REFORMAS

La reforma previsional afectará a 8 millones de niños, niñas, y adolescentes

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Mucho se dijo en las últimas semanas acerca del impacto que tendrá la reforma previsional aprobada esta semana en el Congreso sobre los jubilados, pero poco acerca de cómo afectará a los niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares o universales.

La norma aprobada en el contexto de una sesión larga y tensa, que debió levantarse al primer intento en un marco de un Congreso blindado por las fuerzas de seguridad, y decenas de heridos y detenidos, modifica la fórmula que actualiza las prestaciones previsionales y prestaciones monetarias de la seguridad social, entre ellas las Asignaciones Familiares contributivas (AAFF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dos de los tres canales por los que el Estado transfiere recursos a las familias con menores de edad.

Según las estimaciones del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la sanción de la reforma previsional afectará a 4.124.958 niños, niñas y adolescentes que reciben asignaciones familiares y 3.941.893 niñas, niños y adolescentes que reciben asignaciones universales.

En diálogo con ámbito.com, la Directora de Protección Social del CIPPEC, Gala Díaz Langou, explicó que la ley además vuelve más inequitativo el sistema de transferencias. “Lo que produce la reforma previsional aprobada es una ampliación en la brecha entra la AUH y deducción de ganancias”.

Un tercer canal a través del cual el Estado transfiere recursos a las familias con menores son las transferencias que se realizan a partir de la deducción por hijo que se puede realizar al impuesto a las ganancias. Para Díaz Langou estas transferencias son “inequitativas” debido a que “excluyen sobre todo a familias de sectores de menos ingresos”, en tanto que “los que deducen Ganancias pueden percibir indirectamente un monto mayor que quienes reciben la AUH”.

Aún con la implementación del bono compensatorio que impulsó el Gobierno, la diferencia acumulada para 2018 en la evolución de la prestación de la AUH sería de $ 391,1 menos, según los cálculos realizados por Infancia en Deuda, ONG que aglutina a diversas organizaciones que abordan las problemáticas vinculadas a la infancia, y de la que es parte CIPPEC.

En tanto, para las prestaciones de asignaciones familiares, la diferencia negativa para los doce meses de 2018 alcanza los $791,13 para ingresos de hasta $21.921; $532,1 para ingresos de hasta $32.152; $320,42 para ingresos de hasta $37.120 y $168,66 para ingresos de hasta $73.608.

No obstante, la medida que impulsó el oficialismo constituye una violación a la normativa internacional vigente en materia de derechos económicos de la infancia, que al igual que la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, señala que los Estados deben garantizar “el máximo de los recursos disponibles” para garantizar los derechos de este sector, y que tienen vedadas medidas regresivas que disminuyan la inversión pública para la garantía de los mismos. En este contexto, resulta preocupante que del amplio espectro de opciones para recortar el nivel de gasto, el Gobierno haya optado por los más débiles.

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Preocupa a la CEM eliminación de compensaciones por contribuciones patronales

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El pleno de la Confederación Económica de Misiones(CEM) reunido el último jueves en Jardín América,  expresó su preocupación por las consecuencias de las  modificaciones  del nuevo régimen  que compensa las asimetrías y reemplaza al decreto 814.

Si bien, este se utiliza como herramienta para atenuar las desigualdades entre regiones (caso de las provincias incluidas en el Plan Belgrano, como la de Misiones), genera preocupación  la eliminación del anexo I del derogado decreto  814 cuyo alcance  permitía compensar la presión de las contribuciones patronales, computando un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal en el IVA, por lo que esta desestimación será difícil de afrontar por las Pymes del interior.

Esta situación ya fue referida desde  la CEM a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que inmediatamente le solicitó al ministro Frigerio que revea esta situación

Reunión con Passalacqua
Por otra parte en la  Reunión de Cámaras, que cerró las actividades de la entidad gremial empresaria provincial se acordó solicitar una audiencia con el gobernador Hugo Passalacqua para tratar entre otros temas el alcance del nuevo pacto fiscal y la afectación de los  Ingresos Brutos, que en su primera incidencia   reducirá para la industria y el transporte en 2018.

Se abordó además  la inminente adhesión de la provincia a la Ley ART  y las conclusiones de la reunión  con Guillermo Aicheler, presidente de Emsa, realizada en la sede de la entidad gremial empresaria el último miércoles.

Espectro territorial
La reunión fue presidida por  Gerardo Díaz Beltrán y contó con la presencia de los representantes de las Cámaras de Alem, Eldorado, Puerto Rico, San Vicente, Montecarlo, la anfitriona  Jardín América, la Coordinadora Mercantil Posadas,  APICOFOM, Cámara de Exportadores (CACEXMI), Cámara de Molineros de Yerba Mate y los representantes de las comisiones de jóvenes y mujeres de la CEM.

En el  aspecto estrictamente institucional, se trató la modificación de los estatutos de la entidad y se fijó  la  fecha de Asamblea General Ordinaria, para el próximo 2 de marzo.

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Según una encuesta para el 85% de los argentinos: La reforma previsonal es “mala”

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La reforma previsonal que planteó el Gobierno y fue aprobada por una ajustada votación en el Congreso de la nación al parecer no tiene contenta a gran parte de la población. Se vio en las manifestaciones, protestas, cacerolazos y hasta enfrentamientos, pero ahora una encuesta de opinión lo confirma, y es que aseguran que el 85% de los argentinos considera que la reforma previsional es “mala e innecesaria”.

Después de idas y vueltas, enfrentamientos y múltiples manidestaciones, se logró aprobar la reforma previsonal, proyecto duramente criticado por la sociedad por el cambio en el que se calculan los aumentos a los jubilados. Para la oposición y gran parte de la gente, la medida es un duro golpe a los adultos mayores que “de milagro” llegan a fin de mes, mientras que para el Gobierno, la medida es “justa y necesaria”.
Sin duda el Gobierno del Presidente Macri se ahorrará más de $ 100.000 millones con ese ajuste, pero en términos políticos el costo fue alto y así lo confirma una encuesta de opinión realizada por el Tracking de Humor Social y Político, que D’Alessio IROL efectúa en forma continua junto a Berensztein, en el que aseguran que el 85% de los argentinos consideran que l a reforma es mala.
No obstante, ese porcentaje se compone por un 55% que considera que era “innecesaria”, y un 30% que cree que, aunque es mala debía hacerse. Por otro lado, solo un 15% respalda la nueva ley. 
Del mismo modo, la encuesta de opinión reveló que el 50% de los encuestados cree que el Gobierno quedó “debilitado” tras la sanción de la reforma, mientras que para el 28% se fortaleció.  Durante los últimos días, los ánimos en el país estuvieron convulsionados y se reflejó en las calles con diversas muestras de rechazo, que incluso dejó personas heridas y detenidos.
 Respecto a los cacerolazos, el 62% considera que fueron espontáneos y un 54% que golpearon la imagen de la gestión de Mauricio Macri. La convocatoria de los cacerolazos se realizaron a través de las rede s sociales y durante dos días consecutivos las calles de la ciudad de Buenos Aires y el interior del país estuvieron ruidosas debido a las cacerolas.
A diferencia de lo que respondieron sobre esas protestas callejeras, el 73% de los sondeados respondieron que los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso mientras se discutía la ley fueron “planificados”, y sólo un 13% que fueron espontáneos.
Si bien la reforma previsional aún no se promulgo, el miércoles 20/12 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1058/2017, suscripto por el presidente Mauricio Macri, donde se otorga un subsidio extraordinario, por única vez, de $ 750  a los jubilados que hayan cumplido con todos los años de aportes, y de  $ 375 a quienes no hayan cumplido con la cantidad de años de aportes necesarios y los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
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La reforma tributaria tiene dictamen del Senado y será ley la semana que viene

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La comisión de Presupuesto y Hacienda recibió la visita del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien se explayó sobre el tema. El proyecto original sufrió cambios durante el debate en particular en la Cámara de Diputados

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores emitió dictamen esta tarde al proyecto de ley de reforma tributaria que esta madrugada consiguió media sanción en la Cámara de Diputados.

El cuerpo recibió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se explayó sobre el texto que llegará la próxima semana al recinto.

El funcionario subrayó que toda la reforma se va a implementar en un período de cinco años. “Es cierto, es bastante, si hubiéramos empezado hace cinco años ya la tendríamos en marcha”, afirmó.

En este sentido, el ministro de Hacienda señaló que “la reducción del deficit comercial es un objetivo” del proyecto y que las metas son terminar con esa variable en el 4,2% del PBI este año, 3,2% en 2018, 2,2% en 2019.

También destacó que con esta reforma el Gobierno estaría “mejorando la equidad porque se grava la renta financiera y la Argentina era el único país de la región que no lo hacía” y puso de relieve la rebaja progresiva de los aportes patronales.

El debate
Previamente, los senadores nacionales designaron las nuevas autoridades de la Comisión, que es presidida desde hoy por el senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich; en tanto que la vicepresidencia de la misma estará a cargo de la senadora por la provincia de Tucumán Beatriz Mirkin.

La presencia de Cristina Kirchner -quien integra la comisión- era esperada con ansias en el Palacio ya que sería su debut en su nueva etapa como senadora, pero finalmente no asistió.

La reforma tributaria que fue aprobada esta madrugada en Diputados sufrió una serie de modificaciones. Fueron concesiones que el oficialismo debió hacer y que supusieron un retroceso en su intención de gravar bebidas azucaradas, vinos y espumantes, además de la baja gradual de impuestos a productos electrónicos, y la correción del artículo 49 que habla de Ganancias.

Los cambios
– A pesar de los pedidos de modificación, se mantuvo el artículo 49 que establece que las indemnizaciones y retiros voluntarios pagarán Ganancias, aunque se especificó que la medida alcanzará a “cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas”cuando excedan los montos indemnizatorios mínimos.

– En el caso de las bebidas azucaradas, se le intentó aplicar una alícuota del 17% pero ante el reclamo del gobernador tucumano Juan Manzur y de productores de esa provincia, se mantuvo el actual impuesto de 4% para aquellas gaseosas que tienen jugo de limón, y 8% para las analcohólicas, con o sin azúcar.

– La iniciativa reduce a la mitad el IVA de los pollos, cerdos y conejos, con el fin de permitir que bajen los precios de esos productos alimenticios de neto corte proteico y que son clave en la canasta familiar.

– Respecto del impuesto interno a las cervezas, del 17% previsto en el proyecto original se redujo al 14%, mientras que para las artesanales el gravamen quedó fijado en un 8%, por pedido de los representantes de un sector que en los últimos años registró un importante crecimiento, con aumentos en la producción y en la apertura de locales.

– En el caso de las bebidas espirituosas, la alícuota pasó del 29 al 26%.

– Se dispuso además que las bebidas que contengan cafeína y taurina (energizantes) tributen un 10%.

– Los artículos 23 y 24 de la reforma que proponían gravar con el impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales, fueron finalmente descartados ante los reclamos de entidades del sector, apoyados por diputados de la oposición y aceptados luego por el oficialismo.

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Como Misiones, CABA adhirió al Pacto Fiscal y apura la rebaja de Ingresos Brutos

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Como en MIsiones, la Ciudad de Buenos Aires adhirió al Pacto Fiscal y prevé una eliminación total para industrias y servicios. Y combina subas y bajas para el comercio. Prepagas y tarjetas de crédito pagarán más.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enviará hoy a la Legislatura un proyecto de ley para ratificar la adhesión del distrito al Consenso Fiscal que firmó la Casa Rosada con las provincias. En ese marco, también enviará un proyecto para modificar el capítulo de Ingresos Brutos en la Ley Tarifaria 2018 que ya se encuentra aprobada.

Estos cambios apuntan a instrumentar la reducción gradual de Ingresos Brutos a la que se comprometieron los gobernadores por ese convenio.

Según explicó en una rueda de prensa el ministro de Hacienda, Martín Mura, el costo fiscal de estas medidas representará una merma de $17.702 millones sobre los ingresos tributarios una vez completado el cronograma de baja de alícuotas previsto para el año 2022. Esta cifra incluye la supresión del Impuesto a los Sellos.

El funcionario precisó que la reducción gradual de la presión fiscal sobre el consumo llegará a 55% en 2022 con relación al nivel actual. Estimó que el peso actual de II.BB. sobre el consumo representa 8,7% por cada $100, según datos de la COPAL citados por Hacienda. Con la eliminación o reducción del impuesto en las distintas etapas de la cadena de valor esa presión bajará al 3,9% al cabo de los cinco años de aplicación.

Por su parte, el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Andrés Ballotta, destacó que “el impacto de esta reforma en Ingresos Brutos representará una reducción del 14% sobre la recaudación total de este impuesto”. En tanto que en lo referido a Sellos, “la merma alcanzará el 42% del total de este impuesto”, añadió.

Según calculó el funcionario porteño, “estas medidas implicarán, en conjunto, una reducción del 10,7% de los recursos totales” de la Ciudad, es decir, tanto los provenientes de la coparticipación federal como los tributos de recaudación propia.

La reducción de la carga tributaria por sectores tiene a la industria como uno de sus ejes principales. En 2022 esta actividad quedará totalmente exenta de Ingresos Brutos. El 85% de los contribuyentes industriales estará exento a partir de 2018, lo que significará resignar desde el año que viene el 42% de la recaudación de II.BB. del sector. Con el envío del Presupuesto 2018, se habían adoptado medidas para aliviar el impacto de este impuesto en el sector fabril, como elevar de $24 a $ 75 millones el tope de facturación anual para considerar exentas a estas actividades.

El proyecto establece otras actividades que irán reduciendo la carga de II.BB. hasta su exención definitiva en diferentes años: Actividades Primarias (2020), Transporte de pasajeros y carga (2021), Servicios de electricidad, gas y agua (2022). Se suman otras actividades que tendrán una reducción gradual de la carga impositiva, según el cronograma general de cinco años (2020): Construcción (60% final, comenzando en 2018), Comunicaciones (40% final, comenzando en 2018) y Servicios financieros productivos (30% final, comenzando en 2019).

Como contrapartida, el comercio es una de las actividades que soportará un aumento de la carga impositiva por II.BB., con una suba de la alícuota que pasará de 3% a 5% en 2021. Alcanzará a los comercios que facturan entre $10 millones y $55 millones. Esta suba gradual incluye también al rubro de alimentos y bebidas.

Pero la mayor presión de II.BB. no afectará a todo el universo de comerciantes ya que casi el 90% de los contribuyentes no tendrá cambios, explicó Mura. Destacó que se mantiene la alícuota del 1,5% para los alimentos y bebidas de tratamiento especial (carnes, pescado frutas y verduras frescas, leche, queso, huevos, pan, fideos, entre otros) que se venden en los pequeños comercios con facturación anual menor o igual a $495.000.

También se mantiene el tratamiento especial para venta minorista de medicamentos, con alícuota al 1%. Lo mismo ocurrirá con la alícuota del 3% para los comercios que facturan anualmente menos de $10 millones y que representan casi el 75 % de los contribuyentes del sector.

Se mantiene la alícuota del 5% para aquellos que facturan más de $55 millones anuales, que representan casi el 10% del sector (cadenas de supermercados e hipermercados).

Asimismo, Mura informó que a partir del 1 de enero subirá al 7% la alícuota de la comisión de tarjetas de crédito al régimen de servicios financieros, que actualmente está en 5,5%.

También aumentará la presión de II.BB. sobre la facturación de las empresas de medicina privada, convergiendo en los valores que se aplican en la provincia de Buenos Aires. Así, la alícuota actual de 1,1% pasará a 3,5% desde 2019.

Según explicó el ministro de Hacienda, la decisión de subir Ingresos Brutos en algunas actividades apunta a “ir adecuando el tributo para que alguna vez sea un impuesto sobre la venta minorista al consumo y así quitarle la característica distorsiva por el efecto cascada que tiene sobre toda la cadena de producción”.

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