Por Rodrigo Alvarez.
Economista. CEO de Analytica.
La reforma fiscal recientemente anunciada por el ministro Nicolás Dujovne tiene más efectos distributivos que de nivel. Esto es, transfiere recursos desde las familias hacia las firmas, sin grandes cambios en la presión tributaria agregada.
En Analytica creemos que el diseño de la medida, inserta en la estrategia de consolidación fiscal gradual, actúa en detrimento de la sostenibilidad externa del modelo. Por un lado no estimula el ahorro nacional pero sí la inversión, y por el otro, no reduce la carga tributaria significativamente de manera de generar una devaluación fiscal que estimule la oferta de transables.
De fondo, si sale bien, el Tesoro deja de emitir deuda externa y el Déficit en Cuenta Corriente deberá ajustar por precio en un mercado de cambios altamente desregulado. De seguir generando esta necesidad de financiamiento externo hay que tener cuidado, porque la pared, aunque lejos, está ahí.
Quizás es tiempo de ajustar el rumbo y coordinar las políticas macroeconómicas de manera de cerrar ambas brechas, fiscal y externa, simultáneamente.
La presión tributaria subió más de 10 puntos del producto en 12 años. En 2016 el Gobierno tomó la decisión de bajar los impuestos por primera vez en más de una década, casi 2 puntos del producto, y simultáneamente impulsar fuerte el gasto previsional, complicando el plano fiscal.
No hay margen para grandes quitas de impuestos. Por lo tanto, la reforma apunta a un tímido recorte de la presión tributaria, 1,5% en términos del producto en 5 años.
Sin embargo, sí se observan algunos cambios en la composición de los tributos, aumentando la carga sobre las familias (renta financiera, impuestos internos, ganancias, etc.) y reduciendo las imposiciones sobre las firmas (aportes patronales, devolución del IVA, estímulo a la re-inversión de utilidades, impuesto al cheque, ingresos brutos).
De materializarse los cambios, la reforma tributaria reduciría el ahorro privado ya que afecta el poder adquisitivo de las familias de altos ingresos. En el mejor escenario, el ahorro nacional se mantendría constante porque la consolidación fiscal reduciría el desahorro público.
Sin embargo, el estímulo a la inversión presionaría a la cuenta corriente como lo estamos viendo en los últimos datos del intercambio comercial (en el acumulado del año el déficit alcanzó un máximo histórico desde 1994).
Por otra parte, la reducción del déficit fiscal a través del congelamiento del gasto real implica que el proceso de consolidación depende del crecimiento económico. El estímulo a la inversión, de ser exitoso, podría generar empleo y por ende un mayor nivel de Gasto Corriente por parte de las familias, afectando aún más la Cuenta Corriente.
A medida que avanza el ajuste fiscal, se reducen las necesidades de financiamiento y por ende las emisiones de deuda externa. Teniendo en cuenta el esquema de libre flotación que se defiende desde el BCRA, y la desregulación del mercado de cambios, el ajuste del desequilibrio externo se dará por precios o equivalentemente, vía una devaluación del peso.
En Analytica venimos remarcando la necesidad de un esquema coordinado de políticas económicas. Desde Jefatura de Gabinete se propone un esquema descentralizado sin ministros fuertes.
El problema surge cuando cada uno atiende su principal objetivo sin mirar el equilibrio general: la política fiscal se ocupa de reducir el déficit, la monetaria de atacar la inflación, la de ingresos de recomponer los precios relativos y la energética de mejorar la infraestructura.
Desde Jefatura deben tener en mente que el principal objetivo es la desinflación y la sostenibilidad (externa) del modelo. Si creemos que el tipo de cambio influye sobre los niveles de inflación, el análisis precedente sugiere que un objetivo no puede alcanzarse sin el otro.
