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Concejal radical de Garuhapé criticó el rol de la UCR en la alianza Cambiemos y la eliminación del Fondo de la Soja

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La eliminación de la distribución federal del Fondo Solidario de la Soja, por parte del Gobierno nacional sigue generando críticas. No solo de los jefes comunales, sino que ahora se suman voces del mismo espacio de Cambiemos. Uno de ellos es el edil Olimpio Vega de Garuhapé, quien lamentó que la medida atenta contra las finanzas de las comunas.
El concejal radical de Cambiemos de Garuhapé, Olimpio Vega, aseguró que “estoy desilusionado con la decisión que tomó el Gobierno nacional de dejar de enviar los Fondos de la Soja. Imaginaba un recorte pero pensé que iban a esperar hasta el año que viene”.
Remarcó que se perjudica a los municipios que “contaban con ese dinero y ahora ya no accederán a esa plata”. Solo su comuna perderá unos 230 mil pesos mensuales. “Esta decisión que tomaron impacta mucho en todos. Las pequeñas localidades pagarán las consecuencias porque esos fondos se usaban para obras públicas y compras de maquinarias viales”, indicó Vega.
Aclaró que por más que esté dentro de Cambiemos “elogió lo que está bien y criticó lo que está mal”. En ese sentido, apuntó a quienes “son muy opositores y meten la política en la gestión. Cuando uno está en funciones y se ve que algo no funciona, hay que salir al cruce”.
Sostuvo que “estoy decepcionado con el radicalismo, a nivel nacional está acompañando todo siendo la situación está difícil”. Vega adelantó que existe la posibilidad de formar una línea interna dentro de la UCR para poder llevar todas las inquietudes a los diputados provinciales de Cambiemos “a quienes no hemos visto más desde que asumieron”.
Estas críticas son similares a las que viene haciendo el economista radical, Federico Villagra, quien viene planteando que “es difícil divorciarse del PRO, pero sí se puede imponer otras condiciones para que la UCR esté mejor representada y deje ser ninguneada, al menos a nivel provincial”.
Advirtió que los diputados radicales que integran la alianza Cambiemos “se silencian y no critican las cosas que están mal. Omiten la verdad. Hay que reconocer un flagelo que está sufriendo la gente todos los días; la nafta sube y el peaje también y si eso no se dice, me parece que está mal, hay que defender una postura y marcar las diferencias”, observó el joven dirigente.
Villagra se autodenominó como un “radical crítico” de la situación de Cambiemos. “Uno tiene que deberse a la gente y al afiliado y no a un esquema. No podemos estar defendiendo lo indefendible”, sostuvo.

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Pasar el invierno

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Hay que pasar el invierno. La frase quedó eternizada como sinónimo de ajuste y políticas en contra de los trabajadores. La pronunció Alvaro Alsogaray, recién ungido ministro de Economía de Arturo Frondizi para poner en marcha un feroz plan de ajuste en medio de una escalada inflacionaria y las primeras privatizaciones. El discurso de Alsogaray del 28 de junio de 1959, tiene enorme “actualidad”: “Muchos años de desatino y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. […]. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace ya más de diez años. […]. Las medidas en curso permiten que podamos hoy lanzar una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno”.
El “Plan de Estabilidad y Desarrollo” hizo que el salario real cayese 24 por ciento en 1959, hubo miles de despidos en el Estado y se puso en marcha un plan de flexibilización laboral que se profundizó años después y que sobrevuela el presente.
A lo lejos, en tiempo y distancia, la frase del economista radical liberal cobra otro significado en Misiones, donde el Estado, lejos de batirse en retirada, asume protagonismo para pasar el invierno, entendido como estación del año y de la economía.
Ante el frenesí de los aumentos de precios, la corrida financiera y el Gobierno nacional cada vez más volcado al ajuste para cumplir con su programa y las pautas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional, Misiones toma pequeñas medidas de aliento a la economía y de protección al bolsillo. Primero fueron subsidios a la energía de industrias y comercios, después un creativo programa de financiación de compras bautizado Ahora Misiones, que parió al tiempo el Ahora Papá, el Ahora Pan y esta semana el Ahora Gas.
El Ahora Misiones fue una eficaz herramienta para sostener el consumo dentro de la provincia, agobiada por una sangría permanente de recursos hacia Paraguay y Brasil en busca de precios más bajos. El Ahora Pan congeló durante 90 días el precio del francés, emblema del consumo en la mesa familiar que estaba sintiendo los efectos de una inflación que doblegó todas las proyecciones oficiales, incluso las recalibradas por el mejor equipo. El Ahora Gas va en el mismo camino: cuidar el bolsillo de cientos de familias con el mango justo para parar la olla.

El gobernador Hugo Passalacqua intuye que sin una mano del Estado, la situación de cientos de familias misioneras sería muy compleja, pese a que Misiones es de las pocas provincias que todavía soportan el embate de la crisis, con una economía privada que se mantiene a flote, bajo desempleo y con finanzas en orden. Las fronteras, especialmente Paraguay, más allá de las quejas de los comerciantes por las asimetrías, funcionan como una válvula de escape para hacer rendir un poder adquisitivo deprimido.
En el Gobierno provincial advierten que “si no se revierte la tendencia económica nacional tendremos que profundizar medidas como el Ahora Misiones”, aunque si el tipo de cambio real se sigue manteniendo alto habrá un microclima económico favorable.
La preocupación por el estado de la economía recorre todos los estamentos. El Gobierno lo expresa en sus acciones, los empresarios marcan cada vez más distancia con el cambio que les había seducido.

En la Legislatura también comienza a alzarse la voz para advertir que los problemas se están profundizando. El jueves, el presidente del bloque Renovador, Marcelo Rodríguez, presentó una iniciativa que pretende instruir a los legisladores nacionales a que generen herramientas para el financiamiento de las pymes de todo el país, pero especialmente de Misiones.

El texto fue en realidad una excusa. El mensaje, estructurado con el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, estaba en la argumentación. Rodríguez utiliza la palabra “estanflación”, para referirse al momento económico: “Un fenómeno que se caracteriza por un elevado índice de inflación (la inflación semestral del 15% ya ha consumado la meta anual), recesión y estancamiento o enfriamiento de la economía, y pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se traduce en una pérdida en el poder de compra de la gente”.
“A esto debemos sumarle una devaluación de nuestra moneda en el primer semestre superior al 40%, una caída del consumo masivo y de las ventas en el mismo periodo (caída de la venta minorista que en junio fue del 4,2 % interanual); gravitando en torno a incrementos permanentes en el precio de los combustibles y en el costo de las  tarifas de los Servicios Públicos”, explicó el legislador.
La preocupación de Rodríguez no es exagerada. “Todo indica que el presente año se caracterizará por un proceso de estanflación; esto es: la combinación de estancamiento con inflación”, señala el último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, titulado “El regreso de la estanflación”. Sería el tercer episodio del Gobierno de Macri.
“Las Pymes necesitamos pasar URGENTE, del reconocimiento que tenemos en la economía nacional  a disponer de herramientas laborales, financieras e impositivas que nos permitan seguir sosteniendo empleo formal. Es importante y necesario para las Pymes, bajar el “costo laboral”, no el salarial, necesitamos consumo para retroalimentar la actividad”, advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero Gerardo Díaz Beltrán. El presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, recordó que la provincia está reclamando medidas especiales para recuperar competitividad más allá de los vaivenes de las asimetrías.
Lejos de atender la demanda de los empresarios que generan trabajo, el Banco Central mantiene una política que solo encuentra ganadores en la especulación financiera. Ahora es Luis Caputo en lugar de Federico Sturzenegger, pero la tasa de interés se mantiene por encima del 40 por ciento. Es la más alta del mundo.
“El BCRA mantendrá el actual sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación, así como la inflación esperada, se alineen con la meta de diciembre 2019”, dijo el banco en el comunicado que acompañaba la decisión. Pero la inflación, lejos de disminuir volverá a estar por encima del 30 por ciento annual, como consecuencia de la devaluación.
La complejidad del momento económico preocupa a otros gobernadores, pero no todos cuentan con recursos y una relación aceitada con los actores económicos como para poner en marcha medidas similares.
La situación económica es muy mala”, admitió el jujeño Gerardo Morales, apenas unas horas después de cenar con el presidente Mauricio Macrio. El radical es uno de los ultraoficialistas de Cambiemos, pero advirtió que “los dos o tres meses que vienen serán difíciles y el desafío central del Gobierno nacional, me parece, es que los que tenemos responsabilidades en las provincias evitemos que caiga la economía”.
¿Fuego amigo? No fue el único. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el intendente porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en reconocer la “difícil situación económica”. Ambos son puntales de la alianza gobernante, pero actúan como si fueran espectadores.
La misma actitud tienen los referentes de Cambiemos en Misiones. La crisis es algo que está pasando allá a lo lejos, de la que no se sienten responsables ni obligados a dar cuentas, pese a que sus vaticinios y promesas hasta ahora no se han cumplido, como el famoso artículo 10 de la ley Pymes. Ya sin timbreos, las reuniones políticas son escasas, porque es difícil explicar que estamos mal pero vamos bien. Las redes sociales son casi el único refugio.  
Cuanta será la preocupación que el propio Macri reconoció “temas de la propia gestión” como disparadores de la crisis que tiene en vilo a la sociedad. Sin embargo, el Presidente ratificó que el remedio será profundizar el modelo. Cómo hará el mismo modelo para mutar es una incógnita.
Como en aquel invierno de Alsogaray, la receta es más ajuste y volver a privatizar los activos del país. Eso es lo que aparece en la letra chica del acuerdo firmado con el FMI, que se conoce recién ahora. Las exigencias serán extenuantes. Profundizar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir salarios en el Estado y las transferencias a las provincias, demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias), bajar 15 por ciento el gasto público en bienes y servicios, durante el año que viene, son los principales puntos del acuerdo. Se estima un ajuste de 300 mil millones para el 2019 y que la mitad de ese recorte sea absorbido por las provincias.
También se sugiere “recortar empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades, además de limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
En cuanto al Presupuesto 2019, que comienza a delinearse, se pretende “reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios”. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
Y, por último, una medida intrínseca del modelo: privatizar. El Fondo sugiere “vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones”.
Esta parte del acuerdo se elaboró luego de que concluyeran las negociaciones  del auxilio por US$50.000 millones, que pidió la Argentina. Si estas cláusulas se hubieran conocido antes, quizás no hubiese sido tan sencillo para el Gobierno argumentar sobre las bondades del acuerdo que, impone condiciones gravosas para millones de argentinos, que son, en definitiva, quienes pagan las consecuencias, con intereses.
Lo que va a quedar ahora va a ser un país peor que el que dejó Menem“, definió, con crudeza, la pensadora Beatriz Sarlo, hasta hace no demasiado tiempo una entusiasta  del cambio.
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El peor resultado

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Si hubiera que medir el estado de un Gobierno en función del acierto de sus proyecciones y el número de promesas cumplidas, el de Mauricio Macri debe estar en su peor momento. En los últimos días hubo un aluvión de datos negativos que exceden a la coyuntura y son consecuencia de las decisiones tomadas en los últimos dos años y medio. Repasemos.
De aquel: “Daniel, no vamos a devaluar”, a una caída del peso que superó el 75 por ciento en los últimos doce meses. Desde el inicio de la corrida cambiaria, en abril, la pérdida de valor del peso llegó al 45 por ciento y es del 56,5 en lo que va de 2018. Esa devaluación significa un ajuste directo en el bolsillo.
Del “está todo bien” de un lunes, al dramatismo del martes de volver al Fondo Monetario Internacional a pedir un auxilio financiero record de 50 mil millones de dólares.
Del “fuimos al Fondo para evitar a una crisis” a un dólar incontenible, que acarició los 30 pesos y no encuentra techo.
“Estamos en una transición hacia una mayor estabilidad”, sostenía, firme, el ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo. No hace mucho, en mayo, la efusiva Lilita Carrió prometía sin ponerse colorada: “El dólar va a quedar en 23 pesos, yo no le miento a mi electorado”.
De la promesa de “un país normal” a celebrar ser un mercado emergente, para volver a estar pendiente del riesgo país, que tocó los 612 puntos, récord desde 2015, con pánico en la Bolsa y caída de acciones. Todo en una misma semana.
O el mercado está fuera de control o es la esquizofrenia del mejor equipo que interviene, que no, que vende mucho, vende poco, promete flotación limpia pero subasta deuda para tranquilizar a los amigos ávidos de dólares más baratos que en las casas de cambio.
Hay que explicar el mecanismo para entender quienes ganan con este descalabro. Todos los días el Gobierno está subastando porciones de la deuda asumida con el FMI –que pagarán las generaciones futuras- para “calmar” la fiebre alcista. En el remate, los grandes compradores acceden a billetes un peso por debajo de lo que se consigue en las casas de cambio, accesibles para el pequeño ahorrista o el que se quiere ir de vacaciones.
También se pasó de la crítica al cepo a analizar un corralito para los que compren dólares para viajar al exterior.
De la pobreza cero a un lapidario informe de la Universidad Católica Argentina que revela que la pobreza infantil aumentó de 60,4 a 62,5 por ciento, lo que implica que hay ocho millones de niños privados de algún derecho. Si se toman los datos más actualizados de la UCA con una muestra más abarcativa del último trimestre del 2017 se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65 por ciento. En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló un informe sobre la evolución de la distribución del ingreso: más del 35 por ciento de los hogares tiene ingresos inferiores al umbral de la pobreza. No es casual, en lo que va del año, el salario perdió 1,7 por ciento en la carrera contra los precios (oficiales).
El presidente Mauricio Macri visitó esta semana a la sede de la Confederación Económica de la Mediana Empresa para celebrar el día de las Pymes. Las ponderó y prometió respaldos para las empresas que generan el 60 por ciento del empleo del país. Apenas unas horas después, la Confederación General Empresaria informaba que en los últimos dos años se cerraron 4800 pymes.
El ministerio de Trabajo admite que en el primer cuatrimestre se perdieron 94.500 empleos en blanco. Entre los asalariados privados se perdieron 39.800 empleos, monotributistas (2.000), los autónomos (500) y monotributistas sociales (5.700). La pérdida es transversal. “Un 60 por ciento de la producción industrial está dedicada al servicio de la construcción. Prácticamente despareció. No hay obra nueva. Eso provocó un corte en la línea de pago”, explicó Héctor Fernández, presidente de la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos en declaraciones a radio Activa.
Pero en el Gobierno no entienden el paro general de la CGT, aunque antes celebraban las protestas por el impuesto a las Ganancias.
Según la misma Came, la industria Pyme cortó una racha de 10 meses consecutivos de crecimiento. En mayo sólo el 39,4% de las empresas crecieron y el uso de la capacidad instalada bajó a 60,5%. Además, solamente el 39,5% tuvo rentabilidad positiva y el 75% se encontró con más dificultades para cobrar a sus clientes, con un plazo promedio de cobro que se estiró a 53 días.
Ante los empresarios, liderados ahora por el misionero Gerardo Díaz Beltrán, Macri prometió “una nueva ley pymes”, pese a que la vigente se aprobó hace apenas dos años, el 1 de julio de 2016. También garantizó que en agosto se hará la postergada reglamentación del artículo 10, una promesa incumplida de la campaña, con beneficios para las economías de frontera.
Pero ahora esos beneficios no llegarán a todas las provincias, sino a aquellas que cobren Ingresos Brutos a la actividad comercial por debajo del tres por ciento. Hace apenas unos meses, el Pacto Fiscal que impuso la Nación en enero, había elevado el techo para los tributos a esa actividad, al cinco por ciento.
Se modifican nuevamente las reglas de juego, pero los beneficios no llegaron nunca. Solo Posadas perdió más de 18 mil millones de pesos en los últimos dos años mediante la sangría hacia Encarnación, en busca de precios más bajos.
El nuevo ministro de Producción, Dante Sica, no parece tener mayor velocidad que su sonriente antecesor, el eyectado Francisco Cabrera, para entender el problema. “Todos deben hacer un esfuerzo compartido, las provincias deben poner lo suyo, Posadas y toda esa zona tiene tasas de Ingresos Brutos muy altas que de alguna manera también castigan al comercio y son fuertemente distorsivas”, sostuvo el funcionario en declaraciones a FM Show.
Nuevamente, el Gobierno nacional pretende que el esfuerzo y el costo político sean compartidos por los gobernadores. Ante el desmadre de los últimos días, el Presidente volvió a apelar a los gobernadores para dar señales de “cohesión” en defensa de las políticas económicas. El Jefe de Estado subrayó que “la mayoría de los gobernadores de Cambiemos, del Peronismo, intendentes, senadores, diputados estamos comprometidos” en los objetivos de achicar el déficit fiscal en todos los niveles del Estado.
“Si decimos que lo vamos a hacer, lo haremos y, si resolvemos eso, el crecimiento será ilimitado e infinito porque nuestra capacidad y talento son enormes”, enfatizó.
Y nadie duda en aplicar medidas que equilibren cuentas y achiquen costos. Pero son varios los gobernadores que salieron a advertir que el principal ajuste debe pasar por los gastos de la Nación –que no se reducen y, por el contrario, crecen con intereses de deuda- y no por las provincias que, con matices, están mucho más equilibradas.
El gobernador Hugo Passalacqua fue terminante. “Vamos a bregar todos, aún desde nuestro espacio de oposición, para que las metas de déficit de las cuentas públicas de Nación estén equilibradas para el 2020. Ya muchas provincias -y Misiones entre ellas-, con gran esfuerzo y austeridad han logrado ese equilibrio. Requerimos que la Nación también lo haga y sin perjudicar ni un milímetro a los sectores sociales más vulnerables; como tampoco se afecte la solvencia fiscal y bienestar de las provincias y de Misiones en particular”, expresó en un comunicado.
Misiones, efectivamente, es una de las provincias que puede exhibir un buen manejo de las cuentas públicas, con empleo público lejos por debajo de la media, desendeudada y con escasa exposición en dólares. Otras provincias, alentadas a tomar deuda, hoy deben 50 por ciento más que hace uno o dos meses por la corrida cambiaria.
Pero así y todo, el déficit se explica mucho más por el gasto de la Nación que por el de las provincias. No es, claro, con despidos a destajo ni con recortes de obligaciones elementales, que debería subsanarse ese rojo. La acumulación de vencimientos de deuda es una presión adicional que hasta hace un par de años no existía.
Misiones ha venido haciendo los deberes incluso antes de que el ajuste sea una obligación emergente del sistema. Passalacqua se anticipó al congelamiento de ingresos al Estado y Maurice Closs, como antecesor, había ideado una creativa medida para fomentar el retiro de estatales sin que pierdan demasiado poder adquisitivo. Sin estridencias ni el uso de dolorosos telegramas de despido. Ahora, la Legislatura provincial acaba de sancionar la ley de adhesión a la modificación de la ley de Responsabilidad Fiscal, para sumar a los municipios  al ajuste. Los intendentes no podrán gastar por encima de la inflación del Indec ni tomar empleados por encima de la proyección de crecimiento poblacional que mida el Instituto Provincial de Estadística y Censos. Como carta de intención, incuestionable. Pero los papeles no suelen ser fiel reflejo del terreno. ¿Cómo harán los intendentes para contener el gasto ante demandas sociales cada día más acuciantes? Lo mismo vale para los gobernadores, que piensan lo mismo que Passalacqua: que el peso del ajuste no debe recaer únicamente en las provincias.
Esta semana comenzarán los primeros escarceos en el debate por el Presupuesto. Los gobernadores están dispuestos a acompañar, pero también a poner condiciones.
Misiones es caso de estudio. No un fenómeno casual. Hasta fines del siglo pasado, la provincia estaba entre los primeros puestos de cuanta estadística social negativa se analizara. Aplicó descuentos salariales a los estatales y se endeudó dos veces y medio su presupuesto, mientras que la pobreza y el desempleo crecían sin parar.
Hoy es una de las pocas que paga los sueldos a término, anticipó un aumento pactado en paritarias y sigue sin endeudarse. No pasó tanto tiempo, pero hubo decisión política.
Por eso en la Renovación advierten que es momento de refugiarse en el “misionerismo” como concepto político. No se deja de lado el compromiso de gobernabilidad, pero habrá cambios en la gestualidad. Los principales dirigentes recibieron un consejo del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, a sazón, el conductor de la Renovación: “Trabajar más y fortalecer el misionerismo”. ¿Qué es el misionerismo? “Es pagar los sueldos al día, estar desendeudado, la reducción histórica de la mortalidad infantil o batir récords de secuestro de droga.
En la oposición, en cambio, reina la desorientación. Los del PRO puro no encuentran cómo defender algunas decisiones del Gobierno nacional y algunas actitudes de los propios –cayó muy mal el viaje del concejal Diego Barrios al Mundial de Rusia, donde compartió tribuna con Facundo Sartori, aunque éste no tiene que justificar faltazos-. Los radicales se inmolan como los conversos, mientras intentan disimular que el último gran boina blanca, Raúl Alfonsín, se paraba en las antípodas del modelo político actual.
Desde afuera, hace su juego el partido Agrario, que puede lanzar dardos sin preocuparse por los efectos en la gobernabilidad.

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El tipo de cambio como estabilizador automático de la crisis

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Históricamente los argentinos estuvimos vinculados al dólar como siameses por motivos mas que evidentes.
Como 14 de las últimas 15 crisis vinieron tras una devaluación, los argentinos agudizamos nuestros sentidos ante los movimientos del tipo de cambio.
En diciembre pasado el gobierno Nacional con un tipo de cambio estabilizado toma dos decisiones imprecisas:
1. Reglamentar el impuesto a la renta financiera en la cual se gravaria un 5% las tenencia en LEBACS.
2. Ir presionando al banco central para bajar levemente la tasa de Interés, para que los pesos en lugar de ser colocándos en LEBACS se dirijan a la economía real, cosa que no ocurrió por un único motivo: LA INFLACIÓN.
Estos dos motivos presionaron la demanda de dólares que sumado a un contexto internacional de fortalecimiento del dólar, el dolar en un año paso de $16 a $26.
Sumado a todo esto se piensa reformar la carta orgánica para que el banco central no pueda prestar dinero al tesoro nacional.
En el camino nos olvidamos que los bancos centrales constituyen una herramienta indispensable para estabilizar los mercados financieros y evitar la quiebras en cadena como la depresión económica.
Si los bancos centrales más grandes del mundo la FED y el BGE, no hubieran intervenido prestando dinero a sus gobiernos y a los bancos privados a una baja tasa, es probable que la crisis mundial del 2007 hubiera alcanzado dimensiones comparables con los años 30.
Un banco central sin gobierno genera que el tipo de cambio fluctue de acuerdo al antojo del mercado. En una situación inflacionista, es probable que el tipo de cambio tome valores mas altos.
Para ser mas claro; “un tipo de cambio flexible como amortiguador de crisis solo funciona con una economía sin inflación”
En este sentido sería coherente repensar la política monetaria dada la coyuntura argentina y el rol del banco central luego de el acuerdo con el FMI, CAF, BID y BM.
Es preciso resaltar que el problema central ha sido consecuencia del déficit fiscal, traducida en inflacion, y es por este motivo el banco central dejará de intervenir en el mercado financiero y en los prestamos al tesoro. Sin embargo, lo que no sabemos es como será el impacto que tendran los servicios de la deuda con una tasa variable en dólares.
La realidad es que el gobierno se encuentra acorralado por sus errores de diagnóstico, en una economía con enfermedad crónica (inflacion) y una sociedad fragmentada.
Los argentinos debemos saber que somos un país inconcluso, en construccion, y con un carente, desprovisto y desamparado sistema económico y productivo.
Sentar las bases de un país no basta con ir haciendo parches de acuerdo a la coyuntura, sino con un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno. Sin ese acuerdo tripartito la economía nunca podrá crecer, debido a la puja distribuida y a un acefalo plan económico.

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Buenas noticias

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Qué bueno es dar buenas noticias, decía, con una firmeza que no tenía, el fugaz Fernando De la Rúa, justo un año antes de tomar el último vuelo en helicóptero. Su mensaje, en diciembre de 2000, anunciaba el Blindaje del Fondo Monetario Internacional por 39.700 millones de dólares, con el apoyo de bancos, AFJP y otras entidades financieras.
“Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, mejor, llegó el momento de cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, es segura y previsible, ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos”, pronosticaba el líder de la alianza.

El monto del préstamo que terminaba con la incertidumbre en la Argentina, era mucho mayor a lo que los “mercados” esperaban.    
“Hemos acordado un stand by de acceso derivado por el monto de 50 mil millones de dólares que es once veces la cuota de la Argentina. Demuestra el apoyo que tenemos de la comunidad internacional y es una muy buena noticia“, dijo este jueves un fortalecido Nicolás Dujovne al anunciar el nuevo préstamo del FMI que permitirá “evitar una crisis” tras el sacudón cambiario”. “El país va a seguir creciendo”, prometió.
En 2000, el Blindaje había salido sin complicaciones porque “las autoridades argentinas decidieron encarar el problema en la etapa preliminar de la crisis“, y el organismo estuvo dispuesto a actuar también para evitar el contagio que ya se empezaba a sentir en los países vecinos y en los mercados emergentes en general.
“Estamos contentos, porque nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y desterrar el problema que tiene la Argentina de gastar más de lo que tiene“, insistió Dujovne, investido superministro.
A los 50 mil millones del Fondo hay que sumarle 5.650 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y CAF, que “despejan cualquier incertidumbre sobre el programa económico y la situación de los mercados”.
“Es un punto de partida importantísimo para la Argentina. Va a generar más posibilidades de desarrollo. Ayuda a fortalecer el desarrollo y el crecimiento y la generación de empleo; eso es lo que sirve”, completó el presidente Mauricio Macri al brindar por el día del periodista. Fue lo único que dijo después del dramático mensaje inicial.
El Fondo, en 2000 también había sido “generoso”. Autorizó a ampliar el déficit fiscal de 2001 a US$ 6400 millones en lugar de los 4100 millones pactados originalmente, y a alcanzar el equilibrio fiscal en 2005, en vez de en 2003.
El entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, asumía “con realismo” ante el FMI que “el PBI crecerá menos del 4,5% previsto en el presupuesto de 2001”.
Dujovne ahora reconoció: “Sabemos que producto de la turbulencia financiera que tuvimos, vamos a crecer un poco menos y vamos a tener más inflación que la que pensábamos. No hay magia. El Fondo Monetario nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que resolver nuestros problemas solos”.
Como en 2000, Argentina recibe un “respaldo” inusitado del FMI.
“Demuestra un fuerte liderazgo”, opinó el entonces titular de la entidad Horst Köhler, sobre Fernando De la Rúa. El organismo estaba entonces preocupado por la crisis política.
“El ajuste fiscal requerirá de un “fuerte compromiso político”. No solo ya de la clase política: de toda la sociedad”, dijo ahora Roberto Cardarelli, uno de los economistas del Fondo al frente de la relación con la Argentina en el primer mensaje tras el acuerdo.
El país gobernado por De la Rúa fue merecedor de una confianza excesiva. Argentina estaba sobreendeudada y el fantasma del default estaba a la vuelta de la esquina.
Hoy la Argentina es el país del mundo que más le debe al FMI, cuatro veces más que Grecia, hasta ahora el país más endeudado con 12.800 millones de dólares.
El país helénico recibió en 2010 también una ayuda extraordinaria, que alcanzó los 145 mil millones de dólares entre el FMI, la Unión Europea y otros organismos. Pero después de cumplir todas las metas impuestas, Grecia sigue hundida en una profunda depresión, con una caída de salario real que llega al 40 por ciento, un PBI 27 por ciento más bajo y una desocupación del 22 por ciento, porcentaje que se duplica entre los más jóvenes.
Peor aún, la relación deuda pública/PBI, que superaba el 80 por ciento en 2010, hoy llega al 180 por ciento. En Argentina, antes del acuerdo con el Fondo pero después de la devaluación por la corrida cambiaria, la deuda equivalía al 65 por ciento del PBI.
Argentina también tiene metas que cumplir. Varias. Aunque el FMI ofrece “cláusulas de salvaguarda social inéditas“. “Prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ser aplicado una porción del gasto en programas sociales en caso de ser necesario intervenir e incrementar el gasto social”, festejó Dujovne. En realidad, no somos los únicos privilegiados: en Grecia también se prometían reformas para “combatir el despilfarro, frenar la evasión fiscal y proteger a los más pobres”. Los resultados no fueron  muy alentadores, como se puede apreciar: más del 35 por ciento de los griegos vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
Entre las metas impuestas por el acuerdo con Christine Lagarde, Macri se comprometió a reducir el déficit en un monto cercano a los 20 mil millones de dólares, unos 500 mil millones de pesos. Los principales recortes pasarán la obra pública, con un ajuste del 81 por ciento y en transferencias a provincias, del 74% en tres años, para achicar el gasto en relación al PBI. Además, se prevé hasta 2020 una baja en salarios de los trabajadores estatales del 13 por ciento (la coincidencia es pura coincidencia) y en los subsidios a las tarifas y transporte de un 48 por ciento. El gasto “extraordinario” por jubilaciones también deberá reducirse 30 por ciento.
Las metas de inflación para este año simplemente desaparecieron y para los años próximos serán de 17%, 13% para 2020 y 9% para 2021.
Con este préstamo Macri se garantizó contar con respaldo financiero para lo que resta de su mandato, aunque esto no evite recurrir al mercado financiero para cubrir los gastos. De hecho, ya no podrá echar mano del Banco Central, que se encargará de hacer cumplir las metas de inflación y estará ocupado en intentar desactivar la bomba de tiempo -de fabricación casera, a manos del propio Federico Sturzenegger- de las Lebacs.
La contundente muestra de respaldo no es simple mérito. El FMI necesita que el sistema económico financiero argentino se sostenga. Argentina es un ejemplo de la derrota del “populismo” y un retroceso de Macri podría arrastrar a otros países de la región. La situación del hermano mayor no es la mejor: Lula preso sigue siendo el mejor candidato brasileño y los postulantes del establishment no tienen mayor imagen positiva que Michel Temer, que apenas roza el tres por ciento. 
No es la primera vez que el FMI premia a sus favoritos. Lo hizo antes con Carlos Menem, en momentos en que las señales de resquebrajamiento de la Convertibilidad eran evidentes. Pero siguió prestando y acompañando al “modelo”.
Para Macri, el respaldo del FMI es un arma con el que cual presionar para alcanzar las metas que hasta ahora fueron esquivas. La culpa del ajuste será del Fondo. Pero sigue sin haber un programa que sustente el crecimiento. El ajuste suele traer consigo un efecto negativo en la economía.
La situación política para el Gobierno no es la mejor. Los últimos meses acumularon conflictos y la vuelta al Fondo no es una buena noticia, para buena parte de la sociedad que no quiere repetir la historia. El consultor Gustavo Córdoba sostiene que los últimos días creció la sensación de que Cambiemos “es igual” que los partidos políticos tradicionales cambiados en las dos últimas elecciones. Del otro lado, el peronismo entendió con la discusión por las tarifas, que puede pensar en una unificación, aunque más no sea para recuperar poder.
El gobernador Juan Manuel Urtubey, uno de los que se pone en la largada para ser candidato a presidente, adelantó el respaldo al Gobierno. Pero advirtió: “Nosotros no cogobernamos. El presidente es Macri y la responsabilidad del destino de Argentina es suya”.  La idea es compartida por los demás gobernadores.
Las provincias ya achicaron sus presupuestos y en muchos casos no tienen los problemas que exhibe la Nación.
El “misionerismo” no va a cambiar su decisión de no poner palos en la rueda. Pero al mismo tiempo, pide que los gobernadores sean escuchados para que se ponga el acento en el desarrollo económico y no únicamente en el ajuste que paraliza.
Misiones es un ejemplo en sustentabilidad financiera y una planta estatal sumamente moderada en relación a la cantidad de población.
El ajuste ya es un problema político. Lejos de ser una mera abstracción de los discursos presidenciales, se siente en la calle, con reproches permanentes incluso en aquellos que admiten haber votado por el cambio.
Resulta hasta llamativa la defensa a ultranza que hace el radicalismo de las medidas del Gobierno ante el silencio del PRO purista. “Recurrir al FMI pidiendo ayuda es bueno. No es pedirle ayuda al diablo como mucho creen”, reprochó el diputado nacional Luis Pastori, quien insiste en el buen andar de la economía, pese a que los datos de la realidad se empeñan en desmentirlo. La economía solo muestra algunos sectores que recuperaron dinamismo, mientras que la mayoría está en baja.
Posadas es un ejemplo. La coparticipación crece por efecto inflacionario, pero la recaudación propia está bastante por debajo de la inflación desde el año pasado.
La fe ciega de Pastori en el modelo parece ser la única en sostenerse dentro del radicalismo. Son varios los jóvenes criados al cobijo de Franja Morada que empezaron a mantener reuniones con los jóvenes de Podemos, el espacio creado por militantes de espacios políticos diversos. “Y se suman más”, contó uno de los principales de Podemos.  
No son los únicos desencantados. La Renovación también comenzó a recibir a dirigentes y profesionales que buscaban una alternativa al todo o nada del kirchnerismo, pero se sienten decepcionados con el cambio.
El misionerismo que se consolida en el tiempo con un modelo distinto al nacional, sin endeudamiento, con incentivos a la economía y con permanente ampliación de derechos, es un refugio ante un escenario de más ajuste. Mientras en Buenos Aires se realizaba un “panazo” en protesta contra los tarifazos y la suba de la harina, en Misiones el gobernador Hugo Passalacqua sellaba un acuerdo con los panaderos para congelar por tres meses el precio del pan a cambio de una bonificación de la tarifa eléctrica que llega al 50 por ciento. “La sensibilidad social nace de la cercanía, de conocer qué pasa en la realidad y hacer lo que esté al alcance del Gobierno en un momento difícil para todos”, señaló Passalacqua.

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