ATN: el Gobierno acumula $700.000 millones sin distribuir a las provincias

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El Ejecutivo asignó solo $45.000 millones hasta noviembre y dejó un stock que se suma al resto de los reclamos de los mandatarios.

La Casa Rosada no repartió ni un solo peso de aportes del tesoro en lo que va de diciembre y al cierre del año acumuló un saldo sin distribuir entre los gobernadores unos $700.000 millones, una suma enorme que se agrega a la lista de reclamos provinciales sin respuesta favorable por parte del gobierno.

“Es plata que nos corresponde, y hay provincias con déficit a las que les significa un número importante”, explicó a este medio un gobernador de la ex coalición de Juntos por el Cambio que no tuvo este año grandes sobresaltos económicos y financieros pero que impulsó el tema en estos meses, previo a la discusión por el fallido Presupuesto 2025, en el listado de pedidos sin contestación favorable por parte del Ejecutivo.

Previo a diciembre, el cuarto mes, junto a julio, agosto y septiembre en el que, por ahora, Luis “Toto” Caputo no distribuyó ni un solo peso en concepto de ATN, el gobierno había asignado $45.300 millones a las provincias –solo el 10% del stock anual-, divididos de manera discrecional, una lógica que atravesó a todos los gobiernos, de todos los partidos en estos últimos años. Lo que no había existido hasta el momento era una administración que cerrara un ejercicio fiscal con tanto saldo en favor de las provincias, acorde al fenomenal ajuste realizado por Javier Milei y su ministro de Economía estrella: $696.000 millones antes del inicio de este mes frente a $180.000 millones del 2023 -ese año se repartieron $179.000- o $129.000 millones del 2022.

Se trata, además, de fondos pertenecientes a las provincias: los aportes del tesoro están estipulados por ley, se componen del 1% de la masa coparticipable y se supone -es, claro está, solo una suposición- que son utilizados para aquellos distritos con emergencias o desequilibrios transitorios de caja, una condición por demás subjetiva. Es por eso que, por lo general, su transferencia es discrecional, de acuerdo al humor del gobierno de turno o el vínculo circunstancial del ejecutivo con los gobernadores.

En el caso de Milei, por supuesto no fue la excepción. Tucumán y Misiones, por ejemplo, fueron dos de las provincias más favorecidas, a pesar de no estar gobernadas por el PRO ni la UCR, dos partidos que, en teoría, se perfilaban como los principales aliados de La Libertad Avanza por pertenecer a JxC. Osvaldo Jaldo, que este jueves ofició de anfitrión del presidente y se transformó, con el correr del 2024, en uno de los preferidos de la Casa Rosada, recibió $6.500 millones -$2.000 millones en febrero y $4.500 millones el mes pasado-, una cifra muy baja pero mucho más significativa que buena parte del resto de las provincias.

Misiones, administrada por Hugo Passalacqua, encabeza el podio: se le asignaron $13.000 millones e concepto de ATN entre abril, junio y noviembre. Sus senadores, del Frente Renovador de la Concordia, acompañaron casi todas las iniciativas del Ejecutivo desde la Cámara alta. Incluso antes de que el consenso político naufragara en el Senado, y el gobierno empezara a pensar en el plan B de designarlos por decreto, en comisión, esos legisladores ya habían comprometido sus votos para los pliegos de los dos postulantes -al menos de uno de ellos- a la Corte Suprema.

Jaldo y Passalacqua, por caso, fueron dos de los mandatarios que fueron agasajados en octubre, en la quinta de Olivos, con una cena junto a sus colegas Gustavo Sáenz y Raúl Jalil -este último viajó además ayer a Tucumán para darle un abrazo a Milei en su visita a esa provincia-. Los cuatro colaboraron por entonces para sostener el veto del gobierno a la ley de financiamiento universitario, y estrecharon un vínculo muy sólido con el presidente, su ministro de Economía y con Santiago Caputo, el principal asesor presidencial que los jefes provinciales divisaron con el tiempo como el interlocutor más destacado con la Casa Rosada.

En el caso de Entre Ríos, es otro de los distritos más favorecidos: se le transfirieron $6.800 millones entre marzo, mayo y octubre, en buena medida, según explicaron, por las inundaciones que dejaron bajo el agua a parte de ese territorio. “Son monedas”, aseguraron, sin embargo, cerca del gobernador.

Las otras provincias beneficiadas fueron Chubut -$4.500-, Salta -también $4.500-, Catamarca -$3.000-, Santa Cruz -$3.000-, Jujuy y Santa Fe -ambas con $1.500- y Corrientes -$1.000. Como se ve, ninguno de los gobernadores más referenciados con Cristina Kirchner y el kirchnerismo recibieron ni un solo peso. Entre ellos, Axel Kicillof, Gerardo Zamora, Sergio Ziliotto Gustavo Melella.

“Desde el inicio de nuestra gestión, bajamos en un 91% en términos reales las transferencias a las provincias y terminamos con los pagos discrecionales que se hacían a través de los Aportes del Tesoro Nacional. Este último mecanismo quedó reservado solo para emergencias”, dijo Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, en su última exposición en la Cámara alta. No especificó, de acuerdo a la asignación, el tipo de emergencias.

Los gobernadores cierran el año con un listado de reclamos sin respuesta. Recién en estos meses, en paralelo a la decisión del Ejecutivo de desoír todos y cada uno de los reclamos vinculados al Presupuesto 2025 enviado en septiembre al Congreso, un puñado obtuvo el visto bueno para algunos de los pedidos con los que insistieron durante todo el año.

Martín Llaryora, que este viernes recibirá a Milei en Córdoba, es uno de ellos. También Rogelio Frigerio, que consiguió, después de meses de insistencia, un crédito del Banco Nación, la firma de una compensación, en cuotas, por la deuda millonario que tiene la nación por la caja jubilatoria, y algunos beneficios técnicos y económicos por la licitación de la hidrovía, muy cuestionada por Mauricio Macri.

Además, 18 provincias firmaron la voluntad de adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo que surgió en su momento después del reclamo, muy airado, de Ignacio Torres, de Chubut, por las regalías petroleras, que lo llevó a amenazar con el corte del suministro del gas a todo el país. Torres consiguió aprobar su provincia un presupuesto con equilibrio fiscal con abrumadora mayoría, y este jueves inauguró la sub zona franca de Trelew, una de las más grandes del país: lo consiguió después de negociarlo con el gobierno. Edith Terenzi, la senadora nacional que responde al gobernador, presentó un proyecto en simultáneo para que el reparto de los ATN sean automáticos junto a la coparticipación.

Los jefes provinciales despiden el 2024 sin mayores expectativas. Se cortó la ejecución de la obra pública, los subsidios al transporte y el fondo de incentivo docente. “Toto” Caputo pisó los créditos internacionales que las provincias tenían aprobados anteriormente con organismos multilaterales. La conformación del consejo de mayo, previa firma del pacto de mayo, firmado en julio, nunca se implementó. No hubo compensación del consenso fiscal, ni por la deuda de las cajas provinciales jubilatorias no transferidas a la nación. Son solo algunos reclamos que, en total, suman cientos de miles de millones de pesos, como la distribución de los ATN. Aún así, la mayoría colaboró en el Parlamento con el gobierno. Planean volver a hacerlo el próximo año, atravesado por el calendario electoral.

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La situación fiscal de las provincias: luces y sombras

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Buenos Aires y La Rioja están entre las más complicadas, según un informe que sigue a las 14 jurisdicciones que tienen deuda emitida en el mercado.

Las provincias argentinas lograron encadenar seis años consecutivos de superávit primario consolidado entre 2018 y 2023. Sin embargo, los datos del último año muestran un deterioro en las cuentas: el superávit primario de 2023 fue de apenas 0,1% del PBI, contra 0,7% de 2022, y hubo un déficit financiero de 0,3%.

Un informe del bróker Facimex Valores califica la situación como “desafiante”. La devaluación de diciembre de 2023 disparó el tipo de cambio real, lo que ha llevado a un aumento del apalancamiento a su mayor nivel en 15 años. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, el stock de deuda de las provincias alcanzó el 9,4% del PBI (frente al 5,2% en el mismo período de 2022) y la deuda neta de depósitos llegó al 6,5% del PBI (2,8%).

El informe de Facimex Valores analiza en detalle las 14 jurisdicciones que emiten deuda de mercado y las clasifica en un ranking de vulnerabilidad fiscal. Las provincias top en este ranking son CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, mientras que La Rioja, Buenos Aires y Entre Ríos son las más vulnerables.

Las provincias más vulnerables: características comunes

  • La Rioja: Flojo resultado operativo, baja autonomía de ingresos, elevado apalancamiento neto y un perfil de vencimientos desafiante.
  • Provincia de Buenos Aires: Flojo resultado primario y elevada deuda neta.
  • Entre Ríos: Flojo resultado operativo y primario.
  • Río Negro: Floja composición del gasto.

Un futuro con menos recursos

A la situación actual se suma el recorte de las transferencias a las provincias por parte del Gobierno de Javier Milei. En el período enero-mayo de 2024, las transferencias no automáticas cayeron más de 80% real interanual y las automáticas cerca de 10%.

Las provincias más sólidas

CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe se destacan en el ranking de Facimex Valores por sus sólidos indicadores:

  • CABA: Altos registros en todos los indicadores a excepción del gasto en personal.
  • Mendoza: Mejores indicadores que la mediana provincial en todos los frentes, destacándose por su elevado gasto de capital y su posición de liquidez (transitoria).
  • Córdoba: Excelente trayectoria fiscal y favorable composición del gasto.
  • Santa Fe: Bajo apalancamiento, perfil de vencimientos despejado y sólida posición de liquidez.

Fuente: Politikon Chaco, Bloomberg.

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El golpe a la obra pública, en algunas provincias cayó un 99%

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La promesa del presidente Javier Milei de recortar la obra pública se vio plasmada estos meses, el impacto en todas las provincias es visible.

El presidente Javier Milei cumplió su promesa de recortar la obra pública. En sus primeros meses de gestión, la inversión real directa del Estado nacional en provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desplomó un 84,4% interanual.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, la inversión real directa del Estado nacional en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los primeros cinco meses del año 2024 ascendió a ARS$90.918 millones, representando un descenso real del 84,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este concepto se refiere a las inversiones ejecutadas directamente por la Administración Pública Nacional en la adquisición, contratación o producción de bienes de capital, incluyendo tanto obras como adquisiciones. Dentro de esta categoría, las construcciones, que constituyen el 67% de la inversión real directa, experimentaron una disminución del 86,1% en términos reales interanuales.

También tuvieron derrumbes superiores al 90% en el rubro Construcciones:

  • San Luis: 97,7%.
  • Salta: 97,6%.
  • Formosa: 96,4%.
  • Misiones 96%.
  • Córdoba: 93,2%.
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 91,5%.
  • Santa Fe: 91,5%.

El recorte golpea con fuerza a la mayoría de las provincias. Chubut y La Rioja vieron caer la obra pública nacional un 99% en los primeros cinco meses del año. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe también experimentaron caídas superiores al 80%.

Jujuy y Tierra del Fuego son las únicas excepciones. En estas provincias, la obra pública nacional creció un 85,7% y un 41,2% respectivamente, aunque esto se debe principalmente a una baja base comparativa del año anterior.

Las transferencias no automáticas (TNA) también se han visto afectadas. En mayo, estas transferencias del gobierno nacional a las provincias cayeron un 87% interanual real, acumulando una baja del 79% en los primeros cinco meses del año.

Las provincias más afectadas por los recortes en las TNA son La Rioja, La Pampa, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego. Todas ellas vieron caídas superiores al 94% en lo que va del año. En cambio, CABA y Santa Cruz fueron las jurisdicciones menos afectadas con disminuciones del 39% y 46%, respectivamente.

El impacto del recorte en las finanzas provinciales es significativo. San Luis, La Rioja y Buenos Aires son las provincias con peor posición fiscal al excluir las transferencias no automáticas. Sin las TNA, en 2023 estas provincias habrían alcanzado un déficit primario del 23%, 18% y 15% de los ingresos, respectivamente. En cambio, Chubut y CABA son las provincias más sólidas ya que, al excluir las TNA, hubieran alcanzado un superávit primario del 7% de los ingresos.

Fuente: Bloomberg

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Hacia una nueva relación Nación-Provincias

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La conflictividad política, en medio de un altísimo deterioro de las ya débiles condiciones económicas del país, solo trajo en la semana que pasó más incertidumbre, pesimismo y tensión a la que ya existía. 

Desde un plano estrictamente político, cuesta entender los pasos dados por el Gobierno nacional en su relación de poder no solo con el Congreso, sino también con las provincias. En una clara señal del más salvaje unitarismo, el presidente Javier Milei, paso a paso, busca llevar las relaciones políticas Nación-Provincias a los tiempos de 1820. Tácitamente niega la condición de preexistentes de las provincias argentinas y entiende al Poder Ejecutivo nacional como el órgano supremo que no requiere control, contrapeso ni negociaciones. 

Las provincias también tienen que hacer su esfuerzo”, afirman desde el Gobierno nacional, mientras Milei celebra en la red social X que “bajamos las transferencias discrecionales 98%”. Parece que ni el Presidente entiende de lo que habla. No están bajando el gasto político, están atacando directamente el bolsillo de los trabajadores, la posibilidad de desarrollo y el propio funcionamiento del Estado como ordenador de la sociedad. 

Uno de los puntos centrales que resonó esta semana tiene que ver con el Fondo Compensador al Transporte del interior, un fondo cercano a los $ 100 mil millones que hace que los usuarios no deban pagar tarifa plena. Para Misiones en 2023 representó una asignación cercana a los $290 millones mensuales de promedio que en este 2024 no recibirá y obligará a redundar esfuerzos locales para contar con los recursos de modo tal de evitar el salto tarifario. En Posadas, los usuarios pagan hoy la mitad de lo que se paga en Corrientes. 

Según estimaciones de cámaras empresariales del transporte, con la quita del Fondo Compensador más la liberalización de las tarifas, se corre el riesgo de que el boleto valga entre $ 1.000 y $ 2.000. Desde el Gobierno nacional afirman respecto a esto que se mantiene la tarifa social y por ende, el subsidio va directo al usuario. Perfecto en el concepto, horrible desde la aplicación. La tarifa social, que se aplica sólo mediante SUBE, corresponde a una parte de la población como ser jubilados, beneficiarios de AUH y otros, pero deja afuera a muchísimas personas. Un simple trabajador, que observa como su salario cayó estrepitosamente en el 2023 y continuará haciéndolo por lo menos durante el primer trimestre de este año, no goza de tarifa social y será quien deba pagar una eventual suba del 100% o más de la tarifa de colectivos. 

¿El Gobierno castiga a los gobernadores díscolos, traidores a la patria y casta como tanto dice? Para nada, castiga al trabajador. 

Otro punto que estuvo en debate estos días está vinculado al sector docente, específicamente con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Por este concepto, en enero no hubo transferencias desde el Estado nacional (a excepción de Chubut que recibió la casi simbólica suma de 12 millones), situación que generó que sean los gobernadores quienes paguen este concepto a los docentes de sus provincias, sin tener certeza alguna si recibirán estos fondos como compensación a la erogación realizada. Esto se agrava cuando se observa que por FONID, el Estado aún le debe fondos a las provincias. En 2023 se pagaron $290 mil millones pero se devengaron $333 mil millones; es decir, quedan casi $43 mil millones de deuda. 

Si observamos la situación de Misiones, aún queda una deuda por cobrar por parte de la provincia de $1.450 millones, sumados a los $ 2.920 millones que corresponden a enero 2024 y tampoco se cobró. Es decir, hay $ 4.370 millones que Misiones aún no percibió por este fondo. Aún compensando esta deuda con fondos provinciales, es insostenible pensar en este desarrollo durante todo el año. Nuevamente el castigado no es la casta, los políticos ni el Estado: se está poniendo a los docentes bajo un marco de incertidumbre respecto a una parte importante de su salario, ni más ni menos. Se ataca directamente al docente. 

La cuestión del FONID además cobra un nuevo capítulo: si Milei no firma un decreto de prórroga, ya no solo están amenazados los recursos, sino incluso la existencia del fondo. Si el Presidente decide no prorrogarlo, entramos en una escalada del conflicto que será político, social y también, con mucha seguridad, judicial. Se está comprando un problema que desgastará enormemente su capital político y que puede provocar además una escalada de conflictividad social. 

Estos dos ejemplos, transporte público y docentes, muestran las verdaderas consecuencias de la filosofía política del Presidente en términos de poder: confrontar con actores políticos de la “casta” como fundamento final de toda acción política, o peor aún, acción gubernamental. No hay lógica alguna en creer que los argentinos estarán mejor con aumentos del boleto de transporte o reducción salarial por no pago del fondo docente en un contexto donde el índice de salarios se movió casi 60 puntos porcentuales por debajo de la inflación en 2023, agravado sobre todo por la caída real de casi 14 puntos solo en diciembre. 

Es cierto que las administraciones están siendo fuertemente golpeadas no solo por las decisiones políticas del Presidente y su equipo económico, sino también por el propio contexto económico, como ya pasó también en el 2023, principalmente en el segundo semestre. 

Inflación a la suba, recaudación a la baja, recorte de partidas no automáticas y capricho libertario de pegarle a la casta generó que el consolidado de provincias y CABA hayan perdido solo en enero un total de $ 431.293 millones, medidos a precios de hoy. Misiones perdió unos $15.133 millones solo en un mes; serían 90 mil millones si semestralizamos el dato hasta junio inclusive, sumado a otros $ 7 mil millones (a precios de hoy) que se perderían por subsidios al transporte. 

“Que las provincias se dediquen a producir y vivir de lo recaudan”, expresan algunas de las más iluminadas mentes de los libertarios. Lo que omiten, o quizás ignoren, es que hay provincias que deberían tener muchos más recursos de los que efectivamente reciben del Estado nacional si la Argentina tuviese una estructura tributaria no centralizada en la ciudad autónoma. Los datos de AFIP que muestran la distribución geográfica del pago de impuestos nacionales reflejan una realidad que no es tal para todos los casos: solo en Misiones, de acuerdo con estimaciones privadas, se le computa a la provincia aproximadamente un 30% menos debido a que muchas empresas con actividad económica en la provincia tributan en la capital del país. Ello genera que no se vea reflejado en los excels del ente recaudación el real aporte de la provincia a la actividad y a la recaudación nacional.

Por todo esto, es imperiosa la necesidad de discutir una reforma integral de las relaciones Nación-Provincias, siempre bajo el paraguas de la Constitución Nacional. En toda nuestra democracia hemos sido testigos de cómo los Gobiernos nacionales han premiado a amigos y castigado a enemigos según las banderas políticas. En la actualidad, vemos un Gobierno nacional que rivaliza con todas las provincias sin distinguir color. En el fondo, se esconde un sistema altamente centralista que pone de rodillas a provincias como un explotador a un explotado. Pero lo novedoso de lo que estamos viviendo estos días es que Milei viene rompiendo todo, incluso los pocos consensos en términos de federalismo que existían.

En vista de los casi 60 días de presidencia de Milei, parece que este mandato presidencial no será el apropiado para esa discusión, pero si la Argentina quiere resolver sus problemas con predominio de valores democráticos y republicanos, la discusión es impostergable.

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El Ministerio del Interior oficializó la distribución del Fondo Partidario Permanente

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El Ministerio del Interior -a través de la Secretaría de Asuntos Políticos, a cargo de Patricia García Blanco; y la Dirección Nacional Electoral (DINE), cuyo titular es Marcos Schiavi- oficializó hoy la distribución anual del Fondo Partidario Permanente para las elecciones 2023, el cual asciende a poco más de 455 millones de pesos.

El aporte del Gobierno nacional está destinado al desenvolvimiento institucional de agrupaciones políticas de orden nacional y distrital, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. 

La asignación de aportes, precisada a través de la Resolución 20203-13-APN-SAP#MI del 17 de mayo de 2023, alcanzó a 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales. 

Administrado por la DINE -dependiente del Ministerio del Interior, a cargo de Wado de Pedro-, el Fondo Partidario Permanente está conformado por el aporte destinado anualmente por la ley de Presupuesto General de la Nación; el dinero recaudado de las multas por la aplicación de la Ley 26.215 y el Código Nacional Electoral -de acuerdo con lo informado por la Justicia Nacional Electoral-; el producto de las liquidaciones de bienes de partidos políticos extinguidos, los legados y donaciones; los reintegros efectuados por partidos, confederaciones y alianzas; los aportes privados y los fondos remanentes.

El desenvolvimiento institucional comprende todas las actividades políticas, institucionales y administrativas que llevan adelante las agrupaciones políticas, en el marco del cumplimiento de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (N° 23.298), y la citada Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; así como de sus cartas orgánicas, y las actividades ligadas a la actualización, sistematización y divulgación de la doctrina partidaria. 

Del monto total destinado al desenvolvimiento institucional, el 20% se distribuye entre todos los partidos de forma igualitaria; mientras que el 80% se asigna de forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido político en la última elección de diputados nacionales (siempre que estos sufragios hayan alcanzado al menos el 1% del padrón electoral). 

En el caso de los partidos nacionales, el aporte señalado se distribuye en un 80% para los organismos de distrito, y el 20% para los nacionales. Mientras que, en el caso de los partidos políticos que cuentan únicamente con reconocimiento de distrito, los recursos disponibles se destinan a sus organismos partidarios. 

Los aportes recibidos deben ser destinados exclusivamente al desenvolvimiento institucional, el financiamiento de actividades de capacitación para la función pública y la formación de dirigentes e investigación.

La Secretaría de Asuntos Políticos tiene a su cargo todo lo relativo a cuestiones electorales y a las organizaciones políticas de nuestro país.

Mientras que la DINE -dependiente de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior- es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, desde el cual se programa y ejecuta la política nacional electoral, con la implementación de herramientas para asegurar la transparencia, la seguridad y la confiabilidad del proceso electoral en su conjunto.

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