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DNI y pasaporte: cuánto cuesta cada trámite en septiembre

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Renovar el DNI, tramitar un nuevo ejemplar o gestionar un pasaporte tiene en septiembre de 2026 un costo que depende no solo del documento requerido, sino también del tiempo disponible para recibirlo. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ofrece modalidades regulares, exprés y al instante, con diferencias que pueden multiplicar varias veces el desembolso final.

El cuadro tarifario vigente fue aprobado por el organismo y comenzó a regir el 6 de marzo de 2026. Desde entonces establece los aranceles correspondientes a los distintos tipos de DNI, pasaportes y documentos de viaje emitidos por el Renaper.

Cuánto cuesta sacar o renovar el DNI

Para ciudadanos argentinos, el DNI regular tiene un costo de $10.000. El importe alcanza a trámites como las actualizaciones de los 5/8 años y de los 14 años, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y las rectificaciones de datos que correspondan.

Hay situaciones que quedan exceptuadas del pago. El primer ejemplar del DNI para personas nacidas en el territorio nacional de entre 0 y 18 años es gratuito, al igual que determinados casos de identificación o inscripción tardía. También se encuentra sin cargo el Certificado de Pre-identificación (CPI).

Para extranjeros con residencia legal, el cuadro tarifario fija un valor de $20.000 para la primera identificación, actualizaciones y determinados nuevos ejemplares.

La estructura cambia cuando el documento se necesita con mayor rapidez. En ese punto, el costo deja de estar determinado solamente por el tipo de trámite y pasa a depender también de la modalidad de entrega.

DNI exprés, 24 horas y al instante: cuánto se paga

El DNI exprés tiene un costo de $26.000 y contempla la recepción por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores a la realización de la gestión, una vez completadas las verificaciones correspondientes.

La modalidad DNI 24 horas cuesta $41.000. En este caso, el documento debe retirarse en la oficina donde se inició el trámite y el plazo previsto es de 24 horas hábiles.

La alternativa de mayor costo es el DNI al instante, que tiene un arancel de $57.000. Permite retirar el documento aproximadamente entre 2 y 6 horas después de realizada la gestión, aunque solo está disponible en los centros habilitados por el Renaper.

La diferencia frente al trámite regular llega a $47.000. Es decir, resolver una necesidad documental inmediata puede implicar pagar más de cinco veces el valor del DNI convencional.

El pasaporte concentra las mayores diferencias

En el caso del pasaporte, la brecha entre las distintas modalidades es todavía mayor. El trámite regular cuesta $100.000 y está pensado para quienes no necesitan una entrega prioritaria.

El Pasaporte Exprés tiene un valor de $200.000 y contempla la entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite, siempre sujeta a las verificaciones correspondientes.

Cuando la urgencia es máxima, el Pasaporte al instante cuesta $330.000 y prevé la entrega dentro de las seis horas de iniciado el trámite. El Renaper advierte que la emisión queda sujeta a la verificación de la documentación y a los controles externos correspondientes.

Entre el pasaporte regular y la modalidad inmediata existe una diferencia de $230.000. La urgencia, en este caso, más que triplica el desembolso necesario para acceder al documento.

Otros trámites también tienen aranceles

El tarifario contempla además otras gestiones vinculadas con la documentación personal. Las certificaciones de datos personales, domicilio y estado civil tienen un valor de $8.000. El mismo importe corresponde al certificado de copia de pasaporte argentino y a determinadas fotocopias legalizadas de partidas de nacimiento para extranjeros.

La autorización de viaje al exterior para menores de 18 años que egresen del país con pasaporte también tiene una tarifa específica. Si se realiza dentro de Argentina, cuesta $30.000, mientras que en los consulados argentinos en el exterior el arancel asciende a 30 unidades consulares.

Existe, además, un mecanismo que evita trasladar al ciudadano el costo de determinados errores. El Renaper contempla la reposición sin cargo cuando el error u omisión puede atribuirse a la confección del DNI y se cumplen las condiciones previstas por el organismo. Para acceder a esta reposición, establece un plazo de 90 días corridos desde la fecha de entrega.

La urgencia como variable de costo

El esquema vigente muestra que planificar el trámite puede tener un impacto directo sobre el gasto familiar. En el DNI argentino, optar por la modalidad regular implica desembolsar $10.000, mientras que las alternativas exprés, 24 horas y al instante elevan el costo a $26.000, $41.000 y $57.000, respectivamente.

En el pasaporte, la escala pasa de $100.000 en la modalidad regular a $200.000 en la exprés y $330.000 en la opción al instante.

La diferencia no es menor cuando el trámite surge asociado a un viaje, una gestión laboral o una necesidad familiar con plazos determinados. La principal herramienta para reducir el costo es, en consecuencia, evitar que la urgencia transforme un trámite documental ordinario en un servicio prioritario.

Para el ciudadano, conocer de antemano las modalidades disponibles permite elegir en función de una necesidad concreta: cuánto tiempo puede esperar y cuánto está dispuesto a pagar por reducir ese plazo. En un contexto de presupuestos familiares ajustados, esa diferencia puede definir una parte relevante del costo final de documentarse.

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Migraciones licita un nuevo sistema para modernizar la recaudación y el control financiero

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La Dirección Nacional de Migraciones autorizó el llamado a una Licitación Pública Internacional por el sistema ReCoBa, una plataforma integral destinada a modernizar la gestión de recaudación y conciliación bancaria del organismo. La iniciativa será financiada en el marco de un programa de fortalecimiento tecnológico respaldado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y busca avanzar sobre uno de los puntos más sensibles de la administración pública: contar con información financiera integrada, trazable y disponible para tomar decisiones con mayor precisión.

La Disposición 907/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, habilitó formalmente la Licitación Pública Internacional N° 1-LPI/2026 para contratar el desarrollo, implementación, migración de información y soporte de postproducción del sistema denominado “Recaudación y Conciliación Bancaria” (ReCoBa). El proyecto contempla una solución integral para la Dirección Nacional de Migraciones y se encuadra en las reglas de adquisiciones aplicables a los programas financiados con recursos del BCIE.

El proyecto forma parte de una iniciativa de mayor alcance que comenzó a estructurarse en 2022 y que contempla hasta US$25 millones de financiamiento del BCIE para fortalecer tecnológicamente al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a Migraciones. El préstamo N° 2314 fue autorizado por el directorio del organismo multilateral en noviembre de 2022 y el contrato con la Argentina fue suscripto en mayo de 2023.

En el caso específico de Migraciones, el programa busca dejar atrás sistemas fragmentados y avanzar hacia una administración sustentada en información integrada y procesos automatizados. Según surge de los fundamentos de la disposición, el objetivo es mejorar la velocidad y seguridad en el procesamiento de datos, optimizar los mecanismos de administración y control y reducir costos operativos asociados a tareas manuales, errores y duplicación de procesos.

La contratación de ReCoBa apunta precisamente a ese núcleo operativo. El sistema deberá contemplar no solamente su desarrollo e implementación, sino también la migración de la información existente y el soporte posterior a la puesta en producción, un aspecto relevante en organismos que administran grandes volúmenes de operaciones y cuya continuidad operativa resulta crítica.

El proyecto también introduce un componente de modernización que puede tener impacto más allá de la infraestructura tecnológica. Una plataforma de conciliación bancaria integrada permite vincular con mayor precisión las operaciones de recaudación con los movimientos financieros efectivamente registrados, reduciendo espacios para inconsistencias y facilitando los controles internos. En términos de gestión pública, el desafío no pasa solamente por incorporar software, sino por transformar datos dispersos en información útil para auditar, planificar y corregir desvíos.

La propia documentación administrativa establece que el programa pretende reducir riesgos y errores y mejorar la toma de decisiones basada en información confiable. Ese enfoque convierte a la digitalización en una herramienta de gestión y no simplemente en una renovación tecnológica: el beneficio esperado está en la capacidad del Estado para conocer con mayor rapidez qué recauda, cómo se registran esos recursos y dónde pueden existir diferencias que requieran intervención.

La licitación llega después de un proceso técnico y administrativo que incluyó la intervención de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), observaciones técnicas y su posterior respuesta por parte de Migraciones. El área de Sistemas y Tecnologías de la Información del organismo otorgó además la conformidad definitiva al documento base que regirá el proceso licitatorio.

El financiamiento internacional agrega otra capa de control al proceso. La contratación se realizará bajo las políticas de adquisiciones del BCIE, cuya no objeción al Plan General de Adquisiciones fue otorgada en agosto de 2024 y posteriormente actualizada en enero de 2026. La convocatoria deberá publicarse en COMPR.AR y ser comunicada a las embajadas o consulados de los países socios del organismo multilateral que tengan representación en la Argentina.

La disposición también conformó el Comité Ejecutivo de la licitación, aprobó el documento base estándar y dejó constancia de que existe crédito presupuestario suficiente para atender la contratación. De esta manera, el expediente ingresa en la etapa concreta de competencia entre proveedores internacionales para seleccionar la solución tecnológica.

El desafío de fondo será que la inversión no termine reducida a la adquisición de una nueva plataforma. La verdadera medida del éxito estará en su capacidad para integrar información, automatizar controles, mejorar la trazabilidad de los recursos públicos y generar información confiable para la conducción de Migraciones. En un Estado donde la transformación digital suele evaluarse por la cantidad de sistemas incorporados, el resultado relevante será cuánto mejora la calidad de la gestión a partir de esos sistemas.

La apuesta del programa financiado por el BCIE es, precisamente, avanzar en esa dirección: utilizar tecnología para disminuir costos y riesgos, acelerar procesos y fortalecer la capacidad estatal para administrar información crítica. Para Migraciones, ReCoBa será una pieza de esa transformación y, si la implementación cumple con los objetivos planteados, puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la eficiencia y transparencia de la administración financiera del organismo.

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Cambios en organismos clave: renunció el titular del RENAPER y el Gobierno reordenó la UIF, Transporte y ENARGAS

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El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, una serie de modificaciones en organismos estratégicos del Estado, que incluyen la renuncia del titular del RENAPER, Pablo Luis Santos, y el recambio de autoridades en la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Transporte y el ENARGAS. Los movimientos forman parte de un reordenamiento institucional que impacta en áreas sensibles vinculadas a la identidad ciudadana, el control financiero, la infraestructura de transporte y la regulación energética.

La salida más relevante es la de Pablo Luis Santos, quien dejará la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1° de febrero. En su lugar, el Ejecutivo designó a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, formalizando así un cambio en un organismo central para la administración de documentos de identidad y el padrón poblacional.

Reordenamiento en la UIF y un enroque hacia el BICE

Los decretos también oficializaron la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La vacante será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, exfiscal e identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no se desvinculará de la gestión pública. Según lo dispuesto, pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Desde la Casa Rosada descartaron que el recambio en la UIF responda a tensiones políticas internas y aseguraron que se trató de una “decisión personal”. Como argumento, remarcaron que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo cargo dentro de una entidad financiera estatal, reforzando así la lectura de continuidad institucional más que de ruptura.

Transporte y energía: cambios en áreas sensibles de la regulación

La reestructuración del organigrama también alcanzó a dos áreas clave para la economía real y los servicios públicos. En la Secretaría de Transporte, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Luis Pierrini y designó en su reemplazo a Fernando Herrmann, formalizando un cambio en un área estratégica para la logística, la movilidad y la regulación del sistema de transporte.

En el sector energético, el Gobierno oficializó la salida del interventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, y nombró como nuevo responsable a Marcelo Alejandro Nachón. Según el decreto correspondiente, el reemplazante “reúne los antecedentes que justifican su postulación”, una fórmula habitual en este tipo de designaciones que busca respaldar la legitimidad técnica del nombramiento.

Señales políticas

Los cambios simultáneos en el RENAPER, la UIF, Transporte y el ENARGAS reflejan un ajuste fino en áreas de alto impacto institucional, donde se cruzan funciones administrativas críticas, control del sistema financiero y regulación de servicios esenciales. En términos políticos, el recambio de funcionarios en organismos sensibles sugiere una búsqueda de alineamiento interno y reorganización del esquema de gestión, sin que, al menos de manera oficial, se reconozcan conflictos abiertos.

Para los sectores involucrados, las modificaciones abren una etapa de transición operativa, con atención puesta en la continuidad de los procesos administrativos, los controles regulatorios y la ejecución de políticas en curso. En particular, el funcionamiento del RENAPER, la agenda de la UIF y las decisiones en Transporte y Energía quedarán bajo la lupa en las próximas semanas, a medida que los nuevos responsables asuman plenamente sus funciones.

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El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

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La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

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El Gobierno habilitó el ingreso de personal al Renaper

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La medida se enmarca en la Decisión Administrativa 20/2025, que habilita la incorporación de personal pese a la vigencia de la Ley de Presupuesto y las restricciones sobre vacantes en el sector público.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, oficializó el traslado de una agente desde el Ministerio de Capital Humano hacia la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo descentralizado bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. La decisión, publicada el 5 de septiembre en el Boletín Oficial, se adoptó mediante la Decisión Administrativa 20/2025 y constituye una excepción al congelamiento de cargos vigente en la administración pública nacional.

Desde la sanción de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada por el Decreto 1131/2024, rige la prohibición de cubrir cargos vacantes en las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, salvo autorización expresa de la Jefatura de Gabinete. El objetivo de esta política es contener el gasto público y limitar el crecimiento de la planta estatal.

En este caso, el traslado responde a la necesidad de cubrir un puesto clave en el Renaper con un perfil específico. La agente Florencia Carla Castro Novoa (DNI 38.293.132), quien se desempeñaba en la planta permanente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pasa a ocupar un cargo de Nivel B, Grado 4, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) en el organismo encargado de la identificación ciudadana.

El Gobierno fundamentó la decisión en que la funcionaria “posee un perfil que responde a las necesidades propias de los objetivos asignados al organismo de destino”. Asimismo, se aclaró que la medida “no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente mencionada, quien ha prestado conformidad”.

Detalles técnicos de la Decisión Administrativa

La norma establece:

  • Excepción al artículo 7° de la Ley 27.701, que restringe la cobertura de cargos, únicamente para habilitar el traslado al Renaper.
  • Descongelamiento de un cargo vacante Nivel B del SINEP, homologado por el Decreto 2098/2008, en la estructura del organismo.
  • Financiamiento del gasto con partidas específicas del Renaper, bajo la Entidad 200 de la Administración Nacional.

La resolución contó con la intervención de los servicios jurídicos de ambas jurisdicciones y se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Nacional (art. 100 inciso 1) y la normativa presupuestaria vigente.

La decisión marca un precedente relevante en la política de recursos humanos del Estado en un contexto de restricciones severas sobre el empleo público. La autorización a favor del Renaper refleja la prioridad estratégica que el Gobierno asigna a la gestión de la identidad ciudadana y la emisión de documentación oficial como DNI y pasaportes.

Analistas advierten que este tipo de excepciones podrían multiplicarse en áreas sensibles vinculadas a servicios esenciales, seguridad documental y digitalización de trámites. Al mismo tiempo, el caso ilustra la tensión entre la política de ajuste fiscal y la necesidad de garantizar operatividad administrativa en organismos críticos.

De cara a los próximos meses, se espera que la Jefatura de Gabinete reciba más pedidos de excepción, lo que podría reabrir el debate parlamentario sobre el alcance de la Ley de Presupuesto y el uso de las Decisiones Administrativas como herramienta de flexibilidad en la gestión pública.

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