dom. Jul 12th, 2026

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La vacuna antigripal 2017 comenzó a ser distribuida a las provincias

By Administrador Economis 9 años ago
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La vacuna estará disponible en hospitales y centros de salud públicos de todo el país de manera gratuita a partir de abril, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La vacuna antigripal 2017 comenzó a ser distribuida a las provincias y estará disponible en hospitales y centros de salud públicos de todo el país de manera gratuita a partir de abril, informó hoy el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.

“Este año vamos a tener dos millones y medio más de vacunas antigripales que el año pasado, lo que representa un total de 12 millones de dosis para la población en riesgo de las 24 jurisdicciones”, dijo Lemus a Télam durante una visita a la planta industrial de Sinergium Biotech, productora de esa vacuna en el país, ubicada en la localidad bonaerense de Garín.

Añadió que de ese total de dosis, 9.500.000 están asignadas a adultos y 2.500.000 a niños.

Lemus, quien estuvo acompañado por los ministros de Salud de Córdoba, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y Tucumán y el accionista de la empresa y CEO del Grupo Insud, Hugo Sigman, afirmó que “producir la vacuna en el país es un orgullo”.

“Esperamos hacer una campaña efectiva que alcance a todas aquellas personas que estén en grupos de riesgo y que deben vacunarse todos los años porque las cepas de la gripe van cambiando”, explicó.

En ese sentido el subsecretario de Estrategias de Atención y Salud Comunitaria, Jorge San Juan, detalló que la vacuna que inmuniza contra la gripe este año “contiene las cepas H3N2 actualizada, B y H1N1”.

“Para este año esperamos que haya brotes normales de gripe”, sostuvo el ministro, quien confió en que no habrá una epidemia.

El epidemiólogo recomendó a la población vacunarse en los meses de abril y mayo.

“Si viene alguien a vacunarse en junio por supuesto que lo inmunizamos, pero hay que tener en cuenta que el organismo necesita de unos días para reaccionar a la vacuna y estar protegido, por lo que llamamos a la población de riesgo a colocarse la dosis lo antes posible”, dijo a Télam el funcionario.

La vacuna contra la influenza forma parte del Calendario Nacional y debe ser recibida todos los años por las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones: niños de entre seis y 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta el egreso de la maternidad -como máximo a 10 días del parto si no la recibieron durante el embarazo-, recordaron desde la cartera sanitaria.

Asimismo, deben recibir la dosis las personas de entre dos y 64 años con enfermedades cardíacas, respiratorias, renales crónicas, inmunodepresión, diabetes y obesidad, entre otras; los mayores de 65 años y el personal de salud.

“Sinergium Biotech es producto de una cooperación público privada en donde se da prioridad estratégica a la producción nacional y al liderazgo del país en la región”, dijo por su parte Sigman.

Y continuó: “Durante la pandemia de influenza A (H1N1 de 2009) se hizo evidente la necesidad de contar en Argentina con una planta de producción. Por ello, en 2010 y en alianza con la compañía suiza Novartis, se inició el proceso de transferencia de tecnología para la producción local de vacunas antigripales”.

En 2016, Sinergium firmó además un acuerdo con “Protein Sciences Corporation” y Mundo Sano, con las que trabaja en el desarrollo de la vacuna contra el zika, que se estima estará lista para 2020.

La comitiva estuvo integrada por los ministros de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna; La Rioja, Judith Díaz Bazán; Neuquén, Ricardo Corradi Diez; Río Negro, Luis Zgaib; Salta, Roque Mascarello, y Tucumán, Rossana Chahla, así como por miembros de los equipos técnicos porteños y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Misiones y Santa Fe.

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Proponen a provincias crear impuesto a las ventas

By Administrador Economis 9 años ago
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Para bajar Ingresos Brutos, el Gobierno sugiere un gravamen que paga el consumidor final. La iniciativa forma parte del borrador de una reforma que diseña el Gobierno junto a los distritos. Además, prevén limitar gastos y crear un fondo anticíclico con una ley de responsabilidad fiscal.

Con un margen estrecho para bajar la presión impositiva, en un momento en que debe abocarse a resolver el déficit fiscal, el Gobierno planea ir en las próximas semanas por un nuevo objetivo: pedir a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas; e impulsarlas a que, a partir de 2018, se esfuercen por reemplazar los impuestos más distorsivos que usan hoy para sostener buena parte de su recaudación (como el de los “Ingresos Brutos”), por un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.

Las dos iniciativas serán sólo una parte de un extenso plan que presentarán en 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión en Mendoza con los ministros de Hacienda de las provincias. El propósito, cuenta Ámbito, primordial será debatir allí, a contra reloj, la ley de responsabilidad fiscal que no se cumple desde 2009, que volverá a poner bajo la lupa el equilibrio de las cuentas de cada distrito. Los funcionarios quieren que se vote en cada provincia antes de que sancionen sus respectivos presupuestos. A la par de esto, empezarán a dar los primeros pasos firmes hacia una reforma tributaria que prevén más “profunda”, que incluirá nuevos impuestos para sustituir otros considerados “distorsivos”, y que podría aplicarse a partir de 2018.

El Gobierno se inclina ahora por plantear la incorporación de un “impuesto a las ventas finales”, que cobrarían las provincias a comercios, industrias o hasta productores primarios, sólo cuando vendieran sus productos a consumidores finales. El gravamen replicaría un esquema que ya se aplica en otros países, sobre la última etapa de la cadena de distribución. Podría cobrarse con una alícuota general para todos los rubros o diferenciarse por sector. Y sería vital para sustituir la cobranza de Ingresos Brutos, que hoy representan el 90% de la recaudación provincial. Cada provincia tendría sobre ellos completa autonomía.

Los funcionarios nacionales ya sugirieron a las provincias actualizar las valuaciones fiscales de los terrenos, que están atrasadas desde hace tiempo, para aumentar la base impositiva sobre la que deberán cobrar el impuesto inmobiliario. El Consejo Federal de Catastro será el encargado de armonizar los valores. La intención: que puedan empezar a ampliar la “base impositiva”, para obtener nuevos recursos (no coparticipables), que servirán para compensar lo que pierdan a medida que se reduzca el impuesto a los bienes personales (coparticipable).

Tal como ya adelantó el Gobierno, se pretende que las provincias se comprometan mantener un crecimiento controlado de los gastos corrientes, que no supere a la inflación (es decir, que no aumente en términos reales). Además, se prevé limitar el “gasto en personal” a un porcentaje de los ingresos o de los gastos totales. La idea es aplicar una restricción similar a la que hoy rige en Brasil, que impide que la proporción de erogaciones en sueldos sea mayor al 65% de los recursos tributarios. El incumplimiento supondría una penalidad, que podría estar dada por el recorte de las transferencias del Tesoro nacional. El propósito es que las cuentas de los Tesoros provinciales puedan “converger”, en dos años, hacia un equilibrio primario o financiero.

Con el mismo fin de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno quiere que se empiece a conformar un “fondo anticíclico” en la Argentina, a partir de un porcentaje de los excedentes tributarios que perciban las provincias sobre lo presupuestado para cada año. El fondo constituido pertenecería al conjunto de los distritos y se activaría para aquél que registrara tres meses seguidos de caída en su recaudación.

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Misiones clave en la inminente ley del Acuerdo Federal Minero

By Administrador Economis 9 años ago
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El pacto quedó encaminado y tendrá un carácter ambiental y responsable a partir de las propuestas elevadas por el gobernador Hugo Passalacqua. La actividad generará puestos de trabajo de calidad y será monitoreada.

Más temprano que tarde el Acuerdo Federal Minero se convertirá en ley. La iniciativa que discute desde hace meses el Consejo Federal Minero (Cofemin) se encamina a su reglamentación luego de varias reuniones en las que participó Misiones.

Y es que a partir de directivas expresas del gobernador Hugo Passalacqua, el acuerdo definitivo tendrá un carácter eminentemente ambiental merced a las modificaciones planteadas por el ministro de Industria de Misiones, Luis Lichowski.

El propósito es que homogenizando las legislaciones provinciales con las nacionales, asegurando la estabilidad impositiva y con el consenso de las comunidades locales y los gobiernos provinciales, se puedan maximizar las inversiones aportando a las matrices productivas regionales y generando empleos de calidad.

El acuerdo posee un aspecto fundamental que radica en alentar la explotación minera de manera responsable, rasgo de relevancia para Misiones dada su amplia legislación ambiental y su impronta ecologista. A partir de esa premisa se trabajará con protocolos de buenas prácticas de gestión de riesgo y control ambiental.

Se fomentará además el uso de energías renovables y se exigirán proyectos de explotación con fondos de reaseguro para cubrir cualquier tipo de incumplimiento o bien para cubrir el denominado pasivo minero, que establece las condiciones de sustentabilidad del terreno una vez concluida la explotación. Tal es el interés que el borrador final contó con la anuencia del Consejo Federal del Medioambiente lo que garantiza el carácter sustentable de la iniciativa.

Con todo, el acuerdo tiene factores que no solo se relacionan con el medioambiente sino también con lo social:

  • Promoverá que los beneficios de la explotación minera alcancen a las localidades cercanas o lindantes al emprendimiento.
  • Se creará un equipo consultivo en gestión ambiental minera.
  • Fomentará la participación social mediante consultas, audiencias, proceso de impacto, etc.
  • Habrá mayor participación en los ingresos que genere la actividad a provincias dueñas de los recursos.
  • Se desarrollará la infraestructura y se promoverá la integración con otros sectores productivos que, en el caso de Misiones, significará incrementar el desarrollo de proveedores locales.
  • Se fomentará la creación de pequeñas y medianas empresas.
  • Habrá un fuerte relacionamiento con otras actividades como el agro.
  • Se apoyará fuertemente los casos de provincias que posean rocas de aplicación o minerales industriales que puedan ser empleados en otras actividades como la construcción. Este punto vuelve a ser fundamental para Misiones dado que posee grandes fuentes de basalto o arenisca.
  • Se dispondrá de apoyo técnico y económico a las provincias que desarrollen minería de tercera categoría (no metalífero), tal el caso local. Este punto también es importante porque contempla el reconocimiento de la infraestructura y transporte, algo trascendental para la provincia habida cuenta de las proyecciones de sus puertos en Posadas y Santa Ana y el desarrollo de sus parques industriales. Así las cosas se coordinarán las actividades reconociendo esas estructuras y dándoles prioridad.
  • Se generarán campañas sociales para ayudar a entender la importancia de la actividad minera responsable.

El pacto alienta a la inversión pública y privada, con lo que se mantiene en el tiempo un esquema tributario propio cuyos recursos serán reinvertidos en la dinámica social.

Asimismo se avanzará con la actualización del catastro minero, un registro de productores de Misiones y la región, con lo que se prevé la unificación de datos de todo el país.

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Primeros acercamientos entre Nación y Provincias para reformar la ley de Coparticipación

By admin 9 años ago
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Los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio ; de Hacienda, Nicolás Dujovne , de Finanzas, Luis Caputo , y de Educación, Esteban Bullrich , encabezaron esta tarde en Casa de Gobierno un encuentro con ministros de Economía de las provincias para avanzar en la elaboración de una nueva ley de coparticipación federal, además de una reforma tributaria y una norma de responsabilidad fiscal. Misiones estuvo representada por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, quien elevó la postura de la Provincia en la discusión sobre el reparto de recursos y el equilibrio fiscal.

Frigerio señaló que “vamos a intentar sentar las bases de la discusión de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años y además ver si podemos avanzar en otras cuestiones pendientes”.
Entre ellas el ministro incluyó a “la reforma tributaria que debe comprender a las provincias también, y ya que estamos todos juntos vamos a hablar de otros temas de la coyuntura y del vínculo diario y permanente que tenemos con todos los gobiernos”.
Al término del encuentro, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, puntualizó que se planteó trabajar en tres proyectos de largo plazo: la reforma tributaria, el régimen de coparticipación y la ley de responsabilidad fiscal.
“Obviamente -destacó el ministro de María Eugenia Vidal- estos tres proyectos hacen al desarrollo del largo plazo en la Argentina que necesita de la concurrencia de la Nación pero también de las 24 jurisdicciones”.
Sobre este esfuerzo Lacunza consideró que “si seguimos en la lógica de tironear cada uno del mantel y con el ejercicio egoísta de ver que cheque se lleva cada uno de coparticipación para su provincia, es la mejor garantía del fracaso”.
“Por el contrario, con un enfoque colectivo en donde veamos que puede poner cada uno y se puedan resolver las cuestiones de inequidad, ahí vamos a avanzar”, analizó.
Frigerio se explayó sobre los criterios que pretende el presidente Mauricio Macri para la distribución de los fondos federales, básicamente, de eficiencia en el gasto y necesidad de cada distrito, que se cristalizarán en una nueva ley de coparticipación.
Participaron de la reunión, realizada en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, los ministros de Economía de 22 provincias y el viceministro del área de la Ciudad de Buenos Aires. La única ausencia fue la de la titular de Hacienda Pública de San Luis, María Natalia Zabala Chacur.
Estuvieron presentes además el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y otros funcionarios nacionales.
Caballero, en recientes declaraciones a Télam, dijo que la actual normativa sobre coparticipación federal proviene de “una ley transitoria de 1988 y a partir de ese momento se hicieron un parche tras otro”, lo cual originó “distintos esquemas de distribuciones parciales donde se generaron desequilibrios verticales y horizontales entre nación y provincias”.
Destacó: “La única manera de salir de este laberinto es plantear un nuevo esquema de distribución a través de ver qué gastos tiene que realizar cada jurisdicción y qué recursos puede recaudar”, porque “apostamos a un país federal y que cada nivel de gobierno pueda asumir sus responsabilidades desde lo local y desde la Nación”.

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La ANSeS transfirió la primera cuota automática a las cajas provinciales

By Administrador Economis 9 años ago
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La ley de reparación histórica prevé 12 cuotas para 13 cajas previsionales. Son $ 8000 millones a transferir el 20 de cada mes, pero la primera se demoró a febrero.

El presupuesto nacional prevé para este año transferencias por $ 14.000 millones para que la ANSeS financie los rojos de las 13 cajas previsionales que siguen en manos de las provincias después de que se privatizó el sistema jubilatorio y de acuerdo al porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.

Según se acordó, $ 8000 millones de ese total serán transferidos en 12 cuotas iguales y consecutivas los días 20 de cada mes, lo que aportará previsibilidad a los ingresos de las provincias.

La primera transferencia, de $ 666,67 millones, se realizó finalmente el 1 de febrero a doce provincias, porque a Chubut todavía no se le realizó la auditoría correspondiente.

La provincia de Buenos Aires recibió $ 163,02 millones; Córdoba, $ 116,7 millones; Santa Fe, $ 88,5 millones; Entre Ríos, $ 74,5 millones; Chaco, $ 51 millones; Santa Cruz, $ 48,41 millones; Neuquén, $ 37,44 millones; Corrientes, $ 23,77 millones; La Pampa, $ 19,66 millones; Formosa, $ 19,58 millones; Misiones, $ 16,76 millones, y Tierra del Fuego, $ 7,22 millones.

La cuota se postergó 12 días desde la fecha prevista (20 de enero) en la ley de Reparación Histórica, hasta que ANSeS terminó de hacer los cálculos.

Sucede que la distribución a cada Tesorería está determinada en un 50% en función del déficit determinado por el organismo previsional el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios. De acuerdo a lo que detalla El Cronista, en el año, la transferencia que calculó ANSeS totalizará para la provincia de Buenos Aires$ 1956,26 millones; Córdoba, $ 1400,87 millones; Santa Fe, $ 1061,83 millones; Entre Ríos, $ 893,85 millones; Chaco,$ 612,95 millones; Santa Cruz, $ 580,99 millones; Neuquén, $ 449,39 millones; Corrientes, $ 285,24 millones; La Pampa, $ 235,92 millones; Formosa, $ 234,96 millones; Misiones, $ 201,14 millones, y Tierra del Fuego, $ 86,6 millones.

Estos importes, aunque son parciales, quedan en algunos casos por debajo de los déficits financiados en 2016, que implicó una transferencia total por parte de la ANSeS de $ 12.099,37 millones. El año pasado, el organismo fue transfiriendo los fondos a medida que las provincias eran auditadas y realizaban los cambios legislativos para armonizar el cálculo de las jubilaciones. El importe, además, neteó deudas entre las provincias y el ente previsional.

Los gobernadores confían en completar la diferencia entre los pagos mensuales automáticos y el déficit armonizado con los $ 6000 millones que restan de los presupuestados. Serán abonados tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 que utiliza la ANSeS menos los recursos que reciban las provincias para financiar las cajas previsionales de otras fuentes, tributarias o no.

Ese sistema de liquidación sigue la premisa de que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso financia los déficits de las cajas previsionales en proporción al grado de armonización que se haya logrado en cinco componentes: la edad jubilatoria, las alícuotas de aportes y contribuciones patronales, la cantidad de años de servicio con aportes efectivos, la determinación del haber inicial y la movilidad jubilatoria.

Si bien se trata de parámetros objetivos, para algunas cajas previsionales la diferencia a cubrir puede estar sujeta a negociaciones políticas.

“El sistema es bien claro, es respetar la reglamentación de la ley. No hay espacio para la negociación política. Todo lo contrario. En 2017, va a ser más técnico que en 2016, porque a partir de este año va a pasar por el sistema de ANSeS y el número va a ser exacto”, dijo Basavilbaso.

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