PROPIEDAD INTELECTUAL

Indicaciones geográficas del Mercosur: la nueva regulación que puede abrir un frente estratégico para la yerba mate y los alimentos regionales

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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para el reconocimiento y protección en Argentina de las Indicaciones Geográficas (IG) originarias de los países del Mercosur. La medida fue establecida mediante la Resolución 67/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y apunta a ordenar el procedimiento técnico, jurídico y administrativo derivado del acuerdo regional aprobado por la Ley 27.765.

La medida parece técnica, pero impacta directamente sobre el negocio de los alimentos con identidad territorial, un segmento donde Misiones juega una partida sensible con la yerba mate, el té y otros productos regionales con valor agregado.

La decisión incorpora un mecanismo formal de publicidad y consulta pública para productos agrícolas y alimentarios ya reconocidos en otros Estados parte del bloque regional. El nuevo régimen habilita además la intervención de terceros interesados y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), en un contexto donde las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se volvieron activos estratégicos para el comercio internacional y la diferenciación de productos agroalimentarios.

La decisión llega en un contexto donde los mercados internacionales empiezan a premiar cada vez más los productos con trazabilidad territorial y diferenciación de origen, una tendencia que excede lo gastronómico y se convierte en una herramienta de competitividad exportadora.

El Gobierno ordena el reconocimiento regional de productos con identidad territorial

La resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, regula el trámite previo al reconocimiento en Argentina de las Indicaciones Geográficas protegidas en Brasil, Paraguay y Uruguay, siempre que esos productos ya estuvieran oficialmente reconocidos al momento de entrada en vigencia del acuerdo del Mercosur.

El esquema establece que la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional será la encargada de administrar el procedimiento, publicar las fichas técnicas de los productos y coordinar el proceso de consulta pública.

El sistema prevé la publicación oficial de las indicaciones geográficas durante un día en el Boletín Oficial y en el portal Alimentos Argentinos. A partir de allí se abrirá una ventana de 30 días para que personas físicas o jurídicas presenten objeciones fundadas si consideran, por ejemplo, que el nombre es genérico, colisiona con una marca registrada o puede inducir a error sobre el origen del producto.

El procedimiento también obliga a requerir opinión técnica del INPI, que deberá expedirse dentro del mismo plazo. La resolución aclara que el reconocimiento final quedará sujeto al dictamen técnico nacional y al procedimiento previsto dentro del Mercosur.

El impacto potencial para economías regionales

Aunque la resolución no menciona productos específicos, el trasfondo económico involucra de manera directa a las economías regionales argentinas y a sectores donde el valor agregado depende cada vez más de la certificación de origen, la reputación territorial y la diferenciación de calidad.

Para provincias como Misiones, donde la identidad productiva está fuertemente asociada a cadenas agroindustriales y alimentos regionales, el fortalecimiento institucional de las indicaciones geográficas puede convertirse en una herramienta de competitividad externa y protección comercial.

La medida también expone otra dimensión: la creciente articulación entre política comercial, propiedad intelectual y estrategias de integración regional. El Mercosur avanza hacia mecanismos de reconocimiento mutuo que obligan a armonizar normas nacionales y sistemas de control, en momentos en que los mercados internacionales elevan exigencias sobre trazabilidad y autenticidad de origen.

La economía del “origen”: por qué Misiones mira este tema con atención

Las Indicaciones Geográficas funcionan como una certificación de reputación productiva. Protegen nombres vinculados a territorios específicos cuya calidad o características dependen del lugar de producción.

Europa construyó buena parte de su estrategia agroalimentaria sobre ese esquema. El Mercosur intenta ahora avanzar hacia una integración similar.

Para Misiones, el tema no es menor:

  • La yerba mate argentina ya posee reconocimiento de Indicación Geográfica.
  • El té misionero viene trabajando desde hace años en estrategias de diferenciación.
  • La forestoindustria podría desarrollar sellos territoriales para mercados premium.
  • Los alimentos regionales ganan valor cuando el origen está protegido jurídicamente.

La resolución no crea nuevas IG argentinas, pero sí ordena cómo ingresarán las extranjeras al sistema nacional. Ahí aparece el punto delicado para economías regionales fronterizas.

Misiones comparte más de 90% de sus límites con Brasil y Paraguay. Esa condición genera ventajas logísticas, pero también una competencia comercial permanente.

Las llamadas asimetrías fronterizas —diferencias cambiarias, tributarias y regulatorias entre países vecinos— impactan directamente en precios, consumo y posicionamiento de marcas.

Con este nuevo esquema, productos brasileños o paraguayos que tengan protección geográfica podrían obtener reconocimiento formal en Argentina y fortalecer su posicionamiento comercial.

Eso obliga a las cadenas productivas misioneras a acelerar procesos de diferenciación. Para el sector yerbatero, el desafío no es solamente productivo. También es reputacional.

La disputa futura ya no pasa únicamente por volumen o precio, sino por atributos: origen, calidad certificada, trazabilidad, sostenibilidad, e identidad territorial. En mercados premium, esos factores empiezan a definir márgenes.

Consulta pública, marcas y posibles conflictos

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es la posibilidad de oposición por parte de empresas o titulares de marcas registradas en Argentina. La normativa contempla expresamente conflictos con marcas preexistentes, nombres genéricos o denominaciones que puedan inducir a confusión.

Ese detalle introduce una variable jurídica relevante: el reconocimiento automático regional no será inmediato ni lineal, sino que dependerá de la compatibilidad con el régimen argentino de propiedad intelectual y denominaciones de origen.

El procedimiento también revela un cambio institucional más amplio dentro del Mercosur. El bloque empieza a incorporar herramientas típicas de acuerdos comerciales más sofisticados, donde los activos intangibles —marca país, origen, reputación y certificación— adquieren peso equivalente al arancel o al volumen exportador.

La resolución no crea nuevas estructuras administrativas ni implica partidas presupuestarias adicionales, pero sí abre una etapa de mayor complejidad regulatoria para productos agroalimentarios con identidad territorial.

La próxima variable a observar será qué indicaciones geográficas ingresarán primero al sistema de reconocimiento mutuo y si aparecerán objeciones empresariales o disputas vinculadas al uso comercial de determinadas denominaciones dentro del mercado argentino.

El impacto silencioso sobre exportaciones y valor agregado

Aunque el texto oficial no menciona economías regionales específicas, el trasfondo es comercial. La protección de Indicaciones Geográficas puede transformarse en una barrera de diferenciación con impacto directo en: precios de exportación, acceso a nichos premium, protección marcaria, y defensa comercial internacional.

Para Misiones, donde la matriz productiva depende de bienes primarios industrializados, el valor agregado territorial empieza a ser tan importante como el volumen exportado.

La yerba mate es el caso más evidente. Argentina domina ampliamente el mercado global, pero Brasil mantiene fuerte presencia regional y Paraguay sostiene una identidad consolidada en consumo tradicional.

La consolidación de sistemas de protección geográfica dentro del Mercosur puede reordenar estrategias comerciales en los próximos años.

La resolución también refleja un cambio conceptual en la política económica regional: pasar de competir solamente por costos a competir por identidad productiva. Eso abre oportunidades para: turismo gastronómico, exportaciones boutique, desarrollo regional, certificaciones ambientales, cadenas con trazabilidad.

Misiones tiene ventajas estructurales para ese modelo: biodiversidad, reconocimiento internacional de la selva paranaense y una matriz alimentaria vinculada al territorio.

El problema es que la construcción de valor intangible requiere coordinación público-privada y políticas de largo plazo, algo difícil en un contexto macroeconómico inestable.

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Demanda por marca: Messi judicializa el uso indebido de su imagen y apunta contra ventas online desde China

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Lionel Messi avanzó con una demanda judicial en Estados Unidos contra empresas y vendedores vinculados a la comercialización de productos falsificados con su nombre e imagen. La presentación, radicada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, apunta directamente al uso indebido de marca en plataformas de comercio electrónico —entre ellas, operaciones asociadas a ventas desde China— y marca un nuevo capítulo en la defensa legal de su identidad comercial. El dato no es menor: en un contexto de expansión del e-commerce global, el caso abre una tensión sobre quién controla el valor económico de las figuras públicas en mercados digitales desregulados.

Una ofensiva legal en el corazón del comercio digital

Según informó el comunicador Sebastián Maril en su red de X (ex Twitter), la demanda fue presentada por una estructura empresarial vinculada a Messi —identificada como Messi Brand— contra individuos y compañías que operan bajo múltiples identidades comerciales. El eje del planteo es claro: se denuncia la falsificación de productos, la infracción de marca registrada y el uso no autorizado de la imagen del jugador.

El expediente menciona la utilización de plataformas digitales para vender merchandising apócrifo, un esquema habitual en el comercio electrónico global, donde la trazabilidad de los vendedores resulta difusa y muchas veces fragmentada en distintas jurisdicciones.

El movimiento judicial se inscribe en un patrón creciente: figuras globales que trasladan la defensa de su marca al ámbito internacional, en tribunales donde pueden obtener medidas cautelares más efectivas, como bloqueos de cuentas, embargos de fondos o restricciones de ventas.

Marca, negocio y control: lo que está en juego

La decisión de judicializar el uso de su imagen no responde solo a una cuestión simbólica. La marca Messi es, en sí misma, un activo económico de escala global. El uso indebido en productos falsificados no solo afecta ingresos directos, sino también el posicionamiento y la calidad asociada a su nombre.

En ese sentido, la demanda busca ordenar un terreno donde la expansión del comercio digital ha facilitado la proliferación de productos ilegítimos. Plataformas con alcance internacional permiten que vendedores operen desde distintos países, muchas veces por fuera de controles efectivos.

El caso también expone un punto de fricción entre regulación y mercado: mientras el comercio electrónico crece, la capacidad de los Estados y de los propios titulares de marcas para hacer cumplir derechos se vuelve más compleja.

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El acuerdo UE-Mercosur instala un nuevo escenario para la industria de la madera

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La firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, se concretó el pasado 17 de enero, en Asunción, Paraguay. Establece una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, al mismo tiempo que introduce un inédito marco normativo en materia de sostenibilidad y cooperación técnica. Para el bloque Mercosur, el acuerdo implica el acceso preferencial al 92% de sus exportaciones hacia el mercado europeo. La UE logrará la eliminación progresiva de aranceles para el 91% de sus bienes industriales, señala un documento de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina.

Desgravación arancelaria: el horizonte de la forestoindustria

El sector de la madera y el mueble se posiciona como uno de los protagonistas de este acuerdo. Actualmente, los productos madereros del Mercosur enfrentan estructuras arancelarias que limitan su competitividad en Europa frente a proveedores de Europa del Este o el Sudeste Asiático.

Con la entrada en vigor del tratado, se prevé una eliminación gradual de los derechos de importación, que en ciertos productos de valor agregado (como muebles de diseño o paneles compensados) actualmente oscilan entre el 2% y el 10%. Esta ventana de oportunidad permite a las PyMEs regionales proyectar exportaciones de productos acabados, superando la histórica dependencia de la exportación de materia prima bruta.

El desafío de la trazabilidad y el Reglamento EUDR

La apertura de mercados viene acompañada de una exigencia técnica rigurosa: el cumplimiento del Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

Para la industria maderera del Mercosur, esto implica que cada metro cúbico exportado deberá contar con certificados de geolocalización que garanticen que su origen no proviene de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Si bien esto representa una barrera de entrada técnica para los productores informales, se convierte en un sello de calidad competitiva para las empresas que ya han invertido en certificaciones internacionales (como FSC o PEFC), posicionando a la región como un proveedor estratégico de biomasa y madera sostenible bajo estándares globales.

Modernización tecnológica y el efecto “catch-up”

El impacto para la industria del mueble será ambivalente. Por un lado, la reducción de aranceles para la importación de maquinaria de última generación y bienes de capital de origen europeo (especialmente de Alemania e Italia) facilitará la reconversión tecnológica de las plantas locales. Esto es crítico para mejorar la productividad y el acabado de los muebles regionales.

Sin embargo, la industria local deberá enfrentar la competencia de productos terminados europeos de alta gama que ingresarán con aranceles decrecientes. El éxito del sector dependerá de la capacidad de respuesta de las cámaras empresariales para aprovechar los programas de cooperación técnica y financiamiento que el acuerdo prevé para la transición productiva.

La perspectiva europea: entre la oportunidad de mercado y el blindaje ambiental

Mientras en el Mercosur el debate se centra en la competitividad, en los principales centros industriales de la UE (Alemania, Italia, Francia), las entidades representativas del sector ‒como CEI-Bois (Confederación Europea de Industrias de la Madera) y EFIC (Confederación Europea de Industrias del Mueble)‒ mantienen una postura de “optimismo vigilante”.

  1. Seguridad de suministros y materias primas críticas: Para la industria europea, el acuerdo es una pieza clave para diversificar sus fuentes de suministro. En un contexto de tensiones geopolíticas, la UE busca reducir su dependencia de mercados asiáticos. Las cámaras europeas ven al Mercosur como un proveedor de biomasa y madera certificada de escala industrial, esencial para cumplir con los objetivos del Green Deal europeo que exige sustituir materiales fósiles por renovables en la construcción y el mobiliario.
  2. Exportación de tecnología, el renovado rol de EUMABOIS: La industria de la maquinaria para la industria de la madera (representada por Eumabois) es una de las más entusiasmadas con la firma del acuerdo. La eliminación de aranceles en el Mercosur para bienes de capital permite a los fabricantes europeos (especialmente italianos y alemanes) volver a consolidar su liderazgo tecnológico en la región. Para ellos, el acuerdo significa la posibilidad de recuperar la iniciativa en el mercado sudamericano donde hoy enfrentan una fuertísima competencia china. No se trata solo de vender máquinas, sino de establecer sus estándares técnicos y digitales como la norma a seguir en las fábricas del Mercosur.
  3. El “Level Playing Field” y la propiedad intelectual, estandartes de la sostenibilidad como “barrera” competitiva: Una de las mayores preocupaciones europeas ha sido históricamente la protección de diseños y la lucha contra la falsificación. El acuerdo firmado el 17 de enero incluye capítulos robustos sobre propiedad intelectual. Las cámaras europeas de diseño de muebles ven esto como una victoria, ya que les permite exportar productos de alto valor añadido con la garantía de que sus diseños industriales estarán protegidos legalmente en los cuatro países del bloque sudamericano.

Es importante destacar que, a diferencia de otros sectores, las entidades madereras europeas no temen a la competencia del Mercosur, siempre y cuando se aplique estrictamente el Reglamento EUDR. Su visión es clara: solo entrará al mercado común aquello que demuestre trazabilidad total. Esto “nivela el campo de juego” (el famoso level playing field), asegurando que las empresas europeas ‒que ya operan bajo costos ambientales altos‒ no se vean desplazadas por madera de origen incierto.

Implicancias para la industria de la madera del Acuerdo UE-Mercosur

Para la industria de la madera y el mueble, este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que redefine las reglas de sostenibilidad y modernización tecnológica para los próximos veinte años.

  • La madera como vector de sostenibilidad y el reto de la trazabilidad. El acuerdo establece un marco de “cero arancel” para una vasta gama de productos de madera, pero la apertura no es un cheque en blanco. La UE ha dejado claro que el acceso al mercado común está intrínsecamente ligado al cumplimiento del Reglamento EUDR. Para los productores del Mercosur, la industria ya no se mide solo en metros cúbicos o calidad de fibra, sino en datos de geolocalización. Las cámaras empresarias europeas, como CEI-Bois, ven en este acuerdo una oportunidad para asegurar un flujo constante de madera de rápido crecimiento proveniente de Sudamérica, esencial para la bioeconomía europea, siempre que se garantice la ausencia de deforestación mediante sistemas de certificación robustos.
  • Transformación del sector del mueble: diseño y protección intelectual. El impacto en el sector del mueble presenta una dualidad técnica. Mientras que el Mercosur se beneficia de la eliminación de gravámenes para exportar mobiliario de madera maciza, la industria europea ‒liderada por la EFIC‒ celebra la armonización de estándares de Propiedad Intelectual. Esto protege los derechos de diseño industrial europeo en suelo sudamericano, fomentando una competencia basada en el valor añadido y no solo en el costo de materiales. Por otro lado, la reducción de aranceles para componentes y herrajes europeos permitirá a los fabricantes locales del Mercosur elevar el estándar de calidad de sus terminaciones, cerrando la brecha de calidad percibida en mercados internacionales.
  •  Bienes de capital, la carrera por la eficiencia productiva. Un componente crítico del acuerdo es la facilitación del comercio de maquinaria. Entidades como Eumabois han señalado que la eliminación de barreras técnicas y arancelarias para bienes de capital permitirá a las plantas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acceder a tecnologías de Industria 4.0, centros de mecanizado CNC y sistemas de secado inteligente de origen europeo. Esta transferencia tecnológica es vista como el motor de un efecto “catch-up” (convergencia), donde la industria del Mercosur podrá procesar sus recursos forestales con la misma eficiencia técnica que sus pares nórdicos, aumentando la productividad por empleado y reduciendo el desperdicio de material.

El impacto país por país

 – Argentina: El sector de madera sólida en la región mesopotámica ve una puerta abierta para divisas. Sin embargo, el gran reto es la infraestructura logística. El impacto será positivo si se logra acoplar la oferta con los estándares de sostenibilidad europeos, pero negativo si la burocracia interna frena la agilidad de los certificados de exportación.

– Brasil: Posee la mayor escala del bloque. El impacto es netamente positivo en términos de volumen de exportación de tableros y celulosa. El desafío negativo reside en la fiscalización extrema que recibirá por parte de las ONGs y cámaras europeas sobre la cadena de custodia, lo que elevará los costos de auditoría interna.

– Uruguay: Con una industria forestal ya muy alineada a estándares internacionales, el impacto es de consolidación. El país se posiciona como el “puerto verde” de entrada de inversiones para CLT (madera laminada cruzada). El riesgo es la alta competitividad del mercado europeo que exigirá una especialización aún mayor en productos de ingeniería.

– Paraguay: El acuerdo actúa como un catalizador para la formalización. El impacto positivo será la llegada de capitales para reforestación comercial. El lado negativo es la vulnerabilidad de la pequeña industria del mueble artesanal, que podría verse desplazada por productos industriales importados si no se inicia un plan de reconversión técnica inmediato.

Un acuerdo que reconfigura el mapa del mercado global

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, firmado tras años de negociación, busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Potenciará el intercambio comercial, eliminando aranceles en más del 90% del comercio bilateral.

Aspectos clave del acuerdo (actualizado a 2026):

  • Alcance comercial: Liberaliza el 91% de las importaciones del Mercosur desde la UE (especialmente autos, químicos, maquinaria) y el 92% de la UE desde el Mercosur (agroalimentos).
  • Desgravación: La UE eliminará aranceles al 82% de las exportaciones del Mercosur, con un 70% de desgravación inmediata.
  • Beneficios para el Mercosur: Mayor acceso de productos agrícolas (soja, carne, maíz) al mercado europeo.
  • Sostenibilidad y medio ambiente: Incluye el cumplimiento del Acuerdo de París y compromisos contra la deforestación.
  • Situación actual: El Consejo de la UE autorizó la firma a principios de 2026, iniciando la fase de ratificación, aunque persiste el debate político y técnico, con el- Parlamento Europeo solicitando un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre su validez jurídica

Más de un cuarto de siglo de negociaciones

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur es el resultado de más de 25 años de negociaciones. Tras un principio de acuerdo alcanzado en 2019 y revisado posteriormente, los textos finales quedaron cerrados en diciembre de 2024. A comienzos de este año, el Consejo de la UE autorizó formalmente su firma, lo que marca el inicio de la fase de ratificación.

“El tratado es un acuerdo mixto, con dos pilares: el comercial regula el comercio de bienes y servicios, el acceso a los mercados y a la propiedad intelectual. Y el político y de cooperación, que abarca el diálogo institucional, la sostenibilidad y la cooperación. Esta estructura es clave porque determina cómo y cuándo puede aplicarse”, explica un análisis realizado por el reconocido estudio legal Marval, O’Farrell & Mairal.

El acuerdo prevé una liberalización progresiva:

  • La UE eliminaría aranceles para aproximadamente el 92 % de las importaciones provenientes del Mercosur;
  • El Mercosur haría lo propio con cerca del 91 % de las importaciones desde la UE.

“El sistema incluye plazos de transición, cuotas y mecanismos de protección para productos sensibles. Se verían directamente alcanzados los sectores agroindustriales, alimentos, bebidas, manufacturas e industria”, señala el estudio.

Por otra parte, el capítulo de propiedad intelectual es uno de los componentes técnicos más relevantes. Establece, por primera vez, un marco bilateral estructurado que cubre derechos de autor y derechos conexos, marcas, diseños industriales, patentes, variedades vegetales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y medidas de observancia civil, administrativa y en frontera. El acuerdo prevé la protección recíproca de indicaciones geográficas (IG), contempla reglas de coexistencia con marcas y derechos preexistentes, evitando afectaciones automáticas.

El análisis de Marval, O’Farrell & Mairal recuerda que para que el acuerdo tenga efectos reales, aún deben cumplirse varias etapas:

  • Firma formal del tratado;
  • Aprobación del Parlamento Europeo;
  • Decisión de conclusión del Consejo de la UE;
  • Ratificación por los parlamentos de todos los Estados miembros de la UE;
  • Ratificación individual por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay;
  • Aprobación del tratado por el Congreso Nacional de cada Estado Parte del Mercosur;
  • Depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría del Mercosur;
  • Entrada en vigencia individual del tratado para cada Estado Parte del Mercosur, a medida que se completen las ratificaciones y se efectúe el depósito correspondiente.

“Solo cuando se cumplan estos pasos podrá entrar en vigencia. En el mejor escenario, podría aplicarse de forma provisional y parcial, limitada a materias de competencia exclusiva de la UE”, indica el análisis. Y puntualiza que el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia para que evalúe la compatibilidad con la normativa comunitaria.

En el caso de Argentina, será necesaria, además, una adecuación normativa interna, incluida la legislación en materia de propiedad intelectual. A través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, formalizando así el comienzo de su etapa de internalización legislativa. “Hoy, el acuerdo no genera derechos ni obligaciones exigibles. Su relevancia está en lo que puede producir si se ratifica: cambios estructurales en comercio, inversión y en la gestión estratégica de la propiedad intelectual entre los países de ambos bloques”, concluye el estudio.

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Argentina firmó un acuerdo comercial e inversiones con Estados Unidos: qué incluye y por qué es clave

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Argentina concretó la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, un entendimiento bilateral que apunta a profundizar la integración comercial, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, y estimular la inversión en sectores estratégicos.

El acuerdo fue rubricado por el canciller Pablo Quirno, durante su visita oficial a Washington, en el marco de la cumbre ministerial sobre minerales críticos. También participó el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford.

“Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, expresó Quirno tras la firma.

La concreción del entendimiento se da en un contexto marcado por la virtual congelación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que fue enviado al máximo tribunal europeo para su evaluación, proceso que podría demorar cerca de un año.

El texto firmado retoma y amplía el marco anunciado meses atrás y propone profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, con compromisos concretos en múltiples frentes.

Apertura comercial y aranceles

Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de:

  • Medicamentos y productos farmacéuticos
  • Productos químicos
  • Maquinaria y bienes de capital
  • Tecnologías de la información
  • Dispositivos médicos
  • Vehículos automotores
  • Una amplia gama de productos agrícolas

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a revisar la Sección 232, que aplica aranceles de hasta el 50% a productos considerados estratégicos para la seguridad nacional, como el acero.

Además, eliminará aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en su territorio y a productos farmacéuticos no patentados.

Carne, alimentos y productos agroindustriales

Ambos países acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para el comercio de carne vacuna.

Argentina también se comprometió a:

  • Abrir su mercado al ganado vivo estadounidense
  • Permitir el ingreso de carne aviar en el plazo de un año
  • No aplicar restricciones al uso de términos tradicionales asociados a quesos y carnes

El acuerdo establece que ambos países trabajarán en conjunto para reducir barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas.

Barreras no arancelarias y facilitación del comercio

Argentina asumió compromisos clave para reducir costos y tiempos de importación, entre ellos:

  • Reducción de licencias de importación
  • Eliminación de formalidades consulares para exportaciones estadounidenses
  • Eliminación gradual de impuestos a la importación de productos de Estados Unidos

También se compromete a alinearse con normas internacionales, aceptando productos que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales, sin exigir evaluaciones adicionales.

En el sector automotor, Argentina permitirá la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas de seguridad y emisiones de ese país.

En materia de propiedad intelectual, el acuerdo reconoce avances de Argentina en la lucha contra la falsificación y la piratería, pero exige mayores estándares de protección, con foco en grandes centros de comercialización de productos falsificados.

Trabajo, ambiente y minerales críticos

El texto incorpora compromisos laborales y ambientales:

  • Argentina se compromete a no importar bienes producidos con trabajo forzoso y a fortalecer su legislación laboral
  • Se acuerda combatir la tala ilegal y promover el uso eficiente de recursos naturales
  • Se refuerza la cooperación en minerales críticos, un eje estratégico para la transición energética y tecnológica

También se propone trabajar en conjunto para estabilizar el comercio global de soja, uno de los principales complejos exportadores argentinos.

El acuerdo establece que Argentina deberá:

  • Revisar “cuestiones distorsivas” vinculadas a empresas estatales
  • Analizar subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral

En el plano digital, el país reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales y se compromete a no discriminar servicios y productos digitales estadounidenses.

Un acuerdo con impacto económico y geopolítico

El entendimiento con Estados Unidos refuerza la estrategia del gobierno de Argentina para ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer su inserción internacional, en un contexto donde la generación de divisas vía exportaciones aparece como una prioridad central.

La foto política del acercamiento quedó sellada meses atrás con el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Davos, pero ahora toma forma concreta con un acuerdo que impacta de lleno en comercio, industria, agro y economía digital.

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La Indicación Geográfica “Té Argentino” suma 15 empresas y potencia la competitividad del sector

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La Indicación Geográfica (IG) “Té Argentino” alcanzó un punto de inflexión para la producción tealera del nordeste argentino: 15 empresas de Misiones ya forman parte del sello, una herramienta estratégica que protege el origen, la calidad y el valor cultural del té producido en la región y fortalece su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. El reconocimiento oficial fue otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación mediante la Resolución 126/2024, a fines de 2024, y coronó más de un año de trabajo interinstitucional.

El proceso fue impulsado y acompañado por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, junto con la Asociación de Té, el INTA y el INTI. La medida representa un avance institucional clave para el sector, al consolidar un marco de protección legal, diferenciación productiva y mejora competitiva para una de las economías regionales más relevantes de la provincia.

Qué implica la Indicación Geográfica y por qué es estratégica

La Indicación Geográfica es un derecho de propiedad intelectual regulado por la Ley 25.380, cuyo objetivo es proteger y valorizar productos cuyas características específicas están directamente vinculadas a su origen geográfico. No se trata de una herramienta que se crea, sino que se reconoce, ya que su valor se asienta en cualidades preexistentes derivadas de la combinación entre recursos naturales, prácticas productivas locales, historia y cultura.

En términos operativos, la IG garantiza que todas las etapas de producción, transformación y elaboración se realicen íntegramente dentro de la zona delimitada. En el caso del Té Argentino, certifica el producto cultivado y elaborado en Misiones y en el extremo noreste de Corrientes, reconocida como la región productora de té más austral del mundo.

La certificación destaca cualidades diferenciales del té de la región: elevado contenido de polifenoles, que potencia su capacidad antioxidante; un perfil sensorial menos astringente, más suave y dulce frente a otros orígenes; y brillo y traslucidez en la infusión fría. Estas características se vinculan de manera directa con las condiciones agroecológicas, como el relieve ondulado y la predominancia de suelos rojos, además de un fuerte componente histórico y humano que se remonta a 1923, cuando comenzó el cultivo de té en la Argentina.

Gobernanza, control y trabajo interinstitucional

La gestión, promoción y administración de la IG está a cargo de la Asociación Civil Consejo de la Indicación Geográfica Té Argentino, que nuclea a productores y elaboradores de la región. Su función es central para la representación colectiva del sector y la defensa de la calidad del producto, supervisando y participando en las auditorías que verifican el cumplimiento de los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el protocolo.

Este esquema se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, el INTA y el INTI, y es supervisado por el Consejo Asesor de la Indicación Geográfica “Té Argentino”, integrado por la Asociación Civil Té Argentino; el Ministerio del Agro —a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal y la Dirección General de Yerba Mate y Té—; el INTA; y el INTI. El proceso cuenta además con la validación de la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO).

En este marco, la directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, explicó que “el Consejo Asesor coordinado por el Ministerio realiza las auditorías técnicas a las plantas elaboradoras para verificar que cumplen rigurosamente con todos los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el pliego de condiciones de la IG, habilitándolas para utilizar el sello distintivo de ‘Té Argentino’. Para nosotros es clave el trabajo interinstitucional”.

Desde el Gobierno provincial, el ministro Facundo López Sartori subrayó que la Indicación Geográfica “es una política que fortalece a los productores y elaboradores, mejora el desempeño del té argentino tanto en el mercado local como internacional y consolida el valor del origen como un diferencial competitivo”. En la misma línea, la subsecretaria Luciana Imbrogno destacó que “este reconocimiento posiciona al té argentino a nivel global, garantiza que el producto cumpla con estándares de calidad y de preservación ambiental, y protege su valor cultural y productivo como propiedad intelectual”.

Impacto económico y beneficios para exportadores

Más allá del reconocimiento simbólico y productivo, la IG “Té Argentino” tiene un impacto económico concreto. Los productos que utilizan el sello pueden acceder a un reintegro adicional del 0,5% sobre el valor de exportación, conforme a lo establecido por el Decreto 1341/16. Este incentivo mejora la competitividad externa del sector y refuerza la estrategia de posicionamiento del té argentino como producto diferenciado de alta calidad.

Para acceder al uso del sello y al beneficio económico, el primer paso es contactar a la Asociación Té Argentino, mientras que los requisitos se encuentran disponibles en el sitio oficial del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.

Actualmente, integran la Indicación Geográfica “Té Argentino” las siguientes empresas: Akasha Tea, Del Iguazú Infusiones, Hebras Misioneras, Té Kaeriyama, Doña Irma Té Artesanal, Infusiones Jesper, Cooperativa Agrícola Ltda. Ruiz de Montoya, Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo Ltda., Don Basilio, Klimiuk Infusiones, Don Layo S.R.L., Valmitran, Fontana S.A., Martin Bauer Argentina y Las Treinta S.A.

Con esta incorporación, Misiones consolida una política pública de largo plazo, que reconoce el valor del territorio, protege el conocimiento productivo acumulado y fortalece la competitividad del té argentino en el escenario global, a partir de una estrategia común que articula Estado, productores y sistema científico-tecnológico.

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