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Caputo prometió bajar impuestos, pero postergó la reforma integral para un segundo mandato de Milei

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno nacional proyecta reducir en otro punto la presión impositiva durante 2027, aunque aclaró que una reforma tributaria integral requerirá un acuerdo profundo con las provincias y quedará como uno de los grandes objetivos para un eventual segundo mandato de Javier Milei.

Durante su participación en el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizado en Puerto Iguazú, Caputo reconoció que la Argentina arrastra una estructura tributaria “malísima”, atravesada por impuestos distorsivos en los tres niveles del Estado.

El ministro aseguró que la Nación ya redujo la presión tributaria en tres puntos desde el comienzo de la gestión libertaria, pero admitió que todavía persisten gravámenes que castigan la producción, la inversión y la formalidad.

Entre ellos apuntó especialmente contra Ingresos Brutos y las tasas municipales. Sin embargo, reconoció que las provincias construyeron una fuerte dependencia de esos recursos ante la inestabilidad de las transferencias nacionales y las recurrentes crisis fiscales.

“Le preguntás a cualquier gobernador y te va a decir que era la única forma de defenderse”, señaló. Según Caputo, los impuestos provinciales llegan a representar alrededor del 80 por ciento de los ingresos propios en muchas jurisdicciones.

Por esa razón, sostuvo que una reforma tributaria de fondo no podrá resolverse exclusivamente desde Buenos Aires. Será necesario sentar a la Nación y a las provincias en una misma mesa para redefinir la distribución de los recursos y reemplazar gradualmente los tributos más perjudiciales.

“La reforma de fondo va a requerir sentarnos con las provincias y hacer un cambio profundo. Eso va a llegar para el segundo mandato”, afirmó.

Mientras tanto, adelantó que el Gobierno continuará bajando impuestos en la medida en que el superávit fiscal lo permita. “El año que viene vamos a bajar un punto más”, prometió.

Caputo también defendió la recuperación desigual de los distintos sectores productivos. Rechazó que las distintas velocidades constituyan necesariamente un problema y las definió como una consecuencia natural de la reasignación de recursos que impulsa el programa económico.

El ministro recordó que el período de mayor caída industrial se produjo durante el último año y medio de la administración anterior, cuando la actividad fabril retrocedió catorce puntos en medio del desorden macroeconómico, la falta de precios de referencia y la brecha cambiaria.

Para explicar el potencial que, a su entender, permaneció desaprovechado, recurrió a una metáfora futbolística: la Argentina tenía a “Messi, Di María y Enzo Fernández en el banco de suplentes”.

En esa comparación ubicó a la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento, sectores que estuvieron condicionados durante años y que ahora comenzaron a ganar protagonismo.

“Energía y minería estaban pisadas. Ahora les das la posibilidad de surgir y van a arrancar”, planteó. Para Caputo, el crecimiento de esas actividades no perjudica al resto del entramado productivo, sino que aporta divisas, inversiones, empleo y mayor previsibilidad para toda la economía.

El ministro sostuvo que durante décadas el desempeño de las empresas estuvo sometido a la discrecionalidad del funcionario de turno, que decidía mediante permisos, cupos, regulaciones o acceso diferencial al mercado cambiario quién podía crecer y quién quedaba relegado.

La estrategia oficial, explicó, consiste en estabilizar primero la macroeconomía y permitir después que el mercado determine la asignación de recursos. “Es un proceso. Estamos reconstruyendo el país y esto es parte de la reconstrucción”, afirmó.

Caputo admitió que la transformación beneficiará más rápidamente a algunas actividades que a otras, pero insistió en que se trata de un movimiento inevitable dentro de una economía que abandona restricciones acumuladas durante años.

Otro de los ejes de la presentación fueron los vencimientos de deuda, que durante el próximo período alcanzarán los 23.000 millones de dólares.

Caputo buscó despejar las dudas sobre la capacidad de pago y aseguró que el programa financiero está cerrado con un año y medio de anticipación. Según destacó, se trataría de una situación inédita para la Argentina reciente.

“No tenemos necesidad de salir al mercado financiero internacional”, afirmó. El ministro aclaró que el Gobierno podrá refinanciar vencimientos, pero únicamente cuando encuentre condiciones convenientes y tasas suficientemente bajas.

Caputo reveló que el equipo económico recibió propuestas de financiamiento con costos hasta 200 puntos básicos inferiores a las condiciones disponibles en el mercado. “Hemos cerrado el financiamiento”, insistió.

La afirmación apunta a reducir la incertidumbre sobre los compromisos externos y a evitar que el calendario de deuda vuelva a condicionar el programa económico.

Mora, bancos y un límite al rescate estatal

El ministro también se refirió al aumento de la mora de familias y empresas. Lo describió como parte de un proceso de aprendizaje de un sistema financiero que, durante años, tuvo pocos incentivos para prestar al sector privado porque encontraba rentabilidad en el financiamiento al Estado.

Caputo rechazó de plano la posibilidad de utilizar recursos públicos para compensar a las entidades que otorgaron créditos de manera deficiente.

“No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, sostuvo. A su entender, rescatar a los bancos por una mala evaluación de sus clientes sería una medida “populista e inmoral”, tanto para quienes cumplen con sus obligaciones como para el conjunto de los contribuyentes.

El ministro aseguró que las entidades están respondiendo mediante refinanciaciones, extensión de plazos y reducción de tasas. Como ejemplo, señaló que el Banco Nación concretó más de 100.000 operaciones de refinanciamiento.

Para Caputo, esa conducta no responde solamente a una decisión de acompañamiento, sino también a la lógica del propio negocio bancario: refinanciar puede ser más conveniente que ejecutar una deuda o asumir una pérdida definitiva.

Aunque reconoció la existencia del problema, descartó que la mora represente una amenaza para la estabilidad financiera. Estimó que equivale aproximadamente a un punto del producto y remarcó que deberá resolverse entre las entidades y sus clientes.

“No es un problema sistémico. Es un problema que tiene que resolverse entre privados”, concluyó.

“Me importa tres pitos lo que digan”

Caputo también rechazó los pronósticos que anticipan un escenario de tensión económica y cambiaria durante el próximo año. Con una expresión poco habitual para un ministro de Economía, buscó quitarles dramatismo a las advertencias: “Me importa tres pitos lo que digan. Va a ser un año que no tendrá nada que ver con lo que se está diciendo. Va a ser súper tranquilo”.

De todos modos, aclaró que su responsabilidad no consiste solamente en confiar en el rumbo oficial, sino en preparar al Gobierno frente a las expectativas y los temores del mercado. “No importa lo que pienso yo, me preparo para lo que piensa la gente”, señaló.

El ministro afirmó que la Argentina llegará al próximo proceso electoral en una posición mucho más sólida que en 2025, especialmente en materia cambiaria. Como respaldo mencionó la acumulación de 15.000 millones de dólares de reservas y la disponibilidad del swap con China.

“Nos preparamos para el peor de los escenarios, pero no va a pasar”, aseguró.

Caputo reconoció que la oposición tiene capacidad para instalar incertidumbre y generar episodios de tensión. Sin embargo, consideró que el margen para provocar una crisis se reduce cuando las cuentas públicas, la emisión monetaria y el frente cambiario permanecen bajo control.

“La oposición es buena generando crisis, pero si tenés la macroeconomía en orden no es tan fácil desestabilizar”, sentenció. Para el ministro, el equilibrio fiscal y el fortalecimiento de las reservas funcionarán como las principales defensas ante cualquier intento de trasladar la disputa política al terreno financiero.

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Passalacqua pidió que el debate económico también responda al ciudadano

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El gobernador Hugo Passalacqua acompañó la apertura de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Puerto Iguazú. Durante su intervención, valoró que Misiones haya sido elegida como sede y sostuvo que, junto a los debates sobre la realidad económica y productiva, es necesario atender las demandas cotidianas de la sociedad. En ese sentido, destacó que estos espacios deben contribuir a “tomar buenas decisiones” tanto en el ámbito público como privado.

El gobernador Hugo Passalacqua acompañó este jueves la apertura de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que reúne en Puerto Iguazú a referentes de distintos ámbitos vinculados con la economía, las finanzas y la producción. En ese marco, el mandatario puso el foco en la necesidad de que los debates económicos contemplen también las demandas concretas de la sociedad.

La ceremonia se realizó en el hotel Loi Suites, donde el mandatario compartió la apertura con el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y el socio de PwC Argentina y presidente del Comité Organizador de la convención, Ezequiel Mirazón.

Passalacqua agradeció que la institución haya elegido a Misiones como sede de su 47ª edición y valoró el carácter federal de la convocatoria. “El honor es nuestro, sinceramente, la distinción es nuestra. Que el IAEF haga un evento acá en la provincia de Misiones, con esa especie de pátina federal, a nosotros nos llena de alegría”, expresó.

El gobernador también se refirió a la diversidad de cuestiones económicas y productivas que forman parte del encuentro y remarcó la importancia de que el análisis de las grandes variables tenga en cuenta la realidad cotidiana de la población.

“También está el ciudadano de a pie”

En ese sentido, Passalacqua sostuvo: “La idea es una cosa macro y también está el ciudadano de a pie, que pide respuestas a otra velocidad que el reloj”.

Desde esa perspectiva, consideró que los intercambios que se produzcan durante la convención deben tener una utilidad concreta y contribuir a mejorar la toma de decisiones tanto en el sector privado como en la gestión pública.

“Este tipo de convenciones, a mi entender, deben servir para lo público y lo privado para tomar buenas decisiones, de eso se trata”, afirmó.

Asimismo, destacó el intercambio de conocimientos y experiencias que propone el encuentro. “En estos tres días vamos a aprender, vamos a debatir, vamos a intercambiar ideas con un fin”, señaló. Y sintetizó: “Estos eventos son para aprender y después tomar buenas decisiones. En la pyme, en la megaempresa, en el banco, en la provincia”.

Por su parte, el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, señaló que los análisis sobre la economía también deben considerar los tiempos y las dificultades que atraviesan actualmente distintos sectores de la actividad productiva. Al describir esa realidad, mencionó “el reloj de la pyme que paga sueldos el 4 de cada mes, el del productor yerbatero que acá liquida la cosecha, el del hotelero de esta ciudad que factura en pesos y compite con la vereda de enfrente, y el del comerciante que ha renovado capital de trabajo con tasas muy superiores a la de los países vecinos”.

Miedziak sostuvo que esos tiempos “se miden en días y semanas” y planteó la necesidad de que los procesos económicos puedan traducirse en resultados concretos para la sociedad. “No hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacten en su realidad personal y familiar”, expresó.

Una convención nacional con sede en Puerto Iguazú

La 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas se desarrolla en Puerto Iguazú del 3 al 6 de septiembre y reúne a empresarios, ejecutivos, especialistas y representantes del ámbito público de distintos puntos del país.

Durante la apertura, el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, destacó especialmente la elección de Puerto Iguazú y explicó que la realización del encuentro en Misiones responde a una decisión de llevar estas discusiones a distintos puntos del país.

“Cuando el IAEF sale de Buenos Aires, no lo hacemos por turismo”, afirmó Miedziak. En ese sentido, recordó que durante el año la institución también realizó actividades en Rosario, Córdoba y Tucumán y sostuvo que “la conversación económica argentina no solo tiene que estar concentrada en el AMBA”.

Asimismo, señaló que “la Argentina que produce, que exporta y genera empleo está en todo el país”, una definición que acompañó el reconocimiento expresado por Passalacqua por la elección de Misiones como sede de la convención.

Según el cronograma difundido por la organización, para este viernes está prevista la participación del gobernador en el panel “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”, junto a los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; Catamarca, Raúl Jalil; y Corrientes, Juan Pablo Valdés.

La convención continuará en Puerto Iguazú de acuerdo con la programación establecida por el IAEF.

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La recaudación tributaria creció 33,5% en agosto y alcanzó $20,5 billones

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La recaudación tributaria alcanzó en agosto $20.508.537 millones, con un crecimiento nominal del 33,5% interanual, según el informe mensual correspondiente a agosto de 2026. En los primeros ocho meses del año, los recursos acumulados llegaron a $153.045.987 millones, con una variación interanual del 28,2%.

El resultado muestra comportamientos heterogéneos entre los principales tributos. Mientras el Impuesto al Valor Agregado (IVA) avanzó 25,3%, Ganancias aumentó 45,2%, los recursos de la Seguridad Social crecieron 31,9% y los Derechos de Exportación registraron un salto de 155,1%.

IVA y Ganancias marcan dos velocidades

El IVA Neto aportó $6.675.409 millones durante agosto, con una suba interanual del 25,3%. Dentro del impuesto, el componente impositivo creció 29,6%, mientras que el IVA Aduanero aumentó 15,4%. En el acumulado enero-agosto, el IVA Neto alcanzó $48.719.078 millones, 24,5% más que en igual período del año anterior.

El comportamiento del IVA Impositivo estuvo condicionado por mayores reafectaciones netas negativas y por un aumento de las devoluciones del régimen de comercialización de granos. En el componente aduanero, el informe atribuye parte del resultado favorable al incremento del tipo de cambio.

El Impuesto a las Ganancias, en tanto, recaudó $4.636.836 millones y creció 45,2% interanual. Entre los factores positivos aparecieron mayores anticipos de sociedades, una menor utilización de saldos a favor para cancelar otros impuestos y un incremento de las retenciones impositivas.

El resultado de Ganancias también estuvo atravesado por cambios en el calendario de vencimientos. El primer anticipo de personas humanas correspondiente al período fiscal 2026 fue prorrogado a septiembre, mientras que el año anterior había ingresado en agosto. Aun con ese efecto, la recaudación del impuesto mostró una expansión significativa.

Seguridad Social: el dato que conecta recaudación y empleo

Los ingresos provenientes de la Seguridad Social llegaron a $4.833.581 millones, con un aumento interanual del 31,9%. El informe señala como factor favorable el incremento de la remuneración bruta promedio. En el acumulado de enero a agosto, el sistema aportó $39.124.816 millones, un 28,4% más interanual.

El dato tiene una lectura económica relevante porque vincula la dinámica de los recursos previsionales y laborales con la evolución de las remuneraciones registradas. Además, durante agosto continuaron vigentes instrumentos orientados a estimular la formalización y el empleo registrado, como el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y el régimen de Promoción de Empleo Registrado.

Retenciones: el salto más fuerte tiene una explicación estadística

Los Derechos de Exportación fueron el componente de mayor crecimiento porcentual. En agosto ingresaron $1.015.506 millones, un 155,1% más que un año atrás. Sin embargo, el salto debe leerse con cautela: la comparación está afectada por una base baja en agosto de 2025, cuando parte de los derechos que habitualmente ingresaban ese mes habían sido adelantados a junio y comienzos de julio debido a una reducción transitoria de alícuotas.

También contribuyeron al resultado el incremento del tipo de cambio, el aumento interanual del precio promedio de buena parte de los productos del complejo sojero y cerealero y de los hidrocarburos, además de mayores exportaciones de combustibles y minerales. Aun con el salto de agosto, el acumulado enero-agosto de Derechos de Exportación mostró una caída del 3,6% interanual, con $5.595.156 millones.

El dato resulta particularmente significativo para las provincias agroindustriales porque las retenciones siguen funcionando como una fuente relevante de recursos nacionales, aunque su comportamiento mensual depende tanto de los niveles de exportación y precios como del calendario de liquidación y las alícuotas vigentes.

Débitos, combustibles e importaciones

El impuesto a los Créditos y Débitos recaudó $1.520.865 millones, con un incremento interanual del 21,5%. El resultado estuvo atenuado por un día hábil menos de recaudación respecto de agosto de 2025 y por la vigencia de nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026.

Los Derechos de Importación y otros sumaron $620.591 millones, 7,7% más interanual. El resultado estuvo afectado negativamente por la utilización de créditos vinculados con devoluciones del Impuesto PAIS para cancelar derechos de importación, mientras que el incremento del tipo de cambio operó en sentido positivo.

Por su parte, el Impuesto a los Combustibles aportó $724.899 millones y registró un aumento interanual del 50,4%. El informe atribuye el incremento principalmente a las actualizaciones del impuesto.

En Bienes Personales ingresaron $137.797 millones, un 24,8% más que en agosto del año pasado. En este caso, el resultado estuvo asociado al vencimiento del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.

Una recaudación que crece, pero con composición desigual

El resultado de agosto muestra una recaudación nominal en expansión, aunque con motores diferentes. Ganancias y Seguridad Social exhibieron incrementos relevantes, mientras que el IVA creció por debajo del total de recursos tributarios. Al mismo tiempo, el salto extraordinario de las retenciones responde en buena medida a una comparación interanual condicionada por cambios transitorios en el calendario de pagos.

La lectura económica, por lo tanto, requiere mirar más allá del crecimiento agregado. La composición de los ingresos permite observar qué sectores y bases imponibles están sosteniendo los recursos fiscales y cuáles presentan una dinámica más moderada.

Para las provincias, además, la evolución de los tributos coparticipables tiene una importancia directa sobre la disponibilidad de recursos. En un escenario donde Nación y jurisdicciones subnacionales disputan margen fiscal para financiar servicios, inversión e infraestructura, la trayectoria de la recaudación federal seguirá siendo uno de los datos centrales para medir la capacidad de respuesta del Estado durante el segundo semestre.

El desafío será determinar cuánto de esta expansión nominal puede traducirse en una mejora efectiva de la capacidad fiscal una vez descontado el efecto de los precios. Allí estará una de las claves para evaluar si el crecimiento de los ingresos tributarios se convierte en mayor margen para sostener políticas públicas, inversión y actividad económica.

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La Comisión Federal de Impuestos reformó su procedimiento y excluyó al contribuyente como parte de las actuaciones

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La Comisión Federal de Impuestos (CFI) aprobó una reforma integral de su Ordenanza Procesal que modifica las reglas para la intervención de contribuyentes y asociaciones de contribuyentes en los procedimientos ante el organismo. La nueva normativa fue aprobada por amplia mayoría, entrará en vigencia el 18 de agosto de 2026 y reemplaza íntegramente el régimen procesal que estaba vigente desde el texto ordenado en 2004.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 287/2026, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina, aunque la propia norma establece que la nueva Ordenanza Procesal comenzó a regir el 18 de agosto. La reforma busca actualizar un esquema que llevaba más de dos décadas de vigencia y adaptar el funcionamiento de la CFI a criterios de informalidad, sencillez, celeridad y eficiencia en los procedimientos contemplados por el artículo 11, incisos d) y e), de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548.

El punto de mayor impacto institucional fue, sin embargo, la definición sobre el lugar que ocuparán los contribuyentes en estos procedimientos. La Comisión de Reforma de la Ordenanza Procesal había elaborado dos proyectos alternativos que coincidían en prácticamente todo el nuevo régimen, pero diferían en una cuestión central: mantener al contribuyente como parte del procedimiento, como establecía la ordenanza anterior, o reconocerlo únicamente como denunciante.

El Plenario de Representantes terminó inclinándose por esta última alternativa. En la reunión celebrada el 14 de agosto de 2026 participaron 19 jurisdicciones, mientras que seis estuvieron ausentes. La propuesta que excluye al contribuyente de la condición de parte obtuvo 18 votos afirmativos y solamente el voto negativo de la representación de la Nación, que dejó expresamente asentada su posición contraria a esa exclusión.

Así, bajo el nuevo régimen, los contribuyentes y las asociaciones de contribuyentes reconocidas podrán formular denuncias en el marco de las competencias atribuidas a la Comisión Federal de Impuestos, pero ya no revestirán la condición de parte en esas actuaciones. La modificación constituye el principal cambio de criterio respecto de la Ordenanza Procesal anterior y redefine la relación procesal entre quienes denuncian una eventual afectación al régimen de coparticipación y el organismo federal encargado de intervenir en esas controversias.

La reforma no surgió de una decisión aislada. El proceso comenzó en abril de 2025, cuando el Plenario de Representantes dispuso avanzar progresivamente en la revisión de los reglamentos de la Comisión Federal de Impuestos. Posteriormente, en noviembre de 2025 y febrero de 2026, se resolvió constituir un grupo de trabajo específico para revisar la Ordenanza Procesal y elaborar una propuesta integral de actualización.

Ese trabajo derivó en la creación de la Comisión de Reforma de la Ordenanza Procesal, que revisó las disposiciones existentes y elaboró alternativas para adecuar el funcionamiento del organismo. El objetivo declarado fue construir un procedimiento más sencillo, rápido y eficiente para las actuaciones comprendidas en las competencias que la Ley 23.548 asigna a la Comisión Federal de Impuestos.

Desde una perspectiva de funcionamiento institucional, uno de los cambios relevantes es la incorporación de herramientas vinculadas con la digitalización de las actuaciones. La resolución dispone la creación y apertura de un Libro Digital Permanente de Domicilios Electrónicos, destinado a registrar y mantener actualizados los domicilios electrónicos constituidos conforme a las nuevas disposiciones.

La medida apunta a dotar de mayor previsibilidad al sistema de notificaciones y a reducir las fricciones administrativas asociadas a las comunicaciones dentro de los procedimientos. En términos prácticos, la digitalización del domicilio procesal constituye una pieza necesaria para que la nueva Ordenanza Procesal pueda operar bajo parámetros de mayor celeridad y trazabilidad.

La reforma también establece una nueva lógica de procedimiento que, según los fundamentos de la resolución, procura evitar formalidades innecesarias y favorecer mecanismos de actuación más ágiles. El desafío será que esa simplificación no se traduzca en una reducción de las posibilidades de participación efectiva de quienes planteen denuncias ante la Comisión, particularmente después de que el Plenario resolviera retirarles la condición de parte.

La controversia sobre este punto quedó explícitamente registrada en la propia resolución. La representación de la Nación sostuvo que no correspondía excluir al contribuyente de las actuaciones como parte, mientras que las restantes jurisdicciones presentes respaldaron el criterio finalmente aprobado. La diferencia no impidió alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la reforma integral.

La nueva Ordenanza Procesal sustituye en su totalidad al texto ordenado mediante la Resolución de Plenario de Representantes 91/2004. De esta manera, la Comisión Federal de Impuestos actualiza el marco procedimental con el que tramitará las cuestiones vinculadas al régimen de coparticipación federal y abre una nueva etapa institucional después de más de veinte años de vigencia de la normativa anterior.

Para los contribuyentes, el cambio más significativo será la transformación de su posición dentro de estos procedimientos: podrán acudir ante la Comisión en calidad de denunciantes, pero no tendrán el carácter de parte. Para el organismo, en tanto, la reforma busca ordenar y agilizar la tramitación mediante reglas actualizadas, procedimientos simplificados y un esquema de notificaciones electrónicas permanente.

El nuevo régimen plantea así una tensión que será relevante seguir en su aplicación concreta: mientras la CFI apuesta a procedimientos más ágiles y digitalizados, la exclusión del contribuyente como parte introduce un cambio sustancial en sus posibilidades de intervención formal dentro de las actuaciones. La forma en que esa nueva arquitectura procesal funcione en casos concretos será uno de los principales indicadores para evaluar si la reforma consigue el equilibrio buscado entre eficiencia administrativa y participación de los actores afectados.

Anexo 1 Resolución 287/2026 by CristianMilciades

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Simplifican las reglas para la publicidad de apuestas online: una sola advertencia buscará mejorar la protección al consumidor

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La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualizó el régimen que regula la publicidad de los juegos y apuestas online con un objetivo concreto: reducir la superposición de advertencias obligatorias y mejorar la comprensión de los mensajes preventivos por parte de los consumidores.

A través de la Resolución 271/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la reglamentación vigente desde fines de 2025 sobre la difusión comercial de plataformas de apuestas en línea. La decisión responde a una realidad que se había consolidado durante los últimos meses: muchas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a exigir sus propias leyendas obligatorias en los anuncios, generando una acumulación de mensajes prácticamente idénticos.

Según explica la resolución, esa multiplicidad de advertencias terminó saturando el espacio visual de las piezas publicitarias y, paradójicamente, reduciendo la eficacia de la información preventiva destinada al público.

Con el nuevo esquema, cuando una publicidad ya cumpla con las advertencias exigidas por la normativa provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, se considerará satisfecha también la obligación establecida a nivel nacional, siempre que esas leyendas respeten los estándares técnicos de visibilidad fijados por la autoridad nacional.

La modificación no implica una flexibilización de los controles sobre la actividad. Por el contrario, la estrategia oficial busca armonizar los requisitos regulatorios para que las advertencias sean más visibles y efectivas, evitando duplicaciones que dificulten la lectura.

La resolución también incorpora precisiones técnicas para los formatos digitales. En adelante, las leyendas deberán ubicarse dentro de las denominadas “zonas seguras” de la pantalla y permanecer visibles durante el tiempo suficiente, adaptándose a las características de las plataformas digitales y de las redes sociales, donde buena parte de la publicidad del sector concentra hoy su audiencia.

Un cambio que apunta a la prevención

La actualización normativa tiene un fuerte componente de protección al consumidor. La publicidad de apuestas online se convirtió en uno de los principales focos de preocupación de organismos públicos y especialistas debido al crecimiento del juego digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que una advertencia clara resulta más efectiva que varias leyendas repetidas con contenidos similares. El criterio de simplificación normativa busca preservar el objetivo preventivo sin generar contaminación visual en las piezas publicitarias.

La resolución también abre la posibilidad para que los organismos reguladores de los juegos de azar de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran formalmente al nuevo esquema nacional, favoreciendo una mayor coordinación entre jurisdicciones.

Más claridad para empresas y consumidores

Desde la perspectiva regulatoria, el cambio también reduce costos administrativos para las empresas que operan en distintas provincias, al evitar la necesidad de incorporar múltiples advertencias con textos similares en una misma campaña.

Para los consumidores, el beneficio esperado es una comunicación más sencilla, uniforme y comprensible, en línea con los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, que exige que la información comercial sea clara, suficiente y no induzca a confusión.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y actualiza el anexo técnico de la Resolución 446/2025, que había establecido el primer marco nacional específico para la publicidad de plataformas de apuestas online.

Anexo 1 Resolución 271/2026 by CristianMilciades

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