lun. Ago 31st, 2026

quiebra

La Justicia decretó la quiebra de la empresa Alco-Canale

By Redacción Economis 8 años ago
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Es una de las principales fabricantes y exportadora de conservas del país. Su crisis comenzó en el 2015 y se profundizó este año.
Una de las marcas tradicionales vinculadas a las conservas enlatadas acaba de quebrar. Se trata de la emblemática empresa alimenticia mendocina Alco-Canale, considerada la mayor empresa exportadora de conservas de esa provincia, acaba de iniciar el proceso de desaparición.
Ocurre que la justicia federal selló su futuro, decretando la quiebra de la compañía que venía operando bajo la razón social de Industria Alimentaria Mendocina (IAMSA), propiedad del grupo Alco-Canale.
Dedicada a la elaboración de conservas ,pulpas de frutas, tomates, legumbres, hortalizas, dulces y mermeladas, daba empleo a 700 trabajadores desde su planta en la región mendocina del Valle de Uco, además de otro establecimiento menor ubicado en la localidad de General Alvear. También tenía establecimientos en Río Negro, Catamarca y la localidad bonaerense de Llavallol y llegó a contar con 2.400 empleados.
Los problemas de la compañía no eran nuevos. Se remontan al 2015, cuando comenzó su debacle financiera a pesar de que el anterior gobierno kirchnerista intentó un operativo rescate con una inyección de $150 millones a través de un crédito del Banco Nación que finalmente no sirvió para que la empresa superara esa crítica situación.
Es más, el dinero fue entregado a las autoridades de Alco-Canale fueron distribuidos en dos etapas de $75 millones que se completaron en el 2016, pero que no evitaron el despido de cientos de sus trabajadores y la suspensión de otros tantos, ni los constantes incumplimientos en el pago de sus deudas, sueldos y otros gastos a proveedores.
En ese momento, el gobierno mendocino decidió interventir directamente para volver a intentar un operativo rescate hasta que a principios de este año, la compañía otra vez se vio inmersa en un escenario de inestabilidad que derivó ahora en el fallo judicial que decretó su quiebra.
La empresa supo ser líder en la producción e industrialización de frutas y hortalizas de la Argentina que se vio afectada por un combo formado por la fuerte caída de las exportaciones, el menor consumo y la constante suba de costos.
Según dan cuenta portales informativos de Mendoza, desde el Partido Justicialista adelantaron que presentarán un plan para iniciar “la recuperación” de la fábrica ubicada en Tunuyán para que sea gerenciada por sus trabajadores.
También pidieron que la empresa sea acompañada por Pro Mendoza, el Instituto de Desarrollo Comercial y el Instituto Industrial de la Provincia, para que siga funcionando como una cooperativa

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Supermercados y distribuidores piden igualdad de trato, por lo que limitaron rescate a Carrefour

By Redacción Economis 8 años ago
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Los supermercados regionales agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario. En un comunicado titulado “el supermercadismo argentino pide igualdad de trato”, ante “las ventajas concedidas a la firma Carrefour para llevar a cabo su proceso de reconversión”. Entonces, el Ministerio de Trabajo redujo en forma parcial los beneficios que le había otorgado a Carrefour.
“Las prerrogativas que le fueron otorgadas a la firma francesa exceden lo previsto en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) normal y que en caso de no otorgarse las mismas facilidades a todas las empresas del sector que lo soliciten, se estaría frente a un tratamiento discriminatorio hacia los supermercados pymes y cadenas regionales de todo el país que enfrentan situaciones críticas de igual o mayor magnitud”, señalaron los supermercados agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos contra el acuerdo de Carrefour y la Administración Macri, que le permitía reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.
“La totalidad de los socios de CAS y FASA vienen sobrellevando dificultades a raíz de la caída del consumo y los desmesurados aumentos de costos, pero además deben enfrentar la competencia del comercio ilegal y de grandes cadenas cuyo objetivo es apoderarse de la totalidad del mercado, si les fuera posible”, expresaron mientras desenterraban el hacha de la guerra.
Entonces, el titular de la cartera, Jorge Triaca, tomó una decisión: “El Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo alcanzado entre el sindicato de comercio y Carrefour para garantizar las fuentes de empleo”, señaló el área de Trabajo en un comunicado pero no limitó lo del 50%.
Fue un logro también de Ramón Muerza y Mario Amado, quienes le están disputando el control de la Federación de Comercio al octogenario Armando Cavalieri, quien en 2018 aceptó el techo paritario del 15% que necesitaba Mauricio Macri, y es 1 de los 10 sindicalistas que se repartieron $ 1.000 millones que les entregó el Gobierno en concepto de capacitación.
En medio de la avalancha de reclamos, los funcionarios nacionales no tuvieron opción e introdujeron cambios sobre la cláusula 3ra. del convenio, que fue la que generó más polémica por contemplar una rebaja del 50% en las contribuciones patronales durante 18 meses sobre el total de las remuneraciones del personal bajo el convenio de Comercio, unos 18.000 empleados de un total de 19.000.
Ahora, se incorporó un anexo que supedita la quita de cargas sólo a los incrementos de los salarios a partir de 2018 y no a la remuneración total, lo que implicará una quita de de entre 20% y 30% de los aportes. El plan mantendría la reducción de salarios un plan de hasta 1.000 retiros voluntarios con hasta el 150% de la indemnización por ley y la posibilidad de cerrar locales.
“Los incrementos salariales pactados a partir del mes de abril del corriente año en el marco del CCT N°135/75 para el personal de la empresa comprendido en el mencionado convenio colectivo de trabajo se les dará un tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales correspondientes al sistema integrado de jubilacionesy pensiones y el fondo nacional de empleo”, agregó Trabajo.

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El Gobierno le suelta la mano a OCA, que queda más cerca de la quiebra

By Administrador Economis 9 años ago
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El mayor correo privado del país tiene deudas con la AFIP por más de $ 1400 millones; la decisión abre un frente de conflicto con el gremio del camionero Hugo Moyano, al cual pertenecen los 7000 empleados de la compañía.

Los días de OCA, el correo privado más grande del país, estarían contados. Después de meses de gestiones fallidas y de una evaluación técnica exhaustiva, el Gobierno finalmente habría decidido la semana pasada soltarle la mano. Se trata de una decisión sensible: la empresa emplea directamente a 7000 personas afiliadas al gremio del camionero Hugo Moyano, uno de los sindicalistas de mejor relación con la administración de Mauricio Macri, pero también de mayor capacidad de presión en la calle.

La empresa acarrea una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de $ 1400 millones y tiene desde hace meses problemas para juntar los fondos para el pago de sueldos.

La AFIP, que le inició el año pasado a OCA y a su dueño, Patricio Farcuh, una demanda por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse, la embargó por $ 300 millones y podría bloquearle en el corto plazo otros $ 600 millones, para cobrarse parte de la deuda, según adelantaron las fuentes. Cada mes que pasa, no obstante, la deuda de OCA con el organismo recaudador se estaría incrementando en unos $ 120 millones.

Con 7000 empleados directos y otros 5000 trabajadores que dependen indirectamente del negocio, hace tiempo que el Gobierno viene siguiendo de cerca la crisis de la empresa. En noviembre pasado, en un intento de salvaguardar los puestos de trabajo, las fuentes aseguraron que Macri incluso cedió a un pedido de Moyano -para entonces, ya a cargo virtualmente de la compañía- y accedió a darle tres meses para que arme un plan de negocios y presente una propuesta de pagos para saldar la deuda con la AFIP. Pero llegó marzo y el plan de negocios nunca se materializó y tampoco hubo avances sobre la deuda con el organismo recaudador.

En paralelo, el Gobierno creó una comisión encabezada por Clarisa Estol, secretaria de Promoción de Inversiones en el Ministerio de Comunicaciones, para evaluar la situación de la compañía y ensayar escenarios posibles de rescate. En la tarea trabajó también un especialista en fusiones y adquisiciones, Alejandro Dillon, y el Estudio Alegría, con un amplio expertise en temas comerciales.

Pero la conclusión fue igualmente desalentadora: no es mucho lo que puede hacer el Estado ante una empresa privada, que además tiene grandes deudas tributarias, ya en instancia de judicialización.

Así las cosas, en una reunión en la Quinta de Olivos, la semana pasada, el propio Macri habría tomado la decisión de dejar que los hechos sigan su curso natural. Lo que, para OCA, podría significar la quiebra.

Durante el encuentro, del que también participaron el vicejefe de Gabinete Mario Quintana; Estol, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el responsable de Correo Argentino, Jorge Irigoin, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, se habría evaluado en un primer momento intentar postergar el desenlace de OCA hasta noviembre, para así pasar las elecciones sin ruidos.

Pero, cuenta hoy La Nación, ya la AFIP no tendría margen para seguir demorándose en su reclamo sin correr el riesgo de que sus empleados sean interpelados eventualmente por no cumplir con sus deberes de funcionarios públicos.

En el Gobierno saben, no obstante, que la crisis de OCA podría tensar la relación con Moyano, con quien Macri venía en muy buenos términos, sobre todo, tras avalar su participación en la nueva AFA.

Una alternativa que no descarta el macrismo es que Correo Argentino -que tiene 17.000 empleados y en 2016 recibió asistencia del Estado nacional por cerca de $ 1500 millones- pueda tomar parte de la empresa, aunque siempre manteniéndola bajo una gestión independiente a la de la empresa oficial, para al menos darle continuidad a una parte de los trabajadores.

Pero OCA no sólo tiene problemas financieros. Su situación legal y societaria es por demás compleja. Farcuh -quien de hecho compró OCA en su momento gracias a gestiones de Pablo Moyano- denunció en la Justicia que parte de sus empleados le quieren sacar la empresa, a la que, dice, no puede entrar desde junio del año pasado.

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