recesión

Se enrarece el ambiente

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Las tibias señales de recuperación insinuadas en el segundo semestre del año 2016, cuando la economía creció 0.5% (1.1% anualizado), fueron seguidas de algunos indicadores todavía menos favorables durante los primeros meses de 2017 (industria, ventas minoristas, confianza del consumidor). De todas maneras, la mejora en salarios y jubilaciones en moneda constante que se daría en el segundo trimestre permitiría que éstos se ubiquen alrededor de 3% por encima del promedio observado el año pasado.

Esto ayudaría a lograr una modesta recuperación del consumo privado que, a finales de año, todavía no mostraba ningún signo en ese sentido. Al revés de lo ocurrido con el PIB mensual, el consumo privado en el segundo semestre cayó 1.4% respecto del segundo trimestre del año pasado.

Respecto de la inflación, y luego del salto observado en febrero, la tasa de marzo volvería a ubicarse alrededor del 2% mensual, un valor todavía alejado de la meta oficial. La información semanal recopilada por FIEL también muestra un aumento en la inflación núcleo, que según nuestro análisis debería desaparecer en pocos meses.

Los cambios de precios relativos bruscos (tarifas, por ejemplo) tienen un impacto negativo pero transitorio sobre la inflación núcleo, según surge de un análisis econométrico de los componentes de la variación mensual de precios.

En ese contexto, el gobierno ha anunciado algunas medidas puntuales que procuran acelerar el ritmo de recuperación: el regreso de las cuotas sin interés (a menores plazos), la simplificación de los requisitos para crear una empresa, con algún apoyo creditico para las nuevas empresas a tasas subsidiadas, o el acuerdo con el sector automotriz.

Algunas de estas medidas tienen aspectos positivos para el mediano plazo (como es el caso de la simplificación de requisitos para crear una empresa), pero en otras se utilizan desgravaciones impositivas como instrumento de política industrial, ignorando la evidencia empírica internacional y local del impacto sobre el bienestar de la sociedad de este tipo de medidas. Además, esto va en contra de uno de los requisitos que debería incluir una reforma tributaria ambiciosa que es ampliar la base imponible para poder bajar alícuotas. Así, por ejemplo, se suman a los generosos incentivos fiscales para el aumento del contenido nacional en los vehículos fabricados en el país, la también generosa desgravación de los aportes de capital a las empresas Pymes, que el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Simplificación que acaba de aprobar el Congreso Nacional.

También se han propuesto desde otros ministerios que se otorguen incentivos fiscales a la construcción de viviendas para alquiler. En ese contexto, no sorprende que el sector privado solicite más desgravaciones como la propuesta para los pagos con tarjeta de crédito en hoteles. Perforar la recaudación de impuestos vía desgravaciones de todo tipo atenta contra los objetivos de largo plazo de lograr un desarrollo equitativo porque éstas afectan negativamente la asignación de recursos y porque quienes disfrutan de la rebaja de impuestos son, generalmente, las personas de mayores ingresos. Las urgencias de corto plazo deberían resolverse sin generar daños en el mediano plazo.

 

En el conflicto con los docentes en la Provincia de Buenos Aires, la decisión del gobierno parece haber sido la opuesta. Se eligió avanzar sobre ineficiencias estructurales, como el generoso sistema de licencias, para tratar de mejorar la oferta salarial.

Está por verse si el gobierno bonaerense podrá lograr imponer su propuesta, pero sería el primer caso en el cual se ceden recursos a cambio de reformas estructurales.

En otros casos, se hizo lo contrario (devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, devolución de los fondos retenidos por el gobierno anterior a las obras sociales sindicales, mejora en los planes sociales), lo cual generaba dudas de que el resto de los actores acuerde en algún momento una mejora en las normas que regulan su actividad.

Finalmente, los datos fiscales del primer bimestre del año deben ajustarse para poder proyectarlos a mediano plazo porque incluyen ingresos que no se repetirán en el futuro (blanqueo y algunos dentro de rentas de la propiedad) y otros egresos también transitorios (como los pagos de sentencias a jubilados dentro del programa de reparación histórica). Los ingresos tributarios “depurados” habrían aumentando 29% en el primer bimestre del año comparado con el mismo período del año anterior, mientras que los egresos primarios “depurados” lo habrían hecho 34%.

Esto revela las dificultades que existen para reducir el déficit primario estructural. La Argentina necesita cumplir sin dilaciones con su programa fiscal de mediano plazo. El cociente deuda / PIB está influido positivamente por el atraso cambiario.

El acceso al financiamiento permite hacer una corrección gradual, pero esta no puede volver a demorarse porque podría correrse el riesgo de enfrentar, primero, un aumento en los spreads y, luego, dificultades para colocar más deuda neta en un país que carece de colchones significativos en moneda extranjera.

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Dinosaurios vivos

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“La ciudad evoluciona. Hay que adaptarse”, describió con frialdad el empresario y dirigente del PRO, Diego Barrios. Respondía así a una noticia sobre el cierre de 254 comercios en Posadas durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri. La opinión contradice abiertamente a la postura de la Cámara de Comercio, que supo presidir, que desde hace tiempo reclama de la Nación un abordaje distinto para que Misiones pueda hacer frente a la caída del consumo, la inflación y los tarifazos que no hicieron más que profundizar las asimetrías con Encarnación.

Los 254  comercios que bajaron las persianas son menos empleo y menos recursos circulando. Solo el año pasado se perdieron más de dos mil puestos de trabajo formales en Posadas según los datos oficiales del Gobierno nacional. La Confederación Económica de Misiones sostiene que Posadas es apenas un ejemplo de la situación que se vive en toda la provincia por la recesión y la caída del consumo. Estima que son muchos más los locales que se vaciaron en las principales ciudades. La CEM encara también ingentes esfuerzos en conjunto con el Gobierno provincial para que las demandas de la Provincia sean atendidas por la Nación.

La teoría darwinista expresada por Barrios no es propia ni original. Es sostenida por el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el de Trabajo, Jorge Triaca. Respondieron así al cierre de empresas en el resto del país.

La idea de evolución de Darwin es clara. Las especies que no se adaptan, perecen, desaparecen o mutan en otra cosa. Sustentó después la concepción del capitalismo más salvaje, en el que sólo los poderosos tienen la posibilidad de crecer y expandirse. Los que no se adaptan, quedan fuera del sistema. Bajan las persianas, cierran, quedan desempleados. En la pobreza. En la miseria.

La contracara es la inclusión. De todos, del más pobre, a través de una mejor -nunca es igual-, distribución de la riqueza. Es la presencia del Estado como ordenador de las tensiones económicas, inclinando la balanza hacia el más débil. El último ejemplo es la lucha yerbatera por el cumplimiento de los precios de la materia prima. El gobernador Hugo Passalacqua dejó claro desde un principio que el Gobierno estaba del lado de los eslabones más débiles de la cadena productiva, los pequeños productores y los tareferos. Bajo esa premisa la Renovación se hizo fuerte en la última década, en coincidencia con un modelo político nacional que iba en paralelo.

La defensa del misionerismo es intensa ahora y lo fue antes. Los nuevos valores que regirán a la yerba mate, que se conocieron extraoficialmente en la noche del viernes, no son los que quería la Provincia y mucho menos, el sector productivo. Para la hoja verde apenas se arañó los seis pesos, bastante por debajo de los 50 centavos de dólar pretendidos como precio ideal por el Gobierno provincial. Para la canchada, se alcanzaron los 22 pesos, por debajo de los costos estimados por el sector industrial, que no puede competir con precios imposibles del producto en las góndolas de Buenos Aires. Dos marcas líderes tienen la yerba de un kilo a 24 pesos, 25 por ciento por debajo de cualquier empresa tradicional de Misiones. Es decir, lejos de alcanzar una solución, los nuevos valores extienden una agonía que agobia por igual a pequeños productores y a las grandes industrias. “Temo por la permanencia en el mercado de nuestras empresas”, contó preocupado un ejecutivo de una firma yerbatera.

Mientras tanto, los grandes problemas del sector siguen sin resolverse. Apenas se dilataron.

En diciembre de 2015 llegó el “sinceramiento” de la economía. El ajuste apuntó a los subsidios que alimentaban el consumo  y el empleo. La economía entró en una profunda recesión de la que no sale y las caídas, comparadas ya con los primeros meses del propio Macri, son más profundas. Sin embargo, el déficit fiscal siguió en aumento, la deuda externa se multiplicó y la fuga de divisas se hizo incontenible. En febrero, comparado con el primer febrero de Macri, la industria se contrajo seis por ciento y la construcción, cayó 3,4 por ciento.

La enfermedad se agravó a la espera de una milagrosa cura que no aparece. Como en toda “evolución”, hay quienes salen incluso más fortalecidos. Los sectores financieros, algunos industriales y la patria sojera, son los claros ganadores de los primeros doce meses del cambio. “La economía todavía no arrancó para mucha gente”, admitió el propio Mauricio Macri.

La economía no arranca porque se desmanteló el mercado interno y hay una brutal caída del consumo y del poder adquisitivo. El Gobierno no ha tenido hasta aquí una política clara para que haya una reactivación, sino que, por el contrario, cada medida profundizó un poco más la caída, como los tarifazos eléctricos o la nueva suba del gas, que aumentará 400 por ciento en relación con el invierno pasado. Los precios “transparentes”, eliminando la financiación en cuotas a través de las tarjetas de crédito no hicieron más que profundizar el desplome. Tanto que hubo que dar marcha atrás y reimplantar el programa heredado del kirchnerismo, en doce, seis y tres cuotas sin interés. Pero así no se genera confianza. Las cuotas sin interés, no eran, como se ve, una estafa.

Tampoco hay un volumen suficiente para hablar de reactivación del crédito hipotecario, en otro de los programas que sobreviven al cambio. El Procrear fue relanzado con cambios y distintas modalidades. “Hasta ahora hay más marketing que realidad. Pocos son los que cumplen con todos los requisitos”, coincidieron fuentes bancarias que operan en Misiones. Es que, como también sucedía durante el kirchnerismo, los créditos están pensados para un núcleo duro del país central, con ingresos mucho más elevados que los que se perciben en el norte argentino.

Se observa que dos de los programas emblemáticos del kirchnerismo sobreviven. No hubo ideas nuevas ni mejores.

Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero están vivos en la imaginación de miles de chicos y grandes que desde esta semana disfrutan de Tecnópolis en Posadas. La megamuestra heredada y transformada, al fin en federal por el gobierno nacional, exhibe lo mejor de la ciencia y la tecnología al alcance de la mano. Obviamente, los enormes monstruos de la prehistoria son el atractivo principal para los más pequeños, llegados desde todos los rincones de Misiones, muchos de los cuáles tienen una doble felicidad: es la primera vez que salen de la colonia y llegan hasta “la capital” y pueden ser protagonistas de un evento que garantiza el asombro.

Tecnópolis es una forma de inclusión social, política y educativa muy importante”, destacó Passalacqua durante la inauguración de la megamuestra. Misiones es la primera provincia en recibir a Tecnópolis durante 2017 y se espera superar los 700 mil visitantes, un número incluso mayor al de Salta, durante el año pasado. Y es probable. Después del turno escolar, miles de familias disfrutaron el sábado de cada punto de la enorme feria de ciencias, distribuida en el Parque del Conocimiento, una perla de la evolución misionera de los últimos años.

Así como los dinosaurios, las prácticas autoritarias de la política, se pensaba, estaban extinguidas. Sin embargo, todavía se perciben signos de que resta mucho por hacer para fortalecer la democracia.

El mundo se escandalizó por el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela, que anuló la inmunidad de los legisladores y se arrogó poderes del Legislativo. Los principales gobiernos de la región denunciaron un autogolpe de Nicolás Maduro, el denostado heredero de Hugo Chávez. Le acusan, entre otras cosas, de desconocer las leyes y la propia Constitución. De gobernar por decreto. Y tienen razón, Mauricio Macri, Michel Temer, Donald Trump y varios otros.

Maduro ha logrado descomponer un poderío político y económico que fue reconstruido por Chávez y perdió todo el respeto internacional. Mucho de eso fue producto de los embates de una derecha internacional que no cesa en sus ataques y de la propia oposición interna, conformada por los ricos petroleros que perdieron sus privilegios y que se apoderó del Poder Legislativo bloqueando las principales decisiones del Ejecutivo.

Maduro no es Chávez y el poder no se hereda. Muchos consideran que en Venezuela se vive un Fujimorazo, el recordado autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en Perú, cuando disolvió el Parlamento e intervino el Poder Judicial con respaldo de las Fuerzas Armadas.

Y tiene sus paralelos. En Perú cerca del 80 por ciento de la población apoyó la jugada por el desprestigio del Poder Legislativo. En Venezuela, la población no salió a las calles en contra de Maduro.

El oficialismo venezolano sostiene en su defensa que lo que el Tribunal Supremo evitó, fue justamente que la oposición inicie un “golpe blando”, como el que logró destituir a Dilma Rousseff en Brasil o el que tumbó a Fernando Lugo en Paraguay. La “opinión publicada” no hace referencia a la otra cara del conflicto, que, obviamente, es repudiable. Por suerte –para Maduro y Venezuela-, tras la presión internacional, el Tribunal decidió “no asumir” los poderes de la asamblea.

Curiosamente fue Michael Temer uno de los que repudió el “golpe” en Venezuela, pese a que asumió a través de un impeachment cuestionado desde su raíz contra Dilma Rousseff. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y principal promotor de la caída de la presidenta, fue sentenciado a quince años de prisión por hechos de corrupción que no pudieron probarle a Dilma.

Lugo no se pronunció sobre Venezuela, más preocupado por los avances de la enmienda constitucional que teje junto a su rival, el presidente Horacio Cartes. El apuro por contar con la reforma constitucional que permitiría la reelección del segundo y la nueva postulación del ex obispo, desató una batalla campal en Asunción, que dejó al menos un muerto y el Congreso destrozado por los manifestantes. En Paraguay también se desconoció la letra constitucional, con una reforma amañada a puertas cerradas por parlamentarios del oficialismo y sus aliados que permite avanzar con la idea de reelección. Un símbolo: la enmienda fue aceptada en una de las oficinas del Frente Guazú, que lidera Lugo. Afuera, se vivía otro Marzo Paraguayo, similar a aquel de la última semana de marzo de 1999 cuando siete jóvenes que protestaban por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, fueron masacrados presuntamente por orden del presidente Raúl Cubas y la complicidad del general Lino Oviedo, quien terminó refugiado en la Argentina de Carlos Menem.

El proyecto de reforma constitucional aprobado en Paraguay establece que los presidentes y vicepresidentes del país podrán buscar un periodo más, sea de manera continua o alternada. El partido de Lugo respalda la enmienda para que el ex obispo pueda presentarse a las elecciones de 2018, y el gubernamental Partido Colorado, para que lo haga el presidente paraguayo, Horacio Cartes.

Cartes no habló al país tras los incidentes. Apenas escribió unas líneas que difundió a través de redes sociales en las que acusó a la oposición de querer destruir la democracia. Raro. Parte de la oposición, lo acompaña en la búsqueda de la reelección.

El nuevo Marzo Paraguayo dejó en evidencia las diversas varas con las que se mide. A diferencia de Venezuela, ningún país salió a cuestionar que se vulnere la letra constitucional entre gallos y medianoche. Ningún presidente condenó la brutal represión de la Policía que dejó decenas de heridos –entre ellos el presidente del Senado, que se opone a la enmienda y el presidente del opositor Partido Liberal, Efraín Alegre- y al menos un muerto.  No hubo reunión de urgencia de los cancilleres ni mensajes de los Jefes de Estado. Pero Paraguay arde, como Latinoamérica que después de una década comenzó un lento viraje político. Ecuador será hoy la ratificación de ese giro o la excepción en la región. A través de su delfín, Lenin Moreno, Rafael Correa pone a prueba la continuidad de sus políticas.

En la Argentina el nuevo modelo cruje y enfrenta a la calle que se moviliza constantemente. El 6 de abril la tímida CGT hará un paro nacional. Son pocos los que se animan a salir a la calle en defensa del Gobierno. La marcha de la tarde del sábado dejó en evidencia que el voto PRO quizás no haya sido por amor, sino por hastío. Pero sostienen al Presidente y sus políticas un núcleo duro que permanece leal. Es el mismo corte de la sociedad que apuró a Cristina desde la 125 y que hizo fuerte a Cambiemos.

Uno de los pocos motivos para celebrar que tiene el Gobierno es el resultado del blanqueo. Se alcanzaron los 115 mil millones de dólares. Una cifra superior a la esperada. Sin embargo, esa noticia no necesariamente es buena para Misiones. El volumen declarado solo hará más firme el atraso cambiario, con la profundización de las asimetrías como consecuencia directa. En la provincia también se hizo un blanqueo, cuyos resultados todavía son difíciles de estimar, pero que pueden traer aparejado el traslado de esos recursos a la compra de bienes o vehículos, lo que reactivará la economía.

Como los dinosaurios, los jueces eternos también se extinguirán en la Argentina. El fallo de la Corte que pone un límite de 75 años a los cortesanos y jueces inferiores abre una enorme caja de Pandora. La jueza Romilda Servini de Cubría, una piedra en el zapato del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cree que el fallo apunta a excluirla a ella, después de que haya quedado firme la continuidad de Elena Higthon de Nolasco. En realidad, hay cerca de una treintena de jueces federales que está al borde de la jubilación forzosa. Son cargos que podrá cubrir a gusto el Presidente. Una Justicia a su medida.

La continuidad de los jueces de más de 75 dependerá del aval del Congreso y del visto bueno presidencial, lo que echa por tierra un precepto básico de la independencia de los magistrados: si quieren seguir, deberán agradar al poder de turno.  Por caso, Elisa Carrió ya pidió por la continuidad de Leopoldo Schiffrin, uno de los que debe dejar su despacho. Más allá de los pergaminos, un juez amigo del poder. 

A través de una carta enviada a Macri, la socia fundadora de la alianza Cambiemos consideró que la decisión de ratificar la edad límite para los jueces en 75 años, como lo fijó la Convención que reformó la Constitución en 1994, está “digitada” en contra de los magistrados Servini de Cubría y Schiffrin y que Lorenzetti tiene “razones de lo más espurias” para promover ese fallo.

Pero el fallo ya comenzó a generar movimientos en la Justicia. El Superior Tribunal de Justicia comenzó a analizar el impacto en Misiones. “El impacto será beneficioso, porque asegurará el recambio en una estructura envejecida y permitirá la incorporación de una nueva generación de magistrados con nuevos bríos”, contó un ministro que analiza la adecuación local. Evolución.

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Dólar futuro: los entretelones de la causa por la que Cristina enfrenta su primer juicio

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Escriben Guillermo Knass y CMartín Leiva Varela, ECONEA.  Claudio Bonadío Juez Federal de la Nación elevo a juicio oral y público a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández y a otros once funcionarios por la causa del dólar a futuro.

¿Qué tiene de interesante? A todos los presidentes les esperan causas judiciales cuando terminan su mandato; pasó antes, pasa ahora y pasará mañana. Es parte de la vida de un país democrático que los funcionarios, incluyendo a los más altos, rindan cuentas judiciales por sus actos. Que paguen si son culpables y que se declare públicamente su inocencia si correspondiere.

Lo particular de este juicio es que no puede catalogarse como un acto de “corrupción”, al menos no en el sentido tradicional que uno esperaría, como por ejemplo, si se investiga una concesión fraudulenta o sin licitación, sobreprecio de la obra pública, coimas con cualquier fin, etc.

El foco está en que se trata de juzgar algo mucho más complejo, por ser una decisión de política económica, como son las herramientas mediante las cuales el Gobierno interviene en la economía, tratándose en este caso puntal de una política cambiaria, que es una función del Banco Central de la República Argentina. La causa se sitúa a fines del 2015 en un contexto en el que la expectativa de devaluación era muy grande y esto podía repercutir en la situación económica del país, por ende, las autoridades del momento pretendían morigerar el potencial efecto inflacionario de la devaluación vendiendo dólares a futuro, con las consecuencias que el juicio determinará si serán o no responsables tales actores.   
En la causa Nº 12.152/15 dice taxativamente “Elevación a Juicio de  las  presentes  actuaciones registradas bajo el N°12.152/15 respecto de los  encausados  mencionados  al  inicio ( 14 funcionarios en total incluidos el ex ministro de economía Axel Kiciloff, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli y la ex Presidenta Cristina Fernández),  en  orden  al  delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración  pública    (arts.  173  inc.7°  en  función  del artículo 174, inc. 5° del C.P.N. y 351 y ccds. del C.P.P.N.).-“

Cabe destacar que el BCRA, en el marco de sus funciones delegadas por su carta orgánica, efectúa políticas cambiarias comprando y vendiendo a precios de mercado, en operaciones a contado y a término, divisas, en virtud de lograr alcanzar los objetivos deseados por la política económica, empleando determinadas herramientas como ser, interviniendo en el mercado mayorista o a través de los “Dólares Futuros”.

Para saber el delito primero veamos en que consiste la operatoria:

1-¿Que es el dólar a futuro?:

Consiste en un contrato en el que se acuerda comprar dólares en el futuro a un precio acordado en el presente. A modo de ejemplo, imaginémonos que hoy  Juan se compromete a comprar u$S 10.000 el 31 de julio de 2017 a $ 18 pesos cada uno.

Escenarios posibles:

1 – Cotización oficial del dólar al 31 de julio de 2017 a 19 pesos:

Juan gana 10.000 pesos, porque llegado el día del vencimiento del contrato le deben dar 10.000 dólares que valen $ 19 pesos y el acordó su compra a $ 18 pesos cada uno (estos contratos se emplean también con otros activos financieros como ser, el oro, petróleo, etc). No se entrega el activo, se le liquida a Juan la diferencia, representando tal compensación lo mismo en términos de valor. Entonces, Juan ganó 1 peso por cada dólar comprado a futuro (lo pagó $18 y vale $ 19). La contracara de la ganancia de Juan es la pérdida del vendedor que apostó  a que el dólar iba a salir más barato que $ 18.

2- Cotización oficial del dólar al 31 de julio de 2017 a 16 pesos:

Como es un acontecimiento futuro también puede ocurrir que el dólar baje. Siguiendo la lógica del escenario uno, en este caso Juan pierde 20.000 pesos, porque está obligado por contrato a comprar al vencimiento del mismo 10.000 u$s a  $ 18  cuando en el mercado valen $ 16.  (Lo normal de la operatoria es que Juan debería pagar diferencia: [(18$-16$)x10.000 = $ 20.000], siendo en este caso el vendedor quien gana en esta expectativa sobre la variación del tipo de cambio.

¿Por qué se hace?:

Desde el sector privado, los motivos son básicamente de cobertura o especulación:

  1. Cobertura: los importadores tienen miedo de que el dólar suba mucho, entonces para asegurarse el pago de sus compras en un valor cierto, compran dólares a futuros y ya no les afecta una futura devaluación. Lo mismo para cualquier deudor en dólares.
  2. Cobertura: los exportadores por si temen que el dólar baje para asegurarse un precio más alto de las divisas que van a recibir. Lo mismo para los acreedores en dólares.
  3. Especulación: Si tengo expectativas de que el dólar va a subir, compro a futuro y gano con la diferencia entre el valor que compre y el que estimo que estaría realmente al vencimiento. Si creo que el dólar va a bajar vendo a futuro para que llegado el vencimiento, venda más caro de lo que sale.

El Estado lo hace por motivos de regulación:

  1. En cuanto al comercio internacional lo hace para que los importadores sigan importando teniendo certeza de que no se le van a disparar las deudas en dólares y los exportadores para que no retengan las exportaciones si la tendencia es a la baja. En ambos casos es el estado que asume el riesgo del negocio del comerciante para que este siga comprando-vendiendo y no se detenga la economía. Puede verse como injusto que el estado asuma los riesgos del sector privado pero hay que analizar cada caso en particular, y ya que el estado interviene significativamente en el valor del dólar a veces es necesario para que no se detenga el comercio.
  2. En cuanto a fijar expectativas y detener corridas: las expectativas de devaluación (entendidas como la creencia generalizada de que el dólar va a subir) son muy dañinas para la economía, toda la maquinaria se para o se frena lo máximo posible hasta tener un panorama claro. Entonces puede entenderse que el estado manda una señal del tipo -si te vendo un dólar a futuro a 16 pesos entonces como responsable de la política cambiaria no voy a dejar que se dispare porque si no voy a perder plata pagando los contratos que yo mismo emití…Es mandar una señal clara contra la especulación (la que puede resultar efectiva o no).

 

A esta causa en particular hay que sumarle el condimento de que se vendió a futuro en base a la expectativa de la cotización oficial, cuando había un dólar paralelo que ya tenía un valor más alto y presumía la cotización futura.

 

¿Cómo mirar esta situación?

La perdida por parte del Estado entre la diferencia del contrato y de la cotización posterior (después del cepo) fue de aproximadamente 55.000 millones de pesos. La fiscalía intentará demostrar que la pérdida del Estado, era previsible y por ende, los funcionarios son culpables del prejuicio. La defensa dice que se trató de un manejo de política económica para calmar expectativas devaluatorias totalmente justificable y oportuna, y que el prejuicio se produjo por el cambio de política (entiéndase cambio de gobierno), que si no, no hubiera ocurrido tal prejuicio. Pero básicamente, se juzga una medida de política económica.

 

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Números rojos en febrero: la industria cayó 6% y la construcción bajó 3,4%

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De acuerdo con datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), la actividad industrial de febrero de 2017 presenta una caída de 6,0% con respecto al mismo mes del año 2016. La actividad industrial del primer bimestre del año 2017 con respecto al mismo período del año 2016 muestra una disminución de 3,5%. La actividad industrial padece trece meses de contracción y los indicadores de los distintos bloques productivos tuvieron registros negativos en febrero, al impactar en ese mes la fuerte caída de la industria textil, del 22,5%, y la automotriz, del 18,6%, en forma interanual.

Un 15,3% de los empresarios del sector, según la encuesta cualitativa del INDEC, opinaron que en el período marzo-mayo la actividad seguirá cayendo, mientras que 51,9% opinó que continuará estable y el 32,8% restante estimó que aumentará la actividad.

 

Los complejos industriales de la Yerba mate y té sufrieron una caída del 2,0 por ciento con respecto a enero y un crecimiento de 3,6 en comparación con el primer bimestre de 2016. En cambio, la industria del tabaco cayó 7 por ciento con relación a enero y 5,6 en relación con el año pasado

Con referencia a la encuesta cualitativa industrial, que mide expectativas de las firmas, se consultó acerca de las previsiones que tienen para el período marzo-mayo de 2017 respecto al período marzo-mayo de 2016. Los principales resultados son los siguientes:

– Respecto a la demanda interna, 51,9% anticipa un ritmo estable durante el período marzo-mayo de 2017, 32,8% anticipa una suba y 15,3% de las empresas prevé una disminución.

– Entre las firmas exportadoras, 56,0% de las empresas consultadas estima un ritmo estable en sus exportaciones totales durante el período marzo-mayo de 2017, 28,8% prevé una suba en sus ventas al exterior y 15,2% opina que disminuirán.

– En relación a las exportaciones realizadas exclusivamente a países del MERCOSUR, 61,1% no espera cambios, 24,0% anticipa una suba y 14,9% vislumbra una disminución.

– El 63,1% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones totales de insumos durante el período marzo mayo de 2017 respecto al período marzo-mayo de 2016, 25,4% vislumbra un crecimiento y 11,5% prevé una baja.

– Consultados especialmente respecto a las importaciones de insumos de países del MERCOSUR, 72,0% no prevé modificaciones para el período marzo-mayo de 2017 respecto al período marzo-mayo de 2016, 17,5% prevé una suba y 10,5% opina que disminuirán.

– El 61,3% de las empresas no espera cambios en los stocks de productos terminados, 24,8% vislumbra una baja y 13,9% espera un aumento.

– El 73,2% de las firmas no indica cambios en la dotación de personal durante el período marzo-mayo de 2017 respecto al período marzo-mayo de 2016, 13,8% vislumbra una disminución y 13,0% anticipa una suba.

– Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, 70,9% de las empresas anticipa un ritmo estable, 14,6% vislumbra un aumento y 14,5% prevé una caída.

– El 59,6% de las empresas no advierte cambios en la utilización de la capacidad instalada para el período marzo-mayo de 2017, 24,3% anticipa una suba y 16,1% anticipa una baja. 

 

En paralelo, la construcción ratificó la parálisis de la actividad. Según los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), durante el mes de febrero de 2017 el índice bajó 3,4% con respecto a igual mes del año anterior. Por su parte, el dato del acumulado durante el primer bimestre del año 2017 en su conjunto registra una disminución de 2,9% con respecto a igual período del año 2016.

Complementando los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. Este indicador registró en el mes de enero pasado una suba de 0,9% con relación al mes anterior. Por su parte, con respecto al mismo mes del año pasado, el dato de enero registró una baja de 0,1%.

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Advierten que en Misiones se perdieron más de 27 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2015

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El titular del Sindicato de Camioneros de Misiones, Adolfo Velázquez, aseguró que asumió Mauricio Macri, en Misiones se perdieron más de 27 mil puestos de trabajo y calificó como “importante” que el Gobierno provincial abra una instancia de diálogo con los gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo Regional Misiones. Además el dirigente criticó los aumentos en los servicios públicos y aseguró que desde hace años los trabajadores pelean para recuperar su poder adquisitivo.

“Me parece importante que el Gobierno tome la iniciativa. Estamos pasando por una situación económica difícil que tiene que ver con el mundo del trabajo. La precarización y la falta de trabajo llevan a que los sindicatos se empiecen a organizar a través de la CGT y en buena hora si el gobierno convoca para discutir la situación laboral”, reflexionó el dirigente luego de la reunión que el miércoles tuvieron la CGT Misiones y el Gobierno provincial, representado por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla.

Velázquez aseguró que durante 2016 solo en la construcción se perdieron 15 mil puestos de trabajo, en el sector privado más de 8 mil y que en lo que va del año ya se calcula que hay más de 5 mil puestos de trabajo los que se han perdido.

Inflación y paritarias

El dirigente cuestionó los últimos aumentos en los servicios públicos con especial énfasis en las subas dispuestas en la tarifa eléctrica. “El gobierno provincial puso un techo a las paritarias del 18% pero cuando uno agarra la boleta de luz se encuentra con aumentos de entre el 60 y el 75%”, sostuvo Velázquez y pidió que las paritarias sean libres para que cada sector pueda negociar.

En ese sentido Velázquez dijo que el principal responsable de buscar el bienestar de los trabajadores de Misiones es el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015. “Los que tienen la responsabilidad de gobernar la provincia son los que tienen la obligación de buscar mecanismos y alternativas para generar herramientas”, aseguró y agregó que la Renovación de Misiones y el gobierno nacional son lo mismo. “Cada vez que el presidente viene, se reúne con la conducción del gobierno provincial, ellos son parte del gobierno nacional”, concluyó.

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