Ley de Propiedad Privada: Sturzenegger defendió la reforma mientras organizaciones protestan frente al Congreso
El Senado comenzó a debatir este jueves una versión acotada del proyecto de Ley de Propiedad Privada, luego de que el Gobierno nacional resignara uno de sus capítulos más controvertidos: la flexibilización de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión respondió a la falta de respaldo legislativo entre gobernadores y bloques aliados, pero no evitó la tensión política ni las protestas convocadas frente al Congreso.
En la previa de la sesión, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente el espíritu de la iniciativa y lamentó que el capítulo referido a la Ley de Tierras quedara fuera del dictamen. A través de sus redes sociales, sostuvo que la discusión planteaba “elegir entre el miedo y la prosperidad”, al insistir en que la reforma buscaba facilitar inversiones productivas en distintas regiones del país.
Para reforzar su argumento, el funcionario vinculó la reciente inversión anunciada en San Juan por la empresa minera Vicuña con las reformas impulsadas por el Gobierno en materia regulatoria. Según expresó, la flexibilización de normas como la Ley de Glaciares permitió destrabar proyectos de infraestructura y desarrollo, y consideró que una modificación de la Ley de Tierras habría generado oportunidades similares en todo el territorio nacional.
La eliminación de ese capítulo representó una concesión política del oficialismo para preservar el tratamiento del proyecto. La Libertad Avanza aceptó retirar la propuesta luego de que senadores vinculados a los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén anticiparan que no acompañarían la flexibilización del régimen que limita la tenencia de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Pese a ese cambio, el proyecto mantiene reformas de alcance significativo. Entre ellas sobresalen la creación de un procedimiento de desalojo más ágil para inmuebles usurpados, modificaciones al régimen de expropiaciones, cambios en la Ley de Manejo del Fuego y nuevas herramientas para la regularización dominial y la digitalización de los registros de propiedad.
Mientras el debate se desarrolla en el recinto, organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentran frente al Congreso para manifestar su rechazo al conjunto de la iniciativa. Bajo una intensa lluvia, columnas del Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) y otras organizaciones se movilizaron hacia el Palacio Legislativo.
El operativo de seguridad incluyó vallados y una fuerte presencia policial en los accesos al Congreso, especialmente sobre las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen. Diversas columnas avanzaron desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo para confluir frente al Parlamento.
Las organizaciones sostienen que, aunque el Gobierno retiró el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el resto del proyecto continúa afectando derechos vinculados al acceso a la vivienda, la regulación del uso del suelo y la protección de determinados bienes públicos. Por esa razón decidieron mantener la convocatoria y expresar su rechazo integral a la propuesta oficial.
La discusión vuelve a poner en evidencia las dificultades del Gobierno para construir mayorías legislativas en proyectos estructurales. Si bien el oficialismo logró preservar el tratamiento de la iniciativa mediante modificaciones, el retiro de uno de sus ejes centrales refleja el peso de las provincias en el debate sobre los recursos estratégicos y la propiedad de la tierra, un tema que continúa generando tensiones entre la búsqueda de inversiones y la defensa de la soberanía territorial.
