PYMES MISIONES

Misiones apuesta al valor agregado para ganar mercados nacionales en Caminos y Sabores

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Misiones volvió a utilizar uno de los principales escenarios de promoción comercial del país para fortalecer la inserción de su industria alimentaria. En una nueva edición de Caminos y Sabores, la feria gastronómica más importante de Argentina que se desarrolla en Buenos Aires, diez empresas de la provincia participan con el objetivo de generar nuevos negocios, ampliar su red de clientes y consolidar la presencia de productos misioneros en las góndolas nacionales.

La estrategia provincial combina promoción institucional con una agenda de vinculación comercial. Además de exhibir sus productos ante miles de visitantes, las empresas participan de rondas de negocios con distribuidores, supermercados, mayoristas y compradores de distintos puntos del país, una instancia considerada clave para transformar la visibilidad en acuerdos comerciales concretos.

La presencia de Misiones cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Industria y del Ministerio de Turismo, en el marco de una política orientada a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante la apertura de nuevos mercados para productos con mayor valor agregado.

La oferta presentada refleja la diversidad de la matriz agroindustrial misionera. La delegación exhibe yerba mate, azúcar mascabo, miel de caña, chips y fécula de mandioca, tapioca, alimentos libres de gluten, alfajores elaborados con yerba mate, mermeladas, pulpas de frutas tropicales y cápsulas de yerba mate, una combinación que busca destacar tanto la identidad regional como la innovación aplicada a la producción local.

La subsecretaria de Industria de Misiones, Micaela Gacek, sostuvo que la participación en este tipo de eventos representa una herramienta estratégica para el crecimiento del entramado productivo provincial. “Participar en Caminos y Sabores significa darle visibilidad a la calidad de la industria misionera. Cada ronda de negocios es una oportunidad para que nuestras pymes generen nuevos clientes, consoliden alianzas comerciales y sigan creciendo”, afirmó.

La funcionaria remarcó además que uno de los principales desafíos es posicionar a Misiones como una provincia generadora de alimentos diferenciados. “Queremos que cada vez más alimentos hechos en Misiones lleguen a las góndolas argentinas con identidad, innovación y valor agregado. Acompañar a nuestras empresas en estos espacios es impulsar su crecimiento y demostrar el enorme potencial que tiene la producción misionera”, señaló.

Más allá del componente promocional, la participación en Caminos y Sabores responde a una estrategia de desarrollo industrial que busca incrementar la escala comercial de las pymes, diversificar los canales de venta y fortalecer la competitividad de sectores vinculados a las economías regionales. En un contexto de consumo selectivo y mayor competencia entre proveedores, acceder a grandes cadenas comerciales y establecer relaciones directas con compradores se convierte en una herramienta relevante para sostener inversiones y ampliar mercados.

Para Misiones, la feria también funciona como una vidriera para consolidar una marca provincial asociada a alimentos con origen, calidad e innovación. La combinación entre producción primaria, industrialización local y desarrollo de nuevos productos aparece como uno de los ejes sobre los que la provincia busca diferenciarse dentro del mercado alimentario argentino.

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Pymes misioneras mantienen la cautela y advierten caída de expectativas

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La economía pyme de Misiones continúa transitando un escenario de estancamiento y elevada incertidumbre. Sin señales claras de recuperación de la demanda ni de mejora en las condiciones de competitividad, los empresarios de la provincia mantienen una postura defensiva frente a la evolución de la actividad económica, el empleo y las inversiones.

Así lo refleja la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elaborada sobre una muestra de 212 empresarios de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. Los resultados muestran una economía que no termina de encontrar un punto de inflexión positivo y donde predominan las preocupaciones vinculadas a la presión tributaria, los costos laborales, la informalidad y la competencia desleal.

Durante mayo, el 42% de los encuestados calificó el movimiento económico como “regular”, consolidando una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Apenas un 14% evaluó la actividad como buena o muy buena, mientras que un 41% la consideró mala o muy mala, evidenciando que el proceso de estabilización macroeconómica nacional todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para el entramado pyme misionero.

La cautela también se refleja en las decisiones vinculadas al empleo. El 86% de los empresarios aseguró que no prevé modificar su plantilla laboral, mientras que apenas un 2% manifestó intenciones de contratar personal. En contrapartida, un 12% anticipó posibles despidos, un dato que refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener costos en un contexto de consumo débil y márgenes ajustados.

Entre los principales obstáculos para incorporar trabajadores aparecen las elevadas cargas laborales, señaladas por el 28% de los consultados. También pesan la inestabilidad económica, mencionada por el 21%, el riesgo sindical con un 15% y el temor a litigios laborales con un 13%. La combinación de estos factores configura un escenario donde la generación de empleo privado continúa encontrando fuertes barreras estructurales.

A nivel nacional, los empresarios identifican a la carga tributaria como el principal problema que afecta la actividad económica, con un 24% de las respuestas. Muy cerca aparecen los costos laborales, con un 23%, y la recesión económica, con un 21%. Más atrás se ubican las dificultades de financiamiento, la corrupción y la inflación, lo que muestra cómo la agenda empresarial se ha desplazado desde la preocupación por los precios hacia la competitividad y la rentabilidad.

En el plano provincial, las demandas históricas del sector privado mantienen plena vigencia. La carga tributaria lidera las preocupaciones con el 32% de las respuestas, seguida por las barreras arancelarias con el 26%. La corrupción y los problemas de infraestructura completan el cuadro de dificultades señaladas por los empresarios.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad municipal, emerge una problemática que gana cada vez más relevancia: la informalidad y la competencia desleal. Con el 24% de las menciones, se ubica como el principal condicionante de la actividad económica local. A ello se suman el impacto del comercio fronterizo, las tasas municipales y las dificultades de infraestructura y burocracia administrativa.

La percepción sobre el futuro tampoco muestra señales contundentes de optimismo. Respecto de la evolución de la economía nacional durante los próximos seis meses, apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras que un 31% considera que no lo hará y un 33% manifiesta incertidumbre.

Las expectativas son aún más pesimistas cuando se consulta sobre Misiones. Solo el 7% de los empresarios cree que la provincia experimentará crecimiento en el próximo semestre, mientras que el 54% considera que no habrá expansión económica y un 32% no tiene una opinión definida.

Otro dato que revela la fragilidad del escenario económico es la percepción sobre los precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria observada a nivel nacional, casi el 88% de los empresarios continúa registrando aumentos de costos y precios en su actividad diaria, mientras apenas un 10% no percibe variaciones significativas.

La situación financiera de empresas y consumidores también muestra señales de tensión. El 50% de los encuestados detectó un incremento de la mora en los pagos de sus clientes durante el último período. De ese total, un 23% aseguró que el aumento fue significativo y un 27% señaló que se incrementó levemente.

En paralelo, la problemática de los cheques rechazados continúa presente en la operatoria comercial. Entre quienes utilizan este instrumento, más de una cuarta parte reconoce recibir cheques rechazados con cierta frecuencia u ocasionalmente, un indicador que suele funcionar como termómetro adelantado de las dificultades financieras en el sector privado.

Los resultados de la encuesta dejan en evidencia que, más allá de la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación, las pymes misioneras todavía no perciben condiciones suficientes para retomar una senda de crecimiento sostenido. La presión impositiva, los costos laborales, la informalidad y la falta de dinamismo de la demanda continúan configurando un escenario de prudencia empresarial, donde la prioridad sigue siendo sostener la actividad antes que expandirse.

CEM Encuesta Provincial MAYO 26 1 by CristianMilciades

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Autopartes: el Gobierno flexibiliza la implementación del QR obligatorio y da plazo hasta septiembre para liquidar stock

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La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa introdujo cambios al régimen de identificación y trazabilidad de autopartes de seguridad mediante la Resolución 93/2026. La medida flexibiliza la implementación del sistema de códigos QR exigido para la comercialización de componentes críticos y establece una prórroga hasta el 1 de septiembre de 2026 para que fabricantes, importadores y comercios agoten existencias producidas o importadas antes de la entrada en vigor de la normativa original.

La decisión responde a planteos realizados por cámaras empresariales del sector automotor y autopartista, que habían advertido dificultades operativas para adaptar determinados productos a los requisitos establecidos por la Resolución 222/2025. El Gobierno mantuvo el objetivo central de trazabilidad y acceso a la información para el consumidor, pero incorporó excepciones y precisiones para facilitar su cumplimiento.

El esquema vigente exige que todas las autopartes y elementos de seguridad incluidos en el Anexo C de la Ley Nacional de Tránsito cuenten con un código QR que permita acceder a datos de certificación, fabricante o importador, origen del producto, número de licencia y organismo certificador.

La novedad es que la nueva resolución reconoce que existen productos cuya configuración física dificulta o directamente imposibilita incorporar el código QR en el propio componente o en su envase primario.

El caso más relevante es el de los neumáticos. A partir de ahora, cuando la incorporación física del QR resulte inviable, la información podrá exhibirse en el punto de venta o entrega, siempre que exista una identificación clara que permita vincular el código con el producto ofrecido.

También se incorpora una exigencia para el comercio electrónico: las autopartes alcanzadas por la norma deberán exhibir la información técnica y de certificación antes de la compra mediante un enlace digital visible.

Para fabricantes, importadores y distribuidores, la modificación evita costos adicionales de reempaque, reetiquetado o rediseño de procesos logísticos que podrían haber impactado en los precios finales.

Qué cambia para consumidores y talleres

Desde la perspectiva del usuario final, el objetivo oficial continúa siendo fortalecer la transparencia del mercado de autopartes.

A través del QR, el consumidor podrá verificar: Identidad del fabricante o importador. Origen del producto. Marca y modelo. Número de certificación. Organismo certificador responsable. Código interno o part number.

La herramienta apunta a combatir la circulación de componentes falsificados o sin certificación, una problemática histórica del mercado de reposición argentino que afecta tanto la seguridad vial como la competencia formal.

Para los talleres mecánicos y gomerías, la disponibilidad de información técnica verificable puede transformarse además en un mecanismo de respaldo frente a reclamos de clientes y organismos de control.

La resolución refleja un cambio de enfoque regulatorio: en lugar de endurecer exigencias, el Gobierno optó por ajustar la implementación a las condiciones reales de operación del sector.

La fecha del 1 de septiembre de 2026 funciona como un período de transición para que fabricantes, importadores, distribuidores y comercios adapten procesos sin generar pérdidas patrimoniales derivadas de mercadería que ingresó al mercado bajo reglas anteriores.

Para Misiones, donde buena parte del entramado comercial está compuesto por pequeñas y medianas empresas vinculadas a servicios automotores, la medida reduce riesgos de sobrecostos y facilita la continuidad de la actividad sin resignar los objetivos de control y trazabilidad.

Lo que habrá que seguir de cerca es si el sistema logra consolidarse como una herramienta efectiva para combatir la informalidad y la venta de autopartes no certificadas. La clave no estará únicamente en la existencia del QR, sino en la capacidad de fiscalización y en el uso que consumidores y talleres hagan de esa información.

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Crédito para las PyMEs: el Gobierno flexibiliza las garantías en dólares y digitaliza avales clave para financiar inversión

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Las pequeñas y medianas empresas tendrán un acceso potencialmente más amplio al financiamiento tras la publicación de la Resolución 94/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. La norma introduce cambios en el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), el principal instrumento que utilizan miles de firmas para obtener créditos bancarios y financiamiento en el mercado de capitales.

La modificación incorpora dos cambios de fondo: habilita una mayor flexibilidad para otorgar avales vinculados a operaciones en moneda extranjera y simplifica la emisión de garantías mediante herramientas digitales y tecnología blockchain. Para provincias como Misiones, donde las PyMEs suelen enfrentar mayores costos financieros y menor acceso al crédito que en los grandes centros económicos, la medida puede convertirse en una herramienta relevante para sostener inversiones productivas.

La principal novedad pasa por la redefinición de las condiciones bajo las cuales las SGR podrán garantizar créditos en moneda extranjera.

Hasta ahora, el criterio predominante era que las empresas beneficiarias demostraran capacidad genuina de generación de divisas para respaldar obligaciones dolarizadas. La nueva normativa mantiene esa lógica para compañías exportadoras o con ingresos habituales en moneda extranjera, pero incorpora una segunda vía.

Las SGR podrán avalar operaciones para empresas que no generen dólares, siempre que esos compromisos no superen el equivalente al 50% de su Fondo de Riesgo Disponible y que mantengan activos dolarizados que respalden esas garantías.

La modificación busca alinearse con los criterios regulatorios del Banco Central, pero introduce una flexibilidad que amplía el universo de empresas potencialmente alcanzadas.

Para una provincia exportadora como Misiones, donde conviven industrias forestales, yerbateras, tealera, tabacalera y empresas vinculadas al comercio exterior, el cambio tiene una lectura estratégica. Muchas inversiones productivas —maquinaria, equipamiento industrial, tecnología o bienes de capital importados— se financian directa o indirectamente con referencias al dólar.

La posibilidad de acceder a avales más ágiles puede mejorar las condiciones de negociación frente a bancos, proveedores internacionales y mercados de financiamiento. La medida no tendrá el mismo efecto sobre toda la economía.

Blockchain y firma electrónica: menos burocracia, más velocidad

Otro de los cambios relevantes apunta a la digitalización de los procesos. La resolución habilita que los contratos de garantía recíproca y los certificados emitidos por las SGR puedan instrumentarse mediante firma electrónica o firma digital. Además, establece la utilización de infraestructura basada en tecnología blockchain para validar operaciones y procesos de identificación.

Aunque pueda parecer una modificación técnica, el impacto económico puede ser significativo. Las PyMEs del interior suelen enfrentar costos administrativos superiores a los de las empresas radicadas en Buenos Aires, donde se concentra buena parte de la infraestructura financiera. Reducir tiempos de validación documental implica acelerar la aprobación de garantías y, por lo tanto, el acceso efectivo al crédito.

Para las empresas, la digitalización puede disminuir la dependencia de trámites presenciales y acortar procesos que muchas veces representan semanas de demora.

La resolución mejora las herramientas regulatorias disponibles para las SGR, pero el efecto económico dependerá de otro factor: la disposición de bancos, agentes financieros y mercados de capitales a transformar estas garantías en nuevas líneas de financiamiento.

Para Misiones, donde la inversión productiva sigue siendo una de las variables determinantes del crecimiento económico, la medida representa una mejora institucional relevante. El verdadero termómetro será observar durante los próximos meses si el mayor margen operativo otorgado a las SGR se traduce en más créditos para industrias, comercios y emprendimientos que necesitan financiamiento para expandirse.

La normativa reduce obstáculos. El desafío pendiente sigue siendo aumentar el volumen de crédito disponible para una economía regional que necesita capital para ganar escala, productividad y competitividad.

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ARCA posterga cambios en facturación electrónica: alivio operativo para comercios y pymes

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió postergar hasta el 1 de agosto de 2026 la entrada en vigencia de los cambios en el régimen de facturación electrónica y en el uso del Código de Autorización Electrónico Anticipado (C.A.E.A.). La medida llegó después de que cámaras empresariales advirtieran problemas técnicos para adaptar sus sistemas informáticos, un escenario particularmente sensible para las pymes comerciales y productivas del interior del país.

La decisión puede parecer administrativa, pero tiene impacto concreto sobre el funcionamiento cotidiano de miles de empresas misioneras. En una provincia donde predominan pequeñas y medianas firmas vinculadas al comercio, turismo, yerba mate, forestoindustria y logística fronteriza, cualquier modificación en sistemas de facturación implica costos operativos, inversión tecnológica y riesgo de interrupciones en ventas o despacho de mercadería.

El esquema que ARCA buscaba acelerar apuntaba a profundizar la facturación online mediante el uso generalizado del Código de Autorización Electrónico (C.A.E.) y dejar al C.A.E.A. como mecanismo excepcional de contingencia. El problema es que gran parte del entramado pyme del interior todavía opera con estructuras tecnológicas heterogéneas, especialmente en zonas alejadas de grandes centros urbanos.

Para Misiones, el dato adquiere una dimensión adicional por cuestiones de conectividad y dinámica fronteriza. A diferencia de Buenos Aires, donde predominan grandes contribuyentes con infraestructura digital consolidada, en el NEA conviven cadenas comerciales formalizadas con pequeños operadores que dependen de servicios tercerizados de software y conexión estable a internet para emitir comprobantes en tiempo real.

El punto crítico es operativo. El comercio misionero trabaja muchas veces con altos volúmenes transaccionales diarios vinculados al turismo de frontera y a la competencia de precios con Paraguay y Brasil. Una caída en sistemas de facturación puede significar directamente pérdida de ventas en momentos donde el consumidor compara precios casi en tiempo real entre Encarnación, Posadas o Foz do Iguaçu.

La resolución de ARCA reconoce explícitamente que fueron las cámaras empresariales las que alertaron sobre dificultades técnicas para adaptar los sistemas antes del plazo original del 1 de junio. Esa admisión deja otra lectura de fondo: la velocidad de implementación tributaria del Gobierno nacional está chocando con la capacidad real de adaptación tecnológica del sector privado.

Para el entramado pyme regional, la prórroga evita un escenario de alta fricción administrativa en un contexto económico todavía contractivo. Comercios, hoteles, estaciones de servicio, distribuidores y cooperativas vienen atravesando meses de fuerte presión sobre márgenes, caída del consumo y encarecimiento financiero. Incorporar cambios obligatorios en software fiscal implicaba sumar costos en capacitación, soporte técnico y adecuación de sistemas.

Además, ARCA introdujo otra modificación relevante: desde el 1 de junio de 2026 ya no será necesario solicitar autorización previa para utilizar el C.A.E.A. como mecanismo complementario de contingencia. Traducido al lenguaje empresarial, las firmas podrán recurrir más fácilmente a un esquema alternativo cuando fallen los sistemas online de facturación.

Para provincias como Misiones, donde existen zonas con conectividad irregular y operaciones comerciales alejadas de centros urbanos, esa flexibilización reduce riesgos de paralización administrativa.

La contracara es que ARCA cerrará el ingreso de nuevos contribuyentes que quieran utilizar el C.A.E.A. como modalidad principal de emisión de comprobantes. El objetivo oficial sigue siendo avanzar hacia un sistema completamente online y centralizado, con trazabilidad en tiempo real de operaciones comerciales.

Ese cambio forma parte de una estrategia más amplia de fiscalización digital impulsada por Nación. El Gobierno busca mayor control tributario, reducción de evasión y automatización de procesos. Para grandes empresas, el proceso es relativamente manejable. Para pequeñas firmas del NEA, el desafío es distinto: adaptar tecnología en un contexto de baja escala y costos crecientes.

La discusión también impacta sobre la competitividad regional. Las asimetrías fronterizas no solo dependen del tipo de cambio o de los impuestos. También influyen los costos administrativos y tecnológicos que enfrentan las empresas argentinas frente a competidores paraguayos o brasileños con estructuras tributarias diferentes.

En sectores como comercio minorista, hotelería o distribución de alimentos, cualquier incremento de costos fijos termina trasladándose parcialmente a precios o erosionando rentabilidad. Por eso, la postergación fue recibida con alivio por muchos operadores privados, aunque también deja pendiente una discusión estructural: la modernización tributaria necesita velocidad, pero también capacidad de adaptación territorial.

Lo que habrá que seguir de cerca ahora es si ARCA utiliza estos dos meses para simplificar procesos o solamente para extender plazos. La digitalización fiscal parece irreversible. El desafío será evitar que la transición termine ampliando la brecha entre grandes empresas metropolitanas y pymes del interior productivo.

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