RIGI

Autorizan a Southern Energy a exportar GNL por 30 años con nuevo gasoducto desde Vaca Muerta

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La Secretaría de Energía emitió la Resolución 353/2025, que otorga a Southern Energy S.A. un certificado de libre exportación de Gas Natural Licuado (GNL) por un plazo de tres décadas. La autorización contempla volúmenes diarios de hasta 548.900 MMBTU y un total de 5.464 millones de MMBTU entre 2028 y 2058. El proyecto está condicionado a la construcción de un gasoducto de 470 km que conectará Neuquén con Río Negro.

La medida se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que reformó el marco regulatorio del gas natural (Ley 24.076) y habilitó nuevas actividades como la producción de GNL y el almacenamiento subterráneo.

En particular, el artículo 3° bis de la Ley 24.076 otorga a los exportadores autorizados el derecho a operar “en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones”, siempre que cuenten con la infraestructura de transporte y procesamiento necesaria. La Resolución 353/2025 se suma a las disposiciones del Decreto 1.057/2024, que reglamentó la operatoria de exportaciones firmes de largo plazo.

Southern Energy ya había recibido en abril un primer certificado de libre exportación (Resolución 165/2025) con vigencia entre 2027 y 2057. El nuevo permiso amplía ese esquema, extendiéndolo entre septiembre de 2028 y agosto de 2058, con volúmenes mayores y la incorporación de una segunda planta flotante de licuefacción, denominada MKII.

Detalles técnicos del proyecto: gasoducto y plantas flotantes

El certificado publicado como Anexo de la Resolución 353/2025 establece que Southern Energy podrá exportar:

  • CMD (Cantidad Máxima Diaria): 548.900 MMBTU.
  • CMA (Cantidad Máxima Anual): 191.241.750 MMBTU.
  • CT (Cantidad Total): 5.464.050.000 MMBTU.

Para viabilizar estos volúmenes, la empresa se comprometió a construir un gasoducto de 36 pulgadas y 470 km, que partirá desde Tratayén (Neuquén) hasta San Antonio (Río Negro), con capacidad de transporte de 28 millones de m³ diarios y puesta en marcha prevista para mayo de 2028.

El proyecto fue declarado de carácter estratégico dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en abril de este año, tras la adhesión aprobada por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. Esto le otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros durante tres décadas.

La Secretaría de Energía, a través de sus áreas técnicas, validó que la disponibilidad de gas de la cuenca neuquina excede en más de veinte veces los volúmenes comprometidos para la exportación. Sin embargo, la garantía de estabilidad de la exportación prevista en la ley y el decreto reglamentario quedó expresamente supeditada a la ejecución del gasoducto.

En caso de que la infraestructura no esté lista al inicio de las operaciones, la empresa deberá gestionar, bajo su propio riesgo, la contratación de capacidad disponible en el sistema de transporte existente.

La resolución también obliga a Southern Energy a cumplir con los requisitos de información, mantenimiento de disponibilidad y reportes previstos en los artículos 6° y 8° de la Resolución 145/2025, que regula el procedimiento de exportación de GNL.

La autorización refuerza la estrategia del Gobierno nacional de posicionar a la Argentina como exportador de GNL a gran escala, aprovechando los recursos excedentes de Vaca Muerta. La magnitud del proyecto —un horizonte de 30 años de ventas externas aseguradas— busca garantizar previsibilidad para atraer financiamiento internacional y socios tecnológicos.

Desde el punto de vista económico, el esquema podría generar un flujo sostenido de divisas en un contexto en el que el sector energético se proyecta como uno de los motores de la balanza comercial. No obstante, expertos advierten que el desafío clave será la infraestructura de transporte y la posibilidad de compatibilizar los compromisos de exportación con la demanda interna, especialmente en picos invernales.

En el plano político, la decisión profundiza la impronta liberal del actual marco energético, en línea con el Decreto 70/2023 y la Ley de Bases, que reducen la discrecionalidad estatal y otorgan seguridad jurídica a los privados.

Si Southern Energy cumple con el cronograma de inversiones, el país contará desde 2028 con al menos dos plantas flotantes de licuefacción operativas, conectadas por un gasoducto dedicado a la exportación. Ello abre la puerta a que la Argentina se convierta en un hub regional de GNL, con acceso a mercados internacionales en Europa y Asia.

El horizonte a tres décadas convierte a este proyecto en uno de los de mayor envergadura del sector energético nacional, comparable con la construcción de gasoductos troncales en la historia reciente. La incógnita radica en si el Estado y el sector privado podrán cumplir con los plazos de inversión y con la estabilidad macroeconómica necesaria para sostener la confianza de los mercados.

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San Juan tendrá la séptima planta POX de oro del mundo con una inversión de u$s665 millones

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La empresa Minas Argentinas S.A, del grupo español AISA Group, anunció un plan de inversión de u$s665 millones para la construcción de una nueva mina de oro, denominada Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), en el Departamento Jáchal, provincia de San Juan. La iniciativa contempla la instalación de la séptima planta industrial de oxidación a presión (POX) a nivel mundial, con capacidad estimada de procesar 120 mil onzas de oro anuales durante al menos 17 años, generando exportaciones por u$s400 millones al año, según los cálculos oficiales. La construcción comenzaría en 2027, una vez obtenida la aprobación del proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio de Minas Argentinas se produce en un contexto de creciente interés por el desarrollo del sector minero argentino, impulsado por la combinación de recursos minerales estratégicos, incentivos a la inversión extranjera y políticas de apertura económica. La provincia de San Juan, reconocida por su riqueza aurífera, se consolida como un polo clave en la minería de oro, especialmente con proyectos que incorporan tecnología de punta para minerales refractarios.

El grupo español AISA, liderado por Juan José Retamero, busca aprovechar el “enorme potencial minero de Argentina”, según indicó el propio empresario. El DCP se desarrollará debajo de zonas previamente explotadas de la mina Gualcamayo, ampliando la vida útil y la capacidad exportadora del yacimiento.

Qué implica la planta POX y el proyecto DCP

  • Inversión total: u$s665 millones, de los cuales u$s485 millones se destinarán a construcción de la mina y la planta de procesos, u$s50 millones a exploración adicional y u$s37 millones a la construcción de un parque solar y cierre programado de operaciones anteriores.
  • Producción estimada: 120 mil onzas de oro por año durante al menos 17 años.
  • Valor proyectado de exportaciones: aproximadamente u$s400 millones anuales, considerando la cotización actual del oro (u$s3.833 la onza).
  • Tecnología clave: planta de oxidación a presión (POX), capaz de procesar minerales refractarios sulfurados, distintos de los minerales oxidados que se trataban previamente en Gualcamayo.
  • Método de financiamiento: con recursos propios del grupo AISA, sin recurrir a financiamiento externo.

La POX permite oxidar minerales refractarios mediante altas temperaturas y presiones con oxígeno, liberando metales valiosos y optimizando la solubilidad del oro para su posterior lixiviación, un método más eficiente y rápido que el actual proceso de pila de lixiviación cianurada.

El proyecto combina capital privado internacional y tecnología avanzada en minería. La aprobación del RIGI es clave para consolidar la inversión y garantizar estabilidad jurídica y fiscal. Según Ricardo Martínez, director ejecutivo de Gualcamayo, la nueva mina permitirá “concentrar recursos económicos, técnicos y humanos en el desarrollo del DCP y del Plan RIGI”.

Los actores principales son:

  • Minas Argentinas S.A (AISA Group): desarrollador del proyecto.
  • Gobierno argentino y autoridades provinciales: responsables de la aprobación del RIGI y permisos ambientales.
  • Comunidad local y proveedores: impactados por la creación de empleo y la activación de contratos.

Economía, empleo y sector minero

El proyecto DCP tendrá múltiples efectos económicos y sociales:

  • Empleo: se proyecta duplicar el trabajo registrado en Gualcamayo, actualmente con 467 empleados, con salarios que oscilan entre $1.771.242 y $3.699.985 según la escala del convenio.
  • Exportaciones: incremento de u$s400 millones anuales, fortaleciendo la balanza comercial y la llegada de divisas.
  • Sector minero: consolidación de Argentina como líder en explotación de minerales refractarios, posicionando la provincia de San Juan como referente tecnológico y exportador.
  • Regularización financiera: el grupo español canceló deudas por u$s200 millones, logrando un balance positivo de u$s170 millones, lo que estabiliza la operación y asegura continuidad de la producción.

El proyecto también implica la construcción de un parque solar, incorporando energías renovables al proceso productivo y contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad.

La empresa espera obtener la aprobación del RIGI y de los permisos ambientales antes de iniciar la construcción en 2027. La instalación de la planta POX permitirá procesar minerales refractarios de manera más eficiente y ampliar significativamente la vida útil de Gualcamayo.

Escenarios futuros incluyen:

  • Posible extensión de la inversión a nuevas áreas exploratorias dentro del yacimiento.
  • Incremento de exportaciones y consolidación de Argentina como exportador de oro refinado de alta pureza.
  • Integración de energías renovables y tecnologías avanzadas que podrían replicarse en otros proyectos mineros del país.

Según la empresa, la prioridad es avanzar con un proyecto “firme, robusto y sin riesgos”, asegurando la estabilidad financiera y técnica antes de iniciar la construcción de la séptima planta POX del mundo.

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El Gobierno aprobó el séptimo proyecto RIGI por una inversión de US$250 millones

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Así, el monto total asciende a los US$12.835 millones. El Gobierno Nacional informó que el Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobó el séptimo proyecto, por una inversión de más de US$250 millones.

Así lo hizo saber el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Se trata de un parque eólico que producirá energía renovable. El mismo fue presentado en conjunto por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la productora de acero ACINDAR.

Esta sociedad, además, está a cargo del otro parque eólico y solar San Luis Norte, situado en la localidad de Belgrano, provincia de San Luis. Este cuenta con una potencia total de 112,5 megawatts (mw).

El nuevo proyecto contará con una capacidad de 180 mw para producir energía renovable, y estará ubicado en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

“El Comité Evaluador del RIGI aprobó el 7mo proyecto. Se trata del Parque Eólico Olavarría presentado por PCR y ACINDAR. La inversión será de más de USD 250 millones y el parque tendrá una capacidad de 180MW de energía renovable”, indicó Caputo en sus redes.

X de totocaputo

Con este nuevo anuncio por parte del titular del Palacio de Hacienda, ya son siete los proyectos aprobados por el Comité Evaluador, sobre un total de 14 presentados, y el monto total asciende a los US$12.835 millones.

Proyecto Galan Litio (inversión por US$217 millones): exportará cloruro de litio por US$180 millones anuales a partir de 2029, desde la provincia de Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto.

Parque Solar El Quemado (inversión por US$211 millones): creación de un parque solar fotovoltaico en Las Heras, provincia de Mendoza.

Oleoducto Vaca Muerta Sur (inversión por US$2.486 millones): consiste en un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro.

Planta de licuefacción de GNL (inversión por US$6.878 millones): consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, provincia de Río Negro.

Proyecto Río Tinto (inversión por US$2.724 millones): consiste en la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón, provincia de Salta.

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El Gobierno agiliza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones con cambios clave

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El Ministerio de Economía actualiza el procedimiento del RIGI para acelerar inversiones estratégicas. Con la Resolución 983/2025, se moderniza el esquema de adhesión, control y baja de proyectos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Se delegan facultades a secretarías técnicas para agilizar trámites clave y se refuerza la trazabilidad por TAD y GDE.

El Ministerio de Economía aprobó este 15 de julio la Resolución 983/2025, por la cual se actualiza el procedimiento de implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de lo previsto en la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024. Esta medida apunta a mejorar la eficiencia administrativa del régimen y otorgar mayor celeridad a la tramitación de proyectos de inversión a gran escala.

El nuevo esquema refuerza la articulación entre la Unidad de Coordinación RIGI, el Comité Evaluador, las áreas técnicas específicas y organismos como el BCRA, ARCA y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, reduciendo los tiempos de respuesta e incorporando mayor precisión técnica en la evaluación de los proyectos.

Procedimientos diferenciados y digitalización integral

El Anexo reemplazado establece cinco procedimientos principales:

  • Adhesión al RIGI por parte de un Vehículo de Proyecto Único (VPU).
  • Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
  • Ampliaciones de proyectos preexistentes no adheridos.
  • Adhesión de proveedores locales de bienes y servicios que importen insumos.
  • Baja voluntaria del régimen.

Todos los trámites deben gestionarse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y se formalizan a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La adhesión al régimen implica aceptar las condiciones jurídicas, fiscales y cambiarias del RIGI, incluida la resolución de disputas mediante mecanismos específicos como el Panel RIGI.

Una novedad clave de la resolución es que las solicitudes de modificación del listado de bienes o servicios importados bajo franquicia RIGI podrán ser aprobadas directamente por las secretarías técnicas específicas vinculadas al sector del proyecto, sin necesidad de intervención centralizada. Esto busca reducir tiempos y aumentar la especialización del análisis.

Además, se establece que una vez aprobado un proyecto, el VPU recibirá una CUIT específica RIGI, y se notificará al Banco Central para la aplicación de incentivos cambiarios, y a ARCA para los beneficios aduaneros. El “Certificado de Adhesión al RIGI” será la constancia formal del acceso al régimen.

Los plazos para resolver solicitudes se fijan en 45 días hábiles administrativos, aunque pueden suspenderse en caso de requerimientos de información, análisis del BCRA o audiencias con representantes legales. La autoridad podrá rechazar solicitudes de adhesión, decisión que será irrecurrible, aunque permite volver a presentar la propuesta dos veces más en el mismo año.

En el caso de baja voluntaria, el procedimiento contempla controles sobre el uso de incentivos, la existencia de sumarios en curso y prevé que el cese del régimen no impida sanciones administrativas posteriores.

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Litio en Salta: el “Proyecto Rincón” ingresa al RIGI con beneficios fiscales y cambiarios

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Rincón Mining se convierte en el primer gran proyecto de litio aprobado bajo el RIGI: invertirá USD 2.744 millones en Salta. La iniciativa busca posicionar a Argentina como proveedor estratégico de carbonato de litio grado batería a nivel global

Aprobación histórica para el “Proyecto Rincón” en el marco del RIGI

El Ministerio de Economía aprobó la incorporación de Rincón Mining PTY LTD. Sucursal Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), a través de la Resolución 735/2025. Se trata del primer proyecto en el sector de minería de litio que accede al nuevo esquema promocional diseñado para atraer inversiones a largo plazo en sectores estratégicos.

La empresa invertirá USD 2.744 millones hasta 2029 para desarrollar una planta de producción de carbonato de litio grado batería, con una capacidad inicial de 53.000 toneladas por año, utilizando tecnología de extracción directa (DLE). El objetivo es alcanzar las 60.000 toneladas anuales en etapas posteriores.

Inversión, etapas y ventajas fiscales y cambiarias

El desarrollo contempla dos fases principales:

  • Etapa 1 (2024–2027): USD 1.653 millones.
  • Etapa 2 (2026–2029): USD 646 millones adicionales.

La inversión en activos computables será de USD 2.299 millones, superando con holgura el umbral mínimo exigido por el RIGI para proyectos de exportación estratégica de largo plazo.

El proyecto, ubicado en el Salar de Rincón, departamento de Los Andes, provincia de Salta, abarca 84.687 hectáreas. Utilizará procesos de nanofiltración y pretratamiento de salmuera que evitarán el uso de piletas de evaporación, con un menor impacto ambiental y mayor eficiencia.

A partir de su incorporación al régimen, Rincón Mining podrá acceder a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, así como a una CUIT especial, facilitada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También contará con franquicias para la importación de bienes de capital, conforme el listado aprobado por el Ministerio de Economía.

El proyecto fue evaluado y recomendado por el Comité Evaluador de Proyectos del RIGI, que valoró tanto su capacidad exportadora como su impacto en el desarrollo tecnológico y productivo nacional. La Secretaría de Minería certificó que cumple con los requisitos técnicos y ambientales exigidos.

Además, el Banco Central de la República Argentina no formuló objeciones y confirmó que aplicará los incentivos cambiarios previstos para proyectos RIGI.

La fecha de adhesión formal al régimen se estableció el 19 de mayo de 2025, y la empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 20% del monto mínimo de inversión durante los primeros dos años.

Implicancias para la política minera y energética

Este hito marca un punto de inflexión para la política minera argentina y representa un modelo replicable para atraer inversiones a gran escala bajo un marco jurídico previsible. La inclusión del Proyecto Rincón en el RIGI posiciona al país como actor competitivo en el mercado global del litio, en momentos en que la demanda internacional por baterías y movilidad eléctrica sigue en expansión.

Además, sienta un precedente institucional para el desarrollo sustentable de la minería, integrando criterios de innovación tecnológica, responsabilidad ambiental y generación de empleo local, en línea con los objetivos macroeconómicos de aumento de exportaciones y acumulación de reservas.

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