Retenciones

Economía para la economía real

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Por Jamieson Greer / F&D FMI – Durante aproximadamente 30 años, los aranceles y la regulación de importaciones fueron parias políticos. Parafraseando la frase del escritor inglés G.K. Chesterton sobre el cristianismo: Los aranceles no se probaron ni se consideraron insuficientes, sino rechazados por los modelos económicos actuales y sin probar. Los responsables políticos, temerosos de desafiar el consenso de élite derivado de tales modelos, cerraron el universo de opciones y estrategias para resolver los desafíos de Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump ha cambiado eso y, al hacerlo, ha hecho un regalo a los economistas. El regreso de los aranceles y las regulaciones de importación crea una oportunidad para actualizar viejas suposiciones y modelos anticuados con la evidencia sólida de datos y experiencias reales.

Es interesante que estas políticas llegaran a ser inaccesibles. Los arquitectos del sistema económico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial conocían los riesgos del comercio sin restricciones, como los importantes desequilibrios comerciales o las peligrosas dependencias de importaciones. Estos arquitectos priorizaron la soberanía nacional y la seguridad como objetivos iguales junto con la prosperidad generalizada. El Acuerdo General sobre Aranceles Aranceles y Comercio fue negociado deliberadamente para permitir un uso robusto de aranceles con el fin de garantizar la seguridad esencial, prevenir daños a las industrias nacionales, responder a la competencia desleal, fomentar el desarrollo económico y abordar los desafíos de la balanza de pagos. El Comité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones alineó las políticas de control de exportaciones en Estados Unidos y sus aliados para presentar un frente económico común frente a la Unión Soviética y sus satélites. Los acuerdos plurilaterales, como el Acuerdo Internacional del Estaño, gestionaban activamente el comercio de materias primas clave para salvaguardar las cadenas de suministro.

Para los años 90, responsables políticos, economistas y líderes empresariales habían olvidado las sutilezas y el pragmatismo de sus antepasados, sin darse cuenta de que existen buenas razones para preservar la capacidad de los países para gestionar sus relaciones comerciales según los intereses nacionales. En los días intensos tras la caída del Muro de Berlín, hubo una prisa por adoptar la simplicidad de la hiperglobalización: ¿No sería mejor para todos los pueblos del mundo eliminar por completo las barreras comerciales? Y así nacieron la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra situación actual.

Se pensaba que este enfoque traería paz y prosperidad, pero en realidad solo permitía a las multinacionales perseguir subvenciones y normas laborales y medioambientales débiles en todo el mundo. En Estados Unidos, los votantes se volvieron más escépticos al ver cómo los empleos de clase trabajadora se trasladaban al extranjero, y los economistas respondieron con métodos altamente cuantitativos para calcular, a menudo con falsa precisión, enormes avances teóricos que se lograban dejando entrar avalanchas de importaciones. Y, al mismo tiempo, muchos otros países mantuvieron altos tipos arancelarios y barreras no arancelarias. Adiós al optimismo posterior a la Guerra Fría.

Cuando el presidente Trump asumió el cargo por primera vez, la brecha entre teoría y práctica era demasiado grande para ignorarla. Los estadounidenses perdieron millones de empleos manufactureros de alta calidad, más de 70.000 plantas cerraron, los salarios de la clase trabajadora quedaron atrás, la base industrial se debilitó, la innovación se ralentizó, la productividad real en la manufactura disminuyó y las comunidades de todo el país resultaron perjudicadas. El déficit comercial de bienes se disparó hasta 1,2 billones de dólares anuales, lo que a su vez alimentó el déficit insostenible por cuenta corriente del país.

Escribiendo con humildad en 1933, pues representaba un cambio en sus opiniones, John Maynard Keynes expresó dudas sobre “si la pérdida económica de la autosuficiencia nacional es lo suficientemente grande como para superar las demás ventajas de llevar gradualmente el producto y el consumidor dentro del ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera.” Esto supuso un punto de inflexión para Keynes, que se convirtió en uno de los defensores más vocales de mecanismos más fuertes de regulación comercial en las negociaciones de Bretton Woods. Mientras el presidente Trump está creando un nuevo orden económico internacional —basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia— es hora de que la profesión económica tome ejemplo de Keynes y se adapte al mundo tal y como es, en lugar de como nosotros quisiéramos que fuera.

Suposiciones erróneas

En ningún lugar es más necesario ponerse al día que en la modelización económica. Los modelos que normalmente se utilizan para predecir los efectos de la política comercial presentan muchos puntos ciegos. A menudo asumen el pleno empleo y transiciones laborales sin contratiempos entre industrias y geografías. Los modelos no reflejan la complejidad de los enlaces de la cadena de suministro y se centran principalmente en las ganancias de eficiencia a largo plazo, definidas como la capacidad de adquirir productos al menor coste posible. Tales avances teóricos se tratan como bienes sociales puros. Estos modelos en su mayoría asumen realidades que la gente normal, o los profesionales como yo, experimentamos a diario.

La economía rara vez funciona con pleno empleo. La disminución de la participación en la fuerza laboral en regiones concretas o en grupos demográficos específicos, incluidos los hombres de clase trabajadora, son prueba de ello. Los costes de transición también son reales y graves. Por ejemplo, David Autor y otros han rastreado lo que ocurrió con los trabajadores estadounidenses y las ciudades más expuestas al “Shock de China”. La movilidad geográfica disminuyó en los lugares expuestos al comercio. La reasignación intersectorial de antiguos trabajadores manufactureros fue mínima. Cuando finalmente volvieron los empleos, eran trabajos de menor cualificación y pasaron a otras personas. Los trabajadores manufactureros en funciones, a menudo hombres negros y blancos en ciudades medianas o pequeñas, nunca recuperaron sus ingresos. Envejecieron en su lugar y no, como animaba la élite política estadounidense, a Phoenix para convertirse en trabajadores de atención domiciliaria ni a Seattle para programar software.

El coste se puede medir en vidas humanas—y esto no es una exageración. Un estudio reciente de Amy Finkelstein y coautores encontró que las zonas con exposición media a la competencia de importaciones mexicanas bajo el TLCAN experimentaron un aumento sostenido del 0,68 por ciento en la mortalidad anual ajustada por edad. Los daños se concentraron entre los hombres en edad laboral y se distribuyeron entre la mayoría de las principales causas de muerte. Los autores descubrieron que este impacto en la mortalidad más que borró las ganancias de bienestar identificadas en un análisis económico líder del TLCAN, convirtiendo el acuerdo en una pérdida neta mortal para las personas a las que se suponía debía ayudar.

Muchos modelos tampoco tienen en cuenta los vínculos a nivel sectorial que influyen en cómo cambian los flujos comerciales bajo las reglas de origen en los acuerdos comerciales modernos. A menudo no recopilamos las estadísticas necesarias para permitir un análisis empírico más preciso, incluyendo la dinámica de la cadena de suministro. Además, las limitaciones en los enfoques estadísticos o de modelización alimentan narrativas políticas falsas. Por ejemplo, investigaciones de Susan Houseman han encontrado que los tan anunciados avances en la producción manufacturera estadounidense se deben a cómo medimos el aumento de la potencia de cálculo, no a la producción real de más materiales. Teniendo en cuenta las cifras distorsionadas de la industria informática, la producción manufacturera real en EE. UU. cayó un 6 por ciento entre 2007 y 2016.

Logrando el equilibrio

El argumento tradicional a favor del libre comercio sin restricciones presentado por los economistas se fundamentaba en el principio de ventaja comparativa. Es absolutamente cierto y no trivial que la especialización aporta eficiencia. Sin embargo, la economía contemporánea debe tener en cuenta un mundo donde las economías de escala y la intervención gubernamental se combinan para crear desequilibrios estructurales comerciales desvinculados de la ventaja comparativa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con la tierra de cultivo más abundante del mundo, tenga un déficit comercial en la agricultura? ¿Cómo puede ser que Corea del Sur—con recursos energéticos limitados, sin carbón y sin mineral de hierro—se convirtiera en una potencia siderúrgica? Las intervenciones económicas de los países han manipulado la economía global de manera que persistentemente han dejado a algunos países en déficit y a otros en superávit. Esto no es saludable para los países de ninguna de las dos categorías.

Investigaciones recientes del FMI han encontrado que los persistentes desequilibrios comerciales perjudican a las economías deficitarias y benefician a las superávidas al reasignar las ganancias de productividad. El Banco de Inglaterra planteó un punto más preciso: cuando un país “combina la política industrial con diferentes formas de supresión del consumo —como redes de seguridad social débiles, controles de capital o un alto ahorro preventivo— las subvenciones generan superávits comerciales persistentes y se convierten en una política de mendigo al vecino con consecuencias internacionales negativas.” La administración Trump no podría haberlo dicho mejor.

El FMI reconoció recientemente que los desequilibrios son “concentrados y persistentes” y están impulsados al menos en parte por políticas de países excedentes. En su informe más reciente del Artículo IV, el FMI lanzó la alarma sobre el déficit por cuenta corriente de EE. UU. (impulsado principalmente por el déficit comercial), señalando que la posición negativa resultante en inversión internacional neta “aumenta el riesgo de un eventual desorden externo desordenado.”

Pero, para abordar este problema, el FMI recomienda soluciones insostenibles y escandalosas: aumentos fiscales a gran escala (incluido un impuesto federal sobre las ventas del 10 por ciento) y medidas de austeridad (incluyendo recortes profundos en programas populares de prestaciones sociales). Reconocen que esto, en el mejor de los casos, tendría solo un efecto moderado, mientras que también requeriría que los países con excedente tomen medidas para aumentar la demanda. ¿La recomendación del FMI para lograr eso? “Trabajar de forma constructiva con los socios comerciales” para abordar “las preocupaciones sobre la equidad del sistema comercial global.” Los crecientes desequilibrios de la última década demuestran la ineficacia de pedir amablemente cambios económicos estructurales.

Modelos equivocados

¿Por qué el FMI recomienda políticas drásticas e impopulares mientras critica el enfoque arancelario de la administración Trump? La respuesta reside, en parte, en supuestos del modelo. El modelo Global Integrado de Monetaria y Fiscalía (GIMF) del FMI muestra que los aranceles tendrían un efecto insignificante en el estrechamiento de los desequilibrios de cuenta corriente. El FMI señala ese resultado en su Informe del Sector Externo de 2025 para descartar la herramienta como una solución a lo que califica como un problema urgente. Pero el FMI reconoce que el modelo no contempla el “salto arancelario a través de la reasignación transfronteriza de la producción.”

Esta nota técnica menor contiene multitudes. El salto arancelario es precisamente el mecanismo a través del cual los aranceles protectores y otras medidas comerciales han inducido la “relocalización” de la producción y han cambiado los patrones comerciales. Las restricciones del presidente Ronald Reagan a los automóviles japoneses a principios de los años 80 incentivaron un auge de la deslocalización que generó más de 100.000 nuevos empleos en automóviles estadounidenses en más de 300 nuevas instalaciones de producción para los años 90. Los aranceles de salvaguardia de 2018 del presidente Trump a las lavadoras desencadenaron una ola de inversión, incluyendo grandes instalaciones nuevas de Samsung y LG en Carolina del Sur y Tennessee. Mercedes-Benz está invirtiendo 4.000 millones de dólares en su planta de Alabama, citando explícitamente los aranceles como la causa. La investigación de McKinsey muestra cómo los aranceles recientes ya han provocado una reorganización a gran escala de las cadenas de suministro en todo el mundo. ¿Cómo podemos desestimar aranceles basándonos en un modelo que asume el mecanismo mediante el cual funcionan?

Hay quienes reconocen los problemas sociales y económicos que plantean los déficits estructurales comerciales, pero recomiendan herramientas distintas a los aranceles para abordarlos. Warren Buffett, entre otros, recomendó de forma célebre exigir a las empresas que quieren importar bienes que compren un certificado a un exportador nacional de cualquier bien o servicio de valor igual. Aunque quizá sea viable sobre el papel, este enfoque probablemente presentaría desafíos significativos en la implementación. Otros han sugerido un cargo de acceso al mercado sobre las entradas financieras extranjeras para reducir el déficit depreciando gradualmente la moneda. Una solución así probablemente provocaría una insurrección organizada en el sector de servicios financieros, podría verse como un impuesto a la inversión entrante y es difícil de explicar al público.

Los aranceles que apuntan directamente a las fuentes primarias del déficit son la solución más sencilla y flexible. Esto fue aceptado durante mucho tiempo en todas las líneas partidistas antes del cambio de enfoque hacia la hiperglobalización, incluyendo en los años 80, cuando la propuesta del futuro líder demócrata de la mayoría en la Cámara, Dick Gephardt, de imponer aranceles obligatorios a gran escala a economías persistentes en excedentes fue aprobada por la Cámara de Representantes (antes de ser finalmente descartada en favor de la autoridad reforzada de la Sección 301 que actualmente utiliza mi oficina). Ya estamos viendo los efectos beneficiosos de los aranceles del presidente Trump. El déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó un 32 por ciento interanual en 2025. El déficit comercial total de bienes ha disminuido, año tras año, cada mes desde que el presidente Trump comenzó a implementar su política de aranceles recíprocos en abril de 2025.

A medida que avanzamos, necesitamos modelos que capturen lo que importa para la economía real. Esto incluye las consecuencias distributivas del comercio, las fricciones en el mercado laboral, los efectos de la red y la escala en la manufactura, los efectos del arbitraje regulatorio en trabajadores y productores, los impactos de las reglas de origen detalladas en las redes globales de producción y—a la luz de las nuevas investigaciones del TLCAN—los resultados de salud pública. Si queremos políticas más inteligentes, necesitamos herramientas empíricas más enriquecidas que estudien cómo funciona realmente el comercio.

Nuevos retos, nuevas herramientas

No tenemos tiempo para esperar. Estados Unidos está utilizando aranceles y acuerdos sobre comercio recíproco para fomentar la inversión productiva entrante, aumentar los incentivos para la producción nacional y abrir mercados para las exportaciones estadounidenses. El FMI reconoce que un reequilibrio duradero requiere acción tanto de economías excedentes como deficitarias. Sin una presión real, una economía excedente no tiene motivo para actuar, pero eso no significa que los países deficitarios deban permanecer inertes. Por ello, Estados Unidos está tomando medidas audaces para sentar las bases de un sistema económico internacional basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia.

Alfred Marshall escribió una vez: “Las condiciones económicas cambian constantemente, y cada generación aborda sus propios problemas a su manera.” Es urgente que los economistas tomen ese consejo. A medida que cambia la economía global, también debe hacerlo la profesión económica. Los economistas pueden ser científicos desafortunados, pero no tienen motivos para vivir con la cabeza enterrada.

JAMIESON GREER es el representante comercial de Estados Unidos.

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Productores de maíz piden acelerar la baja de las retenciones y que sea por ley

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El presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Federico Zerboni, pidió “acelerar el cronograma” de recortes en las retenciones para eliminarlas más rápido.

No obstante, remarcó los avances del gobierno nacional en la estabilización de variables macroeconómicas y la adopción de políticas de desburocratización y reducción de las retenciones. 

En la apertura del Congreso Maizar 2026, sumó su pedido por una reducción en la presión impositiva de las provincias y los municipios, y la necesidad de generar mayor valor agregado en la cadena, con la aprobación de una nueva ley de biocombustibles, entre otros puntos.

En este sentido, el titular de la cadena maicera subrayó que el sector “no puede seguir escuchando la frase que dice hay que ‘esperar dos años a ver qué pasa en la próxima elección’. Así no hay inversión sustentable, no hay futuro”.

Zerboni reconoció que el Gobierno “está dando pasos clave” como la unificación del tipo de cambio, el equilibrio fiscal, el impulso de inversiones a través de RIGI y del RIMI, y la eliminación de trabas burocráticas asfixiantes y de los cupos de exportación, en cuanto a los derechos de exportación.

Pero, respecto de las retenciones, si bien valoró la reciente reducción de dos puntos en trigo y cebada y la presentación de un esquema de recortes graduales para el resto de los cultivos para el 2027, donde el maíz tendría rebajas trimestrales para alcanzar un punto porcentual en un año, consideró que “el proceso tendría que ser más rápido”.

“Si bien este es el camino correcto, necesitamos acelerar ese cronograma para poder llegar a retenciones cero en el menor tiempo posible y que esto sea por ley. Esperamos que la mejora de las cuentas fiscales lo permita”, sostuvo el titular de Maizar.

A la vez, afirmó que “es indispensable un consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios”, ya que “no puede ser que cada punto de rebaja de retenciones se lo lleven aumentos en los impuestos inmobiliarios rurales o en tasas municipales que no prestan ningún servicio”.

Zerboni consideró que Argentina todavía está lejos de alcanzar su potencial en la cadena maicera y, en este sentido, marcó que la responsabilidad del sector no es solo producir más granos, sino “transformarlos en carnes, lácteos, huevos, etanol, y centenares de insumos que utilizan las más variadas industrias”.

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Milei anunció una baja en las retenciones para el trigo, la cebada y la soja

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El presidente participó del acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y anunció una reducción de las retenciones al trigo, la cebada y la soja.

Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año.

Además, confirmó que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, declaró.

Por otro lado, aclaró que bajarán retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. “Nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos. Y de eso les quiero hablar hoy”, dijo el mandatario antes de comenzar a enumerar las reducciones.

“Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días. O sea, que vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que, que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

Inmediatamente, desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), destacaron en X: “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.

También se manifestaron desde el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales. “Destacamos la importancia de avanzar hacia reglas más previsibles y competitivas, que reduzcan distorsiones, mejoren la formación de precios y fortalezcan el desarrollo del mercado de granos. El corretaje seguirá cumpliendo su rol esencial de aportar transparencia, profesionalismo y confianza en la vinculación entre oferta y demanda”, comentaron en su cuenta de X.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió un comunicado apoyando la medida anunciada por el Presidente, aunque mantuvo firme su posición respecto a la petición de eliminación total de las retenciones. “Recibimos con optimismo el anuncio del Gobierno Nacional sobre la reducción de las retenciones. Es una medida que permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino”, señaló la entidad.

“Estamos convencidos de que este es el camino para generar más producción, empleo y movimiento económico en cada región. No obstante, seguimos sosteniendo que el objetivo final debe ser Retenciones Cero: los DEX son un impuesto distorsivo que frena nuestro potencial, limita el crecimiento y afecta directamente a los productores”, remarcaron desde la SRA.

Lo que viene para el campo

En su discurso, el Presidente analizó el futuro inmediato para el campo y repasó los cambios que pueden tener consecuencias positivas para la actividad.

En ese contexto, Milei sostuvo que el agro atraviesa un escenario especialmente favorable y aseguró que el objetivo oficial es profundizar la desregulación del sector. “El campo proyecta uno de sus mejores años de la historia, con cosechas y exportaciones récord, a pesar de las retenciones y de tantos años de tipos de cambio distorsionado por el cepo. Nuestra meta es sacar del camino cualquier estorbo que haya puesto la política”, afirmó.

El Presidente también hizo una reivindicación histórica del sector agropecuario y cuestionó las políticas aplicadas durante gobiernos anteriores. “Durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina. Cuando había crisis, subían las retenciones, cuando faltaban dólares desdoblaban el tipo de cambio y cuando había inflación, se ponían precios máximos sobre la producción. Siempre el mismo sector financiando los platos rotos del resto”, señaló.

En ese sentido, planteó que el esquema económico actual permitirá que el agro deje de ser el único sostén de la economía. “Esto se está terminando, porque por primera vez otros sectores van a crecer con la misma fuerza”, sostuvo.

Aun así, Milei reconoció que el Gobierno todavía no avanzó al ritmo que reclama el sector en materia tributaria. “Vamos a liberar cada día más al agro. Comprendo también que la velocidad que estamos teniendo para resolver el principal reclamo del sector no es la ideal”, admitió.

Además de las rebajas en derechos de exportación, el mandatario enumeró otras medidas que, según dijo, buscan mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Entre ellas, destacó los cambios en los reintegros impositivos para proyectos productivos. “El IVA generado por las inversiones productivas se devuelve a los tres meses y no en cinco años como antes. Todo eso es capital de trabajo que vuelve rápido al productor para que pueda seguir invirtiendo”, explicó.

Milei también vinculó el futuro del agro con la apertura comercial impulsada por el Gobierno y aseguró que el país atraviesa un cambio de estrategia en materia internacional. “Argentina, por primera vez en décadas, se está abriendo al mundo. Firmamos el acuerdo con la Unión Europea. Ayer firmamos siete acuerdos más y tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos”, afirmó. Según planteó, esos acuerdos permitirán ampliar mercados y mejorar las oportunidades para las exportaciones agroindustriales.

Cuánto impacta la baja de retenciones en la recaudación

Aunque todavía es prematuro calcular el efecto fiscal de los anuncios realizados este jueves, es válido repasar qué dijeron los expertos tras las bajas de retenciones aplicadas durante el 2025.

En diciembre pasado, cuando el Gobierno anunció una rebaja de retenciones para distintos cultivos, consultoras privadas calcularon que el costo fiscal podía ubicarse entre USD 500 millones y USD 700 millones anuales, dependiendo de la evolución de los precios internacionales y del volumen exportado.

Romano Group estimó un costo fiscal cercano a USD 580 millones para 2026, mientras que la consultora LCG proyectó una pérdida de recaudación de alrededor de 687 millones de dólares. En aquel momento, los derechos de exportación representaban poco más del 4% de los recursos tributarios nacionales.

Los especialistas también señalaban que una baja de retenciones podía incentivar mayores liquidaciones del agro y mejorar el ingreso de divisas, aunque con un efecto limitado sobre el precio final que recibe el productor. Ahora, con los nuevos anuncios de Milei, el impacto podría ampliarse, pero el alcance definitivo dependerá de cómo quede diseñado el esquema gradual prometido por el Gobierno.

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Caputo sostuvo el superávit fiscal en abril y el Gobierno refuerza su ancla económica pese a la caída de retenciones

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El Gobierno nacional volvió a mostrar superávit fiscal en abril y ratificó el equilibrio de las cuentas públicas como eje central de su programa económico. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero favorable de $268.103 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $364.741 millones.

Con este resultado, el superávit financiero acumulado en los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó aproximadamente el 0,2% del Producto Bruto Interno (PIB), mientras que el superávit primario llegó al 0,5% del PIB. Para la administración de Javier Milei, el dato funciona como una señal política y financiera en un escenario todavía marcado por la desaceleración económica y la presión sobre la actividad industrial.

El equilibrio fiscal sigue siendo el eje del programa económico

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el resultado confirma la continuidad del “ancla fiscal”, uno de los pilares del esquema económico que impulsa el Gobierno. El Ministerio de Economía remarcó que el desempeño se logró pese al pago de intereses y en un contexto donde algunos ingresos asociados al comercio exterior mostraron retrocesos.

Los ingresos totales del SPN durante abril alcanzaron los $13,4 billones, con una suba interanual del 29,6%. La recaudación tributaria creció 26,9% interanual, impulsada principalmente por el impuesto a los Débitos y Créditos, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el IVA neto de reintegros.

Sin embargo, los Derechos de Exportación registraron una caída de 17,4% interanual. El dato adquiere relevancia política porque las retenciones continúan siendo una fuente sensible de recursos fiscales y reflejan, además, el impacto de la dinámica del comercio exterior y de la actividad agroexportadora.

Del lado del gasto, el Gobierno informó que los gastos primarios ascendieron a $12,7 billones, con un incremento interanual del 34,5%.

Las prestaciones sociales representaron el principal componente, con erogaciones por $8,09 billones, mientras que las remuneraciones del sector público alcanzaron $1,62 billones.

Uno de los puntos que más creció fueron los subsidios económicos, que aumentaron en $701.872 millones. Según Economía, la suba estuvo vinculada al pago de gastos asociados a transacciones energéticas correspondientes a marzo y abonadas durante la primera semana de abril.

También se destacó el crecimiento del gasto de capital, que alcanzó $420.661 millones, con una variación interanual de 123,2%. Descontando aportes a organismos internacionales, la inversión real directa y las transferencias de capital crecieron 69,5%.

El dato introduce un matiz relevante dentro de la estrategia oficial: mientras el Gobierno mantiene el discurso de austeridad y ajuste fiscal, también busca mostrar capacidad de sostener determinados niveles de inversión y compromisos operativos del Estado.

El resultado fiscal tiene una dimensión política central para la Casa Rosada. En un contexto donde el oficialismo necesita sostener confianza en los mercados y mostrar capacidad de pago, el superávit aparece como una herramienta de legitimación económica.

Luis Caputo reforzó esa línea al afirmar que el equilibrio se sostiene mediante “una estricta administración del gasto público” y aseguró que el objetivo es combinar orden fiscal con reducción de impuestos y cumplimiento de compromisos financieros.

La administración nacional intenta construir una narrativa de estabilidad basada en la disciplina presupuestaria, incluso cuando algunos indicadores de actividad todavía muestran debilidad. La caída en los ingresos por retenciones y el aumento de subsidios energéticos revelan, no obstante, que el margen fiscal continúa condicionado por variables sensibles de la economía real.

Impacto económico y señales para las provincias

El sostenimiento del superávit también tiene implicancias para las provincias y los sectores productivos. La reducción de transferencias corrientes al sector público —que cayeron 18,6% interanual— mantiene bajo presión a las administraciones subnacionales, especialmente aquellas con menor autonomía financiera.

En el caso de Misiones y el NEA, el comportamiento de los recursos vinculados al consumo interno y a la actividad exportadora seguirá siendo un factor clave. La caída en derechos de exportación y la evolución de la recaudación tributaria nacional pueden impactar indirectamente sobre el flujo de recursos y el ritmo de actividad regional.

Al mismo tiempo, el incremento del gasto de capital podría convertirse en una variable a seguir para evaluar si el Gobierno sostiene niveles de inversión pública selectiva en infraestructura o energía durante los próximos meses.

El resultado de abril fortalece la estrategia oficial de mostrar consistencia fiscal en medio de un escenario económico todavía frágil. Sin embargo, el equilibrio dependerá de múltiples factores: la evolución de la actividad, la recaudación, el costo energético y la capacidad del Gobierno de sostener el superávit sin profundizar tensiones sobre el entramado productivo y las provincias.

El comportamiento de las exportaciones, la dinámica inflacionaria y el nivel de gasto en subsidios aparecerán como variables decisivas para medir hasta dónde puede sostenerse el actual esquema fiscal en la segunda mitad del año.

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El trigo explica menos del 7% del precio del pan

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La Sociedad Rural Argentina salió a fijar posición en medio del debate por el precio del pan y buscó despejar cuestionamientos sobre la incidencia del trigo en el valor final que paga el consumidor en la panadería.

Desde la entidad remarcaron que actualmente el valor del trigo representa apenas el 6,7 por ciento del precio final de un kilo de pan, lo que equivale a menos de una décima parte del valor abonado por el consumidor.

Según explicaron, el precio del pan se conforma a partir de múltiples factores a lo largo de toda la cadena de valor, donde intervienen impuestos, costos laborales, logística, energía, alquileres y la estructura comercial, elementos que impactan directamente en los márgenes de cada eslabón y, en consecuencia, en las decisiones de precios.

En ese marco, sostuvieron que las variaciones en el precio del trigo tienen una incidencia limitada sobre el valor final del pan, por lo que consideran incorrecto atribuir al productor agropecuario la principal responsabilidad por los aumentos.

La entidad también señaló que entre comienzos de 2024 y la actualidad la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10 por ciento al 6,7 por ciento, en un contexto de menor intervención sobre el mercado y con una reducción de los derechos de exportación, que pasaron del 12 por ciento al 7,5 por ciento.

Para la Sociedad Rural Argentina, un análisis adecuado debe contemplar el funcionamiento integral de todos los eslabones que conforman la cadena de valor, evitando simplificaciones que terminan asignando responsabilidades que no reflejan la dinámica real del sector.

Finalmente, desde la entidad reafirmaron que el campo argentino continuará produciendo, invirtiendo y generando empleo en todo el país, y consideraron fundamental consolidar un entorno que incentive la producción, la inversión y el funcionamiento pleno de los mercados, en beneficio de toda la cadena y también de los consumidores.

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