Paquete fiscal en el Senado: el Gobierno perdió Ganancias y bienes personales en la votación en particular

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Su aprobación en general fue por 37 votos afirmativos y 35 votos negativos. Se esperan varias modificaciones propuestas por el Gobierno.

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos e inició la votación en particular con varias modificaciones en marcha propuestas por el oficialismo y el foco puesto sobre el futuro de la restitución de la cuarta categoría de Ganancias

Su debate inició a las 3 de la madrugada de este jueves con el anuncio del dictamen de mayoría por parte del senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

A diferencia de la ley de Bases, que ya obtuvo la luz verde antes, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lousteau (CABA). Los santacruceños José María Carambia Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 kirchneristas. 

Si bien Lousteau aportó su voto positivo, aclaró que fue por pedido de los gobernadores correligionarios y fustigó: “Este Gobierno elige la austeridad y responsabilidad fiscal cuando mira a los jubilados, pero después opta por ser populista y degenerado fiscal con los más privilegiados”. 

Uno de los defensores férreos que tuvo el proyecto en la ronda de disertantes fue el senador y líder de Cambio Federal, Juan Carlos Romero (Salta), quien sostuvo que el paquete fiscal puede “brindar” estabilidad a la Argentina y, en su criterio, “ver si definitivamente” se termina “con la decadencia argentina”.

En esa misma línea fue el senador Francisco Paoltroni (Formosa), de La Libertad Avanza, que fue optimista con las acciones que podría ejecutar el presidente Javier Milei de concretarse la aprobación en particular de todo el proyecto. Para Paoltroni, Milei podría bajar impuestos y cerró con una frase llamativa: “Seremos potencia”.

La votación en particular: duras derrotas para el Gobierno

En la votación en particular, la sorpresa la dio bienes personales. Tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de bienes personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos. 

La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias ya tenía como destino la derrota. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia como carnada para abrochar más voluntades. 

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Chile presenta reforma tributaria con impuestos a grandes mineras y a la riqueza

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El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó hoy el esperado proyecto de reforma tributaria que establece impuestos a las grandes mineras, a la riqueza y un aumento del tributo a la renta, con el que buscar recaudar el dinero necesario para implementar los cambios y transformaciones sociales de su plan de Gobierno.

“El objetivo de una reforma tributaria es justamente avanzar en mayor equidad, avanzar en mayor igualdad y avanzar en mayor cohesión social”, dijo el mandatario desde el Palacio de La Moneda, sede de Gobierno.

Boric remarcó que para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes, que puedan financiar los derechos sociales y “darle un colchón de seguridad, tranquilidad y certidumbre a las familias de Chile en educación, salud, desarrollo regional, equidad territorial”.

También dijo que esta reforma tributaria “no le sube el impuesto a las pymes, sino que les da incentivos para seguir desarrollándose”, además de “generar un incentivo a la inversión”, para mejorar la productividad que “está estancada hace casi 10 años”.

“Estoy seguro que con lo presentado hoy y con la discusión que demos en el Congreso, vamos a estar un paso más cerca de un Nuevo Pacto Fiscal para avanzar hacia un desarrollo más sostenible en términos sociales, económicos, medioambientales y, por, sobre todo, construir un país más justo y más digno para todos y todas”, manifestó el jefe de Estado.

Previamente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la reforma tributaria se “implementará gradualmente” para facilitar la adaptación de los contribuyentes” y que el objetivo es aumentar la recaudación fiscal en 4,1% del PIB, que representan unos US$12 millones, que permitirá financiar “cerca de la mitad del costo del programa de gobierno”.

Marcel explicó que la reforma contempla un aumento en el impuesto a la renta, para los que tienen ingresos mensuales superiores a los 4 millones de pesos (unos 4.300 dólares), que representan al 3% del total de los asalariados, con tasas crecientes a medida que aumenta el nivel de ingreso y una tasa marginal máxima del 43%, el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .

“Más del 97% de los contribuyentes mantendrán su carga tributaria, incluyendo el 75% de personas que se encuentran en el tramo exento del impuesto a la renta”, destacó el Gobierno.

Además, el royalty minero, es decir, las regalías que se recaudan a las grandes mineras y explotadores de cobre del país, también es uno de los ejes de la propuesta.

El objetivo será aumentar la tributación de la gran minería del cobre, definida como aquellos explotadores de cobre con producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año.

El Ministerio de Hacienda proyecta que el aumento de precio del cobre permitirá tener mayores recaudaciones al fisco.

El ministro Marcel declaró que el diseño de royalty minero, a pesar de aumentar la recaudación impositiva, “mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero”.

Adicionalmente, se busca fortalecer la ley de incentivos a la inversión privada, al triplicar el monto máximo de crédito tributario, así como a las pymes, al tiempo que se flexibilizan los requisitos para que todas las empresas puedan sumarse a este beneficio de manera mucho más eficiente.

Respecto al impuesto a la riqueza, el Gobierno pretende que no afecte a sectores de clase media y “se aplique a un número muy reducido de contribuyentes”, es decir, se propone un impuesto a personas cuyo patrimonio, tanto dentro de Chile como en el extranjero, exceda los 5 millones de dólares.

“Serán sólo 6.300 personas las que se encontrarán gravadas con este impuesto, quienes deberán presentar una declaración anual de la composición de su patrimonio”, explicó el titular de Hacienda.

Además, se propone el término o limitación a exenciones o beneficios tributarios, y adicionalmente se establece un límite global de acceso a beneficios tributarios.

El ministro de Hacienda indicó que “los recursos que se obtengan por la limitación de exenciones, reducción de la evasión y la elusión tienen por objeto contribuir a la inversión en diversificación productiva e innovación”.

Por otra parte, la reforma tributaria contempla nuevos beneficios para la clase media, al reconocer algunos gastos imprescindibles que deben realizar las familias, como “la ampliación de derechos sociales como salud, pensiones y la ampliación del sistema nacional de cuidados”.

Con respecto a los impuestos correctivos, estos buscan modificar el comportamiento de personas y empresas, alineando los incentivos económicos con los costos y beneficios sociales de determinadas actividades.

“La recaudación por impuestos correctivos será utilizada para apoyar el proceso de descentralización, aumentando los recursos a las regiones. Todo esto, bajo una política fiscal responsable, transparente y eficiente”, agregó Marcel.

Por último, la reforma tributaria también tiene contemplada una reducción de la evasión y elusión fiscal.

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Came pidió a los gobernadores que “cumplan con el Pacto Fiscal”

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La entidad representativa de las pymes les cursó cartas a los gobernadores solicitando cumplan con el Consenso Fiscal alcanzado a fines de 2017, en el que se comprometían a reducir los Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que impacta en el “costo argentino”.
El lunes, en un encuentro con el Presidente de la Nación, dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa le pidieron a Macri que “no ceda” frente a la presión de los mandatarios provinciales.

“Solicitamos a los gobernadores de las provincias adheridas al Pacto Fiscal que cumplan con el compromiso de reducir los Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que impacta en el costo argentino. La presión fiscal que soportan las Pymes es agobiante y pone en jaque la actividad”, señaló Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la entidad.

 
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La reforma tributaria beneficia más a Ciudad de Buenos Aires que al interior

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La reforma fiscal aprobada en diciembre del 2017 introdujo importantes cambios en las cargas sociales. La orientación general fue disminuir las altas contribuciones patronales con mayor intensidad en los salarios más bajos. Así, se incorporó un mínimo no imponible a las cargas sociales para darles progresividad alivianando su impacto en los salarios más bajos y moderar el costo fiscal. La conveniencia de este esquema fue resaltada en varios informes de IDESA desde el año 2005 (ver www.idesa.org).
Junto con este cambio se estableció la unificación de la alícuota de las contribuciones patronales en el 19,5%, aumentando la presión sobre las PYME, el agro y las industrias que tenían un alícuota reducida del 17% y reduciendo la de los servicios de mayor facturación que pagaban el 21% de los salarios. El otro cambio importante es que se elimina el mecanismo por el cual se podían tomar como pago a cuenta de IVA porcentajes crecientes de las contribuciones patronales en función de la distancia a la Capital.
¿Cuál es el impacto final de todos estos cambios sobre las PYME, el agro y las industrias según región geográfica? Tomando como referencia una remuneración promedio de trabajador registrado, que está en alrededor de $25 mil mensuales, se observa que:

  • En las provincias del norte implicará una reducción de costo laboral del orden del 24%.
  • En las provincias de la región centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) la reducción será de 30%.
  • En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la reducción será de 33%.

Estos datos muestran que hay una reducción de cargas sociales proporcionalmente mayor en la Ciudad de Buenos Aires que en el interior. La brecha es creciente en función de la distancia a la Capital. El fenómeno se produce porque se eliminan los porcentajes de contribuciones patronales que podían tomarse como pago a cuenta de IVA, los cuales eran crecientes a mayor distancia de la Capital. A modo de ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no tenía créditos de IVA por contribuciones patronales mientras que Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podían tomar hasta 10 puntos porcentuales de contribuciones patronales como crédito de IVA. En el caso de empresas con remuneraciones altas (es decir, donde el mínimo no imponible tiene menor impacto) dejar de poder utilizar parte de las cargas sociales como pago a cuenta de IVA inducirá la destrucción de empleos.
La unificación tributaria por región geográfica constituye una grosera discriminación contra el interior. Se pasa por alto la enorme concentración de recursos, niveles de desarrollo y competitividad en el área metropolitana. Es fácil demostrar que exportar desde una provincia del norte argentino es mucho más difícil que hacerlo desde una región más cercana a Rosario o la Ciudad de Buenos Aires. 
La actual coyuntura está siendo muy traumática para la producción del interior. La perseverancia de la alta inflación y su corolario de altos costos del financiamiento, la resistencia de muchas provincias a reducir el Impuesto a los Ingresos Brutos, los altos costos del transporte debido a distorsiones regulatorias y a la falta de infraestructura, la centralización de la negociación colectiva según criterios prevalecientes en CABA, más factores climáticos en algunas regiones, imponen un severo estrés económico sobre los sectores productivos del interior. En este contexto, la reforma fiscal termina potenciando los problemas al unificar las cargas sociales con CABA. Bajo estas condiciones no debería extrañar que las exportaciones crecieran solo un 18% desde el 2015, el año más deprimido de la década, mientras que en el mismo período las importaciones lo hayan hecho al 30% llegando a colocarse entre los máximos niveles de la década. 
Establecer un mínimo no imponible a las cargas sociales es uno de los puntos más positivos de la reforma fiscal. Sin embargo, su impacto se desdibuja al eliminar la posibilidad de que las contribuciones patronales puedan considerarse pago a cuenta de IVA con porcentajes mayores en las zonas productivas más postergadas. Por eso, es altamente recomendable restablecer este mecanismo. De no enmendar el error se degrada al mero voluntarismo, o peor aún al oportunismo, buenas iniciativas que buscan reducir las brechas regionales de desarrollo, como es el caso del Plan Belgrano.  

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El Gobierno promulgó paquete de reformas fiscales

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A través de los decretos 1124/2017, 1115/2017 y 1116/2017 publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó las leyes de Presupuesto 2018, Consenso y Responsabilidad Fiscal, sancionadas por el Congreso a fines de diciembre último en el marco del período de sesiones extraordinarias convocado por el Gobierno.
La ley de Consenso Fiscal incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con las provincias que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.
En tanto, la ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno establece reglas que garantizan la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales, como el hecho de que el gasto corriente no pueda crecer más que la inflación del período y que la dotación de personal no pueda aumentar por encima del crecimiento poblacional.
Estas dos leyes fueron sancionadas por la Cámara de Diputados durante la madrugada del 22 de diciembre.
Finalmente, la tercera ley promulgada por el Ejecutivo es la de Presupuesto, que fue aprobada por el Senado el miércoles último y que contempla un crecimiento anual de 3,5% del PBI, un aumento de 12% para la inversión y una inflación anual de 15,7%.
Los decretos llevan las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

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