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Valdés respaldó la reforma laboral y Santilli amplía el apoyo de gobernadores

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El ministro del Interior, Diego Santilli, sumó este viernes el respaldo del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, a la reforma laboral que el Poder Ejecutivo nacional busca sancionar durante las sesiones extraordinarias de febrero. El apoyo se formalizó tras una reunión en la Casa de Gobierno provincial y refuerza la estrategia del oficialismo de consolidar aval político en las provincias para avanzar con una iniciativa clave de su agenda económica.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó Santilli, al subrayar el carácter estructural de la reforma y su impacto esperado sobre el mercado laboral y el desarrollo regional.

Reforma laboral: apoyo político y coincidencias con las provincias

Durante el encuentro, Santilli y Valdés destacaron las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial y coincidieron en “la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. El respaldo del mandatario correntino se suma a una serie de adhesiones que el Ejecutivo viene acumulando en distintas jurisdicciones, en un contexto legislativo clave.

Por su parte, Valdés remarcó la importancia de avanzar en cambios normativos que permitan actualizar el esquema vigente sin afectar derechos adquiridos. “Es altamente positivo que se discuta la modernización laboral sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador.

En la misma línea, el mandatario provincial señaló que existe una definición política clara por parte del Ejecutivo nacional. “Hay una apuesta del gobierno nacional a que el mercado laboral crezca. Es una normativa nueva que busca generar más trabajo de acá para adelante”, expresó.

Las declaraciones reflejan una convergencia discursiva entre Nación y provincias en torno a la necesidad de modernizar el sistema laboral, con el objetivo de estimular la inversión privada y mejorar los niveles de empleo formal.

Asistencia financiera y articulación institucional

En el marco de la reunión, Santilli también adelantó que el Gobierno nacional enviará Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 3.000 millones de pesos a Corrientes. La asistencia fue solicitada para paliar la crisis generada por las inundaciones que afectan a los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía, según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial.

El anuncio refuerza la agenda de coordinación entre Nación y provincias, combinando respaldo político a reformas estructurales con asistencia financiera ante emergencias climáticas que impactan en la economía y el tejido social de los territorios.

Nueve gobernadores respaldan la iniciativa

Con el apoyo de Valdés, Santilli alcanzó el respaldo de nueve gobernadores a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. La lista incluye a Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut), además del mandatario correntino.

La acumulación de apoyos provinciales constituye un activo político central para el oficialismo en la antesala del debate parlamentario, en un escenario donde la reforma laboral aparece como uno de los ejes económicos e institucionales de las sesiones extraordinarias.

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El Gobierno negocia la reforma laboral, pero se niega a cambiar Ganancias

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El Gobierno nacional mantiene una posición firme frente a la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese al reclamo de los gobernadores, mientras habilita una revisión parcial del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades legislativas del presidente Javier Milei. La discusión se intensificó durante un intercambio de mesa chica realizado el jueves pasado, convocado el miércoles a última hora en las oficinas del Ministerio del Interior, aunque hasta el momento no hay definiciones cerradas.

La estrategia oficial combina resistencia fiscal y flexibilidad política selectiva. Mientras la baja de Ganancias para sociedades —con impacto directo en la recaudación provincial— aparece como una línea roja, el Ejecutivo evalúa ceder en algunos puntos de la Reforma Laboral para asegurar los votos necesarios en el Congreso, en la antesala de su tratamiento legislativo.

Ganancias, gobernadores y una línea roja fiscal

Según trascendió del encuentro, la posición predominante dentro del círculo reducido que rodea al Presidente es no retroceder en la reducción del Impuesto a las Ganancias, pese a las advertencias de los mandatarios provinciales por el efecto sobre los recursos locales. “Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, admitió uno de los participantes del intercambio, que tuvo lugar en la planta baja del Ministerio del Interior.

La decisión de no ceder en Ganancias para sociedades se consolida como el eje de mayor tensión en la negociación política. En el oficialismo reconocen, sin embargo, la necesidad de conformar a los gobernadores para sostener el andamiaje legislativo del proyecto general, en un escenario de equilibrios frágiles y respaldos condicionados.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de receptar los reclamos provinciales y ofrecer soluciones limitadas, con el objetivo de sumar adhesiones que permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo parlamentario.

Reforma Laboral: disposición a revisar el articulado

A diferencia del capítulo fiscal, la Reforma Laboral muestra mayor margen de negociación. La mesa política se muestra dispuesta a revisar parte del articulado, aunque el debate interno gira en torno a qué puntos ceder sin desnaturalizar el espíritu del proyecto, diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

En la articulación legislativa también intervienen la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes mantienen contactos con legisladores aliados que expresaron reparos públicos sobre algunos aspectos del texto.

Mientras tanto, los interlocutores del Ejecutivo intensifican la militancia política del proyecto, no solo en reuniones con gobernadores, senadores y diputados, sino también a través de actividades destinadas a despejar dudas de los sectores involucrados. En ese contexto, LLA impulsó un conversatorio el jueves pasado para responder inquietudes de actores que manifiestan resquemores, en particular del sector empresarial.

Agenda legislativa y próximos pasos

De cara al calendario parlamentario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, una vez iniciado el período de sesiones extraordinarias, que comenzará el lunes. El encuentro se realizará en la previa al tratamiento de la ley previsto para el miércoles 11 de febrero.

Así, el Gobierno encara una semana clave con una hoja de ruta definida: defender el núcleo fiscal del proyecto, negociar ajustes puntuales en la Reforma Laboral y sostener un delicado equilibrio político para avanzar con una de las iniciativas centrales de la agenda presidencial.

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Santilli viaja a Corrientes para reunirse con Juan Pablo Valdés

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El ministro del Interior, Diego Santilli, visitará este viernes la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador, Juan Pablo Valdés, en el marco de la ronda por la búsqueda de voluntades para aprobar la reforma laboral. 

El funcionario viajará el día después de que la mesa política se reúna para dar una respuesta al pedido de los mandatarios provinciales patagónicos que reclaman la sanción de la Ley de Emergencia Ígnea. 

Desde el corazón del Ejecutivo revelaron que hay grandes chances de avanzar en el pedido aunque debaten el formato. 

En paralelo, el exlegislador del PRO retoma las rondas de contactos con los representantes provinciales para avanzar en la aprobación del proyecto de modernización laboral que tanto obsesiona al presidente Javier Milei.

Desde la cartera expresaron que durante el intercambio, la intención del representante del Ejecutivo es “avanzar en la aprobación de la reforma laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil”.

El alfil negociador retomó una práctica que inició en diciembre, para obtener la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y la replicó en los primeros días del año. 

Hasta entonces se entrevistó con Ignacio Torres, con quien visitó las zonas afectas por el incendio forestal en Chubut; Leandro Zdero en Chaco; Alfredo Cornejo en Mendoza; Marcelo Orrego en San Juan; Rogelio Frigerio en Entre Ríos; y recibió al neuquino Rolando Figueroa. 

Lo cierto es que una porción de los gobernadores aliados se muestran reticentes al articulado tributario de la reforma, en especial a la reducción pensada en Ganancias para las sociedades, lo que afectará la recaudación de las provincias. El punto es debatido por el estrecho círculo de funcionarios y legisladores desginados para sintetizar las determinaciones

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Gobernadores negocian apoyo a la reforma laboral mientras alertan por una pérdida de $1,2 billones

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En medio de las negociaciones con la Casa Rosada, un grupo de gobernadores se reunió en Buenos Aires para coordinar una posición frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y, en paralelo, reclamar compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que, según estimaciones oficiales, recortará recursos provinciales por $1,2 billones. El encuentro dejó señales de diálogo político, pero también de tensiones fiscales que condicionan el debate en el Congreso.

Reforma laboral y un frente provincial en construcción

Los gobernadores denominados “dialoguistas” mantuvieron este jueves una reunión en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de definir una postura común sobre la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y que el oficialismo busca tratar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Del encuentro participaron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén). La convocatoria se dio en un contexto de negociación abierta con el Gobierno nacional, en el que las provincias intentan hacer valer sus reclamos frente a cambios estructurales que impactan tanto en el mercado laboral como en las finanzas subnacionales.

Uno de los ejes centrales del debate fue la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una decisión incluida en el paquete económico del Ejecutivo que genera fuertes reparos entre los mandatarios provinciales. La rebaja prevista, del 35% al 31,5% para sociedades, implica una pérdida estimada de $1,2 billones para las provincias, dado el esquema de coparticipación vigente.

Ganancias, coparticipación y el reclamo por compensaciones

La discusión fiscal aparece como el principal punto de fricción entre los gobernadores y la Casa Rosada. Según fuentes al tanto de las negociaciones, el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias por la merma de recursos que implicará la rebaja de Ganancias, aunque aún no hay definiciones concretas.

Para los mandatarios provinciales, el impacto no es menor: la reducción de ingresos compromete la capacidad de financiamiento de gastos corrientes, salarios y obras públicas, en un contexto de ajuste generalizado y caída de transferencias discrecionales. En ese marco, los gobernadores buscan condicionar su apoyo a la reforma laboral a la existencia de un esquema de compensación fiscal que atenúe el efecto sobre las arcas provinciales.

Desde el Gobierno nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, calificó el encuentro como “positivo” y dejó abierta la puerta a una resolución política en las próximas horas. “La reunión fue positiva”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo está al tanto de las preocupaciones planteadas por los mandatarios.

Consultado sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA), Santilli se mostró “optimista” y consideró que “seguramente se apruebe”, lo que sugiere que el oficialismo confía en alcanzar los consensos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso.

Emergencia Ígnea, incendios y agenda paralela con las provincias

Además del debate laboral y fiscal, la reunión se dio en un contexto marcado por la situación ambiental en el sur del país. Santilli confirmó que en las próximas horas, junto con el Gabinete y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se resolverá el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea, solicitada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El ministro destacó, además, el rol de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien dijo haber acompañado “personalmente” en el envío de brigadistas y equipamiento de helicópteros hidrantes, y remarcó que el Gobierno nacional “está presente” no solo en los incendios de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.

La mención a la emergencia ígnea refleja cómo la agenda provincial combina reclamos estructurales de largo plazo —como la coparticipación y la reforma laboral— con urgencias coyunturales vinculadas a desastres naturales y asistencia federal.

Apoyos condicionados y señales políticas

Desde las provincias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró conforme con el encuentro y valoró el “espíritu” de la reforma laboral. “Tenemos que modernizar una ley que es viejísima y aggiornarla a estos tiempos”, subrayó, marcando una postura de acompañamiento general, aunque condicionada por las discusiones fiscales en curso.

El escenario que se abre combina diálogo político, negociación fiscal y definiciones legislativas clave. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con su agenda de reformas estructurales, los gobernadores intentan preservar recursos y margen de maniobra financiera. La resolución de este equilibrio será determinante para el tratamiento de la reforma laboral y para el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias en los próximos meses.

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Milei avanza con reformas sin financiamiento definido

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Cuando resta menos de un mes para la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei avanzó con dos proyectos de ley —la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil— que no detallan su impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento. Ambas iniciativas, incluidas en el temario de sesiones extraordinarias, no están contempladas en la “ley de leyes” y reavivan la tensión entre el discurso oficial del “no hay plata”, el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad del superávit fiscal del 1,5% del PBI que el Ejecutivo exhibe como principal ancla del programa económico.

El contraste se vuelve más marcado si se lo compara con la decisión del Poder Ejecutivo de no cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada e insistida por el Congreso, bajo el argumento de que no especifica su financiamiento. Una justificación que, según surge de la redacción de las propias iniciativas oficiales, no se aplica con el mismo rigor cuando se trata de proyectos impulsados por la Casa Rosada.

Emergencia en Discapacidad: la ley vigente que el Ejecutivo se niega a ejecutar

Pese a pronunciamientos judiciales y a la insistencia del Congreso, el presidente Javier Milei continúa sin ejecutar la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Días atrás, cuando el jefe de Gabinete Manuel Adorni reasignó los créditos presupuestarios del ejercicio en curso, no incluyó partidas para esta norma ni para la ley de Financiamiento Universitario, también reclamada por el Parlamento.

El argumento oficial se apoya en la Ley de Administración Financiera, que establece que los proyectos deben indicar el origen de los fondos. Según la interpretación del Presidente, la Emergencia en Discapacidad incumple ese requisito. Sin embargo, el artículo 19 de la norma es explícito:
Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad (…) Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.

En los hechos, el Congreso dejó en manos del Ejecutivo —entonces bajo la jefatura de Guillermo Francos, hoy de Adorni— la definición de las partidas, siempre que no se afecten los créditos sociales. Un esquema similar al que el propio Gobierno utilizó durante sus primeros años, cuando administró con presupuestos heredados de la gestión de Alberto Fernández, ya desactualizados.

Además, al momento del debate parlamentario, el impacto fiscal de la emergencia sí fue estimado: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), solicitó un cálculo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), por lo que los legisladores contaban con una referencia sobre costos y financiamiento. Aun así, el oficialismo se negó a reasignar partidas, acusó a la oposición de intentar romper el equilibrio fiscal y, hasta hoy, mantiene la ley sin ejecución.

Régimen Penal Juvenil: una redacción idéntica, pero con trato diferente

La doble vara aparece con claridad en el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, reflotado por el oficialismo y sumado al temario de extraordinarias con Patricia Bullrich como principal impulsora política. El proyecto ya había sido promovido en 2024 y vuelve a escena tras el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe.

El artículo 52 del dictamen firmado en mayo del año pasado establece: “Las erogaciones que requiriere al Estado nacional el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes (…) el jefe de Gabinete de Ministros deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes”.

La redacción es prácticamente idéntica a la de la Emergencia en Discapacidad. Sin embargo, en este caso, el Gobierno no cuestiona la validez del texto ni su compatibilidad con la Ley de Administración Financiera.

Más aún, durante el debate en comisión, Espert se negó a solicitar a la OPC un análisis del costo fiscal del régimen penal, pese a ser el único con facultad para hacerlo. En su lugar, presentó un cálculo elaborado por los ministerios de Justicia y Seguridad, que estimó el impacto en 0,34% del Presupuesto 2024, o 0,0042% del PBI. Ese número generó fuertes dudas entre los bloques opositores. “Hacen como si todo lo que implica el proyecto no saliera plata”, resumió un diputado que participó del debate. El pedido público de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, para girar el proyecto a la OPC nunca fue atendido.

Reforma laboral y Presupuesto 2026: el interrogante sobre el superávit

Un esquema similar se repite con la reforma laboral, cuyo dictamen fue firmado en el Senado a fines de diciembre. El texto tampoco especifica su financiamiento, a pesar de incluir bajas y derogaciones impositivas que impactan incluso en impuestos coparticipables, afectando las finanzas provinciales.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche (LLA), tampoco envió el proyecto a la OPC. El resultado es el mismo: se desconoce el costo fiscal y la fuente de recursos.

El punto crítico es el calendario. Tanto la reforma laboral como el Régimen Penal Juvenil se impulsan a menos de un mes de la sanción del Presupuesto 2026, por lo que sus eventuales costos no están contemplados en la “ley de leyes”. De aprobarse, el financiamiento quedará nuevamente en manos del jefe de Gabinete mediante reasignaciones presupuestarias.

El propio Milei celebró que el Presupuesto 2026 refleje un superávit fiscal del 1,5% del PBI. La pregunta que empieza a ganar espacio en el Congreso y en los mercados es cuánto de ese margen quedará en pie si ambas iniciativas avanzan sin una estimación clara de costos y sin partidas específicas. En ese interrogante se juega no solo la coherencia del discurso fiscal del Gobierno, sino también la credibilidad institucional del programa económico.

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