En el marco del nuevo esquema cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado oficial y adquirió 83 millones de dólares este martes. Con esta operación, ya acumuló compras por más de USD 100 millones en apenas dos días, llevando las reservas internacionales a USD 44.187 millones, el nivel más alto de los últimos tres años, en un contexto marcado por fuertes vencimientos de deuda y ajustes en la política cambiaria.
La autoridad monetaria profundizó así su estrategia de recomposición de reservas en medio de las modificaciones del régimen de bandas cambiarias dentro de las cuales fluctúa el dólar oficial. La compra de divisas se produjo mientras el mercado financiero permanece atento al cumplimiento de los pagos de deuda previstos para este viernes, que suman alrededor de USD 4.200 millones correspondientes a bonos soberanos.
Compras de reservas y señales al mercado cambiario
La adquisición de USD 83 millones registrada este martes se suma a los USD 21 millones comprados el lunes, configurando un volumen superior a USD 100 millones en apenas dos ruedas. Con este movimiento, las reservas internacionales del BCRA alcanzaron los USD 44.187 millones, superando nuevamente el umbral de los USD 44.000 millones, un nivel que no se observaba desde hacía tres años.
Las operaciones se enmarcan en la nueva política cambiaria de ajuste de las bandas, que redefine los márgenes de intervención oficial y busca otorgar mayor previsibilidad al mercado. En este contexto, la recomposición de reservas aparece como una señal relevante para fortalecer la posición externa del país y mejorar las expectativas financieras en el corto plazo.
Deuda, expectativas y reacción del dólar
El movimiento del BCRA coincidió con una jornada de cautela en los mercados, atravesada por la expectativa ante los vencimientos de deuda del Tesoro por USD 4.200 millones. La capacidad del Gobierno para afrontar estos compromisos se convirtió en un factor clave para el humor financiero y para la dinámica cambiaria de los próximos días.
En este escenario, el dólar mayorista retrocedió a $1.468, reflejando una menor presión compradora tras la intervención oficial. En tanto, en el Banco Nación, el tipo de cambio minorista bajó $5 y cerró en $1.490.
La combinación de compras de reservas, caída del tipo de cambio y expectativa por el pago de deuda configura un escenario de transición, en el que el mercado evalúa la consistencia del nuevo esquema cambiario y la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de divisas en un contexto de alta exigencia financiera.
En el inicio del nuevo régimen cambiario, el Banco Central compró US$ 21 millones y el Ministerio de Economía activó un canje de letras dólar linked para enfrentar vencimientos por más de $6 billones. Las medidas buscan aliviar tensiones de liquidez y sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de fuertes compromisos financieros y escasa previsibilidad en la acumulación de reservas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este lunes 5 de enero la compra de US$ 21 millones en el mercado de cambios, en lo que representa la primera adquisición de divisas en nueve meses y el primer movimiento operativo bajo el nuevo régimen cambiario que comenzó a regir a inicios de 2026. En paralelo, el Ministerio de Economía lanzó un canje de letras del Tesoro dólar linked para administrar vencimientos concentrados a mediados de enero y aliviar presiones de liquidez en el mercado financiero.
Ambas decisiones se inscriben en una estrategia oficial orientada a recomponer reservas internacionales, ordenar el frente financiero y atravesar un período crítico marcado por pagos de deuda superiores a US$ 4.100 millones esta semana, con cerca de US$ 3.700 millones en manos de inversores privados, y un elevado volumen de instrumentos atados al dólar con vencimientos inmediatos.
Primeras señales del nuevo esquema cambiario y regreso del BCRA al mercado
La compra de divisas por parte del BCRA se produjo en la segunda jornada financiera del nuevo programa cambiario, anunciado en diciembre y vigente desde el 2 de enero de 2026. Se trata de la primera intervención compradora desde el 3 de abril de 2025, cuando la autoridad monetaria dejó de adquirir dólares tras el acuerdo del Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la implementación de un sistema de bandas de flotación cambiaria.
El nuevo esquema introduce un cambio relevante: las bandas del tipo de cambio oficial se ajustan mensualmente en función de la inflación oficial con un rezago de dos meses, dejando atrás el mecanismo de actualización diaria. Además, el BCRA anticipó que buscará acumular reservas internacionales mediante compras de dólares siempre que las condiciones de liquidez y demanda de dinero lo permitan, con una meta indicativa que podría alcanzar hasta US$ 10.000 millones en 2026, supeditada al comportamiento monetario del mercado local.
No obstante, operadores del mercado advirtieron que durante la jornada el Tesoro habría intervenido para sostener la estabilidad del dólar, en un contexto de elevada sensibilidad cambiaria. Si bien se trata de cuentas independientes, fuentes financieras señalaron que, ante necesidades de divisas, el Tesoro podría recurrir al BCRA, lo que reabre interrogantes sobre la consistencia del esquema y la coordinación entre política fiscal y monetaria.
Canje dólar linked: Economía busca descomprimir un cuello de botella financiero
En simultáneo, el Ministerio de Economía lanzó una operación de conversión de deuda dólar linked para enfrentar un vencimiento clave previsto para el 16 de enero de 2026. La convocatoria, abierta hasta el miércoles 7 de enero, invita a los tenedores de la LELINK D16E6, que vence el 16/01, a canjearla por la LELINK D30E6, con vencimiento el 30 de enero de 2026, apenas dos semanas más tarde.
El objetivo oficial es asegurar un rollover ordenado, reducir la incertidumbre financiera y evitar tensiones adicionales en el mercado en un mes cargado de compromisos. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al 16 de enero vencen aproximadamente $6 billones en letras dólar linked, a los que se suman otros $651.000 millones hacia fin de mes, lo que dimensiona la magnitud del desafío para la gestión económica.
La licitación se realizará con un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar el valor nominal en dólares estadounidenses y el precio en dólares por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. La adjudicación está prevista para el 12 de enero de 2026 (T+3) y no se pagarán comisiones. El monto máximo a colocar estará limitado por la normativa vigente.
La operación se encuadra en el artículo 2° del Decreto 846/24, que habilita la suscripción en especie. En caso de incumplimiento en la entrega de la LELINK D16E6, la normativa prevé la liquidación mediante débito en pesos en la cuenta CRYL del BCRA, aplicando una penalidad del 20% sobre el valor efectivo y utilizando el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA según la Comunicación “A” 3500.
Impacto y señales al mercado
El regreso del BCRA al mercado cambiario y el lanzamiento del canje dólar linked buscan contener riesgos inmediatos, pero también exponen las tensiones estructurales del programa económico. La elevada concentración de vencimientos, la dependencia de instrumentos indexados al dólar y la limitada previsibilidad en la compra de divisas condicionan la estabilidad financiera de corto plazo.
Para el mercado, el resultado del canje será una señal clave sobre la confianza de los inversores en la capacidad del Tesoro de administrar la deuda en pesos y en dólares bajo el nuevo régimen. Al mismo tiempo, la capacidad del BCRA de sostener compras netas de divisas será determinante para fortalecer reservas y reducir la vulnerabilidad externa.
En un escenario de compromisos crecientes y márgenes estrechos, las decisiones de enero funcionan como una prueba de consistencia del nuevo esquema cambiario y de la coordinación entre política monetaria, fiscal y financiera.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó sus Objetivos y planes para el desarrollo de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 2026, un documento clave que consolida el programa de estabilización iniciado en diciembre de 2023 y proyecta una nueva etapa marcada por la remonetización de la economía, la acumulación de reservas internacionales y la continuidad del régimen de flotación cambiaria entre bandas. La hoja de ruta resulta central para el sistema financiero, el sector productivo y los mercados, ya que define el marco macroeconómico bajo el cual operarán las decisiones de inversión, crédito y precios durante el próximo año.
El informe oficial detalla que, tras eliminar la dominancia fiscal y financiera y sanear el balance del BCRA, la autoridad monetaria buscará en 2026 avanzar en la desinflación, extender la estabilidad financiera y sentar las bases de un crecimiento sostenido, manteniendo un estricto control de los agregados monetarios y reforzando la transparencia del esquema de política económica.
De la estabilización inicial a la tercera fase del programa económico
El BCRA repasó los resultados de las primeras etapas del programa económico. Durante el primer año de gestión se eliminaron desequilibrios macroeconómicos significativos: se erradicó el déficit fiscal y su monetización, se redujo la emisión por intereses del Banco Central y se inició el saneamiento de su balance mediante el traspaso de pasivos al Tesoro. En paralelo, se sinceró el tipo de cambio y se implementó un esquema de crawling peg inicial del 2% mensual, luego reducido al 1% a partir del 1 de febrero de 2025.
Según el documento, estas medidas permitieron una fuerte baja de la inflación, la normalización de precios relativos y tasas de interés, la duplicación del crédito al sector privado en términos reales y una recomposición del respaldo prudencial de los depósitos. El año cerró con un crecimiento interanual del 6% y una reducción marcada de la pobreza.
La segunda fase profundizó el ancla monetaria, fijando un límite estricto a la base monetaria amplia y eliminando completamente los pasivos remunerados del BCRA. Además, el Régimen de Regularización de Activos permitió regularizar más de USD 35.000 millones, fortaleciendo reservas y financiamiento privado en dólares.
En abril de 2025 se inició la tercera fase, orientada a una mayor flexibilidad cambiaria y de tasas. En ese marco, el 11 de abril se adoptó un régimen de flotación entre bandas móviles, con límites que se ajustan al 1% mensual. También se eliminaron restricciones clave: dejó de operar el dólar blend, se flexibilizaron pagos de importaciones, se levantaron restricciones para personas humanas y se habilitó la libre distribución de utilidades al exterior desde los ejercicios iniciados en 2025.
Reservas, financiamiento externo y normalización del mercado
El informe destaca el respaldo financiero internacional como un pilar del proceso. En 2025 se firmó un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones, con desembolsos por unos USD 15.000 millones durante el año. A esto se sumaron programas del Banco Mundial por USD 12.000 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo por USD 10.000 millones, con desembolsos efectivos por USD 4.700 millones.
Estos fondos permitieron fortalecer el balance del BCRA mediante el reemplazo de activos ilíquidos por reservas en moneda extranjera líquidas. En mayo de 2025, el Banco Central recibió USD 12.000 millones por la cancelación total de Letras Intransferibles con vencimientos en 2025 y 2026 y una cancelación parcial de la correspondiente a 2029. En agosto se sumaron otros USD 2.000 millones por nuevas cancelaciones, operaciones que también implicaron una reducción de la deuda en dólares del Tesoro.
En conjunto, el BCRA y el Tesoro lograron duplicar el nivel de reservas internacionales brutas desde el inicio de la gestión. Las compras netas del Banco Central en el mercado de cambios alcanzaron unos USD 22.000 millones, a las que se sumaron USD 1.500 millones del Tesoro y financiamiento adicional, totalizando más de USD 28.500 millones.
Durante el ciclo electoral de 2025 se registró una volatilidad cambiaria inédita: la demanda de cobertura alcanzó cerca de USD 35.000 millones, equivalente a más del 50% del M2. El BCRA intervino en tres rondas consecutivas por USD 1.110 millones para defender el techo de la banda, mientras el Gobierno eliminó transitoriamente retenciones a granos por hasta USD 7.000 millones y el Banco Central firmó un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro de Estados Unidos por hasta USD 20.000 millones.
Objetivos y lineamientos de política para 2026
Para 2026, el BCRA anticipó una nueva etapa centrada en la remonetización de la economía, compatible con la estabilidad de precios y el fortalecimiento del frente externo. La autoridad monetaria anunció que pondrá en marcha un programa de compra de reservas internacionales preanunciado a partir del 1 de enero de 2026, alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario. En una primera instancia, las compras diarias representarán alrededor del 5% del volumen del mercado de cambios, con posibilidad de operaciones en bloque para evitar disrupciones.
La política monetaria seguirá basada en el monitoreo de agregados monetarios. Mientras la inflación doméstica se mantenga por encima de la internacional, el BCRA sostendrá un sesgo monetario contractivo respecto de la trayectoria prevista en su Programa Monetario 2026. Para administrar la liquidez, se utilizarán operaciones de mercado abierto y repos pasivos con entidades financieras, con tasas de referencia basadas en el mercado secundario de LECAP.
En el plano cambiario, se mantendrá el régimen de flotación entre bandas. A partir del 1 de enero de 2026, el piso y el techo de la banda se ajustarán mensualmente al ritmo del último dato de inflación informado por el INDEC, con un rezago de dos meses. El objetivo, según el BCRA, es limitar movimientos extremos del tipo de cambio sin perder flexibilidad.
El organismo también anunció la normalización gradual de la política de encajes, buscando compatibilizar estabilidad de precios y recuperación del crédito. En materia institucional, retomará la publicación del Informe Trimestral de Política Monetaria desde enero de 2026, con mayor detalle técnico y cuantitativo sobre decisiones y perspectivas.
Pagos digitales y competencia de monedas
Otro pilar del plan 2026 es la profundización de los medios de pago electrónicos. Durante 2025 se registraron casi 15.000 millones de transacciones en pesos y más de 20 millones en dólares, con un crecimiento anual superior al 50% en moneda extranjera. El programa Transferencias 3.0 concentró operaciones equivalentes a casi 95% del PBI.
El BCRA anticipa más interoperabilidad, menor uso de efectivo y avances en competencia de monedas, con cuentas y medios de pago en pesos y dólares funcionando en paralelo.
También se prevé impulsar instrumentos electrónicos como el ECHEQ, la factura de crédito MiPyME y nuevos mecanismos de cobro de cuotas, con foco en seguridad y prevención del fraude.El desafío de sostener la confianza
El mensaje del BCRA para 2026 es claro en los objetivos, pero exigente en la ejecución. La remonetización, la compra de reservas y el ajuste de las bandas al IPC requieren coordinación fina con el Tesoro y acceso sostenido a los mercados internacionales.
Con una inflación que todavía ronda el 30% anual y un mercado atento a cualquier desvío fiscal o cambiario, el programa enfrenta su principal prueba. La estabilidad lograda en 2025 sienta una base sólida, pero el 2026 pondrá a prueba si el esquema puede combinar crecimiento, desinflación y confianza en el peso de manera duradera
Las definiciones del BCRA tienen implicancias directas sobre el sistema financiero, el sector productivo y los mercados de capitales. La continuidad del control de agregados monetarios y la compra preanunciada de reservas buscan anclar expectativas y reducir la incertidumbre cambiaria, mientras que la mayor previsibilidad favorece la inversión privada y la expansión del crédito.
El informe también anticipa avances en medios de pago, finanzas abiertas y digitalización, con impacto en costos de transacción y eficiencia del sistema. En paralelo, el fortalecimiento de la competencia de monedas y la eventual flexibilización adicional de restricciones cambiarias sobre stocks de dividendos y deudas comerciales podrían mejorar la integración financiera internacional.
En un contexto de consolidación fiscal y reformas estructurales en debate, el BCRA plantea para 2026 un esquema que combina disciplina monetaria, mayor flexibilidad operativa y una estrategia explícita de acumulación de reservas, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó en el centro de una controversia institucional de alto impacto económico y político tras un fallo de la Justicia que lo obliga a brindar información pública sobre el eventual envío de reservas de oro al exterior. La decisión judicial, adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión de activos estratégicos del Estado, el riesgo de embargos en el marco del juicio por la expropiación de YPF y la estrategia oficial para obtener rendimientos financieros en un contexto de escasez de dólares.
El conflicto enfrenta al Gobierno nacional, que alega razones de seguridad y confidencialidad, con sectores sindicales, legislativos y de control que reclaman acceso pleno a la información, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. En paralelo, el BCRA sostuvo ante la Justicia que “no existen contratos que registren el envío de oro al exterior”, una afirmación que profundiza la incertidumbre sobre el destino y el uso de las reservas.
El fallo judicial y la obligación de informar
La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, dispuso que el Banco Central debe brindar información pública vinculada al eventual traslado de lingotes de oro fuera del país. La resolución revocó un fallo de primera instancia que había avalado la negativa del organismo monetario a responder los pedidos de información formulados por la Asociación Bancaria.
La presentación judicial se inscribió en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y contó con el respaldo de directores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que asiste al Poder Legislativo en el control externo del sector público. Para estos actores, la falta de información constituye un “escándalo institucional”, mientras que desde el Poder Ejecutivo se argumenta que revelar datos sensibles podría exponer las reservas a eventuales embargos por parte de acreedores externos.
El trasfondo inmediato es el juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en tribunales de Nueva York y que podría derivar en reclamos por más de USD 18.000 millones. En ese contexto, la localización precisa de activos estratégicos, como el oro del BCRA, es observada con atención por fondos de inversión de alto riesgo, conocidos como “fondos buitre”.
El oro del Banco Central y la estrategia financiera oficial
Según la información disponible, el envío de oro al exterior impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tuvo un antecedente directo en 2017, cuando durante la gestión de Federico Sturzenegger se transfirieron al Banco de Inglaterra activos por un valor estimado en USD 462 millones, con el objetivo de obtener rentabilidad en el mercado internacional.
La actual administración sostiene que la operatoria apunta a hacer rendir activos ociosos en un contexto de restricciones externas severas. En ese marco, se analizan operaciones de tipo Repo, que consisten en la venta de un activo —en este caso oro— con el compromiso de recomprarlo en un plazo y precio determinados, a cambio de liquidez inmediata en dólares para afrontar vencimientos.
El BCRA afirma que el stock declarado de oro, equivalente a 1,98 millones de onzas, se mantiene estable desde hace al menos cinco años y que las reservas de oro están valuadas actualmente en USD 4.900 millones. Sin embargo, tanto la oposición como la AGN reclamaron precisiones sobre fechas, destino, bancos custodios y tipo de operación financiera involucrada.
La controversia se profundizó cuando trascendió que, según la respuesta oficial del Central, “los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”, y que, en consecuencia, “no se han tenido que elaborar informes del servicio jurídico del BCRA”.
Antecedentes históricos y disputa política
El oro en cuestión tiene un fuerte contenido simbólico y económico. Fue incorporado mayoritariamente durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando el BCRA adquirió 54,8 toneladas del metal por un desembolso estimado entre USD 700 y 750 millones, anticipando la revalorización internacional del oro tras la salida de la Convertibilidad. Esa estrategia generó, según estimaciones, una ganancia contable de USD 2.600 millones para el Banco Central.
Posteriormente, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA, el stock se elevó a 61,74 toneladas, el nivel más alto de la historia reciente. En los años siguientes, parte de esas reservas se utilizó como respaldo crediticio y se vendieron cerca de cinco toneladas para afrontar compromisos externos, una porción de las cuales fue recomprada durante la pandemia.
El actual conflicto refleja un quiebre político profundo. Desde sectores del oficialismo se considera que la exigencia de información favorece a los acreedores externos, mientras que desde el gremio bancario y la AGN se insiste en que el acceso a la información pública es un principio básico del control democrático. La tensión se trasladó incluso al funcionamiento de la auditoría, cuyos integrantes denunciaron que el BCRA solo ofreció acceso restringido a datos “sensibles”, sin posibilidad de copias ni registros, lo que imposibilita técnicamente la tarea de control.
Un escenario abierto y de alto impacto institucional
Con el fallo judicial firme, el Banco Central deberá ahora ratificar su postura en sede judicial y definir el alcance de la información que entregará. El desenlace del caso tendrá implicancias directas sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control, la credibilidad institucional del BCRA y la percepción de riesgo por parte de los acreedores externos.
Mientras tanto, el debate por el oro del Banco Central se consolida como uno de los focos más sensibles de la agenda económica y política, en un contexto donde la escasez de divisas, la presión judicial internacional y la disputa interna por la transparencia configuran un escenario de alta incertidumbre.
Según la consultora Ecolatina el Gobierno lanzó la “Fase de Remonetización” y redefine el esquema cambiario y monetario desde 2026
El Gobierno anunció al cierre de la rueda del lunes una nueva etapa del programa económico, denominada “Fase de Remonetización”, que introduce cambios relevantes en la política cambiaria y monetaria. El nuevo esquema contempla un programa de acumulación de reservas, la indexación del crawling peg a la inflación y la normalización gradual de encajes, en un contexto marcado por la necesidad de recomponer reservas, sostener la desinflación y consolidar el acceso al financiamiento.
La medida fue presentada tras una colocación de deuda en dólares por debajo de lo esperado y un mercado cambiario que no reaccionó con el optimismo previsto luego del resultado electoral de octubre. En ese marco, el rediseño busca corregir desequilibrios del esquema vigente, evitar una apreciación real persistente del tipo de cambio y sentar las bases para una mayor estabilidad macroeconómica hacia 2026, aunque introduce nuevos interrogantes sobre la velocidad de la desinflación y el grado de discrecionalidad del Banco Central.
Programa de compras de reservas y nuevo crawling peg indexado
El eje central de la Fase de Remonetización es el inicio, a partir del 1° de enero de 2026, de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central, alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Según el escenario base oficial, la Base Monetaria pasaría del 4,2% del PIB actual al 4,8% del PIB en diciembre de 2026, lo que equivale a compras de divisas por aproximadamente USD 10.000 millones, con la posibilidad de extenderse hasta USD 17.000 millones adicionales si la relación base-producto aumentara un punto porcentual.
Las compras estarán condicionadas por la oferta de divisas del balance de pagos, en particular de la Cuenta Financiera, y por la evolución de la demanda de dinero. El BCRA no intervendrá de manera automática: el monto diario de compras no superará inicialmente el 5% del volumen operado en el mercado de cambios y podrá ajustarse según la liquidez disponible, con el objetivo explícito de evitar presiones alcistas sobre el dólar. Además, se habilita la posibilidad de realizar “compras en bloque” por fuera del mercado, modalidad que el Tesoro ya utilizó durante 2025.
En paralelo, el Gobierno anunció una modificación sustancial del esquema cambiario. A partir de enero de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación publicado por el INDEC. En enero, el crawling peg será del 2,5% mensual, correspondiente a la inflación de noviembre, y se actualizará en los meses siguientes conforme a los nuevos registros. Este rediseño reemplaza el esquema previo, en el que el techo de la banda crecía al 1% mensual mientras la inflación se ubicaba en torno al 2%.
Como resultado, el nuevo esquema evita la apreciación real que venía acumulándose. De acuerdo con estimaciones basadas en la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, el techo de la banda alcanzaría en diciembre de 2026 los $1.860 (o $1.930 según otras proyecciones), entre un 8% y un 12% por encima del nivel que habría resultado con un deslizamiento del 1%, que lo habría ubicado en torno a $1.720.
Efectos macroeconómicos, reservas y discrecionalidad del esquema
Desde el punto de vista macroeconómico, la indexación del crawling peg presenta efectos contrapuestos. Por un lado, permite que el tipo de cambio real deje de apreciarse e incluso se deprecie en el margen, mejorando la competitividad externa. En un contexto internacional en el que la Reserva Federal muestra un sesgo más moderado y la inflación en Estados Unidos sorprendió a la baja en noviembre, el escenario de tasas internacionales más bajas hacia 2026 podría favorecer el apetito por deuda emergente y un dólar global más débil, ampliando el margen de competitividad cambiaria.
Por otro lado, el tipo de cambio dejará de funcionar como ancla nominal del programa económico, lo que introduce un componente inercial en la dinámica de precios y podría derivar en una desinflación más lenta. Además, el esquema arranca con un tipo de cambio real que, si bien mejoró cerca de un 20% desde la implementación de las bandas en abril, todavía luce bajo en términos históricos.
En este contexto, el comportamiento del dólar dentro de la banda será clave y dependerá de la oferta y demanda de divisas y de las expectativas del mercado. Tras el anuncio, el Tesoro habría interrumpido su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Entre la semana pasada y el martes posterior al anuncio, los depósitos del Tesoro crecieron de USD 309 millones a USD 2.077 millones, impulsados por compras en el MULC, el ingreso del BONAR y movimientos con organismos internacionales. Sin embargo, luego del anuncio, Hacienda pasó a contener la cotización mediante ventas de instrumentos dólar linked en el mercado secundario y ventas directas de USD 13 millones y USD 150 millones en el MULC, lo que explicó la estabilidad del dólar en torno a los $1.450 durante cuatro jornadas consecutivas, con un volumen operado cercano a USD 600 millones.
La estrategia oficial refleja un rasgo central del nuevo programa: la preferencia por la discrecionalidad antes que por reglas rígidas. La política de encajes se ajustará gradualmente según la evolución de las variables monetarias y cambiarias, y el límite del 5% de participación del BCRA en el mercado es indicativo, no obligatorio. Esto deja abierta la posibilidad de jornadas sin compras o con intervenciones superiores a ese umbral, así como operaciones fuera del mercado cambiario formal.
Repercusiones en el mercado y el desafío del Riesgo País
En el corto plazo, el dólar oficial se mantuvo dentro del techo de la banda ($1.400–$1.450) y cerró en $1.450, con una suba semanal del 0,6%. Las Reservas Netas habrían retornado a terreno positivo y se estiman en torno a USD 1.400 millones. En contraste, los dólares alternativos mostraron alzas: el dólar minorista subió 0,7% hasta $1.474, el blue avanzó 2,8% a $1.485, el CCL con CEDEARs trepó 2,1% a $1.547 y el MEP con AL30 aumentó 1,5% a $1.494. La brecha cambiaria promedio se ubicó cerca del 4%.
Los contratos de dólar futuro también reflejaron el nuevo escenario: los vencimientos cortos subieron 0,3%, mientras que los contratos desde marzo de 2026 avanzaron 1,1%. Las devaluaciones implícitas cerraron en +0,5% para diciembre, +2,9% para enero y +5,0% para febrero.
Hacia adelante, el principal interrogante es la compatibilidad entre la recomposición de reservas y el respeto del techo de la banda cambiaria. Para que el escenario base del Gobierno se materialice, será clave una nueva baja del Riesgo País que habilite al Tesoro a regresar al mercado de capitales en 2026 y comenzar a rollear vencimientos. A ello se sumarían ingresos por la Cuenta Financiera, una mayor oferta del sector agropecuario y potenciales inversiones extranjeras bajo el régimen RIGI, además de colocaciones internacionales que podrían habilitarse si el Presupuesto 2026 se aprueba en el Congreso.
