El Gobierno nacional ratificó que avanza el proyecto para instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12 en Misiones y dejó en claro que, al menos por ahora, no está prevista una ampliación integral de la Ruta Nacional 14 en territorio provincial.
Las definiciones surgieron durante una reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, donde el senador nacional Carlos Arce, del bloque Movimiento por Misiones, planteó ante el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, dos de los principales reclamos vinculados con la infraestructura vial de la provincia.
El primero estuvo centrado en el nuevo peaje proyectado sobre la Ruta 12, en cercanías de Puerto Rico. Arce advirtió que la ubicación tendrá impacto directo sobre una zona caracterizada por una intensa circulación entre Puerto Rico, Capioví, Garuhapé y Ruiz de Montoya, donde miles de personas utilizan diariamente la ruta para desplazamientos relativamente cortos.
“Muchos son productores, trabajadores, estudiantes y comerciantes que tienen un recorrido corto entre estas localidades y tendrían que pagar este peaje”, señaló el legislador misionero.
La respuesta de Vialidad Nacional no puso en discusión la instalación del puesto de cobro. Campoy explicó que el punto previsto se encuentra fuera de la zona urbana de Puerto Rico y mencionó que, en otras concesiones viales, se implementaron beneficios para residentes y usuarios frecuentes mediante acuerdos con las empresas concesionarias.
La explicación ratifica así el esquema del nuevo peaje, aunque deja abierta la posibilidad de establecer algún mecanismo diferencial para quienes utilizan la Ruta 12 como corredor cotidiano entre las localidades de la zona.
Arce introdujo además otro elemento en la discusión sobre el costo que deberán afrontar los usuarios: recordó que automovilistas y transportistas ya realizan un aporte a través de los impuestos incluidos en los combustibles, históricamente vinculados al financiamiento de la infraestructura vial. Desde esa perspectiva, reclamó que la incorporación de nuevos peajes tenga como contrapartida mejoras efectivas en las rutas nacionales que atraviesan Misiones.
El segundo eje fue la situación de la Ruta Nacional 14, una arteria estratégica para Misiones que bordea el este misionero y conecta una extensa zona productiva hasta Bernardo de Irigoyen.
Arce puso el foco en las limitaciones de una ruta que conserva largos tramos angostos y soporta la circulación de camiones vinculados con la producción agrícola, forestal e industrial de la provincia. En ese contexto, consultó si Nación proyecta avanzar con una ampliación de su capacidad.
La respuesta de Campoy fue más cautelosa. Vialidad Nacional confirmó que estudia el corredor de la Ruta 14 hacia el norte, pero aclaró que las eventuales obras no necesariamente contemplarán la duplicación de la calzada.
El organismo analiza diferentes soluciones según el volumen y las características del tránsito de cada tramo. Entre las alternativas aparecen terceros carriles en sectores determinados, además de configuraciones de autopista o autovía allí donde la demanda eventualmente lo justifique, lo que será financiado con el mismo mecanismo que en la ruta 12: nuevos peajes.
La industria misionera celebró el Día de la Industria en Puerto Rico con un planteo que buscó diferenciarse de una discusión binaria entre apertura y proteccionismo. Más de 200 empresarios y representantes de distintos sectores productivos se reunieron para analizar el escenario económico y coincidieron en una demanda central: competir con el mundo, pero con condiciones que permitan sostener la producción y el empleo en la provincia.
El encuentro, denominado “Tendencias que transforman la industria: mercados, innovación y oportunidades de crecimiento”, fue organizado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), el Ministerio de Industria de Misiones, la Municipalidad de Puerto Rico y la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios Libertador General San Martín, en el marco de la Semana de la Industria.
La convocatoria reunió a representantes de actividades diversas, entre ellas minería, producción ladrillera y ceramista, industria forestal, calzado, gráfica, frigoríficos, cluster de la mandioca, reciclaje y transporte. La amplitud sectorial expuso un problema transversal: el costo de producir en Misiones y la capacidad de las empresas para sostenerse en un mercado cada vez más abierto.
El presidente de la CEM, Guillermo Fachinello, planteó la necesidad de que los representantes misioneros en el Congreso defiendan las particularidades de las economías regionales. “Debemos hacer docencia de lo que significa trabajar en Misiones”, sostuvo, al remarcar que las decisiones nacionales tienen efectos diferentes en una provincia con más del 90% de su territorio fronterizo.
El planteo empresarial no apuntó a cerrar la economía. Por el contrario, el reclamo que atravesó el encuentro fue alcanzar una estructura de costos que permita aprovechar la apertura comercial sin dejar a las PyMEs locales en una posición de desventaja frente a productos importados.
Luis Steffen, secretario de la CEM y presidente de la Cámara Libertador General San Martín, fue quien expresó con mayor claridad esa tensión. Al recordar el proceso histórico que convirtió a Puerto Rico en un polo industrial, sostuvo que Misiones no puede limitarse a producir materias primas y debe continuar agregando valor y generando empleo.
Pero el diagnóstico actual es más complejo. “Una PyME cierra cuando no puede pagar la energía, cuando la presión impositiva se vuelve insoportable, cuando los costos laborales la dejan fuera de competencia”, afirmó Steffen. El empresario reclamó pasar de las capacitaciones y el acompañamiento institucional a decisiones que permitan reducir los costos estructurales de las empresas.
La energía apareció como uno de los principales puntos de preocupación. Para las industrias electrointensivas y para buena parte del entramado manufacturero, el costo energético dejó de ser solamente una variable más de la estructura de gastos y comenzó a condicionar directamente la continuidad de determinadas operaciones.
La ecuación se completa con impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, cargas laborales, logística y burocracia. Según planteó Steffen, la acumulación de esos costos puede neutralizar las ventajas competitivas de empresas que necesitan vender fuera de Misiones o enfrentar la competencia de bienes producidos en otros países.
En ese marco, la apertura de las importaciones fue otro de los ejes del debate. La posición empresaria fue explícita: la industria misionera no reclama evitar la competencia internacional, sino contar con condiciones que permitan enfrentarla. “Queremos un mercado abierto, pero con igualdad de condiciones”, sostuvo Steffen.
El planteo implica una agenda de reformas internas. Entre las demandas mencionadas aparecen la reducción de impuestos, la revisión de las cargas patronales y los costos laborales, la disminución del costo energético y la eliminación de trabas burocráticas. La lógica es que una reducción de costos improductivos puede liberar recursos para inversión, incorporación tecnológica, producción y empleo.
La CEM también puso sobre la mesa una problemática específica de Misiones vinculada con la estructura tributaria provincial. Steffen mencionó la doble y triple imposición de Rentas, el impuesto a los sellos y los regímenes de percepciones aplicados sobre clientes extraprovinciales. Según sostuvo, estos mecanismos generan costos y una carga administrativa que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El reclamo, sin embargo, convivió con un reconocimiento al rumbo macroeconómico nacional. De acuerdo con una encuesta de la Confederación Económica de Misiones citada durante el encuentro, el 78% de las PyMEs consultadas considera que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional van en la dirección correcta.
Ese dato introduce un matiz relevante en el debate. El sector empresario no cuestiona necesariamente la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reducir la inflación. Lo que plantea es que la estabilización macroeconómica debe traducirse en mejores condiciones para producir.
“La estabilidad macroeconómica debe ser el punto de partida, no el punto de llegada”, resumió Steffen. La frase concentra el principal desafío que enfrenta el entramado productivo: que la mejora de las variables generales de la economía alcance a las fábricas, comercios, chacras y pequeñas empresas.
La preocupación aparece también en las expectativas. Según el mismo relevamiento citado por la CEM, el 70% de las PyMEs manifestó que no observa crecimiento de la Argentina en los próximos meses. Más allá de la evolución futura de los indicadores, esa percepción puede condicionar decisiones de inversión, contratación y ampliación de capacidad productiva.
La respuesta que propone el sector privado no es volver al cierre de la economía. Es reducir la brecha de costos que existe entre producir localmente y competir con bienes provenientes de países con estructuras impositivas, energéticas, laborales y logísticas diferentes.
Crédito, infraestructura y articulación público-privada
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Industria, Federico Fachinello, puso el énfasis en el rol de las PyMEs dentro de la cadena productiva. Señaló que la industria comienza con el pequeño productor, continúa con los servicios y la logística y termina generando movimiento sobre el conjunto de la economía.
El funcionario destacó además la importancia del diálogo permanente con las cámaras empresariales para diseñar políticas productivas y mencionó como ejemplo el acceso al crédito productivo con tasas bonificadas.
“Ustedes son los que generan el trabajo de calidad y nosotros somos los que debemos generar las condiciones para que eso pase”, sostuvo Fachinello. La definición plantea una división de responsabilidades: las empresas toman las decisiones de producción e inversión, mientras el Estado debe procurar un entorno que reduzca obstáculos y facilite esas decisiones.
El acceso al financiamiento aparece como una herramienta especialmente relevante en un escenario de costos elevados. Para una PyME, disponer de crédito en condiciones razonables puede determinar si una empresa posterga una inversión, reemplaza equipamiento, incorpora tecnología o sostiene capital de trabajo durante una caída temporal de la demanda.
El encuentro también incorporó una mirada sobre innovación y transformación de los mercados. Ximena Díaz Alarcón, especialista en experiencia del cliente, participó de las disertaciones junto con Nicolás Johann, de Frigorífico San Francisco, y Hugo Herrera, de Raiza. El objetivo fue ampliar la discusión más allá de los costos y abordar las nuevas tendencias que atraviesan a las empresas.
Para Puerto Rico, la discusión tiene además una dimensión territorial. La ciudad construyó buena parte de su identidad económica sobre la transformación de la producción primaria y la generación de valor local. Sostener esa matriz requiere que las empresas puedan atravesar el actual proceso de apertura sin perder capacidad productiva.
Carlos Koth, intendente de Puerto Rico, recordó el origen histórico de la celebración del Día de la Industria y el papel de los pioneros que transformaron la actividad económica de la localidad. También advirtió sobre las dificultades que enfrentan las PyMEs industriales ante una economía nacional que, según planteó, todavía no acompaña suficientemente a las economías regionales.
El desafío queda planteado en términos concretos. Misiones necesita mantener abierta su economía, ampliar mercados y generar inversión, pero también necesita evitar que la diferencia de costos termine expulsando empresas del mercado. La solución requiere trabajar sobre aquello que sí puede modificarse: energía, impuestos, financiamiento, logística, burocracia, infraestructura y productividad.
Por eso, el pedido de la industria misionera no se presenta como una resistencia a la transformación económica. Es una demanda para que esa transformación incluya a las empresas que producen en el territorio. La apertura puede ampliar oportunidades, pero para aprovecharlas las PyMEs necesitan capacidad de competir.
La discusión que surgió en Puerto Rico coloca así a la industria frente a una nueva etapa. El objetivo no es elegir entre mercado interno y mercado internacional, ni entre protección y apertura, sino construir las condiciones para que una empresa misionera pueda producir, invertir, exportar y sostener empleo en un escenario de mayor competencia.
En una provincia donde la distancia de los grandes centros de consumo y la condición fronteriza agregan costos y particularidades, esa discusión adquiere una dimensión estratégica. El resultado de las reformas macroeconómicas se medirá también en la capacidad de las empresas para mantener abiertas sus puertas, incorporar tecnología y generar trabajo.
“Queremos producir y generar trabajo. Queremos que nuestros hijos se queden a trabajar y construir su futuro en Misiones”, resumió Steffen. Esa definición sintetiza el desafío que atraviesa al sector: que la estabilidad económica no quede limitada a los indicadores nacionales y pueda convertirse, finalmente, en condiciones concretas para producir en el territorio.
Los intendentes del departamento Libertador General San Martín expresaron su rechazo a la instalación de una nueva estación de peaje sobre la ruta nacional 12 y solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales que revisen la iniciativa.
El pronunciamiento fue firmado este miércoles en Puerto Rico por intendentes, concejales, representantes del sector privado y el diputado provincial Alejandro Arnhold, del bloque Movimiento por lo que Viene.
El documento sostiene que el nuevo peaje encarecería los costos logísticos de la producción misionera sin garantizar, como contrapartida, mejoras en el mantenimiento de la red vial ni en la seguridad de los usuarios.
Según el texto, la casilla había sido proyectada inicialmente en Capioví, a la altura del kilómetro 1462, pero luego se habría decidido trasladarla a Garuhapé, en el kilómetro 1483. El principal cuestionamiento territorial es la distancia: el nuevo puesto quedaría a apenas 68 kilómetros del peaje que ya funciona en Colonia Victoria, ubicado en el kilómetro 1551 de la ruta 12.
Del encuentro participaron los intendentes Carlos Gustavo Koth, de Puerto Rico; Eduardo Vázquez, de El Alcázar; Gerardo Schmied, de Garuhapé; Ramón Arrúa, de Capioví; Víctor Vogel, de Ruiz de Montoya; y Elvio Vázquez, de Puerto Leoni.
También estuvieron representantes de los concejos deliberantes de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar y Ruiz de Montoya, el diputado provincial Alejandro Arnhold e integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, encabezada por su presidente, Luis Stefens.
La amplitud de las firmas busca mostrar que el rechazo no se limita a una administración municipal. La preocupación atraviesa a intendentes, legisladores, concejales y sectores vinculados con la producción y el comercio de la zona centro de Misiones.
El documento pone el foco sobre el destino del Impuesto a los Combustibles. Los firmantes sostienen que el Gobierno nacional recauda esos recursos para financiar infraestructura vial, pero no los vuelca adecuadamente al mantenimiento de las rutas.
En ese contexto, consideran contradictorio que se procure incorporar un nuevo cobro directo a los usuarios mientras persisten los problemas de transitabilidad en la red nacional.
“El Gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía Impuesto a los Combustibles, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12”, señala el pronunciamiento.
Los representantes del departamento advierten que el esquema podría implicar una doble carga: el pago del impuesto incluido en el precio de los combustibles y, además, el desembolso requerido para atravesar la estación de peaje.
El planteo también incorpora argumentos jurídicos. Los firmantes aseguran que el sistema proyectado sería inconstitucional porque no existen caminos alternativos libres de pago y porque, a su entender, se configuraría una doble imposición.
Para respaldar esa posición, citan el artículo 75 de la Constitución Nacional, referido a las atribuciones del Congreso para establecer contribuciones, y el principio de legalidad tributaria sintetizado en la expresión “no hay tributo sin ley”.
También mencionan los artículos 14 y 17 de la Constitución, vinculados con el derecho a transitar libremente y el derecho de propiedad. Se trata, en todos los casos, de la interpretación sostenida por los firmantes del documento, que podría abrir una discusión jurídica si el proyecto avanza.
Más allá de la controversia legal, la principal preocupación es económica. La ruta nacional 12 constituye el corredor central para el transporte de mercaderías, materias primas, trabajadores y estudiantes en buena parte de Misiones.
Una nueva estación de peaje elevaría el costo de cada viaje y tendría una incidencia mayor sobre las actividades que necesitan circular diariamente o realizar múltiples recorridos dentro de la provincia. El impacto alcanzaría al transporte de cargas, la producción primaria, las industrias, el comercio y los servicios.
“Los misioneros necesitamos rutas seguras, que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen”, sostiene el pronunciamiento.
El documento enmarca el proyecto dentro de una discusión más amplia sobre la relación fiscal y territorial entre Misiones y la Nación.
Los intendentes recuerdan las históricas demandas de la provincia por el gasoducto, la hidrovía, una tarifa energética diferenciada, redes ferroviarias, autovías y otras obras de infraestructura. En esa línea, califican la posible instalación del nuevo peaje como “más castigo del centralismo” sobre una provincia que sigue reclamando inversiones estratégicas.
El planteo concluye con un pedido directo a los funcionarios y legisladores nacionales para que revisen la iniciativa. La demanda no es solamente frenar la nueva casilla: los municipios reclaman obras, mantenimiento e inversión vial financiados con los recursos que el Estado nacional ya recauda mediante los combustibles.
Con el objetivo de visibilizar el aporte del sector productivo, impulsar la competitividad y promover la formación técnica, el Ministerio de Industria de Misiones anunció la realización de la Semana de la Industria 2026.
Organizada por el Ministerio de Industria, la iniciativa central se desarrollará del 1 al 4 de septiembre, precedida por una serie de actividades previas orientadas al fortalecimiento del sector productivo. Incluirá capacitaciones, rondas de negocios, un viaje de formación profesional para estudiantes universitarios, recorridas educativas y eventos en Oberá, Puerto Rico, Posadas y Salto Encantado para consolidar el desarrollo industrial.
Este espacio de encuentro entre el sector público, privado, académico y educativo abordará el diseño como factor de diferenciación, el liderazgo empresarial, la vocación industrial en jóvenes y la sostenibilidad en los procesos.
Actividades previas a la Semana de la Industria
Como antesala a las jornadas centrales, la agenda de fortalecimiento industrial comenzará a fines de agosto con las siguientes instancias: • Miércoles 26/08: Ronda de Negocios de la Cadena Minera (La Rural, Buenos Aires). • Jueves 27 y Viernes 28/08: Misión Industrial – Viaje de formación profesional y académica a Buenos Aires con alumnos de 4.° y 5.° año de Ingeniería Industrial (UNaM). • Sábado 29/08: Copa Industrial Autoelevadores 2026 (CTM, Salto Encantado).
Cronograma de actividades estratégicas (Semana de la Industria)
• Diseño que Impulsa la Industria (Oberá – Martes 1/09): En la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM, se abordará el diseño y la construcción de marca para el agregado de valor en origen. • Jornada Central por el Día de la Industria – Tendencias que Transforman la Industria: Mercados, innovación y oportunidades de crecimiento (Puerto Rico – Miércoles 2/09): A las 17 hs en el Aula Magna del Polo Educativo Municipal (Corrientes 152). Contará con la conferencia principal de Ximena Díaz Alarcón sobre “Mercado, tendencias y oportunidades de crecimiento”, seguida por el panel “Innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial”, integrado por la disertante, el Ing. Alberto González (ATS Energy, empresa diseñadora de la planta municipal de Biocombustible de Puerto Rico) y representantes industriales misioneros con desarrollos en sostenibilidad, valor agregado y nuevos modelos de negocio. • Industria y futuro (Posadas – Jueves 3/09): Recorrido guiado por el Parque Industrial y de la Innovación Posadas (PIIP) con estudiantes secundarios de la provincia. • Kaizen Day (Posadas – Viernes 4/09): Edición binacional (Argentina – Paraguay) orientada a metodologías de mejora continua y producción.
Respecto a la iniciativa, el Ministro de Industria, Federico Fachinello, destacó: “Buscamos darle a nuestras empresas y jóvenes las herramientas de innovación y gestión necesarias para competir en mercados exigentes. El trabajo conjunto entre el Estado, la academia y el sector privado es la clave para seguir construyendo un modelo industrial sostenible e integrador.” Con esta propuesta, el Gobierno de Misiones reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema productivo y la formación del capital humano regional.
La diputada nacional por Misiones, Yamila Ruiz, se reunió en Puerto Rico con representantes de la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera para analizar el proyecto que busca reducir del 21% al 10,5% el IVA sobre la fécula y la harina de mandioca. La iniciativa, de la que Ruiz es coautora junto al diputado Oscar Herrera Ahuad, obtuvo dictamen unánime en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y será tratada este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.
El encuentro se desarrolló en Puerto Rico y contó con la participación del intendente local, Carlos Koth, y del presidente de la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera, Fernando Witzke. Durante la reunión, productores y representantes de la industria mandioquera analizaron el alcance de la iniciativa y la importancia que tendría una modificación tributaria para una de las principales cadenas productivas de la provincia.
La propuesta busca equiparar el tratamiento impositivo de la fécula y la harina de mandioca con el que actualmente tiene la harina de trigo. Mientras la mandioca como hortaliza tributa una alícuota del 10,5%, al ser industrializada y transformada en fécula, harina u otros derivados farináceos pasa a tributar el 21%. En ese sentido, el proyecto plantea reducir la alícuota al 10,5% y extender el beneficio a distintos alimentos elaborados total o parcialmente con estos productos, como panificados, premezclas, fideería, galletería y pastelería.
La iniciativa logró un respaldo unánime durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Los 40 legisladores presentes acompañaron el dictamen, lo que permitió que el proyecto avance hacia el recinto con respaldo de distintos espacios políticos.
Una modificación tributaria que apunta a toda la cadena
Uno de los principales argumentos del proyecto es corregir una diferencia impositiva que, según sus impulsores, genera una desventaja para la mandioca frente a otros productos farináceos.
La reducción del IVA no alcanzaría únicamente a la materia prima industrializada. También comprende a los alimentos elaborados con harina y fécula de mandioca, con el objetivo de que la menor carga tributaria pueda impactar sobre distintos eslabones de la cadena.
Durante el tratamiento legislativo, Ruiz explicó que actualmente se produce una diferencia entre alimentos similares dependiendo de la materia prima utilizada. Así, mientras una galletita elaborada con harina de trigo tributa el 10,5% de IVA, otra producida con harina o fécula de mandioca queda alcanzada por el 21%.
Para la legisladora, la modificación permitiría avanzar hacia una mayor equidad fiscal y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para una producción que tiene un fuerte componente regional.
El impacto sobre los alimentos sin gluten
Otro de los fundamentos centrales está relacionado con el acceso a alimentos libres de gluten.
La harina y la fécula de mandioca son utilizadas como insumos para diferentes productos destinados a personas que necesitan una alimentación libre de gluten. En esos casos, el precio de los alimentos suele representar un costo significativamente mayor frente a los productos tradicionales elaborados con trigo.
Herrera Ahuad puso este aspecto en consideración durante el debate y planteó que quienes necesitan consumir alimentos sin gluten afrontan un costo adicional que no responde a una elección, sino a una necesidad alimentaria. Por eso, la reducción del IVA también es presentada como una herramienta para achicar parte de esa brecha y mejorar el acceso a productos destinados a este sector de la población.
Mandioca, productores y agregado de valor en Misiones
El otro eje de la iniciativa está directamente vinculado con la economía regional.
Misiones concentra alrededor de 10.000 productores de mandioca, en su mayoría pequeños productores y agricultores familiares. Además, la provincia reúne la totalidad de las industrias feculeras del país, por lo que la cadena involucra a productores, cooperativas, industrias, trabajadores y empresas dedicadas a la comercialización y transformación de la materia prima.
En este contexto, la reducción del IVA es planteada también como una herramienta para mejorar la competitividad, fortalecer la demanda y sostener el agregado de valor en origen.
La propia conformación de la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera refleja la diversidad de actores que integran esta cadena. Entre las entidades y empresas que figuran se encuentran la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Ltda., COFAIAL, CAISA, FEMAG Fácula de Mandioca, Féculaa de Mandioca AG, BEMAR, Cooperativa Agrícola de Gobernador Roca Ltda. – Nuestras Raíces, Almidonera Diesel, Flor de Jardín y Fariña de Mandioca La Reina – Don Antonio S.R.L.
Además, la iniciativa sumó el respaldo de organizaciones vinculadas directamente con la alimentación sin gluten. Desde la Cámara Argentina de Productores de Alimentos Sin Gluten, su presidente, Norberto Varas, le transmitió a Ruiz el acompañamiento de la entidad y de sus integrantes: “Es una excelente noticia. Desde ya, cuentan con el apoyo de nuestra Cámara y de todos sus miembros”. A este respaldo se sumó también la Asociación Celíaca Argentina, a través de su filial en Misiones, que expresó su acompañamiento al proyecto.
La articulación entre estos actores y los representantes misioneros en el Congreso busca que las necesidades de la producción regional tengan una respuesta concreta dentro del esquema tributario nacional.
Un proyecto que logró consenso político
El respaldo obtenido en comisión fue uno de los puntos centrales de la discusión. De los 40 diputados presentes, los 40 acompañaron la iniciativa impulsada por Ruiz y Herrera Ahuad.
El acompañamiento incluyó a legisladores de diferentes bloques. El punto de coincidencia estuvo puesto en la necesidad de reducir la carga tributaria y mejorar las condiciones de producción para las pequeñas y medianas empresas vinculadas con la cadena.
De esta manera, una demanda que surge de una actividad fuertemente vinculada con Misiones logró convertirse en una propuesta de alcance nacional y reunir consenso parlamentario.
Este miércoles, el proyecto llega al recinto
Con el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto tendrá este miércoles una nueva instancia en la Cámara de Diputados de la Nación.
Para el sector mandioquero misionero, el objetivo es que la reducción del IVA permita corregir una asimetría tributaria que afecta a la mandioca industrializada y, al mismo tiempo, genere mejores condiciones para una cadena integrada principalmente por pequeños productores, cooperativas e industrias radicadas en la provincia.
La reunión desarrollada en Puerto Rico volvió a poner en agenda esa demanda y reforzó la articulación entre el sector productivo, los municipios y los representantes de Misiones en el Congreso.
El desafío legislativo será ahora convertir el respaldo obtenido en comisión en una aprobación en el recinto. Para la cadena mandioquera, se trata de una modificación que podría tener impacto tanto en los costos de producción y comercialización como en el precio de los alimentos y en la competitividad de una economía regional que agrega valor a la producción misionera.
