El Poder Ejecutivo nacional extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 0% del Derecho de Exportación para determinadas mercaderías de aluminio y acero destinadas a países que aplican aranceles de importación iguales o superiores al 45%. La medida, formalizada mediante el Decreto 930/2025 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, busca sostener la competitividad externa de sectores industriales estratégicos en un contexto internacional marcado por barreras comerciales y prácticas proteccionistas.
La decisión modifica el plazo originalmente fijado por el Decreto 726/2025, que establecía el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2025. Con esta prórroga, el régimen especial continuará vigente por tres meses adicionales, mientras persistan las condiciones que afectan el acceso de los productos argentinos de aluminio y acero a determinados mercados internacionales.
Un alivio fiscal para sectores industriales estratégicos
El Decreto 726/2025 había dispuesto fijar en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación para ciertas mercaderías vinculadas a los sectores de aluminio y acero, siempre que se exporten a países que, al momento de la operación, apliquen a esos bienes un arancel de importación ad valorem igual o superior al 45%.
Según los considerandos del nuevo decreto, la República Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en ambos sectores, que cumplen un rol estratégico dentro de la estructura industrial nacional por su aporte al volumen exportador, el empleo y el valor agregado. En ese marco, el mantenimiento del arancel cero aparece como una herramienta para amortiguar el impacto de restricciones externas que encarecen el ingreso de estos productos a ciertos destinos.
La prórroga alcanza a las operaciones que se realicen hasta el 31 de marzo de 2026, o hasta que se formalice una reducción del arancel de importación aplicado por los países de destino, lo que ocurra primero, manteniendo intactas las condiciones ya establecidas por la normativa original.
Proteccionismo externo y competitividad exportadora
En los fundamentos del Decreto 930/2025, el Gobierno advierte que en los últimos años diversos países han incrementado significativamente los aranceles de importación sobre productos de aluminio y acero, configurando una forma de proteccionismo que restringe el comercio internacional y afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas.
Ante la persistencia de este escenario, el Ejecutivo consideró necesario prorrogar la vigencia del régimen excepcional para mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador. La medida se apoya en las facultades conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero (Ley 22.415) y por los artículos 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a fijar y modificar derechos de exportación.
Asimismo, el decreto dispone dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, conforme a lo establecido por la Ley 26.122, que regula el control parlamentario de los decretos dictados en ejercicio de facultades delegadas.
Impacto económico y posibles repercusiones
La extensión del arancel cero representa un alivio fiscal directo para las empresas exportadoras de aluminio y acero, al reducir el costo tributario de las operaciones dirigidas a mercados con altos niveles de protección. En términos económicos, la medida apunta a preservar márgenes de rentabilidad, sostener flujos de exportación y evitar una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países.
Desde el plano institucional, la decisión refuerza el uso de instrumentos aduaneros y tributarios como respuesta a distorsiones del comercio internacional, mientras se mantiene el seguimiento legislativo a través del Congreso. De persistir las barreras externas, el esquema podría seguir siendo una referencia clave en la política comercial argentina hacia sectores industriales considerados estratégicos.
Mientras el Presupuesto 2026 transita su etapa final de debate en el Congreso Nacional, un análisis privado encendió señales de alerta sobre la factibilidad de cumplir las metas fiscales proyectadas, en particular la vinculada a la recaudación por derechos de exportación (DEx). Desde el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) advirtieron que el cálculo oficial “no cierra” y que, bajo las condiciones actuales, el objetivo planteado resultaría prácticamente inalcanzable.
El foco del cuestionamiento está puesto en la proyección elaborada por el Ministerio de Economía, que estima que la recaudación por retenciones alcanzará los $9,97 billones en 2026, un crecimiento interanual del 22,8% respecto del monto previsto para 2025, calculado en $8,12 billones. El dato adquiere relevancia central si se considera que el sector agroindustrial aporta cerca del 80% de esos ingresos, lo que convierte a la política aplicada sobre el comercio exterior en un factor determinante para el equilibrio fiscal proyectado.
Un punto de partida cuestionado y una brecha fiscal creciente
El análisis del IDAA, elaborado por el ingeniero agrónomo Javier Patiño, sostuvo que el problema central radica en el punto de partida utilizado para la proyección, al considerar que la meta de recaudación de 2025 no se alcanzaría como consecuencia de la eliminación temporal de las retenciones y de la reciente reducción de las alícuotas de los DEx.
Según detalló el informe, entre enero y noviembre la recaudación por derechos de exportación alcanzó los $6,87 billones, mostrando una tendencia declinante luego del último esquema de Dólar Soja de septiembre. En ese período, se registraron 19 millones de toneladas de granos y subproductos con retenciones cero, lo que impactó de manera directa en los ingresos fiscales.
Bajo ese escenario, Patiño estimó que la recaudación final de 2025 cerraría en torno a los $7,17 billones, muy por debajo de los $8,12 billones tomados como base por el Gobierno. En consecuencia, alcanzar los $9,97 billones en 2026 implicaría un incremento cercano al 39% interanual, una cifra sensiblemente superior a la proyectada oficialmente.
Retenciones cero, baja de alícuotas y el impacto en el complejo soja
El informe también subrayó un aspecto clave del proceso legislativo: el Presupuesto fue girado al Congreso el 15 de septiembre, es decir, antes de la implementación de las retenciones cero y de la posterior reducción de las alícuotas. Esa rebaja alcanzó los dos puntos porcentuales para la soja y sus subproductos, así como para trigo, cebada y sorgo, y un punto para el maíz y el complejo girasol.
En este contexto, Patiño advirtió que “alcanzar la meta se torna más difícil o casi imposible”, especialmente en el caso del complejo soja, que constituye el principal aportante a la recaudación por retenciones debido a su elevada carga tributaria histórica.
Como ejemplo concreto, señaló que durante los dos días de vigencia de las retenciones cero se registraron exportaciones para embarcar en 2026 que implicaron US$340 millones menos para el fisco, equivalentes a $462.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento. Ese monto, remarcó, debería descontarse directamente de la recaudación proyectada para el próximo ejercicio.
A ello se suma el efecto estructural de la baja de alícuotas. Partiendo de una proyección de cosecha de soja de 48,5 millones de toneladas, estimada por el USDA, y descontando el consumo interno y las exportaciones ya registradas, quedarían 37,7 millones de toneladas disponibles para exportar como poroto o como subproductos industriales.
En términos fiscales, Patiño calculó que los dos puntos menos de DEx representan, a grandes rasgos, US$310 millones menos de recaudación, equivalentes a $446.000 millones. De este modo, advirtió que solo considerando la soja anotada durante las retenciones cero más la baja de alícuotas, el Estado estaría resignando cerca de un billón de pesos, sin computar lo dejado de percibir por el resto de los complejos exportadores.
Escenarios posibles y tensiones en el debate presupuestario
Frente a este panorama, desde el IDAA plantearon que las alternativas para compensar la pérdida de ingresos son limitadas. Según el análisis, solo dos escenarios podrían revertir parcialmente el desfasaje: una suba significativa de los precios internacionales de los commodities, considerada “muy improbable”, o una fuerte devaluación que mejore los números fiscales medidos en moneda local.
La advertencia introduce un elemento de tensión técnica y política en el tratamiento del Presupuesto 2026, al poner en discusión la consistencia de las proyecciones fiscales en un contexto de cambios en la política tributaria sobre el agro. Para el sector agroindustrial, principal aportante de los DEx, el debate también reabre interrogantes sobre la sustentabilidad de los ingresos del Estado y el impacto de las decisiones fiscales en la competitividad exportadora.
El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre de 2025 con superávit fiscal y financiero, en un contexto marcado por una fuerte contracción real del gasto público y una caída significativa de los ingresos. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el resultado primario fue positivo en $2,13 billones y el financiero alcanzó los $0,60 billones, tras el pago de $1,53 billones en intereses de deuda. El dato confirma la consolidación del ajuste iniciado en 2024, aunque también expone un déficit financiero implícito creciente, asociado a la capitalización de intereses de la deuda en pesos.
En términos prácticos, el superávit se explica casi exclusivamente por el recorte del gasto, que compensó la caída de la recaudación, y permitió al Gobierno ubicarse por encima de las metas fiscales comprometidas con el FMI. Sin embargo, el informe advierte que, al incorporar los intereses capitalizados de títulos como LECAP, BONCAP y DUALES, el resultado financiero mensual se tornaría deficitario y el rojo acumulado del año alcanzaría niveles sustanciales.
Ajuste fiscal: superávit primario con fuerte contracción del gasto
Durante noviembre, los ingresos totales del SPN sumaron $11,40 billones, con una caída interanual real del 9,7% y del 16,0% respecto del mismo mes de 2023. En paralelo, el gasto total fue de $9,27 billones, lo que implicó una reducción real del 14,2% interanual y una contracción del 35,2% frente a noviembre de 2023, confirmando la profundización del ajuste fiscal.
El informe de CEPA subraya que, de no haberse aplicado recortes significativos en partidas sensibles, el resultado financiero habría sido negativo. En particular, si los rubros “Otros programas”, Prestaciones del INSSJP y Universidades Nacionales hubieran mantenido en noviembre el mismo nivel de ejecución que en 2024, el gasto adicional habría ascendido a $1,34 billones, transformando el superávit financiero de $0,60 billones en un déficit de $0,74 billones.
Dentro del gasto, las Prestaciones Sociales cayeron 10,6% interanual y 19,8% frente a 2023. Se destacan recortes en Asignaciones Familiares (-17,5%), INSSJP (-44,6%), Pensiones no contributivas (-16,8%) y, especialmente, en “Otros programas” (-79,8% respecto de 2023), donde se incluyen políticas como Tarjeta Alimentar, comedores comunitarios, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.
Las Jubilaciones y pensiones contributivas mostraron una suba interanual del 5,5%, aunque en el acumulado de 2025 registran una caída real del 6,3% frente a 2023. En tanto, las Universidades Nacionales exhibieron un desplome del 95,5% interanual y del 96,7% respecto de noviembre de 2023, en un esquema de postergación de transferencias que ya se había observado en junio de este año, tras la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ingresos en caída y efectos de las medidas tributarias
La contracción de los ingresos estuvo atravesada por cambios normativos y efectos de base de comparación. El informe detalla una caída del 67,7% interanual en Bienes Personales, explicada por el impacto del REIBP, vigente desde septiembre de 2024, y por la prórroga de pagos aplicada el año pasado. También se registró una baja del 7,7% interanual en el impuesto a las Ganancias.
El rubro “Resto de tributos” retrocedió 42,5% interanual, debido a la eliminación del Impuesto PAIS, descontinuado a fines de 2024. CEPA estima que, de haberse mantenido vigente, este tributo habría aportado $8,73 billones reales en los primeros once meses de 2025.
En comercio exterior, los Derechos de Exportación se desplomaron 67,2% interanual, como resultado de liquidaciones anticipadas y de medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0% para diversos productos. El informe advierte que es previsible que en los próximos meses continúen las caídas en este tributo. En contraste, los Derechos de Importación crecieron 8,0% interanual, en línea con un aumento de las importaciones.
Déficit financiero implícito y metas con el FMI
Aunque el resultado financiero de noviembre fue positivo, CEPA remarca que el Tesoro continúa priorizando la emisión de títulos capitalizables en pesos, lo que difiere el registro de intereses. Solo en noviembre, los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES ascendieron a $2,65 billones. Si se incorporan estos compromisos, el resultado financiero del mes se transforma en un déficit de $2,05 billones y el déficit acumulado de 2025 alcanza los $21,22 billones.
Pese a este escenario, en términos de metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se mantiene holgado. Tras la revisión de agosto de 2025, el objetivo de superávit primario para diciembre quedó fijado en $10,88 billones. Hasta noviembre, el SPN acumuló un resultado positivo de $14,65 billones, es decir, $3,76 billones por encima de la meta.
El informe concluye que el programa fiscal muestra consistencia en el corto plazo gracias al ajuste del gasto, pero plantea interrogantes sobre su sostenibilidad, en un contexto de caída de ingresos, recortes profundos en áreas sociales y educativas, y un endeudamiento en pesos que esconde un déficit financiero de magnitud creciente.
El Tesoro ajusta su programa financiero en pesos en un contexto de reservas netas negativas y dólar estable. El análisis de la consultora Ecolatina.
La semana financiera estuvo marcada por un intenso rally de licitaciones del Tesoro, la colocación del primer bono soberano en dólares en ocho años y una serie de definiciones cambiarias que reordenan el esquema monetario. Con un dólar oficial estabilizado en la zona de $1.400-$1.450 y reservas netas nuevamente en terreno negativo, el foco del mercado se desplazó hacia la sostenibilidad del programa financiero en pesos y la capacidad del Tesoro para afrontar los vencimientos de enero.
Licitaciones, deuda en dólares y señales del mercado
La semana estuvo cruzada por el rally de licitaciones del Tesoro y una serie de novedades en el plano cambiario. Mientras tanto, el dólar spot cerró hoy en $1.441 y se ubicó 0,4% por encima del viernes de la semana anterior.
Dentro de las novedades, se encontró la baja de retenciones y el pago de BOPREAL del BCRA, que no afectó a las Reservas Brutas, pero sí a las Netas. Dentro de las licitaciones, Finanza captó USD 910 M (USD 1.000 M VNO) en la colocación del nuevo BONAR 2029 a una tasa del 9,26% TNA. Dentro de los aspectos a mejorar, la tasa convalidada aún sigue en niveles elevados (levemente por encima de las expectativas, aunque las vueltas a los mercados suelen ser graduales), lo cual podría explicarse por la incertidumbre generada ante la falta de acumulación de Reservas y las dudas sobre el esquema cambiario en el corto plazo. Por otro lado, el Tesoro obtuvo un rollover del 102% en la licitación en pesos de la semana. Con el Tesoro dando señales de mayores compras de dólares en el MULC, la cuestión pasa por el programa financiero en pesos. Para cancelar los compromisos totales en moneda dura de enero (USD 4.600), la exigencia en pesos rondaría los $4,6 bn al tipo de cambio actual, superior al stock de depósitos (rondarían los $3,3 bn). Para robustecer las cuentas, el Tesoro tendrá disponible en el corto plazo los ingresos correspondientes al superávit fiscal y a depósitos disponibles en bancos públicos, y hacia adelante un eventual giro de Utilidades por parte del BCRA.
En síntesis, el programa financiero podrá salir airoso en enero. Para lo que resta del 2026, vemos un Tesoro con sus cuentas robustecidas por un nuevo giro de Utilidades del BCRA y siendo una pieza fundamental en el esquema de agregados monetarios, influyendo y testeando la demanda nominal de dinero en las diferentes licitaciones de Finanzas.
Reservas, retenciones y compras de dólares
La semana estuvo cruzada por el rally de licitaciones del Tesoro y una serie de novedades en el plano cambiario. Mientras tanto, el dólar spot cerró hoy en $1.441 y se ubicó 0,4% por encima del viernes de la semana anterior. En este sentido, la divisa norteamericana se mantiene firme en la zona de flotación post-electoral ($1.400 – $1.450) y los contratos de dólar futuro se encuentran alineados al interior de la banda cambiaria al menos hasta junio del próximo año.
Empezando por las novedades, el martes por la mañana Caputo anunció una nuevabaja permanente de retenciones a las exportaciones para el sector agropecuario: la Soja pasó de 26% a 24%; los Subproductos de soja de 24,5% a 22,5%; Trigo y cebada de 9,5% a 7,5%; Maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%; y Girasol de 5,5% a 4,5%. En otro orden, los datos monetarios confirmaron que el BCRA pagó el vencimiento de BOPREAL por diciembre por el orden de USD 1.000 M, movimiento que no afectó las Reservas Brutas, pero sí las Netas. En detalle, tras el pago las Reservas Brutas se mantuvieron estables en el orden de los USD 41.900 M, debido a que parte de los dólares se mantuvieron en el sistema y se encajaron en el Central. No obstante, la medición de Reservas Netas (Brutas – SWAPs – Encaje – REPOs – SEDESA) pasó de USD 580 M el 27/11 (previo al pago) a terreno negativo por el orden de los USD 400 M en la actualidad.
Por otro lado, Finanza captó USD 910 M (USD 1.000 M VNO) en la colocación del nuevo BONAR 2029 a una tasa del 9,26% TNA. De esta forma, el país volvió a colocar deuda en dólares luego de ocho años y lo hizo a una tasa inferior a lo que reflejan los bonos argentinos bajo legislación local comparables en el mercado (cerca de 100 puntos básicos por debajo). Si bien el resultado es positivo, ya que es un nuevo paso de cara al retorno a los mercados internacionales en 2026, dejó sabor a poco producto del optimismo con el que se encaró la previa a la licitación.
Incluso, el Central pavimentó una mayor participación en la previa mediante una batería de normativas: 1) Redujo la restricción cruzada de 90 a 15 días para personas que participen en la licitación y para aquellas que quieran reinvertir los pagos que percibirán el próximo enero; y 2) Introdujo un plazo de 90 días (antes era 300, pero incluía sólo emisiones corporativas) el límite que tienen las entidades financieras para vender en el mercado secundario los títulos en dólares del Tesoro adquiridos en licitaciones primarias (de hacerlo, se ven obligadas a compensarla con otro instrumento del Tesoro de igual duration denominado en USD). Por su parte, el Tesoro habilitó a que las aseguradoras puedan apalancarse en cauciones en dólares siempre y cuando se suscriban a letras en dólares emitidas en el mercado primario.
El desafío del programa financiero en pesos
Volviendo al resultado, ¿cuáles son los aspectos para mejorar? En primer lugar, la tasa convalidada aún sigue en niveles elevados (levemente por encima de las expectativas, aunque las vueltas a los mercados suelen ser graduales), lo cual podría explicarse por la incertidumbre generada ante la falta de acumulación de Reservas y las dudas sobre el esquema cambiario en el corto plazo. A su vez, pese a rechazar ofertas (se recibieron ofertas por USD 1.400 M), el Tesoro captó apenas el 22% de los vencimientos en USD que deberá cancelar a principios de enero con bonistas privados (USD 4.200 M en total). Por tal motivo, es probable que para cubrir el remanente de vencimientos las autoridades recurran a un nuevo REPO con bancos privados. Recordemos que Caputo confirmó que tienen negociaciones avanzadas por hasta USD 7.000 M, pero que la cifra final a adjudicar aún no estaba definida por parte del equipo económico.
En este marco, el Tesoro habría acelerado las compras de dólares. En un mix entre mayores señales de compras que demanda el mercado y la necesidad per se de cara a los vencimientos de enero (sólo USD 4.200 M corresponden a bonos), el Tesoro quebró la racha de ventas con la que inicio diciembre en el MULC (estimamos -USD 60 M) y comenzó a comprar. En detalle, el viernes 5/12 compró USD 47 M y, según la prensa, habría comprado USD 50 M y USD 220 M entre el miércoles y el jueves, respectivamente. De todas formas, habrá que esperar los datos para confirmar si fue así y si corresponde a compras al mercado o BCRA.
De esta forma, sumándole los ingresos netos de Organismos Internacionales, el stock de depósitos en dólares en el BCRA pasó de USD 108 M el 1/12 a USD 309 M el 9/12, y llegaría a los USD 579 M si sumamos lo trascendido por los medios. A esta suma, habrá que restarle egresos brutos con OOII por USD 188 M que restan por diciembre, aunque habrá que tener en cuenta potenciales ingresos (el 5/12 ingresaron USD 65 M). Contemplando también el ingreso de la licitación que ocurrirá hoy, los depósitos podrían llegar a los USD 1.300 M a comienzos de la semana próxima.
Para el mismo lapso, y como contrapartida de dichos movimientos, los depósitos en pesos rondarían los $3,3 bn. Este número contempla la última licitación del año realizada por Finanzas, donde adjudicó $21,3 bn (sobre ofertas por $23,4 bn) y obtuvo un rollover del 102%. Los títulos a tasa fija concentraron cerca del 38% de lo adjudicado, con cortes de entre 31% y 33% TIREA en los vencimientos de 2026 y 2027 (S17A6, S29Y6, S30N6 y T31Y7). Por su parte, los instrumentos CER explicaron aproximadamente el 48% del total, con rendimientos que oscilaron entre 6,3% y 8,9% para plazos de 2026 a 2028 (X29Y6, X30N6, TZXY7 y TZX28). En tanto, el bono TAMAR M31G6 absorbió alrededor del 12% de la colocación y cortó con un margen de 4,43%. Finalmente, la demanda por instrumentos dólar linked fue marginal: sólo se adjudicaron $0,05 billones en la D30A6, con una tasa del 2,72%.
Así las cosas, la cuestión pasa por programa financiero en pesos. Si bien de cara a los vencimientos de enero se podría seguir acumulando dólares en el mercado (máxime con una gran campaña de trigo por delante), la activación del REPO para alcanzar un potencial remanente no alivia las necesidades de liquidez en pesos. ¿A qué nos referimos? Ya sea vía mercado o REPO (lo realiza el BCRA y el Tesoro deberá adquirirlos), se necesitarán los pesos para comprar dólares necesarios. Hagamos un ejercicio sencillo. Decíamos que el Tesoro va a llegar a USD 1.300 M, teniendo en cuenta los vencimientos de enero totales por USD 4.600 M (sumamos OOII+OFI), eso arroja una necesidad cercana a los USD 3.300 M que requeriría un total de $4,7 bn a un tipo de cambio de $1.438. A esto, se le suman vencimientos de instrumentos en pesos en enero por $29,3 bn (estimamos cerca de $17,5 sacando BCRA), que para facilitar el ejercicio podríamos suponer que Finanzas obtendrá un rollover rondando el 100%.
En este último tiempo por diversas razones venimos mencionando que vemos probable un nuevo giro de Utilidades del BCRA al Tesoro el próximo año. Dicho giro suele producirse una vez se presente el balance contable anual del BCRA, el cual en los últimos siete años se produjo entre abril y mayo del año siguiente. ¿Cuál será el puente hasta entonces? La cuenta del Tesoro se podrá robustecer mediante los ingresos correspondientes al superávit fiscal y a los depósitos en los bancos públicos. El último dato disponible a septiembre ubicó los depósitos en $15 bn, los cuales una parte se pueden inyectar a las cuentas del Tesoro (como en feb-25). Teniendo en cuenta que en promedio durante 2024 se ubicó en $8,8 bn (a precios de septiembre) y que en diciembre producto de pagos de aguinaldo el sector público incurriría en un déficit (como en dic-24), un númeroconservador arroja que podrían inyectar como mínimo $4 bn a las cuentas del Tesoro.
En síntesis, el programa financiero podrá salir airoso en enero. Para lo que resta del 2026, vemos un Tesoro con sus cuentas robustecidas por un nuevo giro de Utilidades del BCRA y siendo una pieza fundamental en el esquema de agregados monetarios, influyendo y testeando la demanda nominal de dinero en las diferentes licitaciones de Finanzas.
Dólar oficial estable
Con un dólar estabilizado en el orden de los $1.400-$1.450, el dólar spot finalizó en $1.441 y se ubicó 0,4% por encima del viernes de la semana anterior. Por otro lado, las Reservas Netas (Brutas – Swap CH y USA – Encajes – REPOs – SEDESA) habrán finalizado en terreno negativo por -USD 400 M.
La brecha cambiaria se estabiliza
Los dólares alternativos finalizaron mixtos: el dólar minorista subió 0,1% ($1.465) respecto al viernes de la semana anterior, el dólar blue aumentó 1,4% ($1.445) y, por el contrario, el dólar CCL operado con CEDEARs bajó 0,7% ($1.515) y el dólar MEP operado con AL30 cayó 0,1% ($1.472). En este contexto, la brecha cambiaria promedio finalizó en la zona del 3%.
Los futuros de dólar neutros
Los contratos a futuro del dólar se ubican en sintonía a la semana previa. En detalle, los contratos cortos con vencimiento entre diciembre a febrero subieron levemente 0,1%, y aquellos con vencimiento desde marzo 2026 bajaron 0,1%. Respecto a las devaluaciones implícitas, el mercado cerró con una devaluación del +0,8%, +3,2% y +5,2% para diciembre, enero y febrero, respectivamente.
Milei avanza con otra reducción de retenciones, fijan nuevas alícuotas para granos y subproductos en línea con la estrategia de apertura agroexportadora
El Gobierno oficializó un nuevo esquema permanente de derechos de exportación para productos agroindustriales, con rebajas en cadenas clave como soja, trigo, maíz, girasol, cebada y sorgo. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 877/2025, busca consolidar el superávit fiscal, potenciar las exportaciones y sostener el ingreso de divisas en un contexto de estabilización macroeconómica.
Un nuevo esquema de retenciones para consolidar el ingreso de divisas
El Poder Ejecutivo estableció, a través del Decreto 877/2025, el nuevo cuadro de alícuotas del Derecho de Exportación (D.E.) aplicable a un amplio conjunto de mercaderías clasificadas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). La norma dispone reducciones permanentes para productos estratégicos del agro, profundizando el sendero iniciado con el Decreto 526/2025, que ya había recortado retenciones a complejos como soja, girasol, maíz, trigo, cebada y sorgo.
El decreto destaca que la decisión responde a “la transformación de la política económica” y a la necesidad de “optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica”. Entre enero y octubre de 2025, los complejos de granos alcanzaron exportaciones por USD 28.875 millones y 86,52 millones de toneladas, un incremento interanual de 5% en monto y 10% en volumen, con subas superiores al 50% en trigo y girasol.
La medida entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente, conforme lo prevé la Ley 26.122 para los decretos dictados en ejercicio de delegación legislativa.
Detalle de alícuotas: reducciones generalizadas y excepciones específicas
El Anexo del decreto fija las nuevas alícuotas para cada posición arancelaria NCM, con particular incidencia en productos primarios, harinas, aceites y subproductos. Entre los casos más relevantes se destacan:
Trigo (NCM 1001): retenciones del 1,5% y 7,5% según la subpartida.
Cebada (NCM 1003): alícuotas generalizadas del 7,5%.
Maíz (NCM 1005): el grano tributa 2,5%; subproductos en 8,5% con excepciones específicas como pisingallo (0%) y variedades “flint o plata” con escalas diferenciales.
Harinas y productos molineros (NCM 1101–1109): alícuotas entre 0% y 5%, con múltiples excepciones según envase, origen o tipo de grano.
Soja (NCM 1201): poroto tributa 1,5%, mientras que otras categorías mantienen 24%.
Maní (NCM 1206): alícuota del 4,5%, reducida a 0% para partidas “descascaradas” o “tipo confitera”.
Aceites vegetales (capítulo 15):
Aceite de soja: 22,5% y 18% según subpartida.
Aceite de girasol: entre 2,5% y 4,5%.
Alimentos balanceados y subproductos (NCM 2309): esquema complejo con alícuotas de 1,5% a 20%, según contenido de soja, granulometría y formato de presentación.
Glicerina (NCM 2905.45.00): 1,5%.
Preparaciones químicas (NCM 3826.00.00): 21%.
El decreto insiste en que los derechos de exportación constituyen un “impuesto distorsivo que debe eliminarse”, y que las reducciones continuarán “en la medida en que lo permita el superávit fiscal”.
Contexto político y posibles impactos en el sector agroindustrial
La agroindustria aporta alrededor de USD 45.000 millones anuales en exportaciones y concentra los principales complejos de generación de divisas. Por ello, la baja de retenciones se inscribe en una política más amplia de competitividad externa, facilitación del comercio y apertura de mercados.
El oficialismo argumenta que el recorte sostenido de alícuotas genera previsibilidad, impulsa la producción regional y fortalece la recuperación de la economía real. Al mismo tiempo, busca reforzar el flujo de dólares comerciales que sostienen la estrategia de estabilización liderada por el Ministerio de Economía.
Sin embargo, sectores provinciales y algunas entidades académicas advierten que la reducción permanente de la recaudación por retenciones podría tensar la capacidad tributaria nacional en un contexto fiscal aún delicado. También se prevé debate legislativo, dado que la Comisión Bicameral deberá expedirse sobre la validez del decreto, abriendo un capítulo político que puede influir en la dinámica parlamentaria.
En el plano productivo, la medida podría acelerar decisiones de inversión, aumentar la siembra de cultivos con menor carga tributaria y mejorar la competitividad en mercados externos, donde Argentina compite con países que no aplican impuestos a la exportación.
