Duras quejas de encarnacenos por las restricciones de ingreso a la Argentina
Centenares de paraguayos tienen prohibido ingresar a la Argentina por cinco años a raíz de Decreto Nº 70, “De necesidad y urgencia”, del Gobierno nacional, el cual endureció las condiciones migratorias. Mediante la normativa alteró el régimen de recursos administrativos ante órdenes de expulsión y limitó las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia.
Tan solo el lunes pasado, unas 27 personas habrían sido sancionadas por Migraciones con prohibición total de ingreso por cuatro o más años a territorio argentino. Ayer martes el numeroso grupo ha solicitado a las autoridades encarnacenas mediar la situación a fin de que se les permita cruzar a visitar familiares y realizar gestiones en nuestra provincia.
El abogado Eduardo González, asesor jurídico de la Gobernación de Itapúa indicó que la situación será analizada caso por caso a fin de evaluar los criterios para las sanciones que no les permite ni siquiera pagar multas a los afectados. Las autoridades inician las gestiones a fin de mediar la situación.
La comunidad encarnacena está muy molesta por medidas en frontera que afectan a los ciudadanos del vecino país. Las autoridades invocan el decreto de Mauricio Macri para impedir ingreso de personas con antecedentes. Por ejemplo, uno no puede volver hasta dentro de 5 años por tener el seguro del auto vencido, según denunciaron. Hasta el momento hay unas 80 personas en esta situación y desde Paraguay califican a la medida como “muro de la vergüenza”.
“La cantidad de compatriotas que no pueden entrar al vecino país va en aumento”, explicó el secretario de Integración de la Gobernación de Itapúa, Marcos Leguizamón, quien se reunió ayer con una parte de los afectados por las restricciones del Decreto N° 70 firmado por el presidente argentino, Mauricio Macri. “La preocupación crece a medida que pasa el tiempo y es necesaria una reunión urgente con la Cancillería para buscar una solución, pues la medida perjudica a muchos ciudadanos itapuenses”, comentó.
La normativa establece que no podrá ingresar ni permanecer en el vecino país quien haya “sido condenado, esté cumpliendo condena, o tenga antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”. Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
“Hace dos años fui a Posadas y me hicieron volver porque el seguro del auto estaba vencido. Al regresar, Migraciones apuntó como que había entrado a la Argentina sin registrarme; siempre iba igual, pero desde ayer no me permiten entrar”, explicó Nilda Duarte.
La medida, que comenzó a aplicarse hace unas semanas, restringe el ingreso y el organismo que controla es la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la nación argentina. Le da una perspectiva de mayor poder a la dependencia, ya que el trámite de expulsión es netamente administrativo más allá de cualquier implicancia en el fuero penal. En estos dos últimos días son más de 80 los que intentaron cruzar hasta Posadas y fueron expulsados.
El cónsul argentino en Encarnación, Ricardo Zuberlühler, explicó que los que no pueden ingresar tienen tres días para presentar un recurso en el Consulado, que será enviado a Migraciones de Buenos Aires. Es decir, esa autoridad administrativa es la que a fin de cuentas decide. El secretario de Integración informó que también los músicos paraguayos están teniendo dificultades para actuar en el vecino país.
Los afectados se quejaron por no encontrar respaldo en las autoridades nacionales. Entre las afectadas también se encuentran aquellas personas que fueron encausadas en Posadas por contrabando y deben presentarse periódicamente en el juzgado de esa ciudad. Ya no podrán hacerlo, el acceso a la vecina localidad está vedado. A través del Decreto Nº 70 pueden ser expulsadas personas que entren al sistema penal incluso por una simple contravención.
“El muro de la vergüenza es ahora una valla para nosotros. En Posadas viven mi mamá y hermanos. Deberán pasar cinco años para ir a visitarlos”, comentó Eugenia Ríos, una de las afectadas.