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El Gobierno activó el “Plan Paraná” para reforzar el control de la Hidrovía Paraná–Paraguay

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El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Paraná, un esquema integral de prevención, detección, neutralización e investigación de delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilícitas en el principal corredor fluvial del país.

Una vía estratégica bajo presión: por qué se lanza el Plan Paraná

La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay es “una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina”, ya que constituye el eje fluvial más extenso de Sudamérica y concentra un volumen significativo del comercio exterior del país y de la región.

En el tramo que va desde el Puerto de Asunción hasta el Puerto de Buenos Aires circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un espacio logístico de altísima relevancia, pero también en un territorio altamente vulnerable a delitos complejos.

El texto advierte que organizaciones del crimen organizado transnacional aprovechan: La extensión geográfica del curso fluvial. La alta densidad de puertos públicos y privados. Las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.

De esta manera, despliegan operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos, actividades que representan “una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad subraya la necesidad de profundizar la coordinación entre las Fuerzas Federales, organismos administrativos especializados, el Poder Judicial y agencias internacionales, para asegurar un nivel de control más eficaz.

Objetivos, herramientas y despliegue territorial

El Plan Paraná establece un conjunto de objetivos específicos orientados a fortalecer la capacidad estatal de control sobre toda la traza argentina de la Hidrovía:

  1. Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
  2. Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).
  3. Fortalecer la cooperación interagencial, con participación de EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
  4. Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real, mediante drones, radares, scanners y tecnologías de vigilancia avanzadas.
  5. Intensificar la inteligencia criminal y financiera, con foco en organizaciones criminales transnacionales y esquemas de lavado de activos.

Seis polígonos operativos

La estrategia se organizará en fases operativas delimitadas por polígonos territoriales de intervención, que estructuran el despliegue de las Fuerzas Federales:

  • Primer Polígono: Puerto Bermejo (Chaco), Ciudad de Corrientes (Corrientes), Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
  • Segundo Polígono: jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
  • Tercer Polígono: Bella Vista (Corrientes) – La Paz (Entre Ríos).
  • Cuarto Polígono: La Paz – Ciudad de Paraná (Entre Ríos).
  • Quinto Polígono: Ciudad de Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
  • Sexto Polígono: San Nicolás – Paraná Guazú.

Este ordenamiento permitirá identificar zonas críticas, optimizar recursos y establecer prioridades según niveles de riesgo, densidad portuaria y patrones de circulación detectados por los organismos de seguridad.

Perspectivas para la región y el comercio exterior

La implementación del Plan Paraná tiene implicancias directas para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la frontera fluvial concentra operativos y desafíos históricos vinculados al contrabando y el tráfico transnacional. Asimismo, en el tramo medio e inferior de la Hidrovía —desde Entre Ríos hasta Buenos Aires— se prevé un aumento de controles sobre terminales portuarias y flujos de carga, lo que podría reordenar prácticas operativas en empresas logísticas y exportadoras.

El reforzamiento tecnológico —con drones, radares y sistemas de vigilancia integral— anticipa una mayor trazabilidad en la circulación de embarcaciones y mercancías, lo que podría generar reacciones en sectores transportistas y operadores fluviales, aunque la resolución no consigna medidas de carácter económico o regulatorio más allá del enfoque de seguridad.

A nivel institucional, la participación de agencias internacionales como ONUDD, DEA y CICAD-OEA sugiere un alineamiento con estándares de cooperación global contra el crimen organizado, mientras que en el plano interno se espera que el esquema mejore la coordinación entre fuerzas y reduzca la fragmentación operativa que históricamente afectó los controles en la Hidrovía.

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La empresa belga DEME celebró los avances hacia la nueva concesión de la Hidrovía

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La compañía belga, una de las mayores del mundo en dragado y balizamiento, valoró el proceso de licitación que impulsa el Gobierno argentino junto a la UNCTAD y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

El pronunciamiento marca un giro en la posición de DEME, que en el intento anterior había cuestionado el proceso judicialmente. La firma destacó la transparencia, la previsibilidad y el impulso a la sostenibilidad en la futura concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), eje estratégico del comercio exterior argentino.

Una nueva etapa para la Hidrovía: consenso institucional y previsibilidad

En un comunicado oficial, DEME, empresa con sede en Bélgica y amplia trayectoria internacional en obras de infraestructura portuaria, expresó su respaldo al proceso de licitación en curso para el mantenimiento y dragado de la Hidrovía Paraná–Paraguay, destacando “los esfuerzos de consenso y transparencia liderados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)”.

“Estos procesos proporcionan claridad y previsibilidad para futuras inversiones en infraestructura”, señaló el texto difundido por la compañía.

La declaración adquiere relevancia porque implica un cambio de postura frente al primer intento de licitación del canal troncal, cuando DEME presentó reclamos judiciales contra el procedimiento, los cuales fueron rechazados por la justicia argentina en distintas instancias.

La actual administración decidió reiniciar el proceso licitatorio en febrero, luego de dejar sin efecto el llamado previo —conocido como Licitación 1—, que había recibido una única oferta, precisamente de DEME, en medio de tensiones entre las empresas competidoras del sector.

Desde entonces, la ANPYN impulsó mesas técnicas y audiencias públicas con participación de cámaras empresarias, usuarios y representantes del comercio exterior, para construir un nuevo pliego con mayor consenso y criterios ambientales más exigentes.

Sostenibilidad, innovación y compromiso con la infraestructura marítima

Tras la audiencia pública ambiental realizada el 3 de noviembre, en la que la ANPYN presentó las herramientas de control y gestión de impacto sobre la Hidrovía, DEME destacó su compromiso con la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

La firma recordó que opera la primera draga del mundo propulsada con Gas Natural Licuado (GNL), tecnología que reduce significativamente las emisiones de CO₂ y marca un estándar global en la transición energética del sector marítimo.

“Apostamos por la innovación y la sostenibilidad, impulsando el desarrollo de Argentina en este ámbito”, subrayó la empresa.

DEME también reafirmó su interés en continuar participando en proyectos portuarios y de infraestructura fluvial en Argentina, incluyendo iniciativas de modernización de puertos, energía renovable offshore y dragado de mantenimiento y profundización, esenciales para la competitividad de la economía exportadora argentina.

La Hidrovía, clave para el desarrollo federal y el comercio exterior

El sistema de la Vía Navegable Troncal, que atraviesa más de 1.200 kilómetros desde el norte del país hasta el Río de la Plata, representa el principal corredor de salida del comercio exterior argentino, por donde circula más del 80% de las exportaciones agroindustriales.

El futuro esquema de concesión apunta a garantizar operaciones sostenibles, previsibles y sin aval del Estado, bajo la modalidad de riesgo empresario, como destacaron los principales actores privados del sector durante la audiencia pública.

Entidades como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Bolsa de Comercio de Rosario coincidieron en la importancia del proceso:

“Ratificamos la relevancia de esta licitación como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía”, expresaron.

Tras 14 horas de exposición y consultas, la audiencia ambiental cerró una etapa clave del proceso que permitirá al Estado argentino avanzar hacia un pliego definitivo, con reglas claras, participación multisectorial y lineamientos ambientales acordes a estándares internacionales.

La sostenibilidad en el nuevo esquema licitatorio

El nuevo marco licitatorio para la Hidrovía se perfila como una política de Estado de largo plazo, en la que confluyen objetivos de eficiencia logística, transparencia institucional y sostenibilidad ambiental.
La participación de organismos internacionales como la UNCTAD otorga legitimidad técnica al proceso y refuerza la imagen del país frente a los inversores globales del sector portuario y fluvial.

El respaldo público de DEME —una de las principales empresas globales de dragado— marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado argentino y los operadores internacionales de infraestructura marítima.
La combinación de consenso político, participación técnica y apertura competitiva consolida las bases para una nueva etapa en la gestión de la Vía Navegable Troncal, clave para el comercio exterior, la logística y la integración productiva del Mercosur.

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Puertos: las obras del Moegão alcanzan el 75% de ejecución en Paraná

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Portos do Paraná, la empresa que administra las terminales portuarias del estado de Paraná, en la frontera con Misiones, anunció, el miércoles que el 75,1% de las obras del ‘Moegão’ que está construyendo en Paranaguá se completaron en el primer semestre de este mes.

Según la autoridad portuaria, el 83,17% de la parte civil, referida a la estructura física, el 80,33% de las instalaciones mecánicas y el 48,93% de la parte eléctrica, ya están listas. Se espera que todos los servicios se completen en enero de 2026.

El Moegão, informó Portos do Paraná, podrá recibir hasta 24 millones de toneladas de granos y salvado por año y servirá para recibir carga destinada a las terminales del Corredor de Exportación Oriental (Corex) del puerto. La inversión es de R$ 650 millones de recursos propios de Portos do Paraná y financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Según la empresa, la entrada en operación de Moegão le permitirá pasar de los 550 vagones que actualmente se pueden descargar en las terminales de exportación a hasta 900 vagones por día. La previsión es que, con la instalación, se descargarán 180 vagones cada cinco horas.

La autoridad portuaria explicó que se puede alcanzar este volumen porque los trenes del ferrocarril no necesitarán ingresar a los almacenes, y ya no serán necesarias las maniobras que se realizan hoy. Además, el número de intersecciones con interrupciones en las vías de acceso al recinto portuario bajará de 16 a 5. Y el granel de verduras seguirá por cintas transportadoras hasta 11 terminales interconectadas al sistema y, desde allí, a los barcos.

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El Gobierno prorroga la intervención de la AGP para asegurar la operatividad de la Vía Navegable Troncal

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El Ministerio de Economía prorrogó la intervención de la AGP para garantizar la operatividad de los puertos y la Vía Navegable Troncal.

La medida extiende las funciones de la Administración General de Puertos mientras la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación termina su organización. Se busca asegurar la continuidad administrativa y técnica del sistema portuario y fluvial nacional.

A través de la Resolución 1548/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la encomendación dispuesta a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) para que continúe garantizando la gestión operativa, administrativa y técnica del sistema portuario nacional y de la Vía Navegable Troncal, hasta tanto la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se encuentre plenamente operativa.

La decisión, firmada por el ministro Luis Caputo, apunta a asegurar la continuidad de los servicios públicos portuarios y de navegación, así como el cumplimiento de los contratos vigentes y la ejecución de licitaciones estratégicas, entre ellas la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público por el Decreto 699/2024.

Transición institucional y continuidad de la gestión portuaria

La resolución tiene como antecedente directo el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP SAU, transfiriendo sus funciones, bienes, recursos y obligaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, creado como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumirá el rol de Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vinculadas al sector portuario y a la navegación.

Sin embargo, el texto oficial reconoce que la ANPYN aún no se encuentra totalmente operativa, ya que continúa en proceso de definición y aprobación de su estructura organizativa y funcional. Por ello, el Ministerio consideró necesario prorrogar el mandato de la AGP para que mantenga las funciones esenciales y colabore técnicamente con la nueva agencia.

La medida extiende las disposiciones originales de la Resolución 21/2025, que había encomendado a la AGP la administración transitoria de los bienes, recursos, derechos y obligaciones en proceso de transferencia, así como la supervisión de los contratos en curso.

Tres ejes de gestión durante la prórroga

El artículo 2° de la Resolución 1548/2025 redefine las prioridades de la AGP en esta nueva etapa, estableciendo tres objetivos centrales:

  1. Licitación y adjudicación de la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, incluyendo dragado, redragado y señalización, tanto en el tramo principal como en las zonas de acceso a los puertos.
  2. Finalización del relevamiento de los espacios portuarios y regularización de títulos de uso, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre las áreas bajo jurisdicción nacional.
  3. Unificación de las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires, conforme al esquema previsto por el Decreto 602/2025, que estableció un nuevo modelo de gestión unificada de las terminales portuarias de la capital federal.

Durante este período, el Interventor de la AGP SAU deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre las acciones y medidas adoptadas, garantizando transparencia y trazabilidad administrativa en el proceso de traspaso.

El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que “subsiste la necesidad de llevar a cabo actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, así como de generar mejores condiciones de competitividad y continuidad operativa”, en tanto la nueva agencia termina su etapa organizativa.

Relevancia institucional y proyección del sistema portuario

Con esta resolución, el Gobierno nacional busca evitar vacíos administrativos o técnicos en un sector clave para la logística y el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal, principal corredor fluvial del país, concentra el transporte de más del 80% de las exportaciones agroindustriales y constituye un componente esencial para la competitividad del sistema productivo.

La continuidad de la AGP como operador transitorio garantiza la ejecución de los contratos en curso y el sostenimiento de los servicios de dragado y señalización, mientras la ANPYN asume progresivamente nuevas funciones vinculadas con la gestión ambiental, la habilitación de puertos y la administración de concesiones.

De acuerdo con el marco normativo, la ANPYN se constituirá como la única autoridad portuaria nacional, con competencias para regular, planificar y fiscalizar tanto los puertos públicos como privados, así como los contratos de concesión de terminales estratégicas como las de Puerto Nuevo – Buenos Aires.

Una transición clave en la política portuaria nacional

La prórroga dispuesta por Economía forma parte de una etapa de transición institucional que redefine la política portuaria y de navegación del país. La creación de la ANPYN busca concentrar las funciones dispersas hasta ahora entre distintas dependencias del Estado, con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la transparencia y optimizar la infraestructura logística nacional.

La AGP SAU, que operó durante décadas como administradora del Puerto Buenos Aires y concesionaria interina de la Vía Navegable, aportará su experiencia técnica y operativa en esta fase de traspaso. En tanto, la ANPYN deberá avanzar en su estructura definitiva, la integración de su personal técnico y la implementación de políticas de desarrollo portuario alineadas con los nuevos desafíos logísticos y ambientales.

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Puertos: la ANPYN redefine funciones y avanza en su organización interna

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó su estructura de cuarto nivel operativo, consolidando la organización interna del organismo creado en enero de este año. La medida redefine funciones clave de la Gerencia de Administración y Finanzas y crea la Coordinación de Servicios Generales bajo la órbita de la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa, con el objetivo de optimizar la gestión de bienes, servicios e infraestructura portuaria.

La Resolución 45/2025, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, marca un nuevo paso en la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía y continuador jurídico de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos (AGP).

La norma, firmada por el director ejecutivo Iñaki Miguel Arreseygor, modifica las misiones y funciones asignadas a la Gerencia de Administración y Finanzas, que a partir de ahora se concentrará en la gestión contable, financiera y patrimonial de la Agencia. Entre sus competencias figuran la supervisión de la percepción y pago de fondos, la administración de bienes y el control de inventarios.

En paralelo, se aprueba la creación de la Coordinación de Servicios Generales, dependiente de la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa, que tendrá a su cargo la administración y mantenimiento de instalaciones edilicias, flota automotora y unidades flotantes, así como la gestión de servicios generales, choferes y mayordomía.

La nueva Coordinación de Servicios Generales

La Coordinación de Servicios Generales será responsable de la gestión integral de los bienes e infraestructuras bajo la órbita de la ANPYN, incluyendo la supervisión de embarcaciones y maquinarias en desuso, la planificación de mantenimientos edilicios y la puesta en valor de instalaciones y espacios públicos. También deberá administrar la disposición final de unidades flotantes y materiales terrestres fuera de servicio, una tarea clave en el marco del proceso de liquidación de la AGP.

La medida, según consta en la resolución, no genera erogaciones presupuestarias inmediatas, aunque se prevé que en el futuro se realicen adecuaciones para sostener la operatividad de las nuevas funciones asignadas.

La creación de la ANPYN mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 respondió a la necesidad de concentrar en un único organismo la planificación, regulación y administración de la infraestructura portuaria y de vías navegables, en reemplazo de estructuras fragmentadas que habían funcionado bajo la órbita del Ministerio de Transporte.

En los últimos meses, la agencia fue delineando su organigrama. El Decreto 42/2025 aprobó la estructura de primer nivel, mientras que la Resolución 4/2025 definió el segundo nivel operativo. Ahora, la Resolución 45/2025 completa la definición de la estructura de cuarto nivel en la Gerencia de Coordinación Legal y Administrativa.

La consolidación de la ANPYN tiene efectos directos en la gestión del sistema portuario nacional. La centralización de funciones permitirá ordenar el inventario de bienes de la AGP en proceso de liquidación y mejorar la eficiencia en la administración de recursos materiales y financieros.

El fortalecimiento de áreas como Servicios Generales resulta clave para garantizar el mantenimiento de flotas, maquinarias e instalaciones críticas, un aspecto central para el comercio exterior y la competitividad logística de la Argentina.

La medida también abre interrogantes sobre las próximas fases de la reorganización institucional: cómo se financiarán las nuevas funciones, cuál será la articulación con las delegaciones regionales y qué impacto tendrá la redefinición de competencias en el vínculo con el sector privado.

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