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Simplifican las reglas para la publicidad de apuestas online: una sola advertencia buscará mejorar la protección al consumidor

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La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa actualizó el régimen que regula la publicidad de los juegos y apuestas online con un objetivo concreto: reducir la superposición de advertencias obligatorias y mejorar la comprensión de los mensajes preventivos por parte de los consumidores.

A través de la Resolución 271/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la reglamentación vigente desde fines de 2025 sobre la difusión comercial de plataformas de apuestas en línea. La decisión responde a una realidad que se había consolidado durante los últimos meses: muchas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a exigir sus propias leyendas obligatorias en los anuncios, generando una acumulación de mensajes prácticamente idénticos.

Según explica la resolución, esa multiplicidad de advertencias terminó saturando el espacio visual de las piezas publicitarias y, paradójicamente, reduciendo la eficacia de la información preventiva destinada al público.

Con el nuevo esquema, cuando una publicidad ya cumpla con las advertencias exigidas por la normativa provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, se considerará satisfecha también la obligación establecida a nivel nacional, siempre que esas leyendas respeten los estándares técnicos de visibilidad fijados por la autoridad nacional.

La modificación no implica una flexibilización de los controles sobre la actividad. Por el contrario, la estrategia oficial busca armonizar los requisitos regulatorios para que las advertencias sean más visibles y efectivas, evitando duplicaciones que dificulten la lectura.

La resolución también incorpora precisiones técnicas para los formatos digitales. En adelante, las leyendas deberán ubicarse dentro de las denominadas “zonas seguras” de la pantalla y permanecer visibles durante el tiempo suficiente, adaptándose a las características de las plataformas digitales y de las redes sociales, donde buena parte de la publicidad del sector concentra hoy su audiencia.

Un cambio que apunta a la prevención

La actualización normativa tiene un fuerte componente de protección al consumidor. La publicidad de apuestas online se convirtió en uno de los principales focos de preocupación de organismos públicos y especialistas debido al crecimiento del juego digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que una advertencia clara resulta más efectiva que varias leyendas repetidas con contenidos similares. El criterio de simplificación normativa busca preservar el objetivo preventivo sin generar contaminación visual en las piezas publicitarias.

La resolución también abre la posibilidad para que los organismos reguladores de los juegos de azar de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran formalmente al nuevo esquema nacional, favoreciendo una mayor coordinación entre jurisdicciones.

Más claridad para empresas y consumidores

Desde la perspectiva regulatoria, el cambio también reduce costos administrativos para las empresas que operan en distintas provincias, al evitar la necesidad de incorporar múltiples advertencias con textos similares en una misma campaña.

Para los consumidores, el beneficio esperado es una comunicación más sencilla, uniforme y comprensible, en línea con los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, que exige que la información comercial sea clara, suficiente y no induzca a confusión.

La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y actualiza el anexo técnico de la Resolución 446/2025, que había establecido el primer marco nacional específico para la publicidad de plataformas de apuestas online.

Anexo 1 Resolución 271/2026 by CristianMilciades

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La recaudación tributaria llegó a $22,97 billones en julio y Ganancias explicó el salto

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La recaudación tributaria nacional alcanzó en julio los $22,965 billones, con un incremento nominal del 35,1% respecto del mismo mes de 2025. El resultado marca una mejora en los ingresos fiscales, aunque su composición revela que una parte sustancial del crecimiento responde a factores de calendario y no exclusivamente a una expansión homogénea de la base tributaria. El informe mensual de ARCA señala que el mes estuvo incidido positivamente por el vencimiento especial del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2025, que un año atrás había operado en junio.

El principal motor del salto fue el Impuesto a las Ganancias. El tributo recaudó $5,111 billones y registró un crecimiento interanual del 64,7%. ARCA atribuyó el resultado a la prórroga excepcional del vencimiento para personas humanas y a mayores anticipos de sociedades, asociados al incremento del impuesto determinado correspondiente al período fiscal 2025. La comparación, por lo tanto, debe leerse con cautela: parte del crecimiento de julio refleja que recursos que habían ingresado en junio del año pasado fueron contabilizados este año en el séptimo mes.

El segundo gran componente fue el IVA Neto, que aportó $6,826 billones y avanzó 32,8% interanual. Dentro del tributo, el IVA Impositivo aumentó 41,4%, mientras que el IVA Aduanero creció 13,1%. En el primer caso, ARCA registró efectos positivos vinculados con reafectaciones netas de saldos y negativos asociados al mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago y a mayores devoluciones del régimen de comercialización de granos. En el componente aduanero incidió negativamente un día hábil menos, aunque el incremento del tipo de cambio tuvo un efecto favorable.

La Seguridad Social también sostuvo el flujo de recursos. Los ingresos alcanzaron $6,301 billones, con una suba interanual del 29,4%. El organismo explicó que en julio ingresó la recaudación vinculada al pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente a la primera mitad del año y que el aumento de la remuneración bruta promedio incidió favorablemente. El dato se produce además en un contexto en el que continúan vigentes mecanismos de incentivo a la formalización y regularización del empleo registrado.

La foto cambia cuando se observa el frente externo. Los Derechos de Exportación aportaron $1,192 billones y crecieron apenas 3,1% interanual, mientras que los Derechos de Importación y otros recursos registraron $575.667 millones, con una caída nominal del 2,3%. En las retenciones, ARCA señaló como factores negativos la elevada base de comparación y las menores alícuotas vigentes en 2026 para productos como soja, trigo y maíz. En particular, la alícuota para porotos de soja pasó de 33% en julio de 2025 a 24% en julio de 2026; para trigo y cebada, de 12% y 9,5% a 5,5%; y para maíz y sorgo, de 12% a 8,5%.

En las importaciones, además de un día hábil menos, incidió la cancelación de derechos mediante créditos por devolución del Impuesto PAIS. Durante julio también rigió una alícuota de 0% del Derecho de Importación Extrazona para teléfonos inteligentes y celulares portátiles. El resultado fue una contracción nominal de 2,3% en el mes, aunque el acumulado enero-julio que informa ARCA para este concepto muestra una variación positiva del 8,5%.

Otros tributos exhibieron incrementos relevantes, aunque con factores específicos detrás. Bienes Personales recaudó $171.056 millones, 69,2% más que un año atrás, nuevamente favorecido por el desplazamiento del vencimiento de las declaraciones juradas de personas humanas. El Impuesto a los Combustibles aportó $638.389 millones, con una expansión del 67,8%, explicada principalmente por las actualizaciones del tributo. En tanto, Créditos y Débitos sumó $1,545 billones, 18,7% más interanual.

El dato de julio, entonces, ofrece una señal de recuperación de los ingresos fiscales, pero también expone la importancia de separar crecimiento efectivo de recaudación y efectos de calendario. La fortaleza de Ganancias y Bienes Personales está directamente vinculada con vencimientos que cambiaron de mes, mientras que IVA y Seguridad Social aportan una lectura más vinculada con la actividad económica y el mercado laboral. A su vez, el menor dinamismo de los derechos de exportación refleja el nuevo esquema de alícuotas aplicado al complejo agroexportador.

Para las provincias, la composición de la recaudación también resulta relevante. El propio informe de ARCA detalla que una parte de los recursos tributarios integra los mecanismos de distribución federal, por lo que la evolución de impuestos como IVA, Ganancias, Bienes Personales y Combustibles tiene incidencia sobre los fondos que llegan a las jurisdicciones subnacionales. En consecuencia, la recuperación mensual no es solamente una variable fiscal nacional: también condiciona el margen financiero con el que provincias y municipios afrontan gasto, inversión y servicios públicos.

El desafío hacia los próximos meses será determinar cuánto de esta mejora puede sostenerse una vez normalizado el calendario de vencimientos. La recaudación de julio alcanzó un máximo nominal de $22,97 billones, pero la calidad de esa recuperación dependerá de que el crecimiento deje de descansar principalmente en movimientos administrativos y encuentre respaldo persistente en el consumo, el empleo formal, la actividad productiva y una base tributaria más amplia. Ese es el indicador que permitirá saber si el repunte fiscal constituye un cambio de tendencia o apenas una mejora puntual del calendario tributario.

Informe Recaudación Julio ARCA by CristianMilciades

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Nación profundiza el ajuste a las provincias: las transferencias discrecionales se desplomaron 62,8%

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La política de ajuste fiscal del Gobierno nacional sigue modificando la relación financiera con las provincias. Entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $738.201 millones, lo que representa una caída real interanual del 62,8%, el peor desempeño para ese período desde que existen registros comparables, al menos desde 2005. Incluso frente a 2023, antes del cambio de administración, la contracción supera el 80% en términos reales, consolidando un cambio estructural en el esquema de financiamiento federal.

El dato refleja la consolidación de una estrategia fiscal que redujo al mínimo las partidas de distribución discrecional, privilegiando el equilibrio de las cuentas públicas. A diferencia de la coparticipación federal, las transferencias no automáticas dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y suelen financiar obras públicas, programas sociales, infraestructura, educación, salud, asistencia financiera o Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, julio tampoco mostró un cambio de tendencia. Durante ese mes las provincias recibieron $98.611 millones, cifra que implicó una caída real del 68,6% respecto del mismo mes de 2025, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones debido al otorgamiento puntual de programas específicos y ATN.

La heterogeneidad entre provincias continúa siendo una característica del esquema vigente. Mientras algunos distritos registraron fuertes incrementos interanuales producto de transferencias extraordinarias, otros prácticamente desaparecieron del mapa de la asistencia nacional. En el acumulado anual, por ejemplo, Misiones recibió $42.789 millones, con un crecimiento real del 305,4%, impulsado principalmente por $20.000 millones en ATN, $12.000 millones correspondientes al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y $4.167 millones destinados a su caja previsional.

Sin embargo, ese desempeño responde a partidas extraordinarias y no modifica el escenario general de retracción del gasto nacional hacia las provincias. Buenos Aires concentró el mayor volumen absoluto con $148.600 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con $93.895 millones, aunque esta última continúa recibiendo recursos derivados del cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema sobre la coparticipación.

El informe elaborado por Politikon Chaco muestra además que las provincias con mayores retrocesos reales fueron CABA (-91,4%), La Rioja (-86,6%), Santa Cruz (-81%), Río Negro (-74,4%) y Santiago del Estero (-69,9%), mientras que otras jurisdicciones exhibieron incrementos asociados a programas específicos o asistencia financiera puntual.

La nueva configuración del federalismo fiscal obliga a los gobiernos provinciales a depender mucho más de la evolución de la recaudación propia y de la coparticipación automática, dejando cada vez menos margen para compensar desequilibrios mediante transferencias discrecionales de la Nación. Para las administraciones locales, especialmente aquellas con menor capacidad tributaria, el desafío pasa por sostener inversiones en infraestructura, educación, salud y programas sociales con un flujo de recursos nacionales significativamente inferior al de años anteriores.

En términos económicos, la decisión también representa un cambio de paradigma. Durante décadas, las transferencias no automáticas funcionaron como una herramienta de negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. Hoy, bajo la premisa del déficit cero, ese mecanismo perdió protagonismo y fue reemplazado por un esquema donde los envíos excepcionales aparecen cada vez más focalizados y vinculados a situaciones específicas, mientras el volumen total de recursos alcanza mínimos históricos.

Transferencias No Automáticas – Julio 2026 by CristianMilciades

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Las provincias moderan su superávit fiscal en el primer trimestre de 2026

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El ajuste fiscal que caracterizó a las provincias durante 2024 y gran parte de 2025 comenzó a mostrar señales de agotamiento. El primer trimestre de 2026 cerró con un consolidado provincial todavía superavitario, aunque con un margen significativamente menor al del año pasado. Detrás de ese resultado aparece un escenario más complejo: los recursos crecieron por debajo de las necesidades de gasto, mientras las diferencias estructurales entre provincias se profundizan.

Según el último informe de la Fundación Encuentro sobre federalismo fiscal, el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un superávit primario equivalente al 4,9% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, frente al 9,3% alcanzado en igual período de 2025. El resultado financiero también permaneció en terreno positivo, con un saldo del 2,4%, aunque igualmente inferior al observado un año atrás.

La explicación principal reside en el comportamiento dispar entre ingresos y gastos. Mientras los recursos totales retrocedieron un 3,1% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado, el gasto primario aumentó un 1,6%. Esa combinación redujo el margen fiscal de las administraciones provinciales, aunque sin comprometer, por el momento, el equilibrio general de las cuentas públicas.

El informe advierte que el fenómeno no responde únicamente a una cuestión coyuntural. La estructura financiera de las provincias continúa exhibiendo una fuerte dependencia de los recursos nacionales, principalmente de la coparticipación y de las transferencias automáticas. Dentro de los ingresos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo la principal fuente de financiamiento, lo que hace que la recaudación provincial permanezca estrechamente vinculada al nivel de actividad económica.

Del lado del gasto, la capacidad de ajuste continúa siendo limitada. Más del 84% del gasto primario provincial se concentra en tres grandes rubros: salarios del sector público, transferencias corrientes y prestaciones de seguridad social. Se trata de componentes de elevada rigidez presupuestaria, cuya reducción resulta compleja tanto desde el punto de vista político como operativo.

Esta configuración explica por qué una desaceleración económica o una caída de la recaudación impactan rápidamente sobre las finanzas provinciales. Cuando los ingresos disminuyen, el margen para compensar ese efecto mediante una reducción del gasto resulta acotado.

Aun así, el informe destaca que la situación patrimonial del conjunto de las provincias continúa siendo relativamente sólida. El stock consolidado de deuda representa el 91% de los ingresos trimestrales, por encima del 83% registrado un año antes, aunque todavía en niveles considerados manejables en términos históricos.

Sin embargo, esa lectura general esconde profundas diferencias entre jurisdicciones. Mientras algunas provincias prácticamente no registran endeudamiento relevante, otras presentan niveles considerablemente elevados. Buenos Aires lidera el ranking con una deuda equivalente al 172% de sus ingresos trimestrales, seguida por La Rioja, con un 149%. Esta heterogeneidad condiciona de manera muy distinta la capacidad financiera de cada administración para afrontar inversiones o responder ante eventuales shocks económicos.

Otro elemento de atención es la composición del pasivo. Cerca del 80% de la deuda provincial permanece denominada en moneda extranjera, lo que incrementa la exposición frente a eventuales movimientos del tipo de cambio o restricciones en el acceso a divisas.

El calendario financiero también comienza a cobrar relevancia. Durante el resto de 2026 las provincias deberán afrontar vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera por aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras que en 2027 los compromisos ascenderán hasta los 2.800 millones. Este escenario obliga a monitorear tanto la evolución del riesgo país como las condiciones de acceso al financiamiento internacional, especialmente para aquellas jurisdicciones con mayores necesidades de refinanciación.

El informe deja una enseñanza central para el debate federal argentino. La sostenibilidad fiscal ya no depende únicamente del equilibrio presupuestario. También exige avanzar en una mayor diversificación de las fuentes de ingresos provinciales, fortalecer la capacidad de generación de recursos propios, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las fuertes asimetrías entre jurisdicciones.

La consolidación de reglas fiscales previsibles, junto con una estrategia que permita disminuir la dependencia de la coparticipación y administrar prudentemente el endeudamiento en moneda extranjera, aparece como uno de los principales desafíos para fortalecer el federalismo fiscal y dotar a las provincias de mayor autonomía frente a los cambios del ciclo económico.

Informe Fiscal y Financiero Provincias y CABA by CristianMilciades

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Santilli suma poder, la Vicejefatura del Interior tendrá el manejo de los ATN

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La reorganización del Estado nacional continúa redefiniendo el esquema de poder dentro de la administración de Javier Milei. Mediante la Resolución 64/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, delegó en la Vicejefatura de Gabinete del Interior la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta clave para asistir financieramente a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales.

La decisión transfiere esa competencia al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, quien desde la desaparición del Ministerio del Interior quedó al frente de la articulación política y administrativa con los gobiernos provinciales. En términos institucionales, la medida consolida la concentración de funciones que inició el Gobierno con el Decreto 571/2026, mediante el cual la Jefatura de Gabinete absorbió las atribuciones que históricamente ejercía esa cartera.

La resolución fundamenta la delegación en la necesidad de garantizar “los principios de legalidad, eficacia, celeridad, economía y sencillez del procedimiento administrativo”. Bajo ese argumento, el Ejecutivo considera que descentralizar la firma dentro de la propia estructura de la Jefatura permitirá agilizar la distribución de los recursos cuando las provincias requieran asistencia extraordinaria.

Los ATN constituyen uno de los instrumentos más sensibles del federalismo fiscal argentino. Regulados por la Ley de Coparticipación Federal N.º 23.548, estos fondos tienen como destino exclusivo atender emergencias, contingencias o desequilibrios financieros que afecten a las administraciones provinciales. Si bien forman parte del régimen de distribución de recursos nacionales, su asignación es discrecional y depende de una decisión del Poder Ejecutivo.

Hasta la reciente reforma del organigrama estatal, esa facultad correspondía al Ministerio del Interior, tradicional interlocutor político de la Nación con los gobernadores. Con la eliminación de esa cartera y la absorción de sus competencias por la Jefatura de Gabinete, la administración de los ATN pasó formalmente a la órbita de Diego Santilli, quien ahora optó por delegarla en uno de sus colaboradores más cercanos.

El movimiento también fortalece el perfil político de Gustavo Coria dentro del gabinete nacional. El funcionario llegó al Gobierno de la mano de Santilli cuando éste asumió como ministro del Interior y permaneció como viceministro hasta la reestructuración institucional. Tras la reforma impulsada por el Ejecutivo, fue designado como vicejefe de Gabinete del Interior, cargo desde el cual centraliza la coordinación con las provincias y ahora también administrará uno de los principales mecanismos de asistencia financiera nacional.

Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, Coria desarrolló su carrera en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Se desempeñó inicialmente como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y posteriormente asumió como ministro de Seguridad y Justicia porteño, experiencia que consolidó su vínculo político con Santilli y el equipo que hoy ocupa posiciones estratégicas dentro del Ejecutivo.

Desde una perspectiva política, la resolución no modifica el destino legal de los recursos ni los criterios establecidos por la Ley de Coparticipación, pero sí redefine el circuito administrativo y concentra en la Vicejefatura del Interior una herramienta de alto impacto en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y negociaciones permanentes con las provincias, el manejo de los ATN adquiere un valor estratégico tanto para atender emergencias como para sostener la coordinación institucional entre la Nación y los distritos.

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