores de referencia.
El tablero de las economías regionales mantiene dos señales de alarma para Misiones. El último Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, de junio de 2026, mantiene a la yerba mate y la mandioca en rojo, mientras que el complejo forestal permanece en amarillo, una combinación que expone las dificultades que atraviesan tres actividades centrales para la producción, el empleo y la generación de ingresos en la provincia.
El panorama nacional tampoco ofrece demasiados verdes. De las 19 actividades relevadas, apenas cuatro quedaron en esa categoría, ocho se ubicaron en amarillo y siete permanecieron en rojo. La única modificación respecto del relevamiento anterior fue el maní, que consiguió pasar de rojo a amarillo.
Junto con yerba mate y mandioca, aparecen en rojo el arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón y leche. El denominador común está fundamentalmente en el negocio: precios al productor que permanecen estancados o evolucionan por debajo de la inflación y de los costos operativos. Cuando esa situación se prolonga, el deterioro comienza a trasladarse al resto de los componentes de cada cadena.
Yerba: 27 meses consecutivos en rojo
El caso de la yerba mate es particularmente significativo para Misiones. La actividad acumula 27 meses consecutivos en rojo, desde abril de 2024, es decir, más de dos años sin conseguir abandonar la categoría de mayor fragilidad del semáforo.
La persistencia del rojo coincide con la desregulación del mercado, que impuso el presidente Javier Milei y que provocó una profunda transformación del mercado yerbatero, caracterizada por una fuerte presión sobre el precio de la materia prima y una pérdida de capacidad de negociación de los productores.
El informe de Coninagro aporta un dato que permite dimensionar esa tensión desde otro ángulo: el productor yerbatero recibe apenas el 15% del precio final del producto, frente a una participación histórica del 23%.
Es decir, la participación del eslabón primario se encuentra unos ocho puntos porcentuales por debajo de su referencia histórica. Coninagro señala que, entre los productos regionales analizados, la yerba mate y el vino presentan algunas de las mayores pérdidas de participación del productor dentro del precio que finalmente paga el consumidor.
El problema adquiere todavía mayor relevancia porque la cadena mantiene capacidad para generar divisas.
El sector yerbatero registró durante 2025 importaciones por US$23 millones, equivalentes al 18% de los US$127 millones exportados durante ese año. Es una relación comercial todavía ampliamente superavitaria, pero con una presión importadora sensiblemente mayor que la observada en otras economías regionales exportadoras.
La paradoja es evidente: la yerba continúa generando dólares y sosteniendo mercados externos, pero esa fortaleza comercial no alcanza para recomponer la ecuación económica del productor.
La mandioca ofrece una fotografía diferente, aunque termina en el mismo color del semáforo.
Durante junio, la bolsa de 40 kilos se pagó $28.190, con una suba nominal interanual del 137%. Sin embargo, la mejora del precio convive con una fuerte debilidad estructural en el mercado.
El consumo interno se estima en alrededor de dos kilos por habitante por año y, fundamentalmente, la cadena muestra una fuerte dependencia de las compras externas.
En los últimos doce meses no se registraron ingresos por exportaciones, mientras que las importaciones alcanzaron US$7,5 millones, con un incremento del 223% respecto del período anterior.
El dato adquiere especial relevancia para Misiones, principal territorio productor de mandioca del país, porque evidencia que la discusión no pasa solamente por cuánto recibe el agricultor sino también por la capacidad de la industria local para competir con productos provenientes del exterior.
En el primer semestre, las importaciones de la cadena ya mostraban un crecimiento del 113% frente al promedio histórico de la última década. En términos estructurales, Coninagro directamente coloca a la mandioca dentro de las economías deficitarias, debido a que prácticamente no genera exportaciones mientras demanda divisas para abastecerse mediante importaciones.
El IVA de la fécula llega al Congreso
En ese contexto, este miércoles el Congreso tratará un proyecto impulsado por el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, que propone reducir el IVA aplicado a la fécula de mandioca.
La iniciativa apunta directamente sobre uno de los problemas de competitividad que enfrenta la industria mandioquera. La reducción de la carga tributaria busca mejorar las condiciones de producción de fécula nacional frente al producto importado y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para sostener la demanda de materia prima a los productores.
El dato de Coninagro aporta así un telón de fondo económico particularmente oportuno para el debate parlamentario: mientras se discute una herramienta fiscal para fortalecer la cadena nacional, las importaciones de productos vinculados con la mandioca crecieron 223% en los últimos doce meses.
Forestal: amarillo
El tercer gran complejo productivo misionero analizado por el semáforo tampoco consigue entrar en verde.
La actividad forestal permanece en amarillo, categoría que Coninagro reserva para sectores que presentan señales mixtas: precios que no terminan de acompañar la inflación, demanda estable o con poco dinamismo y costos elevados.
En Misiones, los valores de referencia prácticamente no se movieron desde octubre pasado. La tonelada de pino ronda los $44.000 y la de eucalipto los $39.750, con una variación de apenas 7% respecto de junio de 2025.
La fotografía del comercio exterior también muestra un equilibrio extremadamente ajustado: las exportaciones acumularon US$190 millones, con una suba del 12%, mientras que las importaciones de los últimos doce meses alcanzaron US$191,7 millones, también con un incremento del 12%.
En una perspectiva histórica más amplia, las exportaciones forestales del primer semestre alcanzaron US$101 millones y quedaron 10% por debajo del promedio de los últimos diez años para ese período.
La lectura provincial del semáforo deja una conclusión difícil de soslayar: ninguna de las tres grandes cadenas analizadas con fuerte peso en la estructura productiva misionera está en verde.
La yerba acumula más de dos años en rojo y exhibe una fuerte pérdida de participación del productor sobre el precio final. La mandioca también permanece en rojo, con un mercado externo prácticamente inexistente y una aceleración de las importaciones que vuelve más urgente la discusión sobre competitividad industrial. Y el complejo forestal se sostiene en amarillo, afectado por precios de la materia prima prácticamente congelados y una balanza comercial que se mueve sobre el límite.
El contraste con el agregado nacional es relevante. Las 19 economías regionales relevadas por Coninagro exportaron US$31.940 millones durante el primer semestre de 2026, 21% más que un año atrás, mientras que las importaciones sumaron US$2.462 millones. Por cada dólar importado, el conjunto exportó alrededor de 13 dólares.
Pero detrás de esa fotografía favorable aparecen realidades profundamente diferentes.
Para Misiones, el problema ya no es solamente cuánto producen sus principales cadenas, sino qué rentabilidad queda en origen, cuánto valor puede capturar el productor y qué capacidad tiene la industria provincial para competir frente a productos importados.
La crisis de la cadena yerbatera de Misiones comienza a trasladarse con mayor intensidad desde las chacras hacia las plantas industriales y el empleo. En San José, Yerbatera Misiones SRL, vinculada a la familia del exgobernador Ramón Puerta, concretó ocho despidos sobre una plantilla de 35 trabajadores y atraviesa dificultades financieras que afectan el pago de salarios, aguinaldos y la compra de materia prima.
La situación adquiere una dimensión mayor por el lugar que ocupa la planta dentro de la cadena de valor según informa el sitio iProfesional. La empresa realiza tareas de secado, canchado y empaque a fasón para grandes compañías y, según la información aportada por fuentes sindicales, desde sus instalaciones se procesan productos de Nobleza Gaucha y Cruz de Malta, dos marcas de fuerte presencia en el mercado argentino.
El ajuste laboral podría profundizarse. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sostienen que la empresa proyectaría reducir su dotación hasta unos 15 trabajadores. De concretarse, significaría una reducción de casi el 60% de los puestos directos actuales y convertiría a la planta en uno de los focos más visibles del deterioro que atraviesa la industria yerbatera.
El problema no se limita a los despidos. El atraso en la liquidación de sueldos y aguinaldos se combina con una severa restricción de liquidez que habría interrumpido la adquisición de hoja verde a productores de la zona. “Hoy la fábrica está paralizada porque no hay hoja verde para procesar”, señalaron voceros sindicales.
La falta de materia prima constituye, en este contexto, una consecuencia directa de una crisis que atraviesa distintos eslabones simultáneamente. Cuando el productor no encuentra un precio que permita cubrir sus costos, el secadero pierde volumen, la industria reduce su actividad y la menor producción termina impactando sobre el empleo. La dificultad de una planta industrial deja así de ser un problema exclusivamente empresarial y pasa a comprometer el funcionamiento de una cadena productiva regional.
El cambio regulatorio y el nuevo escenario para la cadena yerbatera
El trasfondo se encuentra en la transformación del esquema de regulación del mercado yerbatero. Los cambios impulsados por el Gobierno nacional redujeron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), incluyendo la capacidad de establecer precios de referencia para la hoja verde y la materia prima canchada.
En el nuevo escenario, los productores quedaron expuestos a una mayor presión negociadora de los compradores. La caída de los valores pagados por la materia prima, combinada con costos productivos elevados, redujo el margen disponible en las chacras y tensionó progresivamente la relación entre productores, secaderos y molinos.
El problema se trasladó también al funcionamiento del propio sistema de fiscalización. Los cambios en la estructura del INYM y la reducción de personal vinculada a las tareas de control agregaron otro elemento de incertidumbre para una actividad cuya cadena requiere seguimiento sobre volúmenes, origen y condiciones comerciales.
La advertencia de la Provincia apunta precisamente a ese efecto dominó. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, señaló que sin un piso de referencia para la hoja verde “el pequeño productor no puede cosechar y los secaderos se quedan sin volumen de procesamiento”.
La ecuación industrial se vuelve todavía más compleja cuando se incorporan los costos energéticos y financieros. Las plantas yerbateras necesitan electricidad para sostener procesos de secado, molienda, transporte interno y empaque. Con tarifas más elevadas y dificultades para acceder a crédito a tasas razonables, una empresa con menor volumen de ventas tiene menos margen para absorber aumentos de costos fijos.
A esa presión se suma la evolución de la demanda. El consumo de yerba mate atraviesa un período de debilidad y las empresas de distribución habrían extendido los plazos de pago hacia las industrias, llevando operaciones a períodos de 90 y 120 días. Para una planta con problemas de liquidez, esa extensión transforma una caída comercial en un problema financiero.
De la crisis de precios al riesgo de concentración
El caso de Yerbatera Misiones SRL expone una de las principales consecuencias potenciales del actual escenario: la posibilidad de que la crisis termine acelerando la concentración de la actividad industrial.
Una industria con menor capacidad financiera enfrenta dificultades para comprar materia prima, sostener el empleo, financiar capital de trabajo y afrontar costos energéticos mientras espera el cobro de sus ventas. Si esa combinación persiste, las empresas de menor escala pierden capacidad para competir y aumenta la posibilidad de que el procesamiento quede progresivamente concentrado en actores con mayor espalda financiera.
La señal es especialmente relevante para Misiones porque la yerba mate no constituye solamente una actividad agropecuaria. Es una cadena territorial que articula productores, secaderos, molinos, transportistas, trabajadores industriales, comercios y proveedores de servicios. Una interrupción en un eslabón puede multiplicar sus efectos sobre los demás.
Por eso, el desafío de corto plazo no pasa solamente por evitar nuevos despidos en una planta determinada. La discusión de fondo es cómo preservar el entramado productivo mientras se atraviesa una etapa de menor consumo, precios deprimidos de la materia prima, costos industriales elevados y restricciones financieras.
La respuesta, en términos de política productiva, requiere actuar sobre varios frentes al mismo tiempo: recuperar previsibilidad en la relación entre productores e industria, facilitar capital de trabajo para las empresas, reducir el impacto de los costos críticos y sostener mecanismos eficaces de fiscalización. La eventual declaración de emergencia en las zonas más afectadas o medidas de alivio fiscal que evalúa la Provincia aparecen dentro de ese debate.
El caso de San José funciona así como una señal de alerta para toda la cadena. Los ocho despidos ya concretados son el dato inmediato, pero el riesgo mayor está en que la crisis deje de ser un episodio puntual y se convierta en una dinámica de cierre de plantas, pérdida de empleo y concentración industrial.
En una economía regional donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la yerba mate, sostener la actividad no implica únicamente preservar empresas. Significa evitar que el deterioro de un precio en origen termine transformándose, varios eslabones después, en menos trabajo, menor capacidad industrial y una estructura productiva más concentrada y vulnerable.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundizó su proceso de simplificación administrativa con dos resoluciones que modifican aspectos centrales de la relación entre el organismo y los operadores del sector. Las medidas apuntan a reducir cargas burocráticas, otorgar mayor previsibilidad a productores, cooperativas, secaderos y molinos, y acompañar la política nacional de desregulación sin resignar las facultades de fiscalización.
Las Resoluciones85 y 88, publicadas en el Boletín Oficial, representan un cambio en la lógica regulatoria del Instituto: dejan de priorizar controles formales que podían obstaculizar la actividad y avanzan hacia un esquema que mantiene la fiscalización, pero elimina requisitos considerados innecesarios para el desarrollo comercial.
Uno de los cambios más relevantes establece un plazo de gracia para la presentación de declaraciones juradas y demás trámites administrativos. A partir de ahora, las DDJJ, recursos, descargos y cualquier otra documentación sujeta a vencimiento serán consideradas presentadas en término si ingresan hasta las 9 de la mañana del primer día hábil posterior al vencimiento.
La decisión surgió luego de que la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control analizara expedientes sancionatorios vinculados con presentaciones consideradas extemporáneas y concluyera que, en numerosos casos, los operadores habían cumplido dentro de un margen razonable que justificaba la desestimación de las imputaciones.
El nuevo criterio busca adaptar la gestión administrativa a la realidad de un sistema completamente digitalizado. El INYM reconoce que la utilización del Portal del Operador no puede traducirse en una pérdida de garantías para quienes realizan sus presentaciones electrónicas, especialmente cuando inconvenientes técnicos o demoras mínimas podían derivar en procesos sancionatorios.
La resolución también obliga al Área de Informática del Instituto a adecuar el Portal del Operador para que las presentaciones efectuadas hasta las 9 horas del día hábil siguiente no sean registradas automáticamente como fuera de término, otorgando coherencia entre la normativa y el funcionamiento de los sistemas.
La flexibilización, sin embargo, tiene límites precisos. El plazo de gracia no alcanza a las obligaciones económicas. Los pagos de multas, de la Tasa de Inspección y Fiscalización y de la tarifa correspondiente al Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la Actividad Yerbatera deberán continuar realizándose dentro de los plazos originalmente establecidos, sin excepciones.
Menos restricciones para acceder a estampillas
La segunda modificación impacta directamente sobre la operatoria comercial de las empresas elaboradoras. El Directorio derogó uno de los requisitos exigidos para adquirir las estampillas oficiales que acreditan el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.
Hasta ahora, cada operador únicamente podía solicitar estampillas en función del promedio mensual de ventas declaradas durante los tres meses anteriores. Ese mecanismo funcionaba como un límite administrativo que condicionaba el crecimiento comercial, ya que impedía anticipar incrementos en la producción, responder rápidamente a aumentos de demanda o abastecer nuevos mercados.
Con la Resolución 88/2026 ese requisito desaparece. Desde ahora, los operadores ya no estarán sujetos a ese techo basado en antecedentes históricos para adquirir estampillas, aunque continuarán vigentes todos los demás controles previstos por el Instituto para garantizar el pago de la tasa y la trazabilidad de la producción.
El INYM fundamentó la eliminación de esta exigencia en el proceso de revisión normativa impulsado tras el Decreto 812/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó al organismo a eliminar regulaciones que pudieran generar barreras de entrada, distorsiones en el mercado o interferencias en la libre competencia dentro de la cadena yerbatera.
Desde la perspectiva económica, la modificación elimina un cuello de botella que podía afectar principalmente a empresas en expansión, nuevos emprendimientos o firmas que lograban abrir mercados de exportación o incrementar significativamente sus ventas.
Un cambio de enfoque regulatorio
Las dos resoluciones muestran un cambio en la filosofía administrativa del INYM. El organismo mantiene intactas sus funciones de control y fiscalización, pero elimina mecanismos que, según su propio análisis, habían dejado de ser indispensables para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Yerba Mate.
Para la cadena productiva, especialmente en Misiones y Corrientes, las medidas implican menos burocracia, mayor previsibilidad y una reducción del riesgo de sanciones derivadas de cuestiones meramente formales. En un contexto de creciente competencia y necesidad de ganar eficiencia, la simplificación de procesos administrativos puede traducirse en menores costos operativos y mayor capacidad de respuesta frente a cambios en la demanda.
La reforma no modifica aspectos estructurales del mercado yerbatero, como la fiscalización de la producción o el pago de la tasa que financia al Instituto, pero sí redefine la relación entre el regulador y los operadores, privilegiando una administración más ágil y orientada a facilitar la actividad económica sin abandonar las herramientas de control.
Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso.
La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario.
La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.
No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.
Foto gentileza Marcos Otaño.
Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa.
Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.
“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.
Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.
«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.
“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.
En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.
“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.
Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor.
El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco.
Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición.
Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.
Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos.
No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.
Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera.
El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado.
Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.
Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.
Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema.
Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.
Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo.
“La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo.
El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.
Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes.
Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.
La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones.
La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país.
Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.
El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.
Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.
