La privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanzó este martes hacia su definición final luego de que el Gobierno nacional abriera las ofertas económicas de la licitación internacional para concesionar la Vía Navegable Troncal (VNT), la principal ruta fluvial de exportaciones de la Argentina. Las empresas belgas Jan De Nul y DEME presentaron exactamente la misma propuesta económica: una tarifa de US$3,80, el mínimo previsto en el pliego oficial.

Con ese escenario de paridad económica, la diferencia técnica obtenida en las etapas previas dejó mejor posicionada a Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, para adjudicarse un contrato de concesión que contempla operación, mantenimiento y modernización de la infraestructura durante los próximos 25 años.

Según informó el Ministerio de Economía, la nueva tarifa implica una reducción de 50 centavos respecto del esquema vigente y un ahorro estimado del 13,5%. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) deberá ahora completar la evaluación final combinando el puntaje técnico y la oferta económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

Una licitación estratégica para el comercio exterior

El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2025, quedó reducido en la instancia final a dos multinacionales belgas. La brasileña DTA Engenharia había participado en la primera etapa, aunque no superó la evaluación técnica.

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una infraestructura clave para el comercio exterior argentino y regional, ya que canaliza una porción significativa de las exportaciones agroindustriales y de otros sectores productivos. Por eso, el Gobierno nacional presentó la licitación no solo como una concesión de obra pública, sino como una pieza central de su estrategia de competitividad y reducción de costos logísticos.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Economía sostuvo que el objetivo es “asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica”.

El dato político que el Ejecutivo buscó remarcar fue la ausencia de impugnaciones. Ni Jan De Nul ni DEME cuestionaron el pliego ni realizaron objeciones durante las instancias previas. Para el Gobierno de Javier Milei, ese punto funciona como validación institucional de un proceso que en etapas anteriores había estado rodeado de tensiones y observación pública.

Respaldo empresarial y señal política

El comunicado oficial enfatizó además el apoyo multisectorial al proceso. Entre los actores que respaldaron la licitación figuran provincias, Naciones Unidas y cámaras empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria.

Entre ellas aparecen la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA-CEC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La construcción de ese consenso no es menor. La hidrovía concentra buena parte del flujo exportador argentino y cualquier modificación en costos o funcionamiento impacta sobre la competitividad de cadenas productivas completas. Por eso, el Gobierno buscó mostrar que el proceso cuenta con validación técnica y acompañamiento empresario en un área sensible de la economía.

De acuerdo con la información oficial, la futura concesión contempla inversiones estimadas en torno a los US$10.000 millones para modernizar y profundizar la vía navegable.

El esquema apunta a consolidar un modelo de gestión privada sobre una infraestructura estratégica para el comercio exterior. La reducción tarifaria anunciada aparece como uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para justificar el nuevo esquema concesionado.

La etapa que resta consiste en la evaluación final de los oferentes y la posterior firma del contrato. La ANPYN será el organismo encargado de formalizar la adjudicación.

Impacto regional y mirada desde el NEA

Aunque el núcleo operativo de la hidrovía se concentra en el corredor agroexportador del Paraná, la definición también tiene implicancias para las economías regionales del NEA y particularmente para Misiones, cuya actividad forestal, yerbatera y de comercio exterior depende de la competitividad logística nacional.

Una eventual mejora en previsibilidad operativa y reducción de costos podría tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del norte argentino. Sin embargo, el alcance concreto de esos efectos dependerá de cómo evolucione el nuevo esquema tarifario y de las futuras inversiones en infraestructura asociada al sistema fluvial.

Con las ofertas económicas ya abiertas y sin conflictos formales entre oferentes, la licitación ingresó en una etapa de definición técnica más que política. La ventaja acumulada por Jan De Nul en la evaluación previa la deja mejor posicionada para continuar al frente de la principal vía de salida del comercio exterior argentino.

El foco ahora estará puesto en la decisión final de la ANPYN, en los términos definitivos de la adjudicación y en la capacidad del nuevo contrato para sostener la promesa oficial de menor costo logístico, modernización e inversiones de largo plazo en una infraestructura estratégica para la economía argentina.