PROPIEDAD INTELECTUAL

Argentina abre la consulta pública para reconocer 130 Indicaciones Geográficas de Brasil: una decisión clave para la yerba mate

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inició el proceso para reconocer y proteger en Argentina un total de 130 Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de Brasil, en cumplimiento del acuerdo del Mercosur aprobado por la Ley N° 27.765. La medida abre un período de consulta pública de 30 días durante el cual empresas, productores y entidades podrán presentar objeciones fundadas. Para las economías regionales del Nordeste Argentino (NEA), especialmente la cadena de la yerba mate, el procedimiento adquiere una relevancia estratégica porque involucra la protección de activos de propiedad intelectual vinculados al origen geográfico de los alimentos y bebidas dentro del mercado regional.

La convocatoria, publicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye uno de los primeros pasos operativos derivados del Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias de los Estados Parte del Mercosur, instrumento que busca fortalecer la protección jurídica de productos con identidad territorial dentro del bloque.

Aunque el procedimiento alcanza productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos brasileños, el impacto excede el aspecto registral: establece reglas comunes para la valorización comercial de productos regionales y genera un precedente que también alcanza a las economías regionales argentinas que cuentan con Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen.

Un mecanismo que fortalece la competencia basada en el origen

Brasil remitió oficialmente a la Argentina un listado integrado por 130 Indicaciones Geográficas, distribuidas entre Indicaciones de Procedencia (IP) y Denominaciones de Origen (DO).

El reconocimiento no será automático. La Resolución SAGyP N° 67/2026 establece un procedimiento administrativo que contempla la participación de terceros mediante una consulta pública.

Durante 30 días corridos desde la publicación de la convocatoria, cualquier persona humana o jurídica que acredite un interés legítimo podrá formular observaciones u oposiciones por escrito si considera que alguno de los nombres protegidos puede afectar derechos existentes o inducir a error al consumidor.

La normativa contempla diversas causales de objeción. Entre ellas se incluyen que el nombre sea considerado genérico en Argentina, que coincida con una marca registrada previamente, que resulte idéntico o similar a otra denominación protegida, que pueda generar confusión respecto del verdadero origen geográfico del producto o que entre en conflicto con variedades vegetales o razas animales.

Las presentaciones deberán incorporar la identificación completa del interesado, los fundamentos jurídicos y técnicos correspondientes, la documentación probatoria y un domicilio legal constituido en el país. Las solicitudes que no cumplan con esos requisitos podrán ser rechazadas conforme a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549.

Una herramienta con impacto para la yerba mate y otras producciones regionales

Más allá del trámite administrativo, la decisión tiene implicancias económicas para las producciones regionales del NEA.

Las Indicaciones Geográficas funcionan como instrumentos de diferenciación comercial porque vinculan la calidad, reputación o características de un producto con un territorio determinado. Ese reconocimiento permite agregar valor, proteger denominaciones tradicionales y reducir riesgos de utilización indebida de nombres asociados a determinadas regiones productivas.

Para cadenas agroindustriales como la yerba mate, uno de los principales productos identitarios de Misiones y el nordeste argentino, el fortalecimiento del sistema regional de protección representa un elemento relevante dentro de la estrategia de posicionamiento en mercados internacionales.

El acuerdo de reconocimiento mutuo dentro del Mercosur también busca otorgar mayor previsibilidad al comercio intrabloque al establecer criterios homogéneos sobre la protección de nombres geográficos y productos con identidad territorial.

La publicación oficial aclara que las fichas técnicas correspondientes a las 130 Indicaciones Geográficas brasileñas estarán disponibles para consulta pública en el portal de Alimentos Argentinos, donde los interesados podrán analizar las características de cada producto antes de formular eventuales observaciones.

Un paso institucional dentro de la integración del Mercosur

La convocatoria se enmarca en la implementación de la Ley N° 27.765, mediante la cual Argentina aprobó el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas originarias en los territorios de los Estados Parte del Mercosur.

El procedimiento representa una etapa previa al reconocimiento formal de cada denominación brasileña dentro del sistema argentino de protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Desde una perspectiva institucional, el mecanismo incorpora transparencia al proceso mediante la consulta pública y permite compatibilizar la protección internacional de las denominaciones con los derechos previamente adquiridos por productores, empresas y titulares de marcas registradas en Argentina.

Para el sector productivo del NEA, el seguimiento de esta instancia resulta relevante porque el fortalecimiento del régimen regional de Indicaciones Geográficas puede convertirse en una herramienta adicional para consolidar el valor diferencial de productos vinculados al territorio y ampliar la protección jurídica de activos estratégicos asociados a las economías regionales.

Impactos para el sector productivo se abre una consulta pública por 30 días para el reconocimiento de 130 Indicaciones Geográficas brasileñas. Productores, empresas y cámaras podrán presentar objeciones si consideran afectados derechos adquiridos. El procedimiento fortalece la aplicación del Acuerdo Mercosur sobre Indicaciones Geográficas, aprobado por la Ley N° 27.765. La medida involucra productos agrícolas, alimentos, vinos y productos vínicos. Para el NEA, el avance del sistema regional de protección adquiere importancia por su potencial incidencia sobre productos con identidad territorial como la yerba mate y otras economías regionales.

Concluido el período de consulta pública, la autoridad de aplicación deberá analizar las oposiciones que eventualmente se presenten antes de avanzar con el reconocimiento definitivo de las Indicaciones Geográficas brasileñas. El desarrollo de este procedimiento marcará un antecedente para futuras solicitudes dentro del Mercosur y será observado por los sectores productivos que buscan consolidar la protección internacional de productos asociados al origen geográfico.

Aviso MIN DE ECONOMÍA – SEC AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA by CristianMilciades

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Redefinen el reconocimiento de Indicaciones Geográficas del Mercosur para vinos y fortalecen el rol del INV

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La Secretaría de Agricultura incorporó formalmente al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al procedimiento de reconocimiento de las Indicaciones Geográficas (IG) de vinos y productos vínicos provenientes de los países del Mercosur. La medida busca ordenar la aplicación del acuerdo regional, centralizar la evaluación técnica y dotar de mayor seguridad jurídica a un segmento donde el origen geográfico constituye un activo comercial de alto valor.

La Resolución 94/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece que las Indicaciones Geográficas reconocidas en los Estados Parte del Mercosur para productos vínicos deberán atravesar el procedimiento previsto por la normativa argentina antes de obtener protección en el país. La novedad central es que ese análisis quedará bajo la órbita del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) cuando se trate exclusivamente de vinos y productos de origen vínico.

La decisión complementa la reglamentación aprobada en mayo de este año para implementar el Acuerdo de Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas del Mercosur, incorporado al derecho argentino mediante la Ley 27.765.

Un cambio institucional para un activo estratégico

Las Indicaciones Geográficas constituyen un sistema de protección intelectual que vincula la reputación y determinadas características de un producto con su lugar de origen. En el negocio vitivinícola representan mucho más que una denominación: funcionan como un diferencial competitivo que agrega valor comercial, facilita el posicionamiento internacional y protege a productores frente al uso indebido de nombres geográficos.

Con la nueva resolución, el Gobierno determina que el INV será el organismo técnico encargado de evaluar las solicitudes vinculadas a vinos y productos vínicos, utilizando el marco previsto por la Ley 25.163, que regula las denominaciones de origen e indicaciones geográficas del sector vitivinícola argentino.

La medida no modifica el acuerdo regional ni crea nuevos derechos, sino que define con mayor precisión cuál será la autoridad competente para llevar adelante las evaluaciones técnicas dentro del país.

Para las bodegas y exportadores, la resolución aporta previsibilidad institucional en un mercado donde la certificación del origen constituye un elemento central para acceder a segmentos de mayor valor agregado.

Entre los principales efectos se destacan mayor especialización técnica en la evaluación de Indicaciones Geográficas vinculadas al sector vitivinícola. Unificación de criterios bajo el organismo que ya administra las denominaciones de origen y las IG argentinas. Mayor seguridad jurídica para el reconocimiento de denominaciones provenientes del Mercosur. Sin impacto fiscal ni creación de nuevas estructuras administrativas, ya que la resolución aclara que las funciones serán absorbidas por el INV con los recursos existentes.

Alcance regional y oportunidades

Aunque el NEA no posee una industria vitivinícola comparable con otras regiones del país, la resolución adquiere relevancia para las empresas vinculadas al comercio exterior, la distribución de vinos, la gastronomía premium y el turismo, actividades que incorporan productos certificados por origen como parte de su estrategia comercial.

También fortalece el proceso de armonización regulatoria dentro del Mercosur, un aspecto relevante para las economías regionales que buscan proteger productos diferenciados mediante sistemas de calidad e identidad territorial.

La decisión refleja una tendencia creciente en el comercio internacional: los atributos vinculados al origen, la trazabilidad y la autenticidad ganan peso como herramientas de diferenciación frente a mercados cada vez más exigentes.

El próximo paso será observar cómo se implementa el procedimiento de evaluación y reconocimiento de las Indicaciones Geográficas provenientes de Brasil, Uruguay y Paraguay, así como el impacto que esta coordinación institucional tendrá sobre futuras solicitudes de protección dentro del bloque. Para la vitivinicultura argentina, consolidar reglas homogéneas en materia de propiedad intelectual constituye un componente estratégico para sostener el posicionamiento de sus productos en el mercado regional.

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Patentes: otorgan mayor autonomía al INPI para actualizar criterios tecnológicos

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La derogación de una norma vigente desde 2001 busca agilizar la actualización de los criterios de patentabilidad. El cambio impacta especialmente en sectores vinculados a biotecnología, innovación agropecuaria, genética vegetal y economía del conocimiento.

El Gobierno nacional derogó una resolución conjunta que desde hace casi 25 años regulaba la elaboración y modificación de las directrices técnicas utilizadas para evaluar solicitudes de patentes en Argentina. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura e Industria, transfiere plenamente al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la facultad de revisar y actualizar los criterios de patentabilidad sin necesidad de intervenciones administrativas adicionales.

Aunque se trata de una modificación regulatoria de bajo perfil, su alcance trasciende el ámbito jurídico. La decisión apunta a reducir burocracia en un área estratégica para la innovación tecnológica y podría tener efectos sobre sectores donde la protección de desarrollos científicos resulta un activo económico central, como la biotecnología, la genética aplicada al agro, los insumos biológicos, la industria farmacéutica y la economía del conocimiento.

Un cambio institucional con impacto en la innovación

La norma eliminada había creado en 2001 un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos como el INTA, el INASE, el SENASA y el propio INPI para elaborar criterios vinculados al patentamiento de materia viva y sustancias naturales.

Aquella estructura respondió a un contexto tecnológico muy diferente al actual. El avance de la biotecnología, la edición genética, los bioinsumos y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria generó escenarios que no existían cuando se diseñó aquel esquema.

Según argumenta el Gobierno, la obligación de incorporar validaciones externas y procedimientos específicos para modificar directrices técnicas terminó convirtiéndose en una barrera para adaptar los criterios de examen a la velocidad que exige la innovación.

La nueva resolución sostiene que las funciones para definir y actualizar esas directrices ya se encuentran contempladas dentro de las atribuciones legales del INPI, por lo que mantener mecanismos adicionales de aprobación resultaba redundante.

Las directrices de patentamiento son documentos técnicos que orientan a los examinadores del INPI sobre cómo interpretar la legislación vigente al analizar una solicitud de patente.

No modifican la ley, pero sí tienen incidencia práctica sobre la previsibilidad que enfrentan empresas, investigadores y desarrolladores al momento de proteger una innovación.

Para sectores intensivos en investigación y desarrollo, la velocidad con que se actualizan estos criterios puede ser determinante.

Entre los principales efectos esperados aparecen: mayor capacidad de adaptación a nuevas tecnologías sin necesidad de procesos administrativos complejos. Reducción de tiempos regulatorios para revisar criterios técnicos de patentabilidad. Mayor alineamiento con estándares internacionales utilizados por oficinas de propiedad intelectual de otros países. Más previsibilidad para proyectos de inversión tecnológica que requieren protección de activos intangibles.

El impacto potencial en el agro y la bioeconomía

La decisión adquiere una relevancia particular para la agroindustria argentina.

La discusión sobre la patentabilidad de organismos vivos, desarrollos genéticos, procesos biológicos o innovaciones derivadas de recursos naturales ha sido históricamente uno de los temas más sensibles dentro de la propiedad intelectual aplicada al agro.

En una economía donde la generación de valor agregado depende cada vez más del conocimiento incorporado a semillas, genética animal, biotecnología y bioinsumos, la capacidad de contar con reglas técnicas actualizadas se transforma en un factor de competitividad.

Para provincias como Misiones, donde ganan espacio actividades vinculadas a la biotecnología forestal, la investigación aplicada a cultivos regionales y los desarrollos tecnológicos asociados a la bioeconomía, la modernización de los procesos vinculados a la propiedad intelectual constituye una señal observada con atención por universidades, centros tecnológicos y empresas innovadoras.

Menos burocracia, más responsabilidad técnica

La resolución no modifica los requisitos legales para obtener una patente ni altera los límites establecidos por la legislación argentina.

Lo que cambia es quién tiene la capacidad operativa para adaptar los criterios de evaluación.

A partir de ahora, el INPI concentrará plenamente esa responsabilidad técnica, fortaleciendo su rol como autoridad especializada en propiedad industrial.

El desafío será encontrar un equilibrio entre agilidad regulatoria y seguridad jurídica. La previsibilidad que demandan los inversores tecnológicos depende tanto de la rapidez para actualizar criterios como de la consistencia con que esos criterios se aplican a lo largo del tiempo.

La derogación de una norma administrativa puede parecer un movimiento menor dentro del amplio proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Sin embargo, en los sectores donde el conocimiento constituye el principal activo económico, las reglas de propiedad intelectual tienen un impacto directo sobre las decisiones de inversión.

La verdadera medida de esta reforma no estará en la eliminación de un procedimiento, sino en la capacidad del INPI para construir un sistema de patentamiento más dinámico, previsible y compatible con los ciclos de innovación que hoy dominan la competitividad global. Para el agro tecnológico, la biotecnología y la economía del conocimiento, ese será el indicador que el mercado seguirá de cerca durante los próximos años.

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Indicaciones geográficas del Mercosur: la nueva regulación que puede abrir un frente estratégico para la yerba mate y los alimentos regionales

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el reconocimiento y protección en Argentina de las Indicaciones Geográficas (IG) originarias de los países del Mercosur. La medida fue establecida mediante la Resolución 67/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y apunta a ordenar el procedimiento técnico, jurídico y administrativo derivado del acuerdo regional aprobado por la Ley 27.765.

La medida parece técnica, pero impacta directamente sobre el negocio de los alimentos con identidad territorial, un segmento donde Misiones juega una partida sensible con la yerba mate, el té y otros productos regionales con valor agregado.

La decisión incorpora un mecanismo formal de publicidad y consulta pública para productos agrícolas y alimentarios ya reconocidos en otros Estados parte del bloque regional. El nuevo régimen habilita además la intervención de terceros interesados y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en un contexto donde las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se volvieron activos estratégicos para el comercio internacional y la diferenciación de productos agroalimentarios.

La decisión llega en un contexto donde los mercados internacionales empiezan a premiar cada vez más los productos con trazabilidad territorial y diferenciación de origen, una tendencia que excede lo gastronómico y se convierte en una herramienta de competitividad exportadora.

El Gobierno ordena el reconocimiento regional de productos con identidad territorial

La resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, regula el trámite previo al reconocimiento en Argentina de las Indicaciones Geográficas protegidas en Brasil, Paraguay y Uruguay, siempre que esos productos ya estuvieran oficialmente reconocidos al momento de entrada en vigencia del acuerdo del Mercosur.

El esquema establece que la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional será la encargada de administrar el procedimiento, publicar las fichas técnicas de los productos y coordinar el proceso de consulta pública.

El sistema prevé la publicación oficial de las indicaciones geográficas durante un día en el Boletín Oficial y en el portal Alimentos Argentinos. A partir de allí se abrirá una ventana de 30 días para que personas físicas o jurídicas presenten objeciones fundadas si consideran, por ejemplo, que el nombre es genérico, colisiona con una marca registrada o puede inducir a error sobre el origen del producto.

El procedimiento también obliga a requerir opinión técnica del INPI, que deberá expedirse dentro del mismo plazo. La resolución aclara que el reconocimiento final quedará sujeto al dictamen técnico nacional y al procedimiento previsto dentro del Mercosur.

El impacto potencial para economías regionales

Aunque la resolución no menciona productos específicos, el trasfondo económico involucra de manera directa a las economías regionales argentinas y a sectores donde el valor agregado depende cada vez más de la certificación de origen, la reputación territorial y la diferenciación de calidad.

Para provincias como Misiones, donde la identidad productiva está fuertemente asociada a cadenas agroindustriales y alimentos regionales, el fortalecimiento institucional de las indicaciones geográficas puede convertirse en una herramienta de competitividad externa y protección comercial.

La medida también expone otra dimensión: la creciente articulación entre política comercial, propiedad intelectual y estrategias de integración regional. El Mercosur avanza hacia mecanismos de reconocimiento mutuo que obligan a armonizar normas nacionales y sistemas de control, en momentos en que los mercados internacionales elevan exigencias sobre trazabilidad y autenticidad de origen.

La economía del “origen”: por qué Misiones mira este tema con atención

Las Indicaciones Geográficas funcionan como una certificación de reputación productiva. Protegen nombres vinculados a territorios específicos cuya calidad o características dependen del lugar de producción.

Europa construyó buena parte de su estrategia agroalimentaria sobre ese esquema. El Mercosur intenta ahora avanzar hacia una integración similar.

Para Misiones, el tema no es menor:

  • La yerba mate argentina ya posee reconocimiento de Indicación Geográfica.
  • El té misionero viene trabajando desde hace años en estrategias de diferenciación.
  • La forestoindustria podría desarrollar sellos territoriales para mercados premium.
  • Los alimentos regionales ganan valor cuando el origen está protegido jurídicamente.

La resolución no crea nuevas IG argentinas, pero sí ordena cómo ingresarán las extranjeras al sistema nacional. Ahí aparece el punto delicado para economías regionales fronterizas.

Misiones comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Esa condición genera ventajas logísticas, pero también una competencia comercial permanente.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, tributarias y regulatorias entre países vecinos— impactan directamente en precios, consumo y posicionamiento de marcas.

Con este nuevo esquema, productos brasileños o paraguayos que tengan protección geográfica podrían obtener reconocimiento formal en Argentina y fortalecer su posicionamiento comercial.

Eso obliga a las cadenas productivas misioneras a acelerar procesos de diferenciación. Para el sector yerbatero, el desafío no es solamente productivo. También es reputacional.

La disputa futura ya no pasa únicamente por volumen o precio, sino por atributos: origen, calidad certificada, trazabilidad, sostenibilidad, e identidad territorial. En mercados premium, esos factores empiezan a definir márgenes.

Consulta pública, marcas y posibles conflictos

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la posibilidad de oposición por parte de empresas o titulares de marcas registradas en Argentina. La normativa contempla expresamente conflictos con marcas preexistentes, nombres genéricos o denominaciones que puedan inducir a confusión.

Ese detalle introduce una variable jurídica relevante: el reconocimiento automático regional no será inmediato ni lineal, sino que dependerá de la compatibilidad con el régimen argentino de propiedad intelectual y denominaciones de origen.

El procedimiento también revela un cambio institucional más amplio dentro del Mercosur. El bloque empieza a incorporar herramientas típicas de acuerdos comerciales más sofisticados, donde los activos intangibles —marca país, origen, reputación y certificación— adquieren peso equivalente al arancel o al volumen exportador.

La resolución no crea nuevas estructuras administrativas ni implica partidas presupuestarias adicionales, pero sí abre una etapa de mayor complejidad regulatoria para productos agroalimentarios con identidad territorial.

La próxima variable a observar será qué indicaciones geográficas ingresarán primero al sistema de reconocimiento mutuo y si aparecerán objeciones empresariales o disputas vinculadas al uso comercial de determinadas denominaciones dentro del mercado argentino.

El impacto silencioso sobre exportaciones y valor agregado

Aunque el texto oficial no menciona economías regionales específicas, el trasfondo es comercial. La protección de Indicaciones Geográficas puede transformarse en una barrera de diferenciación con impacto directo en: precios de exportación, acceso a nichos premium, protección marcaria, y defensa comercial internacional.

Para Misiones, donde la matriz productiva depende de bienes primarios industrializados, el valor agregado territorial empieza a ser tan importante como el volumen exportado.

La yerba mate es el caso más evidente. Argentina domina ampliamente el mercado global, pero Brasil mantiene fuerte presencia regional y Paraguay sostiene una identidad consolidada en consumo tradicional.

La consolidación de sistemas de protección geográfica dentro del Mercosur puede reordenar estrategias comerciales en los próximos años.

La resolución también refleja un cambio conceptual en la política económica regional: pasar de competir solamente por costos a competir por identidad productiva. Eso abre oportunidades para: turismo gastronómico, exportaciones boutique, desarrollo regional, certificaciones ambientales, cadenas con trazabilidad.

Misiones tiene ventajas estructurales para ese modelo: biodiversidad, reconocimiento internacional de la selva paranaense y una matriz alimentaria vinculada al territorio.

El problema es que la construcción de valor intangible requiere coordinación público-privada y políticas de largo plazo, algo difícil en un contexto macroeconómico inestable.

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Demanda por marca: Messi judicializa el uso indebido de su imagen y apunta contra ventas online desde China

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Lionel Messi avanzó con una demanda judicial en Estados Unidos contra empresas y vendedores vinculados a la comercialización de productos falsificados con su nombre e imagen. La presentación, radicada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, apunta directamente al uso indebido de marca en plataformas de comercio electrónico —entre ellas, operaciones asociadas a ventas desde China— y marca un nuevo capítulo en la defensa legal de su identidad comercial. El dato no es menor: en un contexto de expansión del e-commerce global, el caso abre una tensión sobre quién controla el valor económico de las figuras públicas en mercados digitales desregulados.

Una ofensiva legal en el corazón del comercio digital

Según informó el comunicador Sebastián Maril en su red de X (ex Twitter), la demanda fue presentada por una estructura empresarial vinculada a Messi —identificada como Messi Brand— contra individuos y compañías que operan bajo múltiples identidades comerciales. El eje del planteo es claro: se denuncia la falsificación de productos, la infracción de marca registrada y el uso no autorizado de la imagen del jugador.

El expediente menciona la utilización de plataformas digitales para vender merchandising apócrifo, un esquema habitual en el comercio electrónico global, donde la trazabilidad de los vendedores resulta difusa y muchas veces fragmentada en distintas jurisdicciones.

El movimiento judicial se inscribe en un patrón creciente: figuras globales que trasladan la defensa de su marca al ámbito internacional, en tribunales donde pueden obtener medidas cautelares más efectivas, como bloqueos de cuentas, embargos de fondos o restricciones de ventas.

Marca, negocio y control: lo que está en juego

La decisión de judicializar el uso de su imagen no responde solo a una cuestión simbólica. La marca Messi es, en sí misma, un activo económico de escala global. El uso indebido en productos falsificados no solo afecta ingresos directos, sino también el posicionamiento y la calidad asociada a su nombre.

En ese sentido, la demanda busca ordenar un terreno donde la expansión del comercio digital ha facilitado la proliferación de productos ilegítimos. Plataformas con alcance internacional permiten que vendedores operen desde distintos países, muchas veces por fuera de controles efectivos.

El caso también expone un punto de fricción entre regulación y mercado: mientras el comercio electrónico crece, la capacidad de los Estados y de los propios titulares de marcas para hacer cumplir derechos se vuelve más compleja.

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