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Las provincias moderan su superávit fiscal en el primer trimestre de 2026

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El ajuste fiscal que caracterizó a las provincias durante 2024 y gran parte de 2025 comenzó a mostrar señales de agotamiento. El primer trimestre de 2026 cerró con un consolidado provincial todavía superavitario, aunque con un margen significativamente menor al del año pasado. Detrás de ese resultado aparece un escenario más complejo: los recursos crecieron por debajo de las necesidades de gasto, mientras las diferencias estructurales entre provincias se profundizan.

Según el último informe de la Fundación Encuentro sobre federalismo fiscal, el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un superávit primario equivalente al 4,9% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, frente al 9,3% alcanzado en igual período de 2025. El resultado financiero también permaneció en terreno positivo, con un saldo del 2,4%, aunque igualmente inferior al observado un año atrás.

La explicación principal reside en el comportamiento dispar entre ingresos y gastos. Mientras los recursos totales retrocedieron un 3,1% en términos reales respecto del primer trimestre del año pasado, el gasto primario aumentó un 1,6%. Esa combinación redujo el margen fiscal de las administraciones provinciales, aunque sin comprometer, por el momento, el equilibrio general de las cuentas públicas.

El informe advierte que el fenómeno no responde únicamente a una cuestión coyuntural. La estructura financiera de las provincias continúa exhibiendo una fuerte dependencia de los recursos nacionales, principalmente de la coparticipación y de las transferencias automáticas. Dentro de los ingresos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo la principal fuente de financiamiento, lo que hace que la recaudación provincial permanezca estrechamente vinculada al nivel de actividad económica.

Del lado del gasto, la capacidad de ajuste continúa siendo limitada. Más del 84% del gasto primario provincial se concentra en tres grandes rubros: salarios del sector público, transferencias corrientes y prestaciones de seguridad social. Se trata de componentes de elevada rigidez presupuestaria, cuya reducción resulta compleja tanto desde el punto de vista político como operativo.

Esta configuración explica por qué una desaceleración económica o una caída de la recaudación impactan rápidamente sobre las finanzas provinciales. Cuando los ingresos disminuyen, el margen para compensar ese efecto mediante una reducción del gasto resulta acotado.

Aun así, el informe destaca que la situación patrimonial del conjunto de las provincias continúa siendo relativamente sólida. El stock consolidado de deuda representa el 91% de los ingresos trimestrales, por encima del 83% registrado un año antes, aunque todavía en niveles considerados manejables en términos históricos.

Sin embargo, esa lectura general esconde profundas diferencias entre jurisdicciones. Mientras algunas provincias prácticamente no registran endeudamiento relevante, otras presentan niveles considerablemente elevados. Buenos Aires lidera el ranking con una deuda equivalente al 172% de sus ingresos trimestrales, seguida por La Rioja, con un 149%. Esta heterogeneidad condiciona de manera muy distinta la capacidad financiera de cada administración para afrontar inversiones o responder ante eventuales shocks económicos.

Otro elemento de atención es la composición del pasivo. Cerca del 80% de la deuda provincial permanece denominada en moneda extranjera, lo que incrementa la exposición frente a eventuales movimientos del tipo de cambio o restricciones en el acceso a divisas.

El calendario financiero también comienza a cobrar relevancia. Durante el resto de 2026 las provincias deberán afrontar vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera por aproximadamente 1.200 millones de dólares, mientras que en 2027 los compromisos ascenderán hasta los 2.800 millones. Este escenario obliga a monitorear tanto la evolución del riesgo país como las condiciones de acceso al financiamiento internacional, especialmente para aquellas jurisdicciones con mayores necesidades de refinanciación.

El informe deja una enseñanza central para el debate federal argentino. La sostenibilidad fiscal ya no depende únicamente del equilibrio presupuestario. También exige avanzar en una mayor diversificación de las fuentes de ingresos provinciales, fortalecer la capacidad de generación de recursos propios, mejorar la eficiencia del gasto público y reducir las fuertes asimetrías entre jurisdicciones.

La consolidación de reglas fiscales previsibles, junto con una estrategia que permita disminuir la dependencia de la coparticipación y administrar prudentemente el endeudamiento en moneda extranjera, aparece como uno de los principales desafíos para fortalecer el federalismo fiscal y dotar a las provincias de mayor autonomía frente a los cambios del ciclo económico.

Informe Fiscal y Financiero Provincias y CABA by CristianMilciades

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Santilli suma poder, la Vicejefatura del Interior tendrá el manejo de los ATN

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La reorganización del Estado nacional continúa redefiniendo el esquema de poder dentro de la administración de Javier Milei. Mediante la Resolución 64/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, delegó en la Vicejefatura de Gabinete del Interior la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta clave para asistir financieramente a las provincias ante situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales.

La decisión transfiere esa competencia al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, quien desde la desaparición del Ministerio del Interior quedó al frente de la articulación política y administrativa con los gobiernos provinciales. En términos institucionales, la medida consolida la concentración de funciones que inició el Gobierno con el Decreto 571/2026, mediante el cual la Jefatura de Gabinete absorbió las atribuciones que históricamente ejercía esa cartera.

La resolución fundamenta la delegación en la necesidad de garantizar “los principios de legalidad, eficacia, celeridad, economía y sencillez del procedimiento administrativo”. Bajo ese argumento, el Ejecutivo considera que descentralizar la firma dentro de la propia estructura de la Jefatura permitirá agilizar la distribución de los recursos cuando las provincias requieran asistencia extraordinaria.

Los ATN constituyen uno de los instrumentos más sensibles del federalismo fiscal argentino. Regulados por la Ley de Coparticipación Federal N.º 23.548, estos fondos tienen como destino exclusivo atender emergencias, contingencias o desequilibrios financieros que afecten a las administraciones provinciales. Si bien forman parte del régimen de distribución de recursos nacionales, su asignación es discrecional y depende de una decisión del Poder Ejecutivo.

Hasta la reciente reforma del organigrama estatal, esa facultad correspondía al Ministerio del Interior, tradicional interlocutor político de la Nación con los gobernadores. Con la eliminación de esa cartera y la absorción de sus competencias por la Jefatura de Gabinete, la administración de los ATN pasó formalmente a la órbita de Diego Santilli, quien ahora optó por delegarla en uno de sus colaboradores más cercanos.

El movimiento también fortalece el perfil político de Gustavo Coria dentro del gabinete nacional. El funcionario llegó al Gobierno de la mano de Santilli cuando éste asumió como ministro del Interior y permaneció como viceministro hasta la reestructuración institucional. Tras la reforma impulsada por el Ejecutivo, fue designado como vicejefe de Gabinete del Interior, cargo desde el cual centraliza la coordinación con las provincias y ahora también administrará uno de los principales mecanismos de asistencia financiera nacional.

Antes de desembarcar en el Gobierno nacional, Coria desarrolló su carrera en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Se desempeñó inicialmente como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y posteriormente asumió como ministro de Seguridad y Justicia porteño, experiencia que consolidó su vínculo político con Santilli y el equipo que hoy ocupa posiciones estratégicas dentro del Ejecutivo.

Desde una perspectiva política, la resolución no modifica el destino legal de los recursos ni los criterios establecidos por la Ley de Coparticipación, pero sí redefine el circuito administrativo y concentra en la Vicejefatura del Interior una herramienta de alto impacto en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y negociaciones permanentes con las provincias, el manejo de los ATN adquiere un valor estratégico tanto para atender emergencias como para sostener la coordinación institucional entre la Nación y los distritos.

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Las provincias confirman su deterioro fiscal

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Por Isidro Guardarucci / FIEL – Cinco meses en positivo, pero con menos margen. A mayo, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $8,0 billones y un superávit financiero de $2,5 billones. Son números positivos y eso sigue siendo relevante. En una economía que durante mucho tiempo convirtió el déficit en regla, sostener resultados superavitarios por tercer año consecutivo sigue siendo la principal novedad del programa económico. Sin embargo, el signo del resultado cuenta sólo una parte de la historia. Cuando se compara el acumulado enero-mayo de 2026 con el mismo período de 2025, en términos reales, el resultado primario cae 12,4% y el resultado financiero se reduce 26,5%. Los números son buenos, pero dado que la meta del programa con el FMI exige sostener el balance primario del año pasado, el segundo semestre requerirá algunos ajustes.

La explicación vuelve a estar en la dinámica relativa de ingresos y gastos. Los ingresos totales caen 4,3% real y los tributarios lo hacen 6,0%. El gasto primario también baja, pero menos: 3,1%. Es decir, el superávit no se achica porque el gasto se haya desbordado, sino porque los recursos siguen sin acompañar con la fuerza necesaria.

Cuadro 1

Ejecución acumulada enero-mayo (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía

Qué hay detrás del resultado

La baja de los ingresos tributarios no descansa en un solo impuesto. El mayor aporte negativo proviene de los Derechos de Exportación, que caen 38,0% real y explican una pérdida de alrededor de $1,5 billones respecto del acumulado a mayo de 2025. En segundo lugar, aparece el IVA, con una merma real de 8,6% y una pérdida de $1,2 billones. Los aportes y contribuciones a la seguridad social completan el grupo principal, con una caída de 3,9% y cerca de $1,0 billón menos.

En conjunto, estos tres rubros explican la mayor parte del retroceso tributario. No son señales idénticas. Los Derechos de Exportación están atravesados por cambios de alícuotas, cantidades y tipo de cambio; el IVA habla más directamente de consumo y actividad; los aportes y contribuciones reflejan la masa salarial formal. Pero para la caja pública, el resultado es el mismo: la recaudación no está empujando al superávit.

Hubo algunos atenuantes. Ganancias creció 5,0% real y el resto de tributos también aportó algo de compensación. No alcanzó para revertir la foto. En un contexto de inflación mucho más baja que la de los años previos, la recaudación depende cada vez menos de la nominalidad y cada vez más de la evolución real de las bases imponibles.

Por el lado del gasto, la contracción agregada sigue presente. El gasto primario acumulado a mayo se redujo 3,1% real contra igual período de 2025. Las transferencias corrientes a provincias caen 29,5%, los gastos de funcionamiento no salarial 18,8%, el resto de prestaciones sociales 12,8%, el gasto de capital nacional 8,2% y las remuneraciones 6,5%. Es decir, una parte importante del ajuste sigue descansando en partidas administrables.

Pero no todo cae. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecen 2,3% real y la AUH aumenta 2,0%. Las transferencias a universidades suben 10,9%, en línea con la recomposición observada desde comienzos de año; debe tenerse presente aquí que los sueldos de junio contendrán un aumento del 21%, según lo acordado entre las instituciones educativas y el gobierno nacional. El componente que más llama la atención sigue siendo subsidios económicos, con un aumento real de 18,6% en el acumulado.

Dentro de subsidios, la señal vuelve a venir de energía. Entre enero y mayo, el gasto energético acumulado se ubica aproximadamente 65,6% por encima del mismo período de 2025, mientras que transporte cae 17,1%. Mayo fue menos exigente que abril en energía, pero el acumulado todavía deja una señal de alerta. No porque el nivel vuelva a los registros más desordenados del pasado, sino porque se trata de una partida con una historia conocida de deterioro fiscal cuando se relajan los precios relativos.

Provincias: el cierre de 2025 confirmó el deterioro

El cierre de la ejecución provincial de 2025 aporta una segunda capa al panorama fiscal. La información consolidada de la Administración Pública No Financiera provincial muestra un deterioro respecto de 2024, tal como lo vinimos adelantando desde el segundo semestre del ejercicio pasado. Para hacer comparables los datos, la comparación se realiza sobre 23 jurisdicciones, excluyendo La Pampa, dado que la información 2025 no está completa para esa provincia.

En pesos constantes de 2025, el conjunto de las provincias cerró 2025 con un déficit primario de $0,3 billones y un déficit financiero de $2,8 billones. La diferencia con 2024 es marcada: ese año, sobre el mismo universo comparable, había registrado un superávit primario de $3,6 billones y un superávit financiero de $1,4 billones. Frente a 2023, el cierre 2025 luce más parecido en el resultado financiero, aunque algo peor en el primario.

Cuadro 2

Ejecución provincial consolidada, 23 jurisdicciones (billones de $ de 2025)

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía. Se excluye La Pampa por falta de información completa para 2025.

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía. Se excluye La Pampa por falta de información completa para 2025.

El deterioro se explica por una combinación simple: los ingresos totales crecieron 3,6% real contra 2024, pero el gasto primario aumentó 6,9%. El resultado primario pasó así de un superávit relevante a un rojo moderado. Los intereses, por su parte, subieron 13,5% real y terminaron de empujar el resultado financiero a terreno negativo.

La heterogeneidad provincial también empeoró. En 2024, 20 de las 23 jurisdicciones comparables habían cerrado con superávit primario; en 2025 fueron 11. En el resultado financiero, la cantidad de provincias con saldo positivo cayó de 18 a 9. En los extremos, Santiago del Estero mostró un superávit primario equivalente al 21% de sus ingresos, mientras que Tierra del Fuego un déficit del 15%.

No se trata de una crisis subnacional generalizada, pero sí de una señal clara: las provincias se sienten más cómodas con alta inflación, licuando gastos que tardan en ajustarse, mientras los ingresos van al corriente (especialmente gravando la actividad económica). Esto es interesante, toda vez que los números reflejan que el ajuste nacional de 2024 no erosionó sus números, mientras que la merma inflacionaria de 2025 sí se asocia a un fuerte deterioro.

Este punto importa para 2026. Las provincias tienen una estructura de gasto más rígida que la Nación. El gasto salarial pesa mucho, las cajas previsionales provinciales no desaparecen y buena parte de los bienes y servicios contratados está asociada a educación, salud y seguridad. Del lado de los ingresos, la coparticipación y el Impuesto a los Ingresos Brutos dirigen el show.

Gráfico 1

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía. Se excluye La Pampa por falta de información completa para 2025.

Palabras finales

Mayo no cambia la conclusión central: el gobierno nacional conserva el ancla fiscal y sigue mostrando superávit. Pero la comparación real contra 2025 confirma que el margen se viene achicando. El compromiso del gobierno con el balance fiscal ha sido una marca distintiva de esta gestión que deberá revalidar en el segundo semestre. Por su parte, el cierre provincial de 2025 refuerza la idea de la fragilidad de las finanzas subnacionales. Sus esquemas rígidos de ingresos y gastos limitan fuertemente las expectativas.

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El Gobierno congela la base del subsidio SUBE y cambia el cálculo de la tarifa social para contener el gasto nacional

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La Secretaría de Transporte modificó el esquema de financiamiento del atributo social de la tarjeta SUBE. Desde el 1° de julio, el descuento del 55% para los beneficiarios se mantendrá, pero el aporte del Estado nacional dejará de actualizarse automáticamente con cada aumento del boleto provincial o municipal. El cambio introduce una tarifa de referencia fija por jurisdicción, una medida orientada a dar previsibilidad al gasto público sin alterar las facultades tarifarias de las provincias.

La Resolución 40/2026 redefine uno de los principales mecanismos de subsidios al transporte público. Aunque los usuarios alcanzados por la tarifa social seguirán accediendo al 55% de descuento, ese beneficio será calculado sobre una tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026, que permanecerá congelada hasta que la Secretaría de Transporte disponga una actualización.

La modificación apunta a resolver un problema fiscal que el Gobierno identifica desde hace meses: cada incremento del boleto decidido por provincias y municipios elevaba automáticamente el costo del subsidio financiado por el Tesoro Nacional, aun cuando esas jurisdicciones definieran sus cuadros tarifarios sin intervención de la Nación.

Un cambio que separa la política tarifaria del financiamiento nacional

Hasta ahora, el monto subsidiado evolucionaba junto con las tarifas locales. Con el nuevo esquema, la Nación fija un valor de referencia para calcular el beneficio, independientemente de los futuros aumentos que aprueben las autoridades provinciales o municipales.

Desde la óptica fiscal, la decisión incorpora un mecanismo de mayor previsibilidad presupuestaria. Si una provincia incrementa el valor del boleto por encima de la tarifa de referencia, el descuento nacional continuará calculándose sobre ese valor congelado y no sobre la nueva tarifa plena.

Para los usuarios beneficiarios, el descuento formal del 55% permanece vigente, pero el aporte efectivo del Estado nacional puede perder peso relativo si las tarifas continúan aumentando y las referencias no son actualizadas.

El cambio adquiere relevancia para provincias que utilizan el sistema SUBE fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. En esos distritos, donde las actualizaciones tarifarias suelen responder a mayores costos operativos, salarios o combustibles, la resolución traslada una parte creciente del esfuerzo financiero a las administraciones locales si desean preservar el mismo nivel de subsidio para los pasajeros.

La Secretaría de Transporte aclara expresamente que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios mantienen intactas sus competencias para fijar el precio del boleto. También podrán establecer descuentos superiores o incluso gratuidades utilizando la infraestructura tecnológica de SUBE, siempre que definan su propio mecanismo de financiamiento.

Para las administraciones provinciales, esto implica que cualquier política adicional de contención tarifaria deberá sostenerse con recursos propios y ya no mediante un incremento automático de los aportes nacionales.

Previsibilidad para el Tesoro, mayor responsabilidad para las jurisdicciones

Uno de los argumentos centrales de la resolución es la necesidad de administrar con mayor precisión los recursos del Fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, desde donde se financian estos beneficios.

Los informes técnicos incorporados al expediente sostienen que la dispersión tarifaria entre jurisdicciones generaba una expansión imprevisible de las erogaciones nacionales, dificultando la planificación presupuestaria.

El nuevo criterio también busca uniformar el cálculo del atributo social mediante un parámetro único y verificable para todas las ciudades donde opera SUBE.

Se mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social SUBE. El cálculo dejará de hacerse sobre las futuras tarifas locales y utilizará como base las vigentes al 30 de junio de 2026. Las tarifas de referencia regirán desde el 1 de julio hasta que la Secretaría de Transporte disponga su actualización. Las provincias podrán mantener beneficios superiores, pero deberán financiarlos con recursos propios. Nación Servicios adaptará los sistemas para implementar el nuevo mecanismo.

La resolución introduce un cambio estructural en la relación financiera entre Nación y provincias respecto del transporte urbano. Para operadores, gobiernos provinciales y municipios, la evolución futura dependerá de dos variables: la velocidad con que continúen ajustándose las tarifas locales y la frecuencia con la que la Secretaría de Transporte actualice las tarifas de referencia. Esa brecha será determinante para medir cuánto del costo social del transporte continuará absorbiendo el Estado nacional y cuánto recaerá sobre las administraciones locales o directamente sobre los usuarios.

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Las provincias cerraron 2025 con déficit fiscal y se profundiza la tensión entre los gobernadores y la Nación

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La situación fiscal de las provincias dio un giro durante 2025. Tras haber registrado superávit en 2024, el consolidado de los distritos subnacionales finalizó el año con déficit, producto de una combinación de menor crecimiento de los ingresos y una expansión del gasto que superó ampliamente la evolución de la recaudación. El deterioro de las cuentas públicas provinciales ayuda a explicar el creciente conflicto entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de las administraciones locales.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, las 23 jurisdicciones analizadas —con excepción de La Pampa, por falta de información completa— pasaron de un superávit primario de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, medido a valores constantes de mayo de 2026.

El deterioro fue aún más marcado en el resultado financiero. Una vez computado el pago de intereses de deuda, las provincias cerraron el ejercicio con un déficit de $3,6 billones, en contraste con el superávit de $2 billones alcanzado el año anterior. En términos agregados, el rojo fiscal representó el 2,1% de los ingresos totales provinciales y el equivalente al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Menor actividad y caída de la recaudación

El informe atribuye el cambio de escenario principalmente al impacto de la desaceleración económica sobre los ingresos provinciales. Mientras la recaudación perdió dinamismo, el gasto continuó creciendo en términos reales.

Los ingresos totales aumentaron apenas un 3,4% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario avanzó un 6,8%, ampliando el desequilibrio fiscal.

Entre los recursos, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mejora de la recaudación tributaria propia y de las contribuciones a los sistemas previsionales provinciales. Los ingresos tributarios locales crecieron un 3,6% real, con desempeños destacados del Impuesto de Sellos, que aumentó un 28,7%, y del impuesto Automotor, con una suba del 21,8%.

Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar la menor dinámica de otros ingresos vinculados al nivel de actividad económica y a la coparticipación federal.

El gasto en personal volvió a ser el principal motor

Del lado de las erogaciones, el IARAF identifica al gasto en personal como el componente que más incidió en el aumento del gasto primario.

Según el estudio, las remuneraciones explicaron el 43% del incremento total del gasto provincial consolidado, consolidándose nuevamente como el principal factor de presión sobre las cuentas públicas.

También crecieron otros componentes relevantes del presupuesto provincial. La inversión real directa aumentó un 23,1% en términos reales, mientras que las prestaciones de la seguridad social registraron una expansión del 11%.

El deterioro de las finanzas provinciales también ayuda a comprender el endurecimiento de la relación entre los gobernadores y la administración nacional durante los últimos meses.

Frente a la caída de los recursos, el Gobierno nacional debió implementar en marzo un mecanismo excepcional que permitió adelantar fondos de coparticipación para aliviar las tensiones financieras de varias jurisdicciones.

El escenario fiscal de las provincias se convirtió así en uno de los principales focos de negociación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada, en un contexto donde la política de equilibrio fiscal del Gobierno nacional convive con crecientes dificultades financieras en los estados subnacionales.

La evolución de la actividad económica durante 2026 y el comportamiento de la recaudación serán variables determinantes para evaluar si las provincias logran recomponer sus cuentas o si el déficit observado en 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo de restricciones fiscales.

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