Riesgo país

Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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Banco Mundial respalda a la Argentina con una garantía de USD 2.000 millones y acelera el regreso al financiamiento internacional

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El Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones para la Argentina, una herramienta financiera que busca reducir el costo del endeudamiento externo y facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital. La decisión constituye un respaldo explícito a la estrategia económica del Gobierno y llega en un momento en que el riesgo país perforó los 430 puntos básicos, abriendo una ventana para retomar el financiamiento voluntario.

La operación permitirá respaldar el 95% del servicio de un nuevo préstamo comercial que el Estado argentino negociará con bancos internacionales. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso al crédito mediante una disminución del riesgo percibido por los inversores, al tiempo que fortalece la administración de los vencimientos en moneda extranjera previstos para 2026 y 2027.

El anuncio se produjo horas antes de la reunión que mantendrá en Buenos Aires la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, con el ministro de Economía, Luis Caputo, encuentro en el que ambas partes oficializarán el nuevo esquema de cooperación financiera.

Un respaldo para volver a emitir deuda en los mercados

El paquete aprobado combina una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con otra de MIGA, organismo especializado en la mitigación de riesgos para inversiones internacionales.

Gracias a esta estructura, Argentina podrá acceder a un préstamo comercial con un plazo de seis años y tres años de gracia, mientras que las garantías cubrirán el 95% de los pagos correspondientes al servicio de esa deuda.

Desde el Banco Mundial explicaron que el mecanismo apunta a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios, además de facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Pero el alcance político y financiero de la decisión va más allá del préstamo en sí. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que uno de los principales objetivos es contribuir al regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital, un mensaje que el mercado interpreta como una señal de respaldo institucional a la estrategia económica del Gobierno.

La aprobación de las garantías coincide con una mejora sustancial de los indicadores financieros argentinos.

Luego de la reciente mejora de la calificación soberana por parte de Standard & Poor’s, que elevó la nota de la deuda argentina desde CCC+ hasta B-, y del contexto internacional más favorable tras la distensión geopolítica en Medio Oriente, el riesgo país descendió hasta los 425 puntos básicos, su menor nivel en aproximadamente ocho años.

Este escenario reavivó el debate entre analistas e inversores sobre la conveniencia de que el Ministerio de Economía aproveche las actuales condiciones para volver a emitir deuda en el mercado internacional antes de que cambie el ciclo financiero global.

Hasta ahora, Luis Caputo optó por postergar esa posibilidad, privilegiando una reducción adicional del costo de financiamiento antes de concretar una colocación externa.

Banco Mundial: “Facilitar el regreso de Argentina a los mercados”

La vicepresidenta regional del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo que la institución mantiene su respaldo al proceso de estabilización macroeconómica y a la agenda de reformas impulsada por el Gobierno argentino.

Según afirmó, la estructura de garantías constituye una herramienta innovadora para facilitar el retorno del país a los mercados internacionales de capital, al tiempo que promueve inversiones privadas, incrementa la productividad y fortalece la resiliencia económica de largo plazo.

En la misma línea, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, destacó que la operación demuestra la capacidad del Grupo Banco Mundial para adaptar sus instrumentos financieros a las necesidades específicas de los países miembros, movilizando inversiones privadas mediante mecanismos de reducción del riesgo.

Las garantías internacionales forman parte del esquema de financiamiento que el equipo económico presentó durante la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El viceministro de Economía, José Luis Daza, había anticipado que el programa financiero correspondiente a 2026 ya cuenta con las principales fuentes de financiamiento identificadas y que las garantías de organismos multilaterales constituyen uno de sus pilares.

Además del respaldo del Banco Mundial y MIGA, el Gobierno espera concretar en los próximos días un nuevo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 550 millones y avanzar hacia fines de julio con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estimado entre USD 250 y USD 500 millones.

Más financiamiento y menor costo de la deuda

La estrategia oficial busca reemplazar gradualmente el financiamiento de corto plazo por instrumentos con mejores condiciones de plazo y tasa, aprovechando el respaldo de los organismos multilaterales para reducir el costo del endeudamiento.

En ese sentido, las garantías aprobadas por el Banco Mundial no representan un desembolso directo de USD 2.000 millones, sino un aval que mejora la calidad crediticia de la futura operación financiera y facilita el acceso del país a préstamos comerciales en condiciones más favorables.

El esquema se inscribe dentro de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial, creada en 2024 con el objetivo de ampliar el uso de estos instrumentos en economías emergentes y elevar la emisión anual de garantías hasta USD 20.000 millones hacia 2030.

Para la Argentina, el respaldo llega en un momento decisivo: mientras el Gobierno intenta consolidar la estabilización macroeconómica y recuperar el acceso al crédito voluntario, el acompañamiento de los organismos multilaterales se convierte en un factor determinante para reconstruir la confianza de los mercados internacionales.

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Economía a dos velocidades: el BCRA apuesta al “eslabonamiento” mientras persisten dudas sobre empleo y consumo

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La economía argentina exhibe una paradoja cada vez más evidente. Mientras algunos sectores vinculados a la exportación, los recursos naturales y las finanzas muestran tasas de crecimiento que superan ampliamente el promedio nacional, amplias ramas de la actividad continúan atravesando un escenario de estancamiento, caída de ventas y pérdida de empleo. Frente a esta realidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una interpretación que busca explicar cómo la recuperación podría extenderse al conjunto de la economía: el denominado “eslabonamiento” productivo.

El concepto fue expuesto por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, durante la presentación de un informe en el que el organismo reconoce explícitamente que la actividad económica avanza a distintas velocidades. Sin embargo, lejos de considerar esta situación como un problema estructural, el BCRA sostiene que los sectores más dinámicos terminarán generando una demanda indirecta de bienes y servicios capaz de impulsar a las actividades más rezagadas.

La apuesta oficial se apoya en el desempeño de los principales ganadores del actual esquema económico. Con una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno cercana al 3,5% para 2026, actividades como la minería, la energía y el agro muestran una expansión significativamente superior al promedio de la economía. Según la visión del Gobierno, estos sectores no funcionan de manera aislada, sino que requieren infraestructura, transporte, logística, servicios urbanos, construcción especializada y una amplia red de proveedores que podrían convertirse en motores secundarios del crecimiento.

“Su eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”, sostiene el documento difundido por la autoridad monetaria. La idea remite a una lógica económica conocida: los sectores más competitivos generan una cadena de demanda que termina irradiando actividad hacia otras ramas productivas.

Sin embargo, detrás de esa explicación aparece un debate que excede lo académico y se instala en el terreno político. Para muchos analistas, el concepto de “eslabonamiento” se acerca a una versión actualizada de la histórica teoría del “derrame”, según la cual el crecimiento de determinados sectores termina beneficiando al conjunto de la economía. La diferencia es que, en este caso, el Gobierno evita utilizar ese término y pone el foco en los vínculos productivos que podrían surgir alrededor de los sectores exportadores.

Los datos más recientes parecen reforzar la existencia de esa economía dual. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción minera creció 9,5% interanual en abril. Dentro de ese resultado sobresalen el aumento de casi 20% en la extracción de petróleo crudo, el crecimiento de 12,5% en minerales metalíferos y un salto de 45,5% en los minerales no metalíferos. Son actividades intensivas en capital, orientadas a la exportación y beneficiadas por medidas de promoción como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

La energía, la minería, el agro y el sector financiero explican buena parte de los indicadores positivos que exhibe actualmente la macroeconomía. Sin embargo, el panorama es muy distinto en sectores históricamente vinculados al empleo masivo y al mercado interno.

La industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La caída del salario real, la retracción del consumo, la paralización de gran parte de la obra pública y la mayor competencia derivada de la apertura de importaciones impactaron directamente sobre estos sectores, provocando cierres de empresas, reducción de planteles y una creciente presión sobre el mercado laboral.

La principal incógnita es si el crecimiento liderado por sectores extractivos y exportadores puede traducirse efectivamente en una recuperación amplia del empleo formal. A diferencia de la industria o la construcción, la minería y la explotación hidrocarburífera demandan una menor cantidad de trabajadores en relación con el volumen de inversión que movilizan. Por eso, aun cuando generan divisas y aumentan la actividad agregada, su capacidad para absorber mano de obra es considerablemente más limitada.

En paralelo, el Banco Central identifica a la inversión privada como el tercer motor de la recuperación económica, junto con las exportaciones y la estabilización macroeconómica. El informe destaca una reactivación del financiamiento corporativo, tanto en el mercado local como en el exterior, impulsada por la reducción del riesgo país y la mejora en las condiciones financieras.

No obstante, el organismo también advierte que las empresas deberán adaptarse a un escenario diferente al que predominó durante los años de alta inflación. Según el diagnóstico oficial, los márgenes extraordinarios obtenidos mediante la remarcación constante de precios tenderán a desaparecer. En una economía con inflación descendente, la rentabilidad dependerá cada vez más de la productividad, la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la capacidad de aumentar volúmenes de venta.

En ese contexto, el consumo aparece como una de las variables más sensibles. Aunque el BCRA proyecta una recuperación gradual, reconoce que el sector privado deberá redefinir estrategias comerciales y adaptarse a cambios acelerados en los canales de comercialización y en los hábitos de compra de los consumidores.

El optimismo oficial también se apoya en el proceso de desinflación. Tras registros cercanos al 2% mensual, el Banco Central considera posible que el índice de precios perforé ese umbral durante los próximos meses, consolidando uno de los principales objetivos económicos de la administración de Javier Milei.

Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo temporal. El informe del BCRA plantea una expectativa de convergencia entre sectores dinámicos y rezagados, pero no establece plazos concretos ni cuantifica cuándo ese efecto de arrastre comenzaría a reflejarse en el empleo, el consumo y la actividad de las economías regionales.

Para provincias como Misiones, donde el comercio, la construcción, la industria forestal, la producción yerbatera y el turismo tienen una fuerte incidencia sobre el empleo, la discusión adquiere una dimensión particular. El desafío no pasa únicamente por sostener el crecimiento agregado de la economía, sino por determinar si los beneficios de los sectores exportadores terminarán llegando al entramado productivo que genera trabajo y movimiento económico en el interior del país.

La apuesta oficial está hecha. El interrogante que sigue abierto es si el “eslabonamiento” llegará a tiempo para compensar las dificultades de los sectores que todavía esperan señales concretas de recuperación.

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Arriazu ve una oportunidad histórica para Argentina: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”

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En medio de una de las etapas más complejas para la industria de la construcción, el economista Ricardo Arriazu eligió transmitir un mensaje que combinó diagnóstico duro y optimismo estratégico. Durante la 71° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad histórica de crecimiento impulsada por el ordenamiento macroeconómico, el potencial exportador de la energía y la minería y una mejora sustancial de las cuentas externas. Sin embargo, dejó una advertencia que resume su mirada sobre el momento actual: “Los planetas están alineados si no chocamos la calesita”.

La exposición estuvo marcada por una fuerte diferenciación entre el presente y el futuro de la economía argentina. Arriazu reconoció que la construcción atraviesa una situación crítica luego del desplome de la inversión pública y la ausencia de mecanismos de financiamiento de largo plazo, pero consideró que el sector podría convertirse en uno de los principales beneficiarios de un escenario de estabilidad económica sostenida.

“La participación de la construcción en el PBI llegó a ser del 25%, ahora está en el 3%, cuando el promedio mundial es del 6%”, señaló el economista, al describir la magnitud del retroceso. Según explicó, Argentina enfrenta además un déficit estructural en materia habitacional y un mercado hipotecario prácticamente inexistente. “Estamos invirtiendo menos que la depreciación de las viviendas”, afirmó, reflejando la pérdida de capacidad de acumulación de capital en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

Para Arriazu, la recuperación de la construcción depende de una condición indispensable: la eliminación definitiva de la inflación. Sin estabilidad de precios, sostuvo, resulta imposible reconstruir el crédito hipotecario y desarrollar instrumentos financieros de largo plazo que permitan movilizar inversiones.

Mientras ese proceso madura, propuso avanzar con sistemas de financiamiento indexados, aunque reconoció las limitaciones actuales. “Hay que utilizar un sistema indexado, pero el salario no acompaña y los bancos no tienen fondeo”, explicó. En ese sentido, planteó la necesidad de crear mecanismos de compensación que permitan equilibrar la evolución de ingresos y cuotas.

El economista también apuntó contra la falta de instrumentos de ahorro de largo plazo, un problema que considera central para financiar el desarrollo. En particular, cuestionó el deterioro de herramientas como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los sistemas de seguros, históricamente utilizados para canalizar recursos hacia proyectos de infraestructura y vivienda. Su propuesta fue reducir la exposición del FGS a títulos públicos y direccionar parte de esos recursos hacia la actividad constructiva.

Sin embargo, la parte más contundente de su presentación estuvo vinculada a las perspectivas macroeconómicas. Arriazu aseguró que el país atraviesa una transformación estructural que podría modificar décadas de restricciones externas recurrentes. A diferencia de otros ciclos de crecimiento que terminaron en crisis cambiarias, sostuvo que la expansión actual podría apoyarse en una oferta genuina de divisas proveniente de sectores altamente competitivos a nivel internacional.

En esa línea, corrigió significativamente sus propias estimaciones sobre el desempeño externo de la economía. Mientras inicialmente proyectaba un superávit comercial de 13.500 millones de dólares para este año, ahora estima que la cifra podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, acompañada incluso por un saldo positivo en la cuenta corriente.

La explicación se encuentra en el fuerte crecimiento de las exportaciones. Según sus cálculos, Argentina sumará este año alrededor de 20.000 millones de dólares adicionales por ventas al exterior, impulsadas principalmente por una cosecha agrícola récord y el avance de los complejos energético y minero.

Desde su perspectiva, el país está transitando un profundo cambio en la estructura productiva. Históricamente, explicó, el esquema económico argentino favoreció a determinados sectores mediante subsidios y protección, generando distorsiones que limitaron la competitividad general. La nueva etapa implica un proceso simultáneo de destrucción y creación de actividades económicas.

Allí aparece uno de los principales desafíos de la transición. Los sectores que actualmente generan dólares —energía, minería y agroindustria— demandan relativamente poca mano de obra, mientras que actividades intensivas en empleo como la construcción, el comercio y parte de la industria todavía enfrentan dificultades. “El problema es entrar en el péndulo del ajuste y salir de él. Hoy es clave cómo me adapto, cómo cambio hacia sectores que van a crecer”, planteó.

Respecto de la política cambiaria, Arriazu respaldó la estrategia oficial y consideró que una devaluación brusca hubiera puesto en riesgo todo el programa económico. “Devaluar hubiera tirado todo el programa al demonio”, afirmó, al tiempo que defendió la apreciación relativa del peso como una consecuencia natural de un proceso exitoso de estabilización.

Su argumento se basa en que los países que logran consolidar estabilidad macroeconómica suelen volverse más caros en términos internacionales. “Si Argentina tiene éxito, Argentina va a ser cara”, sostuvo. Para el economista, el principal obstáculo que aún persiste no es económico sino reputacional: “Tenemos los mejores números macro de América Latina, pero también el riesgo país más alto porque fuimos estafadores seriales”.

Esa referencia apunta directamente a la necesidad de reconstruir credibilidad institucional y financiera luego de décadas de defaults, reestructuraciones y cambios permanentes de reglas de juego. En su visión, la reducción sostenida del riesgo país será la llave para destrabar inversiones masivas en infraestructura, vivienda y producción.

La apuesta de largo plazo está puesta en el sector energético. Arriazu proyectó que para 2030 Argentina podría exportar más de 30.000 millones de dólares anuales únicamente por energía, una cifra que transformaría de manera estructural la disponibilidad de divisas y modificaría una de las principales restricciones históricas al crecimiento económico.

Por eso, más allá de los problemas coyunturales que enfrenta hoy la construcción, el economista llamó a los empresarios a mirar el horizonte estratégico. Su mensaje final fue una síntesis de advertencia y esperanza: Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad exportadora y condiciones macroeconómicas que podrían abrir un ciclo de crecimiento sostenido. La incógnita, según planteó, no está en las oportunidades sino en la capacidad política y social para aprovecharlas.

“Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, concluyó.

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El dólar frenó su escalada y el riesgo país cayó a mínimos de la era Milei

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La estabilidad financiera volvió a ocupar el centro de la escena este jueves. Mientras el dólar oficial registró su primera baja de la semana y el riesgo país se acercó al nivel más bajo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, los mercados interpretaron las señales como una consolidación del proceso de normalización macroeconómica impulsado por el Gobierno.

La divisa estadounidense retrocedió tanto en el segmento minorista como en el mayorista. En el Banco Nación, el dólar para la venta cerró en 1.455 pesos, cinco pesos por debajo de la jornada anterior, mientras que en el mercado mayorista la cotización descendió hasta los 1.436,50 pesos. Se trata del primer retroceso semanal luego de varias ruedas de presión alcista que habían puesto a prueba el nuevo esquema de bandas cambiarias implementado por el Gobierno.

Aun con la baja, el tipo de cambio oficial continúa lejos del techo de la banda de flotación, ubicado actualmente en 1.767,17 pesos. La distancia superior al 23% refleja que el mercado continúa operando con margen dentro del esquema diseñado por el Ministerio de Economía y el Banco Central.

El dato más relevante de la jornada fue la confirmación de que el Banco Central logró cumplir en apenas poco más de cinco meses la meta anual de acumulación de reservas prevista para este año. El cumplimiento anticipado de ese objetivo constituye una señal observada con atención tanto por los inversores como por los organismos internacionales, especialmente en un contexto donde la consolidación de reservas sigue siendo uno de los principales indicadores de fortaleza financiera del país.

La actividad cambiaria mostró además un importante nivel de operaciones. El volumen negociado en el segmento de contado superó los 597 millones de dólares y el total operado durante la jornada alcanzó aproximadamente los 1.229 millones de dólares, reflejando una elevada liquidez del mercado.

Los mercados comienzan a descontar estabilidad cambiaria

Las expectativas también se reflejaron en el mercado de futuros, donde predominó una tendencia bajista en los contratos correspondientes a 2026 y 2027. La lectura implícita es que los operadores anticipan una menor presión cambiaria para los próximos meses.

Las proyecciones privadas ubican al dólar mayorista en torno a los 1.454 pesos para fines de junio y cerca de los 1.632 pesos para diciembre, cifras que sugieren un sendero de depreciación más moderado respecto de los escenarios que se manejaban meses atrás.

Mientras tanto, los dólares financieros mostraron movimientos acotados. El contado con liquidación operó en torno a los 1.513 pesos y el dólar MEP cerca de los 1.457 pesos. La brecha cambiaria entre el CCL y el dólar oficial mayorista se redujo al 5,2%, uno de los niveles más bajos de los últimos años y un dato que fortalece la narrativa oficial sobre la convergencia de los distintos mercados cambiarios.

El riesgo país perfora los 500 puntos y apunta a nuevos mínimos

La mejora de las expectativas también se trasladó al mercado de deuda. El riesgo país, medido por el JP Morgan, cayó hasta los 486 puntos básicos, una reducción del 1,2% respecto de la rueda anterior y apenas cinco puntos por encima del mínimo registrado durante la administración Milei.

El indicador acumula seis jornadas consecutivas por debajo de los 500 puntos, una barrera simbólica para los mercados porque refleja una disminución significativa en la percepción del riesgo argentino frente a los inversores internacionales.

La baja estuvo impulsada por una nueva recuperación de los bonos soberanos. Tanto los títulos bajo legislación local como los emitidos bajo ley extranjera registraron subas que alcanzaron hasta el 1%, consolidando una tendencia positiva que comenzó luego del acuerdo financiero y las señales de ordenamiento fiscal exhibidas por el Gobierno.

Aunque Argentina continúa lejos de los niveles de riesgo que exhiben economías emergentes con acceso pleno al financiamiento internacional, la trayectoria descendente del indicador fortalece las expectativas de una eventual reapertura gradual del crédito externo en el mediano plazo.

Las acciones acompañan el optimismo

La Bolsa también reflejó el mejor humor de los inversores. En Wall Street, los ADR argentinos mostraron mayoría de alzas encabezadas por IRSA, que avanzó 3,5%, seguida por Cresud con una mejora del 1,7%.

La tendencia se replicó en el mercado local, donde IRSA lideró las ganancias con una suba de 3,8%, seguida por Ternium con 2,6% y Transener con 2,1%.

Detrás de estos movimientos aparece una lectura común de los operadores: la combinación de equilibrio fiscal, acumulación de reservas, menor incertidumbre cambiaria y descenso del riesgo país comienza a generar un entorno financiero más previsible.

Qué implica para Misiones y las economías regionales

Para provincias exportadoras como Misiones, la estabilización cambiaria representa un escenario de doble lectura. Por un lado, reduce la incertidumbre macroeconómica y mejora las condiciones para planificar inversiones. Por otro, obliga a sectores exportadores como la yerba mate, la forestoindustria, el té y el tabaco a ganar competitividad vía productividad y eficiencia, en un contexto donde el tipo de cambio deja de funcionar como principal mecanismo de compensación.

La caída del riesgo país también tiene impacto indirecto sobre las economías regionales. Una mejora en el acceso al financiamiento soberano suele traducirse, con rezago, en mejores condiciones para el crédito privado, infraestructura y proyectos productivos de largo plazo.

Por ahora, el mercado parece respaldar la estrategia económica del Gobierno. La incógnita continúa siendo si estas mejoras financieras podrán sostenerse en el tiempo y traducirse en una recuperación más amplia de la actividad económica, el empleo y el consumo. Ese será el verdadero examen para una administración que logró estabilizar variables clave, pero que aún enfrenta el desafío de consolidar el crecimiento.

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