El diputado Ariel Pianesi propuso discutir una reforma constitucional para reconocer derechos preexistentes de las comunidades guaraníes en Misiones. Se trata del artículo 9 de la Constitución provincial, al que el diputado de la alianza Cambiemos pretende incorporar un reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena Mbya Guaraní, “garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas”.
El artículo 9 reconoce que los habitantes en Misiones tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, la que deberá tener acción y fuerza uniformes para todos y asegurar igualdad de oportunidades. También señala que cada habitante tiene el deber de contribuir de acuerdo a sus posibilidades al bienestar común y el correlativo derecho de participar de sus beneficios.
En el proyecto de reforma, se propone una ampliación que “reconoce y garantiza la personería jurídica de comunidades y organizaciones guaraníes” y, asimismo, “el derecho de participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales; el derecho a usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud y demás intereses que los afecten”.
También reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. “Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, prescriptible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asimismo, asegura su patrimonio cultural y propiedad intelectual”, señala el texto.
La propuesta, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pide a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dar trámite con carácter de urgente al proyecto.
El gobierno de Perú envió al Congreso un proyecto de ley por el que propone la modificación de cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete.
Sobre la vacancia presidencial, el proyecto busca cambiar dos artículos, manteniendo todas las causales que contempla actualmente la carta magna, pero retirando la de incapacidad moral.
“La Presidencia de la República vaca (queda libre) por muerte del presidente; por permanente incapacidad mental o física que sea incompatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por lo menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso; aceptación de su renuncia por el Congreso; salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijo”, propone la iniciativa.
La causal de incapacidad moral siempre fue centro de polémicas, porque es la única que no es objetivable y depende de lo que el Congreso pueda considerar como una conducta moral o inmoral del mandatario.
Esa fue el motivo invocado por el parlamento para juzgar dentro de un mismo período de gobierno a dos presidentes, Pedro Pablo Kuczynski (renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido) y Martín Vizcarra (fue cesado en noviembre de 2020).
La propuesta, que lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, pide a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, dar trámite, con carácter de urgente, al proyecto que, según fuentes gubernamentales, busca fortalecer la gobernabilidad y la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En cuanto a la cuestión de confianza, el texto plantea que deje de ser requisito para la ratificación de un nuevo gabinete ministerial cuando es designado por el presidente.
La cuestión de confianza es un mecanismo de control de poderes que faculta al Ejecutivo a solicitar el respaldo del Congreso hacia un nombramiento ministerial o una política.
Actualmente, el primer ministro tiene 30 días de plazo para comparecer ante el Congreso, explicar su programa de gestión y obtener el voto de confianza. Si no lo logra, debe ser reemplazado.
Paralelamente, si el Congreso deniega su respaldo al gabinete dos veces en un mismo período de gobierno, el presidente queda facultado -no obligado- a disolver el parlamento y convocar elecciones legislativas, tal como ocurrió cuando Vizcarra lo cerró en septiembre de 2019 y llamó a comicios para enero de 2020.
El proyecto establece que la cuestión de confianza “procede en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionados a la política general del gobierno, la iniciativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado” pero no su designación.
“No procede cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos”, indica.
El gobierno de Castillo también plantea que la moción de censura contra ministros de Estado y el titular del Consejo de Ministros “únicamente proceda por materias relacionadas al ejercicio del cargo”.
“El mecanismo de moción de censura no contempla ningún límite material para su ejercicio, lo que puede suscitar el uso arbitrario de este legítimo mecanismo de control político”, advierte la propuesta gubernamental.
La primera ministra Vásquez explicó a través de un video que estos mecanismos constitucionales fueron utilizados irresponsablemente en los últimos cinco años, generando consecuencias.
“La presentación de la cuestión de confianza y el proceso de vacancia por incapacidad moral ha generado momentos de gran inestabilidad”, expresó Vásquez.
El Congreso se aprestaba a debatir esta tarde un dictamen que regula la cuestión de confianza y que fue observado por el Ejecutivo, pero no el asunto de la vacancia.
En una actividad impulsada por la Cámara de Representantes, en conjunto con el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, se desarrolló durante la tarde del jueves la jornada Conmemoración de los 25 años de la Reforma Constitucional del año 1994.
La misma contó la participación de diputados Provinciales, Nacionales, concejales, autoridades del Colegio de Abogados, doctores en abogacía, estudiantes de la carrera de abogacía de la Universidad Cuenca del Plata, además del ministro de Salud, doctor Walter Villalba y el director del Instituto de Previsión Social y vicegobernador electo, el dr. Carlos Arce.
La diputada Provincial y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Silvana Giménez fue la encargada de oficiar de anfitriona de la jornada y resaltó la importancia de conmemorar las reformas del año 1994, “Esta reforma integral a nuestra Carta Magna, madre de todas las leyes, fue un cambio en la vida de todos los argentinos en lo jurídico y social, donde fue una bisagra también, donde nacieron nuevos derechos, nuevas garantías, nuevos organismos, como ser el Ministerio Público Fiscal y de Defensa, la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, también la conquista de nuevos derechos, como ser el “habeas corpus”, “habeas data” y el Recurso de Amparo”.
Las disertaciones estuvieron a cargo de los doctores, Hugo Daniel Zapana, que es profesor asociado en Derecho Constitucional en la Universidad Cuenca del Plata, profesor de Historia Constitucional en la UCP y vicepresidente del Colegio de Abogados de Misiones, Leonardo Villafañe, profesor en Derecho Ambiental en la Universidad Católica de Santa Fe y Félix V. Lonigro, profesor de Derecho Constitucional de Buenos Aires en UAI, UB.
Zapana se dedica al derecho penal, por lo que manifestó estar sorprendiendo a todos hablando de derechos constitucionales, pero que implica un “verdadero placer y un honor estar en este salón, que tiene mucha historia, mucha historia constitucional. La historia real de un pueblo que se emancipó, que firmó un pacto social, allá por 1954”.
Ante la atenta escucha de un salón colmado, Zapana increpó a los presentes manifestando “¿Si en lugar de querer modificar nuevamente la Constitución, la cumplimos?”, alegando que normalmente no se cumplen los artículos del texto original, ni de la reforma del año 1994.
Por su parte el doctor Villafañe disertó sobre la Perspectiva y proyección de los derechos de incidencia colectiva. “A mí no me queda otra, que ser condescendiente con la reforma del 94”, aseguró, “cuando empecé a estudiar derecho, no existía el Consejo de la Magistratura, ni el Derecho Ambiental estaba constitucionalizado y acá estoy, me dedico a ambas cosas”.
El cierre de la actividad estuvo a cargo del doctor Félix Lonigro, abogado en derecho constitucional, quien habló sobre las Luces y sombras de la Reforma Constitucional de 1994.
Firma de convenio
Al inicio de la jornada, se rubricó un “Convenio Marco de Trabajo en Conjunto entre la Cámara de Representantes y el Colegio de Abogados”, donde la legisladora Giménez firmó el acuerdo junto al presidente del colegio, el doctor Juan Manuel Fouce.
“La idea del Colegio de Abogados es, mediante diferentes convenios, facilitar y llevar a todos los colegas más actividades académicas, para toda la provincia”, manifestó Fouce, que considera que la actividad resulta especial, debido a la fecha y el lugar en el que se realiza.
Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social y vicegobernador electo, Carlos Arce, en representación del Poder Ejecutivo, se refirió a constantes acciones para promover “el bienestar misionero”.
Enfatizó el acercamiento entre el Colegio de Abogados y la Legislatura, y manifestó su orgullo por la presencia de jóvenes en la capacitación, “quienes se van a acordar que hoy es un día histórico”.
“Hace 25 años se hizo un pacto social y necesitamos que haya este tipo de consensos, no solo jurídicos sino sociales, en un país tan dividido, en el cual uno no sabe en quien creer”, expresó. En ese contexto, destacó que hay “gente de Misiones que se pone de acuerdo para el bienestar jurídico y social de los misioneros; somos todos hombres de derecho”, concluyó.
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, presentó este lunes públicamente el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución provincial, que será remitido en las próximas horas a la Cámara de Diputados de la provincia, y dijo que su eventual reelección “no ha sido ni va a ser el eje del debate de la reforma”.
En un acto desarrollado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial, Lifschitz señaló que “lo valioso” es que se logre avanzar en la discusión de la reforma, ya que “si no se lograran los votos necesarios en las cámaras, aun así habrá sido importante el proceso, la discusión, el debate, poner el tema en la agenda pública y social”.
La reforma promueve, entre otros puntos, la autonomía de los municipios, la implementación de la figura del balotaje y limitar a dos períodos de cuatro años todas las funciones electivas, incorporando la hasta ahora vedada reelección del titular del Poder Ejecutivo local.
Durante su discurso, Lifschitz relativizó el argumento esgrimido por quienes se oponen a reformar la Carta Magna por falta de tiempo al decir que se llevan “más de veinte años discutiendo” esas modificaciones.
“Llevo más de dos años y medio de nuestra gestión poniendo el tema en debate. Hubo tiempo suficiente para que todas las organizaciones políticas pudieran analizar el tema y discutirlo internamente”, consideró.
Hoy envío a la Legislatura Santafesina el proyecto de ley para la Reforma Constitucional. Este debate va mucho más allá de la reforma: nos va a permitir fortalecer las instituciones, pensar en la provincia y el país que queremos, y construirlo entre todos pic.twitter.com/1eo7TNDIOx
En esa línea, se defendió de las críticas hacia la presunta intención oficial de hacer eje en la reelección del mandatario. “El texto de reforma de la Constitución que estamos proponiendo en ningún lugar habla de mi reelección. Sí establece criterios generales válidos de aquí hacia adelante”, remarcó.
“Y por supuesto, dejamos librado al poder y voluntad ciudadana expresada en la Asamblea Constituyente definir los criterios de oportunidad y aplicación de esa eventual modificación constitucional. Pero de ninguna manera, ha sido ni va a ser el eje del debate alrededor de la reforma”, aseveró.
Lifschitz estuvo acompañado por sus ministros, además de otros funcionarios, legisladores oficialistas y la presencia especial de sus antecesores, los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti.
Además del tratamiento del proyecto en primer término en Diputados, los partidos comenzaron a tratar el tema hacia el interior de sus conducciones.
El Congreso Provincial del Partido Socialista, del que es afiliado el gobernador Lifschitz, ya comunicó su aval a la reforma y para el transcurso de esta semana se realizarán reuniones en la Unión Cívica Radical (posiblemente el miércoles) y en el Partido Justicialista, que definirá fecha para realizar su congreso provincial en un encuentro a desarrollarse el viernes.
Con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema de Justicia avaló la demanda de la Administración de Parques Nacionales contra el Estado misionero por la creación del Parque Provincial Iguazú.
El Máximo tribunal, en un fallo que se conoció el pasado 10 de agosto, declaró la inconstitucionalidad de las leyes provinciales XVI Nº 99 y Nº 112 de creación del parque sancionadas por la Legislatura provincial por unanimidad en 2008. En respuesta el jueves 24 de agosto la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones ha manifestado su más enérgico rechazo al fallo de la Corte ratificando la vigencia y los alcances de la Ley.
Como Senadora Nacional por la Provincia de Misiones tengo la responsabilidad de impulsar una modificación del marco normativo después de la decisión de la Corte, una decisión que, comparto con la calificación que hizo el Gobernador de Misiones Hugo Passalacqua, es lamentable para todos los misioneros.
Pero ante este escenario podemos, como en todas las cosas de la vida tomar una postura pasiva o bien dar batalla. Fiel a mi identidad política y a la del movimiento político que gobierna a la provincia de Misiones desde 2003 y en cuya representación soy Senadora de la Nación, siguiendo los pasos del Gobernador, quien en el marco de sus competencias como máxima autoridad de la provincia de Misiones ha solicitado una audiencia ante el máximo tribunal para llevar la postura de Misiones, coincido en que necesitamos seguir trabajando en pos de Misiones y si el estado de situación del marco normativo ha permitido a la Corte Suprema de Justicia decidir acerca de la inconstitucionalidad de la norma provincial, entonces es necesario promover una legislación adecuada a la Constitución Nacional, en particular, en relación a los recursos naturales.
Citando a la constitucionalista María Angélica Gelli , “el ámbito del territorio comprende tierra, aire, mar y el dominio sobre los recursos allí comprendidos son propios de las provincias, lo que las habilita para percibir tributos sobre ellos y disponer la enajenación y el aprovechamiento de aquellos por sí mismas o en políticas concertadas con el Estado Nacional”.
“La reforma (constitucional de 1994), por lo menos en el contenido de la norma jurídica sancionada, importa una modificación sustantiva porque, como se ha sostenido, “la propiedad y administración de los recursos naturales garantiza un presupuesto vital del federalismo” y requiere una modificación de la legislación vigente que se oponga a lo dispuesto en el Artículo 124, cuidando de no alterar la jurisdicción federal cuando ella corresponda”.
Y, concluye: “El Art. 124 de la Constitución Nacional resulta claro acerca de que los convencionales constituyentes de 1994 reconocieron el dominio originario de sus recursos naturales a las provincias. Esta decisión fue fruto de una larga e intensa reivindicación federal de los Estados locales.”
Es por ello que el pasado 23 de agosto he presentado el Proyecto de Ley estableciendo la restitución del Parque Nacional Iguazú a la provincia de Misiones, en la medida en la que el parque (1934 – Ley 12.103) es anterior a la provincialización del territorio misionero (1953 – Ley 14.294). Por lo tanto Misiones nunca tuvo la oportunidad de manifestarse a través de su Legislatura en relación a la creación del Parque Nacional y la cesión de la jurisdicción sobre esa porción de su territorio, como ha sucedido en el resto de los Parques Nacionales de la República Argentina.
La Reforma Constitucional de 1994 cambió por completo el paradigma del dominio sobre los recursos naturales y si bien los constituyentes fueron contundentes con la posición adoptada, la doctrina y la jurisprudencia aún están recorriendo el camino de la adaptación normativa .
Las provincias tenemos la voluntad y la capacidad de preservar nuestros recursos naturales y el derecho reconocido en la Constitución de hacernos cargo de su gestión. Es necesario que el cuerpo normativo e institucional de la República Argentina se adapte a la profundización del federalismo, siempre presente en la Carta Magna pero más evidente desde la reforma de 1994.
Es por ello que la restitución del territorio que hoy integra el Parque Nacional Iguazú es un acto de estricta justicia para con la provincia de Misiones, con su pueblo, con su historia, con sus instituciones. Un acto concreto para saldar una deuda histórica, el cumplimiento de la Constitución Nacional en materia de jurisdicción y competencias. Primero Misiones.
