Pymes Argentinas

El massismo defendió la alianza productiva con Lula y Brasil

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Con el eje en el impacto para el trabajo argentino, dirigentes de todo el pais del Frente Renovador expresaron que los agravios de Milei a Brasil son perjudiciales para el trabajo argentino.

Asimismo,  recordaron que de la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos argentinos que están vinculados con quien es hoy nuestro principal socio comercial.

El Frente Renovador expresó un fuerte respaldo a la visión de desarrollo e integración regional impulsada por Sergio Massa y advirtió sobre las consecuencias que generan los agravios del oficialismo al presidente Lula da Silva durante su visita a Brasil, principal socio comercial de la Argentina. En un momento en que el Gobierno nacional profundiza el desmantelamiento del entramado productivo y la destrucción de empleo formal.

La fuerza política del massismo señaló que la falta de respeto al principal socio comercial del país no es un exabrupto menor, es un costo económico concreto que terminan pagando las PyMEs, las exportaciones y los trabajadores argentinos.

Dirigentes massistas de todo el país y de distintos niveles de representación institucional, coincidieron en que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión.

Además, cuestionaron que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.

En este sentido, desde la Cámara de Diputados de la Nación, se expresaron en este sentido. La diputada Sabrina Selva señaló que detrás del vínculo bilateral “hay miles de PyMEs, empleos e industrias argentinas que dependen de nuestro principal socio comercial” y reclamó la necesidad de “recuperar el diálogo, el respeto y la sensatez”. El diputado Diego Giuliano y presidente del FR sostuvo que “un Presidente viaja para defender los intereses de la Argentina, no para hacer campaña ni agraviar al mandatario de nuestro principal socio comercial”, y advirtió que “cada pelea diplomática de Milei la terminan pagando nuestra industria, nuestras exportaciones y nuestros trabajadores”. La diputada Cecilia Moreau calificó como “inaceptables” los agravios del mandatario argentino contra Lula y recordó que “jamás en la historia un presidente argentino viajó a otro país para insultar públicamente a su mandatario”.

Por su parte, la diputada Jimena López afirmó que “la unidad también se construye mirando a la región” y remarcó que “la salida para la Argentina tiene que ser con integración, inclusión y futuro”. A su vez, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez expresó que “los líderes siempre hermanan a sus pueblos” y que la región “volverá a ser sólida cuando impere el diálogo, la comprensión y el respeto”. En la misma línea de crítica y reflexión, la diputada nacional Marina Salzmann sostuvo que Brasil debe ser “un aliado indiscutible para el desarrollo que necesita Argentina” y afirmó que el país necesita una conducción que “busque oportunidades para nuestro país y promueva el crecimiento económico con inclusión social”.

Por su parte, el diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Koky” Araujo, afirmó: “Vecinos. Amigos. Aliados estratégicos. Con Brasil podemos progresar juntos. Porque lo que importa es la Argentina. Poco importa el ego de un presidente que quiere que se hable de él en el exterior y hace daño a nuestro comercio y a nuestras chances de desarrollo. Primero, el país”.

El diputado provincial Alexis Guerrera y ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, en la misma sintonía, destacó que Brasil es el “principal socio comercial” de la Argentina y sentenció: “Cada agravio de Milei no lastima a Lula, lastima a la industria, al comercio y a los trabajadores argentinos que dependen de esa relación bilateral”. A su vez, Guerrera denunció que se necesita “un Jefe de Estado que esté a la altura de lo que la historia entre ambos países marca y requiere”. Por su parte, el diputado provincial Rubén Eslaiman expresó: “En la diversidad de nuestras historias, Argentina y Brasil somos hermanos de América del Sur. Unidos por el diálogo, el respeto mutuo y la voluntad de construir un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo”, y añadió: “con el gobierno de Brasil y el Presidente Lula, renovamos el compromiso de trabajar juntos por nuestros pueblos. ¡Unidad sudamericana!”.

El lamentable hecho protagonizado por el mandatario argentino hizo eco en todo el arco político que representa al espacio liderado por Sergio Massa, en momentos en que la relación comercial con Brasil resulta cada vez más decisiva para sostener lo poco que queda en pie del aparato productivo nacional. En la provincia de Buenos Aires, el respaldo a la integración regional también fue unánime. El senador provincial Marcos Pisano destacó que Brasil y Argentina están unidos por “una larga historia de arraigo y desarrollo”, basada en “la unidad y la sensibilidad a la hora de gobernar”, y defendió “un modelo de desarrollo que incluya a todos, no sólo a los amigos del poder”. A su vez, la legisladora bonaerense Ayelén Rasquetti sostuvo que “cuando hay diálogo, hay futuro”, y afirmó que ambos países poseen “una historia compartida y enormes desafíos por delante”, por lo que gobernar exige “diálogo, trabajo conjunto y solidaridad para construir un desarrollo con la gente adentro”. En tanto, la diputada provincial, Sofía Vannelli, remarcó que “el desarrollo que no pone a la gente en el centro, no es desarrollo” y señaló que Sergio Massa y Lula “son el ejemplo de que otra forma de conducir es posible: con diálogo regional y con la convicción de que a la ‘Patria Grande’ se la construye de a pueblos”. Además, advirtió que “un país que crece para pocos, no sirve”.

Además, se sumaron al reclamo diferentes funcionarios bonaerenses, como Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró: “La integración entre Argentina y Brasil no es una consigna: es una decisión estratégica para generar trabajo, producción y oportunidades”, y agregó que se debe hacer “con diálogo, sensibilidad social y la convicción de que el desarrollo sólo tiene sentido cuando mejora la vida de la gente. Sergio Massa lo dice, y sobre todo, lo demuestra con hechos”. Por su parte, Marcela Passo, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, señaló: “El desarrollo como motor de crecimiento y prosperidad tiene que ser prioridad de agenda, tal como lo planteó Sergio Massa y todos los que formamos parte del Frente Renovador. Lamento profundamente que la agenda de odio que impulsa el actual gobierno argentino se haya puesto por encima de esos ideales”.

Respaldo del interior

Referentes del Frente Renovador del interior del país expresaron su indignación por el lamentable suceso. La legisladora massista de Chubut, Vanesa Abril, manifestó: “Argentina hoy más que nunca necesita del diálogo y la unidad regional. Brasil es un socio estratégico, nuestro principal socio comercial”, y agregó: “Necesitamos gobernantes con capacidad y sensibilidad para llevar soluciones a la gente, fortaleciendo la agenda de integración, desarrollo y producción desde el respeto y el diálogo”. En tanto, Sara Aparicio, legisladora de Corrientes, denunció que “la Argentina necesita una política exterior al servicio del desarrollo, la producción y el trabajo, no de la confrontación permanente, como lo hizo siempre”. En esta línea, el referente correntino Germán Braillard sostuvo: “Argentina y Brasil son pueblos hermanos. Quienes vivimos en las provincias fronterizas lo sabemos: cada día nos conocemos más, nos queremos más y trabajamos mejor juntos. Milei no debería poner en riesgo ese camino de integración. El futuro se construye con diálogo, respeto y cooperación”.

En esta linea, la diputada mendocina Gabriela Lizana expresó: “Los agravios nunca fortalecen a un país. Con Brasil nos unen la historia, el comercio y millones de puestos de trabajo que dependen de una relación madura entre dos naciones hermanas. Gobernar con sensibilidad también es construir puentes, no romperlos. El desarrollo solo es verdadero cuando la gente queda adentro, no cuando la confrontación deja oportunidades afuera”. Por último, la diputada chaqueña Katia Blanc también se pronunció a través de sus redes sociales: “Lo interesante es la integración regional en dirección a nuestra gente, con más empleo, desarrollo y cuidado de lo nuestro”.

También se pronunciaron intendentes de la provincia de Buenos Aires en apoyo a la integración regional. El intendente de Chacabuco, Darío Golia, sostuvo que “el desarrollo del país se construye con una mirada regional, pensando en nuestro pueblo”. En la misma línea, la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, afirmó que “gobernando con sensibilidad social y priorizando el bienestar de los vecinos es como se construye futuro” y remarcó que “la cercanía y la mirada estratégica entre Sergio Massa y Lula marcan el rumbo de una política que pone en el centro la producción y las oportunidades para el pueblo”. Por su parte, el intendente de Patagones, Ricardo Marino, sostuvo que “Argentina y Brasil comparten mucho más que una frontera: comparten historia, integración, trabajo y un destino común”, y agregó que “fortalecer esa relación es una decisión estratégica que beneficia a millones de personas, impulsando la producción, el comercio y el desarrollo de nuestros pueblos”; en ese sentido, remarcó que “las diferencias políticas son circunstanciales” y que “los países crecen cuando construyen puentes, no cuando levantan barreras”. En la misma línea, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, señaló que “Argentina y Brasil reafirman los lazos que los unen como naciones hermanas de Sudamérica, renovando el compromiso de trabajar de manera conjunta por el bienestar de sus pueblos”, y sostuvo que “a través del diálogo ambos países apuestan a seguir construyendo un futuro compartido de paz”. A su vez, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, sostuvo que “un Presidente representa a la Argentina, no a su campaña” y cuestionó que “Milei usó una gira oficial para intervenir en la política de Brasil e insultar a su presidente”. En tanto, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, afirmó que “el desarrollo regional es la respuesta” y remarcó que “nunca estuvo tan claro qué modelos de gobierno se debaten a diario”, contraponiendo que “al odio como forma política se le antepone empatizar con lo que les pasa a las mayorías populares” y que “a la timba financiera” hay que “impulsar oportunidades con formación y trabajo”. Por último, el intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi, señaló que “la unidad con Brasil es la posibilidad de construir una región más fuerte, con producción, empleo y oportunidades”, pero advirtió que “ese crecimiento solo será verdadero si tiene un rostro humano, si pone a la gente en el centro y si se gobierna con sensibilidad y compromiso social”.

Las declaraciones manifiestan la postura del massismo en defensa de una política exterior responsable, orientada a fortalecer la relación con Brasil y la integración regional como herramientas para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo. Los agravios a Lula no son un problema de forma: son, en los hechos, un ataque a los intereses económicos de millones de argentinos que hoy ya sufren la pérdida de empleo formal y el retroceso del entramado productivo. En ese sentido, los dirigentes ratificaron el liderazgo de Sergio Massa y su propuesta de construir una Argentina con más diálogo, cooperación y crecimiento con inclusión social. 

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La UIA reclama cambios al “Súper RIGI”: pide más contenido nacional y alerta por la presión fiscal sobre la industria

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Mientras el Gobierno busca acelerar la aprobación del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados como una de las piezas centrales de su estrategia para atraer inversiones, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió fijar posición y plantear modificaciones al proyecto. La principal entidad fabril del país respaldó la necesidad de promover nuevas inversiones, pero advirtió que el régimen debe incorporar mecanismos concretos que garanticen una mayor participación de la industria nacional y de los proveedores locales.

La discusión no es menor. El oficialismo aspira a convertir al “Súper RIGI” en una herramienta para captar grandes desembolsos de capital en sectores estratégicos, ampliando los beneficios ya previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Sin embargo, desde la UIA sostienen que el desafío no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por maximizar su impacto sobre el entramado productivo argentino.

Durante la reunión de Junta Directiva de la entidad, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, remarcó que la llegada de nuevas inversiones debe transformarse en una oportunidad para fortalecer cadenas de valor locales, generar empleo calificado y promover la transferencia tecnológica. En ese sentido, planteó una definición de fondo: si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer capitales, el problema estructural sigue siendo la falta de condiciones competitivas para el conjunto de la industria.

Con esa lógica, la central fabril propuso incorporar al “Súper RIGI” una exigencia mínima de contenido nacional. La iniciativa consiste en replicar el piso obligatorio del 20% de inversión que ya contempla el régimen vigente, pero orientándolo exclusivamente a bienes con valor agregado local. El objetivo es evitar que ese porcentaje se diluya en contrataciones que inevitablemente deben realizarse en el mercado interno y garantizar una participación efectiva de fabricantes nacionales en los grandes proyectos de inversión.

Además, la UIA impulsa la creación de esquemas de integración progresiva. La propuesta apunta a que, a medida que los emprendimientos avancen desde la etapa de construcción hacia la operación, se incremente gradualmente la participación de proveedores argentinos. Para ello, también reclama reglas claras que permitan verificar objetivamente la existencia de oferta local competitiva en términos de precio, calidad y disponibilidad.

La posición de la entidad industrial surge en un contexto donde conviven expectativas por la recuperación económica con señales de preocupación en varios sectores manufactureros. De acuerdo con los datos presentados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial registró en mayo una caída interanual del 0,8%, con desempeños particularmente negativos en ramas de alto impacto productivo como la automotriz (-21%), la metalmecánica (-5%) y bebidas (-14%).

Pero el debate sobre el “Súper RIGI” estuvo acompañado por otra preocupación recurrente del sector: la presión tributaria. Durante el encuentro, la entidad presentó un informe sobre la carga fiscal que enfrenta la producción formal y advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas continúan operando bajo condiciones que deterioran su competitividad frente a competidores internacionales.

Según el análisis de la UIA, la industria aporta el 27% de la recaudación tributaria nacional y enfrenta una estructura de costos agravada por impuestos provinciales y municipales. Particularmente, la entidad puso el foco sobre el financiamiento productivo. En promedio, las provincias aplican una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre la intermediación financiera, mientras que las tasas municipales agregan otro 6%. Sumados los impuestos de sellos y otras cargas, el sobrecosto tributario sobre el crédito puede alcanzar el 20%, encareciendo el acceso al financiamiento y afectando especialmente a las pymes.

La advertencia adquiere especial relevancia para provincias industriales y agroindustriales del interior, donde el acceso al crédito resulta determinante para sostener inversiones, capital de trabajo y empleo. En regiones como el NEA, donde predominan las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción primaria, la industria forestal y los servicios, el costo financiero se ha convertido en una de las principales barreras para la expansión de la actividad.

La discusión sobre el “Súper RIGI” expone así una tensión de fondo dentro del modelo económico actual. Mientras el Gobierno apuesta a la apertura de nuevos flujos de inversión y a la estabilidad macroeconómica como motores del crecimiento, la industria reclama que esos incentivos extraordinarios se traduzcan en desarrollo local, generación de proveedores y fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales. La batalla legislativa que comenzará en Diputados no solo definirá el alcance de un régimen promocional, sino también el perfil que tendrá la política industrial argentina en los próximos años.

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La industria advierte por la pérdida de empleo y reclama cambios para aprovechar el “Súper RIGI”

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La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó al Congreso una fuerte advertencia sobre el presente de la actividad manufacturera argentina. Durante una exposición ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la entidad empresaria describió un escenario de caída de la producción, pérdida de empleo formal y creciente presión sobre la competitividad, al tiempo que reclamó una batería de reformas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

La presentación pasó relativamente desapercibida por la agenda política de los últimos días, dominada por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la expectativa previa al Mundial de Fútbol. Sin embargo, el diagnóstico planteado por la principal entidad fabril del país fue contundente.

Según datos elaborados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial se ubicó en marzo un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022. El comportamiento sectorial muestra una marcada heterogeneidad: mientras algunos segmentos vinculados a la molienda de granos, la refinación de petróleo, la industria farmacéutica, la fabricación de motocicletas y ciertos rubros alimenticios lograron sostenerse, gran parte de la estructura industrial continúa en retroceso.

Entre los sectores más afectados aparecen la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónica y maquinaria industrial. También se observa una caída significativa en la demanda de materiales para la producción.

Más de 75.000 empleos industriales menos

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado al empleo. De acuerdo con la UIA, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto con la construcción, acumulando una destrucción de 75.399 empleos formales.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, señaló Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, durante su exposición ante los legisladores.

La dirigente remarcó además que las cifras corresponden exclusivamente al empleo directo, por lo que no contemplan el impacto indirecto sobre proveedores, servicios asociados, logística, comercialización ni actividades inducidas por la producción industrial.

El avance de las importaciones y el costo argentino

Otro de los ejes planteados por la entidad fue el crecimiento de las importaciones destinadas al consumo. Según los datos presentados, estas aumentaron 17% desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, mientras que las vinculadas a la producción registraron una caída del 14%.

Para la UIA, esta dinámica refleja una creciente preocupación por la competitividad de los sectores transables, especialmente en un contexto donde persisten elevados costos internos.

La entidad volvió a poner el foco sobre el denominado “costo argentino”, una problemática histórica que incluye presión tributaria, costos energéticos, dificultades de financiamiento, infraestructura insuficiente y elevados costos logísticos.

Exportaciones industriales estancadas

La preocupación también alcanza al frente externo. Los técnicos de la UIA señalaron que las exportaciones industriales muestran un estancamiento de más de una década.

Las cantidades exportadas durante el primer trimestre de 2026 se ubicaron 24% por debajo de los niveles observados entre 2011 y 2013, lo que evidencia la pérdida de participación de la industria argentina en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una estrategia orientada a mejorar la competitividad y fortalecer las capacidades exportadoras.

El debate por el “Súper RIGI”

Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo vinculado al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y estratégicos.

La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluso más amplios que los establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

Entre los sectores alcanzados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala, la industria de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.

La UIA respaldó el objetivo de atraer inversiones, pero advirtió que el esquema debe garantizar una participación efectiva de la industria nacional.

Según la entidad, la experiencia del RIGI mostró limitaciones importantes. Sostiene que gran parte de las inversiones comprometidas pudo cumplirse mediante gastos en obras y servicios, sin generar necesariamente demanda de bienes industriales de origen local. Además, cuestionó la existencia de mecanismos que permiten reemplazar compras a proveedores nacionales por importaciones.

Por ello, propuso que el nuevo régimen incorpore un porcentaje mínimo obligatorio del 20% destinado a bienes con valor agregado local, junto con mecanismos de ampliación gradual del contenido nacional y reglas claras para asegurar condiciones de competencia razonables para los proveedores argentinos.

Reforma tributaria y alivio para las pymes

La UIA también presentó una serie de propuestas tributarias orientadas a mejorar la competitividad.

Entre ellas figuran la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal para IVA y Ganancias en sectores intensivos en empleo; una alícuota única del 25% en el impuesto a las ganancias alineada con estándares internacionales; la utilización plena del impuesto al cheque como pago a cuenta de IVA y Ganancias para las pymes; y la eliminación progresiva de los derechos de exportación que aún afectan a sectores industriales y economías regionales.

Asimismo, reclamó un aumento de los reintegros a las exportaciones para productos industriales, alimentos, bebidas y producciones regionales.

Capacidad instalada: la industria sigue sin despegar

Los últimos datos muestran una leve mejora en la utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 59,9%, frente al 58,6% registrado un año atrás. Sin embargo, el nivel continúa lejos de los parámetros considerados saludables para una expansión sostenida de la actividad.

Para Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora Industria y Desarrollo (I+D), la industria atraviesa una dinámica compleja.

“La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, sostuvo.

La situación también se refleja en la industria metalúrgica. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) informó que el sector siderúrgico registró en abril una caída interanual del 5,1% y acumula un retroceso del 6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubica apenas en 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Mientras tanto, los datos oficiales del Indec muestran que la industria volvió a caer en abril, con una baja mensual del 2,1% y una contracción interanual del 2,8%, confirmando que el sector aún no encuentra una senda sostenida de recuperación.

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La destrucción silenciosa: en 28 meses cerraron 26.448 empresas y se perdieron 370 mil puestos registrados

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La economía argentina atraviesa una paradoja cada vez más visible. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, el tejido productivo continúa achicándose. La fotografía que surge de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es contundente: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empleadores y se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Si se suman las trabajadoras de casas particulares, la destrucción alcanza a 370.487 empleos formales.
Traducido a una escala cotidiana, la Argentina perdió 31 empresas por día y 435 empleos registrados diarios durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.
El dato expone una realidad menos visible que la desaceleración inflacionaria o la mejora financiera: la economía continúa expulsando unidades productivas y empleo formal.

Los números muestran que el universo de empleadores pasó de 512.357 a 485.909 firmas, una caída del 5,2%. Detrás de esa cifra hay comercios, pequeñas industrias, empresas de transporte, constructoras y prestadores de servicios que dejaron de operar o redujeron su estructura al punto de abandonar el empleo registrado.

Empresas empleadoras: 26.448 menos

Argentina | Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empleadores registrados 512.357 485.909 -26.448
Ritmo promedio 28 meses -31 por día
Fuente: CEPA en base a SRT.

El sector más golpeado fue el comercio, con 6.836 empleadores menos. Le siguieron transporte y almacenamiento (-6.473), servicios inmobiliarios (-3.796), industria manufacturera (-3.393), servicios profesionales (-2.666) y actividades agropecuarias (-2.425).
Sin embargo, cuando se mide el impacto en términos relativos, el panorama cambia. Transporte y almacenamiento encabeza la crisis con una contracción del 16,4% de sus empleadores, seguido por servicios extraterritoriales (-15,8%), inmobiliarias (-12,8%) y construcción (-9,5%).

El empleo formal sigue en retroceso

La caída empresaria tuvo un correlato inevitable sobre el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el empleo registrado en unidades productivas cayó de 9,86 millones a 9,52 millones de trabajadores. Son 339.841 puestos menos, equivalente a una retracción del 3,45%.

La construcción aparece como el gran símbolo del ajuste económico. El sector perdió 81.425 empleos registrados, producto del freno de la obra pública nacional y de la retracción de la inversión privada. Detrás se ubicaron la industria manufacturera (-79.263), la administración pública (-67.312) y el transporte (-64.660).
En términos porcentuales, la construcción también lidera el deterioro con una caída del 17,1% del empleo. Transporte y servicios extraterritoriales registran bajas superiores al 12%, mientras que la industria manufacturera retrocede 6,5%.

Empleo formal: 370.487 puestos menos

Argentina | Unidades productivas + casas particulares

Categoría Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Trabajadores en unidades productivas 9.857.173 9.517.332 -339.841
Casas particulares 629.660 599.014 -30.646
Total empleo privado registrado 10.486.833 10.116.346 -370.487
Fuente: CEPA en base a SRT.


Un dato especialmente sensible es el comportamiento del empleo doméstico. Las trabajadoras de casas particulares registradas pasaron de 629.660 a 599.014. Son 30.646 empleos menos. Históricamente, este sector funciona como un termómetro del poder adquisitivo de los hogares de clase media: cuando las familias ajustan gastos, el empleo doméstico suele ser una de las primeras variables afectadas.

Misiones: una crisis más silenciosa, pero persistente

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino permiten observar que Misiones no quedó al margen de esta dinámica.

Misiones perdió 1.074 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, pasando de 9.480 a 8.406 firmas registradas. La caída alcanza el 11,3%, más del doble del promedio nacional. Esto significa que más de una de cada diez empresas que empleaban trabajadores formales dejó de existir durante el período.

Misiones: más de una de cada diez empresas menos

Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empresas empleadoras 9.480 8.406 -1.074 / -11,3%
Empleo privado formal 97.796 mínimo desde dic. 2020
Fuente: elaboración propia en base a datos laborales oficiales.

El deterioro también se refleja en el empleo privado registrado. En marzo de 2026 Misiones contabilizó 97.796 trabajadores formales en el sector privado, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. La provincia perdió 707 puestos solamente en marzo y acumula una caída interanual que la ubica entre las jurisdicciones más afectadas del NEA.

La diferencia respecto de otras provincias radica en la estructura económica misionera. La provincia depende fuertemente de pymes comerciales, agroindustriales y de servicios vinculados al mercado interno. Son precisamente los segmentos que más sufren cuando cae el consumo, se encarece el financiamiento y se retrae la actividad.

Pymes que desaparecen, grandes empresas que despiden

Otro dato relevante del informe es que la desaparición de empleadores se concentra casi exclusivamente en las pequeñas y medianas empresas. De las 26.448 firmas perdidas, 26.382 tenían menos de 500 trabajadores. Es decir, el 99,75% de los cierres corresponde a empresas de menor tamaño.

Sin embargo, cuando se analiza el empleo, el mayor ajuste provino de las grandes compañías. Las empresas con más de 500 empleados explican el 67,1% de los puestos destruidos, con una pérdida de 228.084 trabajadores.

La lectura es clara: las pymes son las que desaparecen, mientras que las grandes empresas sobreviven reduciendo personal.

La discusión económica argentina suele concentrarse en inflación, dólar, reservas o superávit fiscal. Pero detrás de esos indicadores aparece otra realidad: la del tamaño efectivo de la economía.

Los datos muestran que la estabilización macroeconómica todavía no logró traducirse en una recuperación sostenida del entramado productivo. Menos empresas, menos empleo registrado y una industria que opera con elevados niveles de capacidad ociosa configuran un escenario donde la economía puede mostrar mejores balances fiscales mientras continúa reduciendo su base productiva.

El desafío de los próximos meses no será solamente sostener la estabilidad. Será demostrar que esa estabilidad puede generar nuevas empresas, recuperar empleo formal y revertir una dinámica que, por ahora, sigue mostrando una economía más ordenada, pero también más pequeña.

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Promoción del Empleo Registrado: ARCA reglamentó el blanqueo laboral con condonación de hasta el 90% de la deuda previsional

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la reglamentación operativa del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), creado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La medida habilita a las empresas privadas a regularizar trabajadores no registrados o deficientemente registrados con una condonación de hasta el 90% de las deudas previsionales, además de planes de pago de hasta 72 cuotas para los saldos remanentes.

La resolución general 5862, publicada este jueves en el Boletín Oficial, transforma en un mecanismo concreto uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector productivo, la norma abre una ventana temporal para corregir contingencias laborales acumuladas sin enfrentar la totalidad de las cargas históricas, reduciendo significativamente el costo de formalización.

Una herramienta para reducir pasivos laborales ocultos

El régimen alcanza a relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que permanezcan vigentes al momento de la adhesión. El plazo para regularizar se extenderá hasta el 28 de noviembre de 2026.

Desde la óptica empresarial, la principal novedad es la magnitud de la condonación sobre aportes y contribuciones adeudados:

  • 90% de reducción para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.
  • 80% para medianas empresas tramo 1 y 2.
  • 70% para el resto de los empleadores.

Además, el régimen elimina el total de la deuda vinculada al Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio para los trabajadores regularizados.

La decisión apunta a resolver uno de los principales obstáculos para la formalización: el elevado costo acumulado de las obligaciones previsionales retroactivas, que en muchos casos termina convirtiéndose en una barrera económica para blanquear personal.

Para provincias con una fuerte presencia de pequeñas empresas familiares, cooperativas, establecimientos agroindustriales y comercios de escala reducida, como Misiones y el resto del NEA, la medida adquiere una relevancia especial.

Gran parte del empleo regional se concentra en actividades intensivas en mano de obra, donde históricamente coexistieron situaciones de informalidad parcial o registraciones deficientes vinculadas a antigüedad o remuneraciones declaradas por debajo de los ingresos reales.

Sectores como: Agroindustria, Producción forestal, Yerba mate, Té, Comercio fronterizo, Servicios turísticos, Transporte y logística, podrían encontrar en este esquema una oportunidad para regularizar personal con un costo significativamente inferior al que implicaría afrontar la totalidad de las obligaciones acumuladas.

Financiamiento accesible para completar la regularización

La resolución también reglamenta un plan especial de facilidades de pago para la deuda que no resulte condonada.

Las condiciones son diferenciadas según el tamaño de la empresa:

  • 72 cuotas y anticipo del 3% para micro y pequeñas empresas.
  • 48 cuotas y anticipo del 4% para medianas empresas.
  • 36 cuotas y anticipo del 5% para grandes empleadores.

La tasa de financiación será del 1% mensual, un costo financiero relativamente bajo en comparación con los niveles históricos de financiamiento empresarial en Argentina.

Para los tomadores de decisiones, este punto resulta central: la combinación de condonación parcial y financiamiento extendido reduce el impacto inmediato sobre la caja de las compañías que opten por regularizar personal.

La lógica económica detrás del régimen busca desplazar el enfoque sancionatorio tradicional hacia un esquema de incentivos.

La reglamentación contempla incluso situaciones detectadas mediante inspecciones laborales que aún se encuentren en discusión administrativa o judicial, permitiendo su incorporación al programa siempre que las deudas no hayan sido canceladas.

Desde el punto de vista de la gestión empresaria, esto podría contribuir a disminuir contingencias laborales futuras, mejorar la trazabilidad de las relaciones laborales y fortalecer el acceso al crédito, especialmente para empresas que requieren demostrar cumplimiento normativo ante entidades financieras o programas de promoción productiva.

Lo que deberán evaluar las empresas

La adhesión no es automática. Los empleadores deberán rectificar altas laborales, corregir fechas de ingreso o actualizar remuneraciones mediante los sistemas digitales de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La disponibilidad operativa comenzará el 16 de junio de 2026, fecha desde la cual podrán iniciarse los trámites de regularización.

Para muchas pymes, la decisión pasará por comparar el costo actual del blanqueo con el riesgo potencial de mantener situaciones irregulares en un contexto donde los sistemas de fiscalización y cruce de información muestran una creciente digitalización.

La efectividad del PER no dependerá únicamente de los beneficios fiscales. El indicador clave será la capacidad de las empresas para transformar una regularización excepcional en empleo formal sostenible. En economías regionales donde la competitividad continúa condicionada por costos laborales, tributarios y logísticos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para reducir informalidad. El verdadero impacto se medirá a partir de cuántas pymes decidan aprovechar esta ventana antes del cierre previsto para noviembre.

Resolución General 5862 ARCA by CristianMilciades

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