PyMEs forestales

Mercedes Omeñuka: “Las pymes forestales no llegan con los números para competir”

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La industria forestal argentina atraviesa una etapa de fuerte presión sobre sus márgenes, con un problema que combina costos crecientes, demanda interna deprimida y dificultades para acceder a financiamiento. Así lo planteó Mercedes Omeñuka, presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), en una entrevista con Economis en el marco del encuentro realizado en Posadas por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).

Omeñuka sostuvo que el deterioro no es reciente. Según explicó, desde hace aproximadamente un año las entidades empresarias vienen advirtiendo sobre una situación cada vez más compleja, particularmente para las pymes, que cuentan con menor espalda financiera y menor capacidad para absorber aumentos de costos o competir por volumen.

“Con los costos que siguen en aumento, los costos logísticos que están elevados, la energía y la materia prima son costos que nosotros hoy no estamos pudiendo trasladar al precio del producto”, señaló.

La advertencia adquiere una dimensión particular en Misiones, donde la actividad forestal tiene una fuerte dependencia del transporte y de los mercados extrarregionales. Para las empresas que producen bienes con mayor valor agregado, cada incremento logístico impacta directamente sobre la posibilidad de colocar producción fuera de la provincia.

Uno de los puntos centrales planteados por Omeñuka es que la industria no enfrenta necesariamente un problema de falta de mercados. Por el contrario, existen oportunidades comerciales en distintos destinos internacionales, pero los costos argentinos dificultan transformar esos pedidos en operaciones concretas.

“Tenemos a diario pedidos de madera de India, de Indonesia, de China”, explicó. También mencionó la existencia de demanda desde Europa. Sin embargo, la ecuación económica no permite a muchas pymes llegar al mercado internacional en condiciones competitivas.

El problema aparece especialmente frente a Brasil, uno de los principales competidores y vecino inmediato de Misiones. Las empresas argentinas enfrentan costos logísticos y locales superiores y, según la titular de FAIMA, eso las coloca en una situación de desigualdad cuando intentan exportar productos con valor agregado.

La paradoja es significativa: hay demanda internacional, capacidad industrial y recursos forestales, pero la estructura de costos impide aprovechar plenamente ese potencial.

El alivio impositivo todavía no alcanza a las pymes

Consultada sobre las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para el sector productivo y sobre el impacto de los incentivos a las inversiones, Omeñuka marcó una diferencia entre los instrumentos destinados a nuevos proyectos y las necesidades de las empresas que ya están operando.

“Para una pyme hoy nosotros no hemos recibido todavía ningún tipo de incentivo de reducción de impuestos”, afirmó.

La dirigente valoró las posibilidades asociadas a los nuevos regímenes de inversión, pero señaló que no resuelven el problema inmediato de las pequeñas y medianas industrias que necesitan sostener su estructura productiva y recuperar competitividad.

El financiamiento aparece en el mismo punto de tensión. La posibilidad de incorporar equipamiento de última generación existe, pero las tasas de crédito representan una barrera para empresas cuyos márgenes ya se encuentran comprimidos.

“Está bárbaro, son equipos de primera línea, pero nosotros en la situación en que está una pyme hoy no llegamos”, resumió al referirse a las alternativas de financiamiento para equipamiento.

La pregunta empresarial es entonces cómo amortizar una inversión financiada a tasas elevadas en un contexto donde la demanda y los márgenes no permiten asegurar un retorno suficiente.

La dificultad no se concentra en las exportaciones. Las empresas que dependen del mercado interno enfrentan otro problema: la contracción de la actividad económica.

Omeñuka señaló que la construcción privada continúa deprimida y que la caída de la obra pública también tuvo impacto sobre la demanda de productos forestales. En ese sentido, observó con expectativa las nuevas licitaciones de infraestructura y caminos, con la posibilidad de que puedan generar una reactivación parcial de la actividad.

La construcción es uno de los principales canales para ampliar el consumo de madera. Por eso, la recuperación del sector no depende exclusivamente de las exportaciones: también requiere reconstruir demanda dentro de la Argentina.

En esa línea, FAIMA viene promoviendo el uso de madera en la construcción de viviendas. Omeñuka consideró que la expansión de proyectos industriales como el que avanza en Virasoro puede contribuir a modificar la percepción del mercado argentino sobre la construcción con madera.

“Nosotros necesitamos que en la Argentina consumamos más madera”, planteó.

El nuevo peaje abre otra discusión sobre competitividad

La posible incorporación de nuevos peajes en Misiones aparece como un factor adicional de preocupación para la industria, especialmente por la importancia que tiene el corredor hacia Buenos Aires para colocar producción.

Omeñuka sostuvo que el sector puede comprender el pago de un peaje si existe una contraprestación efectiva en infraestructura. El problema, advirtió, aparece cuando aumentan los costos de transporte sin una mejora equivalente en las rutas.

“Si vos pagás un costo elevado pero tenés rutas que estén en condiciones, por ahí uno dice: miro para otro lado y pago. El tema es que nos pongan más peajes y sigan las rutas en las mismas condiciones”, señaló.

La cuestión excede al sector forestal. Para una industria ubicada lejos de sus principales mercados, la infraestructura vial forma parte de la estructura productiva. Cada deterioro en las rutas o incremento en los costos de traslado termina incorporándose al precio final y reduce el margen disponible para competir.

El debate sobre los nuevos peajes, por lo tanto, queda atado a una condición concreta: que el financiamiento de la infraestructura se traduzca efectivamente en mejores corredores logísticos.

Respecto de las perspectivas para el próximo año, la presidenta de FAIMA evitó proyectar una recuperación automática por el calendario electoral. Su diagnóstico está condicionado a la evolución de la actividad económica.

“Si traspolamos la situación de hoy y si no hay una reactivación de la economía, la vemos compleja”, sostuvo.

La industria necesita que confluyan varias condiciones: recuperación de la construcción, reducción de costos, financiamiento accesible, inversión tecnológica y una estructura tributaria que permita competir. Sin esa combinación, el potencial productivo seguirá limitado.

Omeñuka, sin embargo, diferenció potencial de coyuntura. La capacidad existe y las empresas cuentan con conocimiento, recursos y posibilidades de expansión. El problema es que las condiciones actuales todavía no permiten transformar ese potencial en crecimiento sostenido.

“Capacidades, las empresas tienen. Con inversiones que sean acordes a la capacidad de cada pyme, esto se puede revertir”, afirmó.

Una oportunidad que Misiones todavía puede convertir en industria

El planteo de FAIMA deja planteada una agenda que excede la discusión coyuntural sobre el precio de la madera. Para Misiones, el desafío es avanzar desde una economía forestal basada en la disponibilidad de materia prima hacia una estructura con mayor transformación industrial y capacidad exportadora.

Pero esa transición requiere que la competitividad no quede limitada a la productividad dentro de la fábrica. Energía, impuestos, financiamiento, rutas, logística y acceso a mercados forman parte de la misma ecuación.

La existencia de pedidos internacionales demuestra que el mercado potencial está allí. La discusión pendiente es cómo lograr que las empresas argentinas puedan atenderlo.

Para las pymes, el salto tecnológico no puede pensarse separado de las condiciones financieras. Para las exportaciones, la competitividad no depende solamente del tipo de cambio, sino también de cuánto cuesta producir y transportar. Y para el mercado interno, la recuperación forestal está estrechamente vinculada con la construcción.

La industria forestal tiene, en palabras de Omeñuka, un “potencial enorme”. El punto crítico para 2027 será determinar si las condiciones económicas permiten finalmente convertir esa capacidad instalada en más producción, más consumo de madera, más exportaciones y mayor valor agregado dentro de Misiones.

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Concejal libertaria trató a forestales de “esclavistas” y de ser “40 años subsidiados”

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Las declaraciones de la concejal libertaria María Elena Fernández desataron una fuerte reacción en el sector foresto–industrial de Misiones, uno de los más afectados por la recesión, la caída del empleo y la apertura de importaciones. Desde su cuenta personal de Facebook, la edil calificó a los forestales como “esclavistas” y sostuvo que estuvieron “40 años subsidiados”, en referencia a la Ley 25.080, en el marco de un debate público sobre la situación crítica de la actividad.

El episodio ocurrió luego de que el ingeniero forestal Nicolás Ocampo reclamara al diputado nacional Diego Hartfield la gestión de medidas concretas para aliviar la crisis del sector: reducción del IVA, menores costos energéticos y de combustibles, y algún tipo de regulación frente al ingreso de productos importados. Lejos de responder con argumentos técnicos o productivos, Fernández optó por una descalificación generalizada que rápidamente se viralizó entre empresarios, trabajadores y técnicos del complejo foresto–industrial.

Los dichos que encendieron la indignación del sector

Las expresiones de la concejal se publicaron como comentarios en una red social y fueron atribuidas a su cuenta personal. “40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió Fernández. En otro mensaje profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y completó con una acusación aún más dura: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Las frases circularon rápidamente en grupos vinculados a la actividad forestal, acompañadas por capturas de pantalla, y cayeron “como una bomba” en una industria que atraviesa uno de sus momentos más delicados. Si bien hasta el momento no hubo pronunciamientos institucionales formales, el malestar es generalizado en un entramado productivo que combina grandes empresas con cientos de pymes familiares, aserraderos y cooperativas del interior provincial.

La polémica también adquirió un costado político. Dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, la fuerza a la que pertenece Fernández, existe una referente del sector forestal con representación nacional: Maura Gruber, electa diputada nacional como segunda en la lista encabezada por Hartfield. Esa contradicción no pasó desapercibida entre los actores de la actividad.

Un sector golpeado por la recesión y la apertura de importaciones

Las declaraciones se produjeron en un contexto económico adverso para la foresto–industria misionera. El sector enfrenta caída de ventas, pérdida de competitividad frente a productos importados, tarifas energéticas en alza, altos costos logísticos y una presión impositiva que no distingue entre grandes grupos y pequeñas pymes. A esto se suma la condición de provincia de frontera, con competencia directa de Paraguay y Brasil, donde los costos internos son significativamente más bajos.

El planteo original de Ocampo apuntaba justamente a la falta de “igualdad de condiciones” para competir. “Todos quieren competir, pero en igualdad de condiciones”, fue el eje de su reclamo, en referencia a un escenario donde la apertura importadora se combina con costos internos elevados y una macroeconomía recesiva.

Desde el sector recuerdan además que la Ley 25.080 de promoción forestal, mencionada por Fernández, fue concebida como una herramienta para fomentar inversiones de largo plazo en una actividad cuyos ciclos productivos se miden en décadas. Lejos de ser un “regalo”, sostienen que la norma nunca logró blindar a la actividad frente a la volatilidad macroeconómica, las crisis recurrentes ni la ausencia de políticas industriales sostenidas.

Impacto de la controversia

El malestar no se limita al contenido de los dichos, sino también al rol institucional de quien los emitió. Como concejal de Posadas, capital provincial, las expresiones de Fernández fueron interpretadas como una señal política que desprecia al entramado productivo misionero y a los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la foresto–industria.

Al hablar de “mano de obra esclava” y de una supuesta “fiesta” empresarial, la edil colocó en un mismo plano a grandes grupos y a pequeñas unidades productivas que hoy reducen turnos, suspenden personal o directamente cierran sus puertas para sobrevivir. En un contexto de recesión nacional, derrumbe del consumo, despidos y cierre de fábricas, el episodio profundiza una grieta entre el discurso político y la realidad de los sectores productivos regionales.

Para los forestales misioneros, la polémica excede una opinión aislada en redes sociales. Se trata de un ataque directo a un sector estratégico para la economía provincial, que hoy pelea por sostener el empleo, la inversión y la producción en un escenario cada vez más hostil. La controversia se suma así a una serie de cruces públicos que reflejan un clima social y económico crecientemente tenso en Misiones y en el país.

Fuente MisionesOpina

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PEFC Argentina renovó autoridades y acelera la certificación forestal con foco en PyMEs y exportaciones

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PEFC Argentina renovó su Comisión Directiva para el período 2025–2027 y abrió una nueva etapa institucional orientada a profundizar la integración entre el recurso forestal y la industria transformadora, ampliar el alcance del sistema de certificación en todo el país y acompañar especialmente a PyMEs y pequeños productores en la adopción de estándares de gestión forestal sostenible. La presidencia quedó a cargo de FAIMA, a través de su titular Mercedes Omeñuka, en un contexto global donde la sostenibilidad dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición de acceso a los mercados.

Nueva conducción y eje en la integración de la cadena foresto-industrial

La renovación de autoridades marca un punto de inflexión en la estrategia de PEFC Argentina, que busca consolidar un trabajo más articulado entre los distintos eslabones de la cadena de valor foresto-industrial. Para el nuevo período, la conducción encabezada por FAIMA plantea como prioridad fortalecer el vínculo entre el recurso forestal y la industria, avanzar en la federalización del sistema de certificación y brindar asistencia técnica concreta a PyMEs para facilitar su acceso al sello PEFC.

“Contar con la presidencia de FAIMA representa un nuevo hito para fortalecer la integración del sector. Buscamos seguir consolidando el puente entre el recurso forestal y la industria, afianzar la federalización del sistema y brindar apoyo técnico a las PyMEs para que cada vez más puedan acceder a la certificación”, afirmó Mercedes Omeñuka. En ese marco, identificó como eje central la implementación del Proyecto de Posicionamiento, orientado a que el sello PEFC sea reconocido por más argentinos como garantía de origen sostenible.

La nueva etapa institucional se apoya en una trayectoria de 16 años de trabajo en el país, con hitos relevantes como la primera certificación de bosque nativo en la provincia de Misiones, que posicionó al sistema argentino como una referencia en materia de estándares ambientales adaptados a la realidad productiva local.

Proyección internacional y alineación con exigencias regulatorias

Desde el plano internacional, PEFC Argentina forma parte desde 2010 de la Alianza PEFC, integrada por sistemas nacionales de certificación forestal de 57 países. Esta pertenencia le permite operar en plena alineación con los estándares globales definidos por PEFC Internacional, al tiempo que los adapta a las condiciones sociales, productivas y ambientales de la Argentina.

En este esquema, el sistema nacional CERFOAR–PEFC Argentina funciona como una herramienta clave para que productores y empresas puedan cumplir con exigencias internacionales crecientes, entre ellas el Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR), sin resignar identidad local. La certificación se convierte así en un instrumento estratégico de competitividad, especialmente para sectores que exportan a mercados de alto valor.

En un escenario donde la sostenibilidad dejó de ser optativa, el sello PEFC actúa como un “pasaporte comercial”, garantizando trazabilidad, origen legal y responsable de los productos forestales. Esto impacta de manera directa en múltiples actividades: desde la construcción con madera hasta la producción de papel, cartón, packaging, luthería y diseño, ampliando oportunidades para la foresto-industria argentina.

“La certificación ordena procesos, mejora la eficiencia interna de las empresas y reduce riesgos. Hoy los mercados no discuten la sostenibilidad: la exigen. PEFC brinda herramientas clave, como los sistemas de diligencia debida, que permiten demostrar el origen legal y responsable de los productos forestales y facilitar el comercio internacional”, subrayó Omeñuka.

Escalar el sistema: PyMEs, certificación grupal y desarrollo territorial

El principal desafío identificado por la nueva conducción es escalar el sistema de certificación, pasando de experiencias emblemáticas a una adopción más amplia, especialmente entre pequeños productores y PyMEs. Para ello, PEFC Argentina priorizará procesos más accesibles, la certificación grupal como herramienta para compartir costos y el fortalecimiento de alianzas entre las asociaciones que integran la organización.

La agenda 2025–2027 también incluye un mayor diálogo con el sector público, la articulación con organizaciones de la sociedad civil y una apuesta sostenida por la capacitación técnica y la innovación. La formación de profesionales especializados, el desarrollo de capacidades locales y la difusión de buenas prácticas aparecen como pilares para garantizar una implementación efectiva de los estándares y acompañar el crecimiento del sector.

En paralelo, la entidad buscará reforzar su vínculo con la sociedad, promoviendo el consumo responsable de productos certificados. El mensaje central es claro: elegir madera, papel y productos forestales con sello PEFC no solo contribuye al cuidado de los bosques, sino que también impulsa el empleo local y un desarrollo sostenible de largo plazo, alineado con las nuevas reglas del comercio global.

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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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