Redes sociales con identidad verificada, un proyecto propone vincular todas las cuentas con el Renaper

Una iniciativa presentada en el Congreso busca establecer la verificación obligatoria de identidad para los usuarios de redes sociales, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de juegos que operen en la Argentina. El proyecto, impulsado por la diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia López Pasquali, propone utilizar el Sistema de Identidad Digital (SID) del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar quién está detrás de cada cuenta, sin exigir que esa identidad sea visible públicamente.

La propuesta abre un debate sobre la seguridad digital, la prevención de delitos y los límites de la identificación obligatoria en internet. Entre sus objetivos figuran reducir las estafas, la suplantación de identidad y el grooming, además de reforzar los controles de edad en plataformas de apuestas y contenidos destinados exclusivamente a mayores de 18 años. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la privacidad, el tratamiento de datos personales y las garantías para quienes utilizan seudónimos o necesitan preservar su identidad en espacios digitales.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, la obligación alcanzaría tanto a quienes creen nuevas cuentas como a los usuarios que ya tienen perfiles activos. En caso de aprobarse, todos deberían completar el procedimiento de validación para abrir, activar o mantener sus cuentas en los servicios alcanzados por la regulación.

El mecanismo propuesto se apoyaría en el Sistema de Identidad Digital del Renaper, que permite realizar verificaciones biométricas. Las plataformas no podrían almacenar fotografías ni información biométrica de los usuarios. En su lugar, recibirían una confirmación de identidad validada, información vinculada con la mayoría de edad y un código de trazabilidad encriptado.

El diseño busca separar la comprobación de identidad de la exposición pública de los datos personales. Es decir, una persona podría continuar utilizando un nombre artístico, un avatar o un seudónimo en Instagram, Facebook, TikTok u otras plataformas, pero su cuenta tendría que estar asociada a una identidad real previamente verificada.

Ese punto constituye una de las diferencias centrales de la propuesta: no plantea eliminar el anonimato frente a otros usuarios, sino establecer una identificación reservada que permita determinar quién es el titular de una cuenta ante determinadas circunstancias judiciales. Según el proyecto, la información podría revelarse únicamente mediante un requerimiento de la Justicia en el marco de una causa civil o penal.

La iniciativa apunta así a dificultar que los servicios digitales funcionen como espacios sin trazabilidad para quienes cometen delitos. Si una cuenta fuera investigada por una estafa, fraude, comercialización de productos ilegales u otra actividad ilícita, el sistema permitiría solicitar la identificación de su titular a través del procedimiento judicial correspondiente.

Sin embargo, la existencia de una identidad verificada no elimina por sí sola los riesgos de fraude ni garantiza que una cuenta sea utilizada exclusivamente por su titular. La eficacia del mecanismo dependerá de la calidad de los controles, la protección de los datos, la seguridad de los sistemas y la capacidad de las plataformas para responder ante incidentes o intentos de suplantación.

Uno de los ejes de la propuesta es la protección de niños, niñas y adolescentes. Para acceder a aplicaciones de apuestas o contenidos restringidos a mayores de edad, los usuarios deberían acreditar que cumplen con el requisito mediante la validación biométrica. En el caso de plataformas que admitan la participación de menores, la creación de cuentas tendría que estar vinculada con una verificación realizada por sus padres, tutores o representantes legales.

La legisladora sostiene que los mecanismos actuales resultan insuficientes para impedir el acceso de menores a determinados contenidos o evitar que adultos utilicen identidades falsas para establecer contacto con ellos. La discusión, en este aspecto, se relaciona con la responsabilidad de las plataformas, los mecanismos de control parental y la necesidad de establecer procedimientos que protejan a los menores sin exponer información personal innecesaria.

El proyecto también fija obligaciones para las empresas tecnológicas. Si se convierte en ley, las plataformas alcanzadas dispondrían de un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas e implementar la validación de identidad. Los incumplimientos podrían derivar en apercibimientos, multas e incluso la suspensión temporal de los servicios dentro del territorio nacional.

En los fundamentos, López Pasquali plantea una diferencia entre los controles exigidos para realizar operaciones bancarias o trámites oficiales y la facilidad con la que actualmente se pueden crear perfiles digitales. A criterio de la diputada, esa brecha facilita determinadas modalidades delictivas y debilita la confianza de los usuarios en los servicios digitales.

La discusión legislativa deberá considerar, además, cómo se garantizará que la información utilizada para verificar identidades no se convierta en una fuente adicional de vulnerabilidad. Aunque el proyecto establece que las plataformas no podrán conservar fotografías ni datos biométricos, el sistema de trazabilidad y la circulación de información vinculada con la identidad requerirán garantías claras sobre acceso, almacenamiento, seguridad y utilización de los datos.

También será relevante determinar qué mecanismos estarán disponibles para resolver errores de identificación, rechazos de validación o dificultades de acceso al sistema. Sin procedimientos de revisión y alternativas para quienes no puedan completar la verificación por medios habituales, una obligación general podría generar obstáculos para el ejercicio de derechos y la participación digital.

La iniciativa toma como referencia regulaciones internacionales orientadas a reforzar la seguridad de los usuarios y establecer mayores responsabilidades para las plataformas. No obstante, el proyecto deberá atravesar el debate parlamentario y precisar cómo se compatibilizarán sus objetivos de prevención del delito con la libertad de expresión, la privacidad y la protección de datos personales.

El desafío regulatorio consiste en encontrar un equilibrio entre la posibilidad de investigar delitos cometidos en entornos digitales y el derecho de las personas a participar en internet sin revelar públicamente su identidad. La verificación reservada que propone el proyecto intenta responder a esa tensión, pero su alcance dependerá de las garantías institucionales y técnicas que acompañen su eventual implementación.