quiebra

Supermercado se declaró en quiebra y 1.200 trabajadores quedarán en la calle

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Se trata de la cadena Emilio Luque. Tiene 21 sucursales distribuidas en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Catamarca

La cadena de supermercados Emilio Luque con 21 sucursales en cuatro provincias del norte del país se declaró en quiebra al anunciar que no cuenta con fondos para pagar los salarios de sus empleados ni reponer mercadería, por lo que hay 1.200 trabajadores en vilo.

La empresa posee veintiún sucursales: ocho supermercados, siete mayoristas, cuatro autoservicios mayoristas y dos minimercados distribuidos, en Tucumán (13), Santiago del Estero (4), Salta (1) y Catamarca (1).

Directivos de la compañía comunicaron a la prensa tucumana que la situación de quiebra se desató tras dos años de caída constante en las ventas, en medio de un proceso inflacionario y con marcados aumentos de tarifas.

La firma Emilio Luque estuvo vinculada con la distribución de bebidas a fines de la década del 70 hasta que en 1992 abrió su primer supermercado mayorista en San Miguel de Tucumán, donde ahora tiene su casa matriz.

Desde entonces no paró de crecer y consolidarse en el norte argentino, incluso llegando en 2017 a realizar una fuerte inversión para la compra del Ingenio Concepción, el ingenio más grande de Tucumán y el segundo más importante a nivel nacional.

Ahora, tras dos años de caída de ventas, la empresa se declaró insolvente ante sus empleados a los que les anunció que no tiene fondos para abonarles los salarios ni para reponer mercadería en sus sucursales.

Empleados de la cadena protestaron el martes en el centro de la ciudad de Tucumán, luego de que la firma se declarará en quiebra, informó el diario El Ancasti.

La protesta de los trabajadores tucumanos se concretó en la esquina de 25 de Mayo y San Martín, frente a la Casa de Gobierno local.

También se manifestaron en la intersección de 24 de Septiembre y 25 de Mayo y en San Martín y Laprida.

«Protestamos porque hace dos meses tuvimos una promesa por parte del Gobierno de que se iba a resolver la crisis, porque la situación en la empresa hace ocho meses es crítica. Estamos pidiendo que nos asistan para poder seguir trabajando», señaló el delegado Miguel Zelaya.

Y agregó: «La empresa está embargada por la AFIP. Hoy le pasa a nivel nacional a muchas empresas y la nuestra no es ajena. Somos 1.200 empleados y familias, representando a los trabajadores de Catamarca, de Santiago del Estero, de Jujuy y de Salta».

El gremialista advirtió que en el marco de esta crisis, los trabajadores están sin cobrar el último sueldo y precisó: «Hace cuatro meses tenemos cuotificado el sueldo que lo cobrábamos en cuatro y cinco partes».

 
 
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Fate ingresó al Procedimiento Preventivo de Crisis y peligran 430 empleos

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La empresa de neumáticos del grupo Madanes fue notificada formalmente de la apertura del procedimiento. El próximo 13 de marzo habrá una audiencia con sindicato para negociar despidos.
El Ministerio de Producción y Trabajo finalmente notificó la apertura formal del concurso preventivo de crisis de la empresa de neumáticos Fate por lo que ahora peligran unos 430 empleos.
Por lo pronto, la compañía ya le comunicó a sus empleados las decisión de la cartera que conduce Dante Sica y les notificó la “apertura formal” del procedimiento. De esta manera, Fate cuenta con un período de diez días hábiles para negociar los despidos.
Vale recordar que a principios del mes de febrero, Fate realizó un pedido de apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis y desde entonces Trabajo viene trabajando junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y la empresa para evaluar las alternativas existentes.
Desde la empresa de neumáticos informaron que por el momento “no se lograron avances” en las conversaciones con el sindicato al tiempo que se muestran confiados en “encontrar los caminos de solución” a las negociaciones. Por lo pronto, el miércoles 13 de marzo se realizará una nueva audiencia para seguir abordando la situación de la compañía.
La empresa cuenta actualmente con unos 1.650 empleados bajo convenio. Su planta industrial está ubicada en la localidad de San Fernando, tiene una capacidad productiva de más de 5 millones de neumáticos por año y es proveedora de los principales fabricantes del país como Peugeot, Renault, Volkswagen, Ford y Mercedes Benz, entre otras.
La compañía es parte del Grupo Madanes, un holding de empresas que incluye a la productora de aluminio Aluar y a Hidroeléctrica Futaleufú y que es liderado por el empresario Javier Madanes Quintanilla.
Los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) son un reflejo de la recesión que afecta a las empresas y según un informe de la consultora Synopsis, el año pasado lo solicitaron 108 empresas. Este año el número está en ascenso y el más reciente fue el de la embotelladora de Coca Cola Femsa cuyo PPC no fue aceptado pero se acordó entre la empresa y el gremio la cesantía de unos 35 trabajares.
Fuente Ámbito

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La aerolínea Avianca Brasil se declara en bancarrota

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El holding colombiano se desmarca del caso, que podría dejar en tierra a 77.000 pasajeros
La compañía aérea Avianca Brasil, la cuarta mayor del gigante sudamericano, pidió este martes (11/12) a la justicia brasileña acogerse a la protección por bancarrota. En caso de que no le fuera concedida, la compañía advertió que hasta el 31 de diciembre, podría dejar de atender a 77.000 pasajeros que compraron sus billetes.
El endeudamiento que acumula la aerolínea podría desembocar, según documentos a los que accedió la agencia Reuters, en el embargo de hasta 14 aviones de su flota. El proceso pasa ahora a manos de la Sala Primera de Quiebras y Recuperaciones Judiciales de São Paulo.
Avianca Brasil, antes Oceanair, adjudica su declaración de bancarrota a los altos costos de combustible y las demandas qu e amenazan a algunos de sus aviones. La semana pasada, la compañía fue obligada por la justicia brasileña a devolver 11 aeronaves de su flota a la empresa irlandesa Constitution Aircraft, filial de la estadounidense Aircastle, tras no cumplir a tiempo con el pago por su alquiler.
La deuda total de Avianca Brasil se calcula en el entorno de los US$125 millones y entre sus acreedores se encuentran la petrolera semiestatal brasileña Petrobras y el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. La aerolínea cubre rutas tanto internas como externas con unas 60 aeronaves. Sobre 26 de ellas —y 52 motores— pesan demandas judiciales.
Desde Colombia, Avianca Holdings aclaró que la empresa que presentó la solicitud de admisión a recuperación judicial es Oceanair, que aunque utiliza comercialmente el nombre de Avianca Brasil, es totalmente independiente.
“Oceanair no forma parte del grupo de compañías de Avianca Holdings S.A”, aseguró en un comunicado la aerolínea con sede en Bogotá. “Oceanair es una compañía independiente de Avianca Holdings S.A. y por lo tanto no consolida estados financieros con Avianca Holdings, ni con ninguna de las subsidiarias”, agregó.La aerolínea es independiente de la colombiana Avianca Holdings, aunque pertenecen al mismo propietario, el empresario brasileño German Efromovich y su grupo Synergy.
Después de que se conociese la petición de bancarrota, las acciones de Avianca Holdings reaccionaron —en cuestión de minutos— con un desplome de casi el 20% en la bolsa colombiana, pero se recuperaron a lo largo de la jornada hasta cerrar en un precio cercano al de la apertura.
Fuentes cercanas a la aerolínea colombiana señalaron, en declaraciones a EL PAÍS, que la situación de Avianca Brasil no debería afectar la operación de Avianca Holdings, pues no comparten aviones ni negocios, solamente la utilización comercial del nombre en virtud de un acuerdo.
“Oceanair es una compañía independiente de Avianca Holdings y por lo tanto no consolida estados financieros con Avianca Holdings, ni con ninguna de las subsidiarias de AVH”, aclaró, poco después, la empresa en un comunicado.
Avianca Holdings, la segunda aerolínea más antigua del mundo después de la holandesa KLM, ya experimentó un capítulo de reestructuración de su deuda a comienzos de siglo, antes de ser adquirida por Efromovich quien tambien administra Avianca en la Republica Argentina.
Entonces, se sometió también a la protección del capítulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos. Después, tras su fusión con la centroamericana Taca, inicià ³ una etapa de fuerte crecimiento que le permitió competir con otros gigantes latinoamericanos como Latam o Aeroméxico.
Avianca Brasil opera vuelos regulares desde 2002, y actualmente atiende 23 destinos en el gigante sudamericano y 3 en el exterior, con 230 despegues diarios, utilizando 47 Airbus.

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La Justicia decretó la quiebra de la empresa Alco-Canale

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Es una de las principales fabricantes y exportadora de conservas del país. Su crisis comenzó en el 2015 y se profundizó este año.
Una de las marcas tradicionales vinculadas a las conservas enlatadas acaba de quebrar. Se trata de la emblemática empresa alimenticia mendocina Alco-Canale, considerada la mayor empresa exportadora de conservas de esa provincia, acaba de iniciar el proceso de desaparición.
Ocurre que la justicia federal selló su futuro, decretando la quiebra de la compañía que venía operando bajo la razón social de Industria Alimentaria Mendocina (IAMSA), propiedad del grupo Alco-Canale.
Dedicada a la elaboración de conservas ,pulpas de frutas, tomates, legumbres, hortalizas, dulces y mermeladas, daba empleo a 700 trabajadores desde su planta en la región mendocina del Valle de Uco, además de otro establecimiento menor ubicado en la localidad de General Alvear. También tenía establecimientos en Río Negro, Catamarca y la localidad bonaerense de Llavallol y llegó a contar con 2.400 empleados.
Los problemas de la compañía no eran nuevos. Se remontan al 2015, cuando comenzó su debacle financiera a pesar de que el anterior gobierno kirchnerista intentó un operativo rescate con una inyección de $150 millones a través de un crédito del Banco Nación que finalmente no sirvió para que la empresa superara esa crítica situación.
Es más, el dinero fue entregado a las autoridades de Alco-Canale fueron distribuidos en dos etapas de $75 millones que se completaron en el 2016, pero que no evitaron el despido de cientos de sus trabajadores y la suspensión de otros tantos, ni los constantes incumplimientos en el pago de sus deudas, sueldos y otros gastos a proveedores.
En ese momento, el gobierno mendocino decidió interventir directamente para volver a intentar un operativo rescate hasta que a principios de este año, la compañía otra vez se vio inmersa en un escenario de inestabilidad que derivó ahora en el fallo judicial que decretó su quiebra.
La empresa supo ser líder en la producción e industrialización de frutas y hortalizas de la Argentina que se vio afectada por un combo formado por la fuerte caída de las exportaciones, el menor consumo y la constante suba de costos.
Según dan cuenta portales informativos de Mendoza, desde el Partido Justicialista adelantaron que presentarán un plan para iniciar “la recuperación” de la fábrica ubicada en Tunuyán para que sea gerenciada por sus trabajadores.
También pidieron que la empresa sea acompañada por Pro Mendoza, el Instituto de Desarrollo Comercial y el Instituto Industrial de la Provincia, para que siga funcionando como una cooperativa

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Supermercados y distribuidores piden igualdad de trato, por lo que limitaron rescate a Carrefour

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Los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario. En un comunicado titulado “el supermercadismo argentino pide igualdad de trato”, ante “las ventajas concedidas a la firma Carrefour para llevar a cabo su proceso de reconversión”. Entonces, el Ministerio de Trabajo redujo en forma parcial los beneficios que le había otorgado a Carrefour.
“Las prerrogativas que le fueron otorgadas a la firma francesa exceden lo previsto en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) normal y que en caso de no otorgarse las mismas facilidades a todas las empresas del sector que lo soliciten, se estaría frente a un tratamiento discriminatorio hacia los supermercados pymes y cadenas regionales de todo el país que enfrentan situaciones críticas de igual o mayor magnitud”, señalaron los supermercados agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos contra el acuerdo de Carrefour y la Administración Macri, que le permitía reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.
“La totalidad de los socios de CAS y FASA vienen sobrellevando dificultades a raíz de la caída del consumo y los desmesurados aumentos de costos, pero además deben enfrentar la competencia del comercio ilegal y de grandes cadenas cuyo objetivo es apoderarse de la totalidad del mercado, si les fuera posible”, expresaron mientras desenterraban el hacha de la guerra.
Entonces, el titular de la cartera, Jorge Triaca, tomó una decisión: “El Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo alcanzado entre el sindicato de comercio y Carrefour para garantizar las fuentes de empleo”, señaló el área de Trabajo en un comunicado pero no limitó lo del 50%.
Fue un logro también de Ramón Muerza y Mario Amado, quienes le están disputando el control de la Federación de Comercio al octogenario Armando Cavalieri, quien en 2018 aceptó el techo paritario del 15% que necesitaba Mauricio Macri, y es 1 de los 10 sindicalistas que se repartieron $ 1.000 millones que les entregó el Gobierno en concepto de capacitación.
En medio de la avalancha de reclamos, los funcionarios nacionales no tuvieron opción e introdujeron cambios sobre la cláusula 3ra. del convenio, que fue la que generó más polémica por contemplar una rebaja del 50% en las contribuciones patronales durante 18 meses sobre el total de las remuneraciones del personal bajo el convenio de Comercio, unos 18.000 empleados de un total de 19.000.
Ahora, se incorporó un anexo que supedita la quita de cargas sólo a los incrementos de los salarios a partir de 2018 y no a la remuneración total, lo que implicará una quita de de entre 20% y 30% de los aportes. El plan mantendría la reducción de salarios un plan de hasta 1.000 retiros voluntarios con hasta el 150% de la indemnización por ley y la posibilidad de cerrar locales.
“Los incrementos salariales pactados a partir del mes de abril del corriente año en el marco del CCT N°135/75 para el personal de la empresa comprendido en el mencionado convenio colectivo de trabajo se les dará un tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales correspondientes al sistema integrado de jubilacionesy pensiones y el fondo nacional de empleo”, agregó Trabajo.

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