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El Gobierno amplía al 50% el uso de regalías hidroeléctricas en especie para aliviar a los distribuidores provinciales

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El Gobierno nacional dispuso una modificación clave en el régimen de regalías hidroeléctricas, al autorizar que las provincias puedan aplicar hasta el 50% de la energía facturada a los agentes distribuidores como compensación en especie por el uso de fuentes hidroeléctricas. La medida fue formalizada a través de la Resolución 588/2025 de la Secretaría de Energía, firmada el 19 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre, y comenzará a regir a partir de la transacción económica de enero de 2026.

La decisión eleva significativamente el límite vigente —que hasta ahora permitía un descuento máximo del 30%— y se inscribe en el proceso de reordenamiento normativo del sector eléctrico impulsado tras la aprobación de la Ley 27.742 y el Decreto 450/2025, que reformularon el régimen federal de la energía eléctrica. El objetivo explícito es mejorar la situación económico-financiera de los distribuidores provinciales, sin generar distorsiones relevantes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ni impactos significativos sobre las tarifas finales.

Marco legal y antecedentes del régimen de regalías hidroeléctricas

El esquema de regalías tiene su base en el Artículo 43 de la Ley 15.336, modificado por la Ley 23.164, que establece que las provincias donde se encuentren fuentes hidroeléctricas perciben mensualmente el 12% del valor de la energía vendida en bloque. En el caso de ríos interprovinciales, ese porcentaje debe distribuirse de manera “equitativa y razonable” entre las jurisdicciones involucradas.

A partir del Decreto 287/1993, las provincias quedaron habilitadas a optar por cobrar esas regalías en energía eléctrica, en lugar de hacerlo en dinero, con la posibilidad de destinarla al abastecimiento local o comercializarla en el MEM. Esa opción fue reglamentada y ampliada a lo largo de los años mediante distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, que reconocieron a las provincias —y luego a sus empresas distribuidoras— como participantes del mercado.

En particular, la Resolución 17/2019 había fijado un tope del 30% de la energía facturada al agente distribuidor para aplicar el descuento derivado de las regalías en especie, siempre que se tratara de empresas del sector público provincial y que la energía se destinara a la demanda local. La nueva Resolución 588/2025 modifica ese límite y redefine el esquema para adecuarlo al nuevo ordenamiento jurídico del sector eléctrico, manteniendo la vigencia del artículo 43 de la Ley 15.336 como sustento legal del régimen.

El nuevo tope del 50%, su implementación y los efectos esperados

Con la nueva norma, el descuento por regalías hidroeléctricas en especie podrá alcanzar hasta el 50% de la energía facturada al agente distribuidor que actúe como prestador del servicio público de distribución y que haya sido expresamente designado por la provincia titular del derecho de cobro. La resolución precisa además que, a los fines interpretativos, toda referencia previa a “provincia comercializadora de regalías en especie” deberá entenderse realizada al agente o agentes distribuidores que cumplan simultáneamente con esas condiciones y destinen efectivamente la energía al abastecimiento local.

El incremento del límite fue evaluado mediante un análisis técnico-económico realizado por la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, que incluyó simulaciones para el período estacional vigente y escenarios prospectivos coherentes con la senda de normalización tarifaria definida por la Secretaría de Energía. Según el informe, pasar del 30% al 50% —valorizando la energía tanto al precio estacional de referencia como al precio del Mercado Spot del MEM— no genera alteraciones significativas en el costo medio de abastecimiento del sistema ni en los niveles tarifarios finales, ya que las variaciones se mantienen dentro de márgenes compatibles con la política de gradualidad y previsibilidad tarifaria.

El análisis también señala que el impacto positivo se concentra principalmente en las provincias con alta participación de generación hidroeléctrica en su matriz de abastecimiento, mientras que resulta prácticamente neutro para el resto de las jurisdicciones. En ese sentido, la medida apunta a fortalecer la capacidad de cancelación de obligaciones de los distribuidores provinciales, preservando al mismo tiempo un volumen suficiente de transacciones a precio pleno en el MEM para sostener señales económicas adecuadas y la solvencia general del sistema.

La resolución deja sin efecto el artículo 4° de la normativa anterior y faculta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a informar a CAMMESA la fecha de aplicación del descuento en cada caso, así como a resolver cuestiones operativas e interpretativas. De este modo, el Gobierno introduce un ajuste técnico con impacto fiscal y financiero relevante para las provincias, en el marco de una estrategia más amplia de reordenamiento institucional del mercado eléctrico.

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CEPA cuestiona el Presupuesto 2026 y advierte por proyecciones cambiarias y ajuste fiscal

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En el marco de las Sesiones Extraordinarias de diciembre de 2025, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó su informe “Análisis del Presupuesto 2026”, un documento crítico que pone el foco en la regla fiscal, la consolidación del ajuste, las inconsistencias macroeconómicas y el impacto institucional del proyecto enviado al Congreso. El análisis plantea interrogantes de fondo sobre la sostenibilidad del programa económico, el reparto del esfuerzo fiscal y el rol del Estado en áreas clave.

El trabajo advierte que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de reducción del gasto público, con efectos directos sobre provincias, partidas esenciales y metas físicas, al tiempo que sostiene una estructura tributaria regresiva y abre interrogantes sobre el programa financiero que respalda las proyecciones oficiales.

Regla fiscal, ajuste y tensiones macroeconómicas

Uno de los ejes centrales del informe de CEPA es el análisis de la regla fiscal, que —según el documento— opera como ancla para profundizar la consolidación del ajuste. En ese marco, el centro de estudios remarca que las proyecciones macroeconómicas presentan inconsistencias, especialmente en lo referido al sector externo.

El informe señala que las proyecciones del tipo de cambio incluidas en el Presupuesto 2026 no contemplan las modificaciones de política monetaria implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la jornada de ayer, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre sobre la coherencia del escenario macro previsto. Esta desconexión entre supuestos macroeconómicos y decisiones recientes de política monetaria abre interrogantes sobre la robustez del esquema planteado.

Cuestión tributaria, ajuste territorial y recorte del Estado

CEPA también identifica inconsistencias e interrogantes en materia tributaria, subrayando la consolidación de una estructura tributaria regresiva. Según el análisis, el diseño impositivo que acompaña al Presupuesto 2026 no corrige desigualdades estructurales y refuerza un esquema donde el peso del ajuste no se distribuye de manera equitativa.

Otro punto destacado es el ajuste a las provincias y a partidas esenciales, que se combina con una reducción de metas físicas, reflejando —según el informe— un Estado que continúa en retroceso en términos de capacidades y presencia territorial. Esta dinámica tiene implicancias directas sobre la ejecución de políticas públicas y la provisión de servicios en distintos niveles de gobierno.

En ese contexto, el documento remarca la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, una decisión que introduce un cambio institucional relevante y genera impacto sobre sectores sensibles del entramado social y educativo.

El programa financiero y los interrogantes abiertos

Finalmente, el informe de CEPA plantea una pregunta central: ¿qué esconde el programa financiero?. El centro de estudios advierte que el esquema de financiamiento del Presupuesto 2026 presenta aspectos que requieren mayor claridad para comprender cómo se sostendrá el equilibrio fiscal proyectado y cuáles serán las fuentes efectivas de recursos en un contexto de ajuste.

El análisis presentado durante las Sesiones Extraordinarias se inscribe así en el debate legislativo sobre el Presupuesto 2026, aportando una mirada crítica sobre sus fundamentos económicos, su impacto político e institucional y las consecuencias previsibles de un modelo que prioriza la disciplina fiscal con recortes en áreas estratégicas.

Análisis del Presupuesto 2026 CEPA by CristianMilciades

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Milei busca modificar la Ley de Glaciares para reducir discrecionalidad y fortalecer el rol de las provincias

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El presidente Javier Milei envió al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639) con el objetivo de “ordenar el marco normativo vigente”, evitar interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional. El anuncio fue realizado este 15 de diciembre de 2025 a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente y abre un debate de fuerte impacto económico, político e institucional, en particular sobre inversiones productivas, competencias provinciales y protección ambiental.

Una ley cuestionada por su aplicación y un intento de ordenar el marco normativo

A más de 15 años de su sanción, la denominada Ley de Glaciares es señalada por el Poder Ejecutivo como una norma que “ha demostrado graves falencias interpretativas”, que derivaron en inseguridad jurídica, paralización de inversiones productivas y afectación del legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

Según el comunicado oficial, la iniciativa enviada al Congreso propone “reglas claras”: protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, “bajo pretextos ideológicos”, habría obstaculizado el desarrollo económico del país. El planteo del Gobierno apunta a reducir la incertidumbre regulatoria que, en la práctica, impactó sobre proyectos productivos en distintas regiones.

Federalismo ambiental, provincias y artículo 41 de la Constitución

El proyecto reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En esa línea, la reforma busca fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconociendo su capacidad técnica y científica.

Además, el texto oficial destaca la necesidad de una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el fin de contar con información “precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones”. Desde la Casa Rosada se presenta esta estrategia como una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, orientada a compatibilizar protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo productivo.

Impacto político y económico: inversiones, provincias y sectores productivos

La iniciativa se inscribe en la hoja de ruta del Gobierno desde el primer día de gestión: terminar con la “parálisis regulatoria”, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas. En el plano político, el proyecto se vincula también con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y con reclamos históricos de provincias integrantes de la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, donde la aplicación de la Ley de Glaciares fue un factor central en las discusiones sobre inversiones mineras.

Desde el Ejecutivo anticipan que el debate legislativo deberá garantizar la correcta participación ciudadana y sostienen que la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie”, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico, sin abandonar los estándares de protección ambiental.

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Bonos y acciones en alza tras el nuevo esquema cambiario, el riesgo país roza mínimos del año

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Los activos argentinos prolongaron este lunes el rally iniciado tras los anuncios oficiales en materia cambiaria y monetaria: los ADRs treparon hasta 3,1% en Wall Street, los bonos soberanos en dólares registraron subas de hasta 2,8% y el riesgo país descendió hasta la zona de los 602 puntos básicos, quedando a un paso de perforar el umbral de los 600. El mercado siguió de cerca la estrategia del Gobierno para la compra de divisas, la acumulación de reservas y el pago de vencimientos por cerca de u$s4.000 millones previstos para el 9 de enero.

Reacción positiva de acciones y ADRs tras los anuncios cambiarios

La rueda financiera mostró una reacción mayormente favorable a las definiciones del Gobierno en torno al nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación, la decisión de sostener tasas reales positivas y el lanzamiento de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

En el plano local, el índice bursátil avanzó 1,1% en pesos hasta los 3.012.680,81 puntos, aunque medido en dólares cedió 0,2% y cerró en 1.969,88 puntos. Las acciones líderes exhibieron mayoría de alzas, con subas de hasta 3,8%, encabezadas por Bolsa de Valores, seguida por Grupo Supervielle (+3,4%) y Grupo Financiero Galicia (+1,9%).

En Wall Street, los ADRs acompañaron el movimiento alcista y subieron hasta 3,1%, con Grupo Supervielle a la cabeza. También se destacaron Grupo Financiero Galicia (+3%), Central Puerto (+2%) y Banco Macro (+1,7%). Operadores de la city subrayaron el buen desempeño del sector bancario, impulsado por la expectativa de un marco cambiario más previsible y un esquema monetario consistente.

Bonos en dólares, riesgo país y la mirada puesta en los vencimientos

Los títulos soberanos en dólares mantuvieron el rebote y cerraron con subas generalizadas. El Global 2029 lideró las ganancias con un avance de 2,8%, seguido por el Global 2041 (+1,9%) y el Global 2035 (+1,5%). En este contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan se ubicó en torno a los 602 puntos básicos, muy cerca de quebrar la barrera psicológica de los 600 puntos.

El mercado sigue con atención las alternativas oficiales para afrontar los vencimientos del 9 de enero, cuando deberán pagarse bonares y globales por un monto cercano a los u$s4.000 millones. En ese marco, resultó clave la colocación del Bonar AN29, concretada el miércoles pasado por un total de u$s910 millones, a una tasa del 9,26%, apenas por encima del objetivo oficial, que se ubicaba por debajo del 9%. Los fondos obtenidos permiten cubrir la mayor parte de las amortizaciones de Bonares previstas para enero, estimadas en torno a los u$s1.000 millones.

Cambios en el programa monetario y expectativas hacia 2026

De cara a 2026, el Gobierno introdujo modificaciones relevantes en su programa monetario. El BCRA anunció que las bandas cambiarias pasarán a ajustarse en función de la inflación de los dos meses previos, dejando atrás el esquema vigente de actualización mensual del 1%. De este modo, el 1° de enero las bandas se ajustarán al 2,5%, en línea con el IPC de noviembre.

Además, la autoridad monetaria confirmó la implementación de un programa de recompra de reservas con el objetivo de acumular hasta u$s17.000 millones durante 2026, condicionado al crecimiento de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado de cambios. En paralelo, ratificó la intención de mantener tasas reales positivas y avanzar en una flexibilización de los encajes bancarios, que continúan en niveles elevados.

Estas definiciones reforzaron la percepción de un marco monetario más ordenado, lo que se tradujo en una mejora del apetito por riesgo argentino y en una compresión adicional del riesgo país.

Chubut evalúa volver al mercado

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que la provincia evalúa una colocación de deuda por un monto de entre u$s400 y u$s550 millones, durante su viaje a Estados Unidos en el que se reunió con empresarios, inversores y directivos de bancas multinacionales. De esta forma, la provincia patagónica se convertirá en la tercera en salir a colocar deuda internacional. De hecho este boom de bonos subsoberanos se suma a las emisiones de empresas privadas que, entre ambos, lograron alcanzar los u$s7.000 millones en los últimos 45 días.

Cabe resaltar que la primera en salir a buscar financiamiento internacional tras las elecciones fue la Ciudad de Buenos Aires. El distrito gobernado por Jorge Macri consiguió u$s600 millones a una tasa del 7,8% con una vida promedio de 7 años. Posteriormente Santa Fe logró colocar u$s800 millones con un plazo de nueve años y una tasa anual del 8,1%. Ahora parece ser el turno de Chubut. En su último viaje a Nueva York, Torres confirmó la información tras reunirse con autoridades del J.P. Morgan, de UBS Asset Management, Goldman Sachs e Invesco Asset Management.

Paralelamente trascendió que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también quiere subirse a este boom, según publicaron diversos medios. Desde esta provincia quieren aprovechar la baja del riego país y prevén emitir bonos por u$s500 millones con el objetivo de rollear deuda vieja. La colocación se proyecta para fines de enero o principios de febrero y con legislación de Nueva York a través de bancos extranjeros, uno de capital estadounidense y otro europeo.

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Glaciares, minería y federalismo, los cambios clave que impulsa el Gobierno en la ley ambiental

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El Gobierno nacional avanza con un proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares N° 26.639 que redefine el alcance del ambiente periglacial, introduce criterios técnicos más precisos y refuerza las competencias provinciales en materia ambiental. La iniciativa, a la que accedió Energy Report, propone un giro regulatorio de alto impacto económico e institucional: pasar de un esquema de prohibiciones amplias y definiciones imprecisas a un régimen basado en evaluaciones ambientales rigurosas, seguridad jurídica y federalismo ambiental, con especial incidencia en proyectos mineros y energéticos en la cordillera.

Un cambio de enfoque en la protección ambiental y el federalismo

El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares, aún en etapa de discusión y previo a su ingreso al Congreso, busca ordenar el marco regulatorio vigente sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas. La propuesta se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional y explicita la necesidad de compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo.

Según el texto, el nuevo objeto de la ley mantiene la protección de glaciares y del ambiente periglacial, pero aclara que dicha protección debe interpretarse de manera armónica con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales establecido en el artículo 124. De este modo, se introduce un criterio de equilibrio entre preservación y uso racional, atendiendo a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

El proyecto, calificado como “confidencial” y que será remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo conforme al Decreto 865/25 del presidente Javier Milei, cuenta con consenso político para su envío, aunque fuentes oficiales no descartan ajustes menores antes de su tratamiento parlamentario. Por la intensidad de la agenda legislativa prevista entre el 10 y el 30 de diciembre, el debate podría postergarse hasta febrero.

Inventario de Glaciares, principio precautorio y evaluaciones ambientales

Uno de los ejes centrales de la adecuación es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. La nueva redacción limita su alcance a glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas, ya sea como reservas de agua o como proveedores para la recarga de cuencas hidrográficas. El inventario se mantiene como herramienta de consulta obligatoria, pero sin menoscabar las atribuciones de las autoridades competentes, un punto clave para la gestión provincial.

El proyecto incorpora además el artículo 3° bis, que introduce expresamente el principio precautorio. En ese marco, todas las geoformas incluidas en el inventario se consideran protegidas hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen funciones hídricas. Una vez constatada la inexistencia de dichas funciones, esas geoformas dejan de estar alcanzadas por la Ley de Glaciares, aunque continúan bajo el amparo general de la Ley General del Ambiente. Esta disposición apunta a corregir uno de los principales cuestionamientos a la normativa vigente: la protección automática y permanente de geoformas sin función hídrica comprobada.

En cuanto a la actualización del inventario, el artículo 5° mantiene al IANIGLA como organismo responsable del relevamiento y monitoreo, pero refuerza el rol de las provincias, que podrán informar la existencia de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de aquellos ya inventariados. Un punto de alto impacto jurídico establece que la omisión del IANIGLA en actualizar el inventario no invalida las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental provincial competente, despejando una de las mayores fuentes de inseguridad jurídica del régimen actual.

Prohibiciones, competencias y respaldo político de las provincias

El artículo 6° conserva la prohibición de actividades que alteren de modo relevante la condición natural o las funciones de glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. Continúan expresamente vedadas actividades como la minería y los hidrocarburos en esos casos, pero la novedad es que la determinación de qué constituye una “alteración relevante” queda sujeta a la evaluación de impacto ambiental realizada por la autoridad competente de cada jurisdicción, reemplazando la prohibición genérica por un análisis técnico caso por caso.

El artículo 7° refuerza este enfoque al exigir evaluación de impacto ambiental previa para todas las actividades proyectadas y, cuando corresponda, evaluación ambiental estratégica, además de consolidar la participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente. Se mantienen las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y acciones de emergencia.

Finalmente, el artículo 8° redefine el esquema de autoridades competentes: cada jurisdicción determinará su autoridad ambiental y, en áreas protegidas nacionales, intervendrá la Administración de Parques Nacionales. Se asigna expresamente a las provincias la identificación de los glaciares y ambientes periglaciales que cumplen funciones hídricas, reforzando el federalismo ambiental.

El proyecto cuenta con respaldo político de gobernadores de provincias cordilleranas, que enviaron una carta al presidente Javier Milei en nombre de la Mesa del Litio (Jujuy, Salta y Catamarca) y la Mesa del Cobre (Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y San Juan). En la misiva, firmada por los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, advierten que la aplicación actual de la ley generó incertidumbre regulatoria, paralización de inversiones y conflictos de competencia. “Termina por obstaculizar su finalidad última: promover el desarrollo sostenible de nuestras provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”, señalaron.

En conjunto, la adecuación de la Ley de Glaciares propone un cambio de paradigma regulatorio. El debate en el Congreso será determinante para definir si la Argentina logra compatibilizar protección ambiental efectiva, respeto por las autonomías provinciales y desarrollo productivo en una de las normas más sensibles del entramado regulatorio nacional.

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