Puertos Argentinos

Logística: el Gobierno extiende bonificación del peaje para los buques que usan el Canal Martín García

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El Gobierno nacional extendió la bonificación del 16,7% sobre la tarifa de peaje para los buques que utilizan el Canal Martín García, una medida que apunta a reducir temporalmente el costo de navegación y sostener la competitividad de una de las principales rutas de conexión fluvial de la Argentina.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 54/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá aplicación retroactiva desde el 1° de septiembre de 2026. La rebaja permanecerá vigente hasta que la empresa que resulte contratista de la Licitación Pública N° 1/2025 tome posesión de la concesión.

La medida alcanza específicamente al trayecto comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, para todos los buques que hagan uso del Canal Martín García. El porcentaje de reducción mantiene el mismo nivel establecido previamente por la Resolución 42/2026.

El objetivo inmediato es evitar que el vencimiento de la bonificación anterior genere un incremento abrupto en los costos de navegación mientras se completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión. La ANPyN fundamentó la extensión en los resultados obtenidos con la medida anterior y consideró conveniente prolongarla hasta el momento en que se produzca la toma de posesión del nuevo contratista.

Una rebaja que busca sostener el tráfico fluvial

El costo del peaje constituye uno de los componentes que inciden directamente sobre la estructura económica de las operaciones de transporte por agua. En una actividad donde los márgenes dependen de la eficiencia logística, pequeñas variaciones en los costos de navegación pueden impactar sobre la competitividad de las cargas y sobre la elección de las rutas utilizadas por los operadores.

Por eso, la decisión de extender la bonificación tiene una lectura que excede la cuestión tarifaria. El Gobierno busca evitar una discontinuidad de costos durante una etapa de transición institucional y contractual, preservando las condiciones de navegación existentes hasta que se concrete el traspaso de la concesión.

El Canal Martín García tiene además una importancia estratégica para la conectividad fluvial regional, particularmente por su vinculación con el sistema de navegación del Río de la Plata y las rutas que conectan los principales centros productivos y portuarios de la región.

En este sentido, una política de reducción temporal del peaje puede funcionar como una herramienta para sostener el uso de una alternativa de navegación mientras se reorganiza el esquema de administración de la Vía Navegable Troncal.

El beneficio rige desde el 1° de septiembre

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su carácter retroactivo. Aunque la norma fue publicada el 9 de septiembre, la bonificación se aplica desde el primer día de este mes.

Esto significa que el beneficio contempla las operaciones alcanzadas desde el 1° de septiembre de 2026, evitando que el período transcurrido entre el vencimiento de la resolución anterior y la aprobación de la nueva medida implique para los usuarios una pérdida del descuento.

La ANPyN decidió mantener el porcentaje de reducción en 16,7%, en lugar de modificar la estructura tarifaria, y estableció como condición de finalización el momento en que el nuevo concesionario tome posesión de la infraestructura y servicios comprendidos en la licitación.

La decisión también refleja el proceso de transformación institucional iniciado con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en enero de 2025. El organismo asumió las funciones que anteriormente correspondían a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y quedó como autoridad de aplicación y control del contrato vinculado con la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

El próximo punto de inflexión será la nueva concesión

La bonificación tiene, por definición, carácter transitorio. Su extensión no modifica el proceso de licitación en marcha, sino que funciona como un mecanismo de transición hasta que el nuevo contratista asuma formalmente la operación.

Ese punto es relevante para entender la decisión económica. Más que una reducción tarifaria permanente, la medida busca administrar el período entre dos modelos de gestión, evitando que el cambio contractual produzca una alteración inmediata en los costos para los operadores.

El desafío para la política portuaria será que esa transición derive en una mejora estructural de la navegación: mayor previsibilidad tarifaria, mejores condiciones de mantenimiento, eficiencia en el dragado y señalización y, fundamentalmente, menores costos logísticos para las cargas que utilizan el sistema fluvial.

Para la economía argentina, el resultado esperado no se limita al ahorro directo que genera el descuento. Una vía navegable eficiente puede reducir tiempos de tránsito, mejorar la planificación de las operaciones portuarias y fortalecer la competitividad de las exportaciones, especialmente en un país cuya estructura productiva depende fuertemente del transporte de cargas hacia los puertos.

La extensión del beneficio del 16,7% en el Canal Martín García aparece así como una medida puntual dentro de un proceso mucho más amplio: sostener los costos de navegación en el corto plazo mientras el Estado completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión de la Vía Navegable Troncal.

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Nación crea un Consejo de Control para monitorear la Hidrovía

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El Gobierno nacional creó el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, una nueva instancia institucional destinada a seguir, monitorear y analizar el funcionamiento de la principal vía fluvial del país. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación mediante la Resolución 47/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y busca incorporar a provincias, empresas y usuarios al seguimiento de una infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino.

La decisión adquiere especial relevancia después de la adjudicación de la concesión para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. El nuevo Consejo funcionará como un ámbito permanente de intercambio de información y análisis sobre el desempeño del sistema, aunque sus recomendaciones serán consultivas y no vinculantes.

La resolución destaca la dimensión económica de la vía navegable. Según los fundamentos oficiales, la Vía Navegable Troncal concentra el mayor movimiento logístico portuario de la Argentina, articula alrededor de 60 terminales portuarias a lo largo de su recorrido y constituye la ruta fluvial por la que se transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones del país.

En términos concretos, esto significa que cualquier mejora en la previsibilidad de la navegación, la señalización, el dragado o la detección de obstáculos operativos puede tener efectos que exceden al sector portuario. Una vía navegable más eficiente impacta sobre los tiempos logísticos, la circulación de mercaderías y la capacidad de las empresas exportadoras para acceder a los mercados internacionales en condiciones competitivas.

El nuevo organismo tendrá carácter colegiado e institucional y funcionará dentro de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Su creación responde, según la resolución, a la necesidad de establecer un ámbito de participación entre el Estado nacional, las provincias y los usuarios vinculados al sistema.

La apuesta central es utilizar ese espacio para fortalecer la transparencia y generar mecanismos de alerta temprana. La norma señala que el Consejo permitirá identificar anticipadamente cuestiones operativas y sumar conocimiento técnico proveniente de los distintos actores que utilizan o intervienen en la Vía Navegable Troncal.

La herramienta también intenta resolver uno de los problemas habituales de las grandes infraestructuras logísticas: la distancia entre la regulación estatal y la experiencia cotidiana de quienes utilizan el sistema. Navieras, operadores portuarios, provincias y otros usuarios podrán aportar información y observaciones dentro de un esquema institucionalizado de seguimiento.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación mantendrá, sin embargo, el control efectivo sobre la concesión. La resolución establece expresamente que las competencias técnicas, regulatorias y contractuales continuarán siendo ejercidas de manera exclusiva por la autoridad de aplicación. Por lo tanto, el nuevo Consejo no podrá adoptar decisiones regulatorias ni reemplazará las atribuciones del organismo estatal.

Ese límite es relevante porque define al Consejo como una instancia de control y participación, pero no como un nuevo ente regulador. Sus recomendaciones tendrán carácter consultivo y no vinculante, mientras que las decisiones sobre el sistema concesionado seguirán bajo responsabilidad de la Agencia.

La creación del Consejo llega después de una serie de reuniones que la propia Agencia mantuvo con usuarios privados, compañías navieras y representantes de las provincias. Esos intercambios sirvieron como base para elaborar el Estatuto que establece la estructura y el funcionamiento del nuevo órgano.

La resolución también designó como secretario ejecutivo, con carácter ad honorem, al licenciado Carlos Alberto Ferrari. La persona designada tendrá a su cargo la función ejecutiva prevista en el Estatuto aprobado junto con la creación del Consejo.

El nuevo esquema se inscribe en una etapa de transformación de la administración de la Vía Navegable Troncal, luego del proceso licitatorio impulsado por el Estado nacional bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. La licitación comprendió la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la vía.

La infraestructura abarca desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en la zona denominada Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior, incluyendo el canal Punta Indio y distintos brazos y canales del sistema fluvial.

Desde una perspectiva de política pública, el cambio más significativo no está en la creación de una nueva autoridad con poder de decisión, sino en la institucionalización de un mecanismo de seguimiento sobre una infraestructura crítica. El desafío será que ese espacio pueda transformar información dispersa entre empresas, provincias y organismos públicos en diagnósticos útiles para anticipar problemas y mejorar la prestación.

Para la economía argentina, el resultado esperado es especialmente relevante: si el Consejo logra detectar tempranamente dificultades de navegación, problemas de señalización, necesidades de mantenimiento u otros cuellos de botella, la información podría contribuir a reducir interrupciones y mejorar la previsibilidad de una ruta por la que sale una parte sustancial de la producción nacional hacia los mercados externos.

La resolución entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Con su creación, el Gobierno busca sumar una capa institucional de monitoreo sobre la Vía Navegable Troncal en un momento en que su funcionamiento resulta determinante no sólo para la actividad portuaria, sino también para los costos logísticos, la competitividad exportadora y la integración comercial de la Argentina.

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Practicaje: el Gobierno aplica una baja del 20% en las tarifas y sostiene el esquema vigente

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El Gobierno nacional dispuso una reducción del 20% en las tarifas de los servicios de practicaje y pilotaje, en una medida orientada a normalizar la actividad portuaria después de la crisis generada por la reforma regulatoria impulsada a fines de julio. La decisión busca reducir el impacto sobre los costos de la navegación y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de un servicio considerado público y estratégico para el funcionamiento de los puertos argentinos.

La medida fue instrumentada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 716/2026. La reducción se aplica sobre las tarifas finales resultantes del régimen de tarifas máximas establecido en 2018 para los servicios de practicaje y pilotaje.

El recorte llega pocos días después de que el Poder Ejecutivo suspendiera los efectos del Decreto 690/2026, que había aprobado un nuevo reglamento para la actividad con el objetivo declarado de eliminar exigencias consideradas obsoletas y facilitar el ingreso de nuevos prestadores. La entrada en vigencia de esa reforma derivó en medidas de fuerza de los prestadores y en una situación que, según el Gobierno, puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.

Con el Decreto 716/2026, el Ejecutivo optó por una salida de transición: restableció temporalmente el régimen anterior, creó una mesa de trabajo con participación estatal y sectorial y fijó como objetivo alcanzar consensos para elaborar un nuevo marco regulatorio. Dentro de ese acuerdo también se estableció una reducción del 20% de las tarifas vigentes.

La Resolución 46/2026 convierte ese compromiso en una medida concreta. El descuento alcanza al resultado final de los cálculos efectuados bajo el régimen tarifario de 2018 y permanecerá vigente mientras continúe la suspensión dispuesta sobre el Decreto 690/2026.

El impacto económico de la decisión trasciende a los propios prestadores. El practicaje es una actividad indispensable para la navegación en aguas jurisdiccionales argentinas, particularmente en operaciones que requieren asistencia especializada para el ingreso, egreso y desplazamiento de buques por ríos, puertos, pasos y canales. Por esa razón, el costo del servicio forma parte de la estructura operativa del transporte marítimo y fluvial.

Desde una perspectiva de política económica, la reducción tarifaria introduce un alivio inmediato sobre un componente de los costos portuarios, mientras el Estado intenta resolver una discusión regulatoria de mayor alcance. El mecanismo elegido evita que la transición hacia un nuevo régimen se traduzca en una interrupción del servicio o en un incremento de costos durante el período de negociación.

La resolución también muestra que la salida adoptada combina tres herramientas: restitución transitoria del marco regulatorio anterior, reducción de tarifas y negociación de una nueva normativa. La ANPyN señala además que las entidades representativas del sector prestaron conformidad con la reducción, un elemento que apunta a facilitar la normalización de las operaciones.

La solución, sin embargo, tiene carácter estrictamente transitorio. La rebaja del 20% no constituye un nuevo régimen tarifario permanente, sino que estará atada a la vigencia de la suspensión del Decreto 690/2026. El desafío de fondo queda trasladado a la mesa intersectorial creada por el Ejecutivo, donde deberán definirse las reglas que permitan combinar competencia, incorporación de nuevos prestadores, seguridad de la navegación y previsibilidad de costos.

Para el sistema portuario argentino, el punto central será que esa instancia de diálogo logre transformar una crisis coyuntural en una reforma regulatoria sostenible. Mientras tanto, la reducción tarifaria funciona como una herramienta de emergencia para recomponer la prestación de un servicio crítico y moderar los costos asociados al movimiento de cargas por la vía navegable.

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El Gobierno da marcha atrás con la reforma del practicaje y suspende el decreto que desató un conflicto en la Hidrovía

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La decisión representa un cambio de estrategia del Ejecutivo. Apenas una semana después de impulsar una desregulación orientada a flexibilizar el acceso al mercado del practicaje, el Gobierno optó por restablecer transitoriamente el régimen anterior a través del Decreto 716/20026 para desactivar una crisis que comenzaba a impactar sobre uno de los engranajes más sensibles de la logística argentina.

El practicaje constituye un servicio esencial para la navegación comercial. Los prácticos son los profesionales que asesoran a los capitanes en el ingreso y egreso de buques en ríos, puertos y canales nacionales, especialmente en la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Cualquier interrupción de este servicio puede traducirse en demoras operativas, mayores costos logísticos y pérdidas económicas para exportadores, importadores y terminales portuarias.

Según explica el decreto, la reforma aprobada mediante el Decreto 690/2026 buscaba eliminar regulaciones consideradas obsoletas y reducir barreras de ingreso para nuevos prestadores del servicio. Sin embargo, la implementación provocó medidas de fuerza por parte del sector, generando una situación que el propio Gobierno calificó como una “crisis” para el funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad Nacional convocó a representantes del sector para negociar una salida. De ese encuentro surgió un consenso que incluyó cuatro compromisos: normalizar inmediatamente la prestación del servicio, suspender la aplicación del nuevo decreto, crear una mesa intersectorial para redactar una nueva regulación y avanzar en una reducción del 20% de las tarifas vigentes del practicaje y pilotaje.

Aunque el nuevo decreto oficializa la suspensión del régimen aprobado la semana pasada y restablece la normativa previa, la rebaja tarifaria consensuada durante la negociación todavía no fue incorporada en el articulado. Es decir, el Gobierno reconoce ese entendimiento en los fundamentos de la medida, pero deberá instrumentarlo posteriormente mediante la normativa correspondiente.

La nueva Mesa de Trabajo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y reunirá a funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector privado. El objetivo será consensuar una regulación que combine mayor competencia con previsibilidad operativa, evitando nuevos conflictos que afecten la actividad portuaria.

La decisión también evidencia un cambio de enfoque frente a un sector estratégico para la economía. Mientras el Decreto 690 había privilegiado una rápida liberalización del mercado, la nueva medida reconoce que cualquier modificación regulatoria requiere acuerdos con los actores involucrados para garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para el comercio exterior.

Desde una perspectiva económica, la resolución busca minimizar uno de los mayores riesgos para la cadena exportadora: la paralización o ralentización del tránsito de buques en plena campaña comercial. La Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y constituye un activo estratégico para la generación de divisas. En ese contexto, evitar interrupciones operativas se convierte en una prioridad tanto para el Estado como para el sector privado.

En términos de periodismo de soluciones, el decreto no implica el abandono de la intención oficial de modernizar el sistema de practicaje. Por el contrario, propone reemplazar una reforma unilateral por un proceso de construcción de consensos entre organismos públicos y operadores privados, con el objetivo de elaborar una regulación técnicamente sólida, jurídicamente estable y capaz de garantizar simultáneamente seguridad en la navegación, competencia económica y continuidad del servicio.

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Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

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La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

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