RIGI

Milei y el presidente de Corea del Sur profundizan la alianza estratégica: inversiones, litio e inteligencia artificial en el centro de la agenda

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El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a su par de la República de Corea, Lee Jae-Myung, en una reunión que consolidó el acercamiento bilateral con una agenda enfocada en inversiones, comercio, inteligencia artificial y minerales críticos. El encuentro dejó además un resultado concreto: la firma de un Memorándum de Entendimiento para fortalecer la cooperación en el desarrollo de litio y otros recursos estratégicos, un sector que Argentina busca posicionar como uno de los motores de su inserción en las cadenas globales de valor.

La visita del mandatario surcoreano se produce en un contexto de creciente competencia internacional por asegurar el acceso a minerales esenciales para la transición energética y la industria tecnológica. En ese escenario, Argentina busca capitalizar su potencial geológico mediante un esquema que combina apertura a las inversiones privadas con instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que, según destacó la Presidencia, fue especialmente valorada por Lee Jae-Myung.

Durante la reunión bilateral, el presidente coreano felicitó a Milei por la desaceleración de la inflación y por la implementación del RIGI y del denominado Súper RIGI, al considerar que ambos mecanismos fortalecen la previsibilidad para los grandes proyectos de inversión. La conversación también estuvo orientada a ampliar el intercambio comercial entre ambos países, con especial énfasis en energía, alimentos y minerales críticos, sectores donde Argentina posee ventajas competitivas y Corea del Sur demanda insumos estratégicos para su industria.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la inteligencia artificial, identificada por ambos gobiernos como un factor de transformación económica. Los mandatarios coincidieron en que el desarrollo de esta tecnología puede potenciar no solo la productividad, sino también sectores vinculados a los servicios, la innovación y las industrias culturales, abriendo nuevas oportunidades de cooperación entre ambas economías.

La dimensión económica de la visita quedó reforzada con la firma de un Memorándum de Entendimiento suscripto en el Palacio San Martín. El acuerdo busca profundizar la cooperación en minerales críticos, especialmente litio, mediante el impulso de inversiones conjuntas en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento, además de fomentar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro consideradas estratégicas para la producción global de baterías y tecnologías avanzadas.

El canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento transforma la complementariedad entre ambos países en una agenda de largo plazo orientada a generar inversiones y proyectos conjuntos. Además, destacó que la presencia de la empresa surcoreana POSCO en Argentina constituye un antecedente que demuestra el potencial de la relación bilateral y afirmó que los minerales críticos representan “el puente entre los recursos de la Argentina y las industrias que están definiendo el futuro”.

Desde una perspectiva geopolítica, el acercamiento con Corea del Sur refleja la estrategia del Gobierno nacional de diversificar socios comerciales y atraer capitales hacia sectores de alto valor agregado. Para Corea, asegurar el abastecimiento de litio resulta clave para sostener el liderazgo de su industria tecnológica y automotriz, mientras que para Argentina representa una oportunidad para captar inversiones, incorporar tecnología y ampliar su participación en cadenas globales vinculadas a la transición energética.

La reunión también contó con una amplia participación de funcionarios de ambos países. Por Argentina estuvieron presentes Karina Milei, Pablo Quirno, Luis Caputo, Daniel González Casartelli, Fernando Brun y Fabián Fernández, mientras que la delegación surcoreana estuvo integrada por el ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun; el ministro de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jeong-Kwan; el director de Seguridad Nacional, Wi Sung-Iac; el embajador Lee Chong-Hwa, entre otras autoridades.

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Caputo celebró la aprobación de más proyectos dentro del RIGI que aportarán más de US$ 3.000 millones

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El ministro de EconomíaLuis “Toto” Caputo, celebró que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos, que van a generar más de 4.000 puestos de trabajo, la exportación de productos y el ingreso de millones de más de 3.000 millones de dólares al país.

En primer lugar, el ministro de Economía de Milei dijo que “la planta de fertilizantes de Pampa Energía va a demandar una inversión de 2.700 millones de dólares y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo”

Al respecto sumó que “este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada, que es un insumo crítico para el agro” y, consecuentemente, “el impacto positivo en divisas superará los 800 millones de dólares anuales”.

También agregó que “se aprobó el proyecto de ampliación de Compañía MEGA, que invertirá 360 millones de dólares para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural”, lo cual es “una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta; generará 800 puestos de trabajo y exportará 190 millones de dólares por año”.

Por último, Caputo sostuvo que “con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de 49.000 millones de dólares”.

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Las diez obras que pueden cambiar la logística, la energía y las exportaciones de Argentina

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Durante décadas, Argentina convivió con una paradoja estructural: abundancia de recursos naturales, pero infraestructura insuficiente para transformarlos en crecimiento sostenido. Gas que no podía transportarse, rutas saturadas, redes eléctricas al límite y corredores logísticos con elevados costos redujeron la competitividad de sectores capaces de generar divisas y empleo.

Hoy, ese escenario comienza a mostrar un cambio de escala. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con una participación predominante del capital privado, avanza un conjunto de diez proyectos estratégicos que buscan atacar uno de los principales obstáculos de la economía argentina: la falta de infraestructura para producir más y exportar mejor.

La mayor parte de las inversiones se concentra en energía, aunque también aparecen iniciativas ferroviarias, portuarias, viales, eléctricas e internacionales que prometen modificar el mapa logístico del país durante los próximos cinco años.

El eje central es Vaca Muerta. Allí se concentran las inversiones de mayor magnitud. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, incorporada al RIGI mediante la Resolución 676/2026, demandará una inversión de 550 millones de dólares para incrementar en 12 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte entre Neuquén y Buenos Aires antes del invierno de 2027. La obra permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado con producción local, reduciendo costos energéticos para hogares, industrias y centrales eléctricas.

En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya supera la mitad de ejecución. Con una inversión de 3.000 millones de dólares liderada por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, conectará Añelo con Punta Colorada para transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura es Argentina LNG. La iniciativa impulsada por YPF contempla inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares, de los cuales unos 30.000 millones se ejecutarán durante los primeros cuatro años. El objetivo es convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para abastecer mercados internacionales desde la costa atlántica de Río Negro. La meta inicial apunta a exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con posibilidad de escalar hasta los 20.000 millones.

Ese ecosistema energético se complementa con el Gasoducto San Matías, otra obra incorporada recientemente al RIGI que demandará 1.300 millones de dólares y abastecerá al proyecto Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Según las estimaciones oficiales, el ducto permitirá generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares anuales.

Pero el desafío argentino no termina en producir más energía. También requiere transportar bienes hacia los mercados internacionales de manera más eficiente.

En esa lógica aparece el Corredor Bioceánico Capricornio, una obra regional valuada en aproximadamente 10.000 millones de dólares que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una red de 2.400 kilómetros. El corredor pretende consolidarse como una alternativa logística al Canal de Panamá para vincular el Atlántico con el Pacífico, aunque el tramo argentino continúa siendo el más rezagado de toda la iniciativa.

Con un objetivo similar avanza el Tren Trasandino, un proyecto ferroviario de 9.600 millones de dólares que contempla un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, doble vía electrificada y un puerto de aguas profundas en Chile destinado a facilitar las exportaciones agroindustriales hacia Asia.

Otro componente estratégico es la Hidrovía Paraná-Paraguay. La nueva concesión privada por 25 años busca modernizar el principal corredor fluvial del país mediante inversiones tecnológicas y obras de mantenimiento que permitan reducir tiempos de navegación y mejorar la competitividad exportadora.

La infraestructura vial también atraviesa un proceso de transformación. La Red Federal de Concesiones reemplazará al esquema administrado por Corredores Viales mediante la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales financiadas íntegramente por inversión privada. Según el Ministerio de Economía, estos corredores concentran cerca del 80% del tránsito nacional y permitirán reducir tanto el deterioro de la infraestructura como el costo fiscal asociado a la administración estatal.

En materia energética, el Gobierno también lanzó un ambicioso Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones privadas por unos 6.600 millones de dólares para ejecutar 17 proyectos destinados a reforzar líneas de alta tensión, ampliar la capacidad del sistema e incorporar nuevas interconexiones nacionales e internacionales. El financiamiento se recuperará mediante cargos tarifarios aplicados una vez que las obras entren en funcionamiento.

El décimo gran proyecto corresponde al sistema ferroviario de cargas. La privatización del Belgrano Cargas y Logística incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema que habilitará inversiones privadas para modernizar la infraestructura. Entre los principales interesados figura Ferromex, del Grupo México, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares destinado a recuperar capacidad operativa y reducir costos logísticos para las economías regionales.

Más allá de la magnitud financiera, el denominador común de estas iniciativas es que buscan resolver restricciones estructurales que históricamente limitaron el crecimiento argentino. Para el economista Sebastián Laza, una mejora en la infraestructura energética y logística permitiría potenciar sectores donde el país posee claras ventajas comparativas —como el agro, la minería y los hidrocarburos— y generar un efecto multiplicador sobre la industria, el transporte, la metalmecánica y los servicios asociados.

En la misma línea, José Vargas, director de Evaluecon, sostiene que la verdadera transformación no reside únicamente en cada obra individual, sino en la capacidad de conformar un sistema integrado que reduzca costos, aumente la productividad y genere las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico sin repetir la histórica restricción externa.

El desafío trasciende la construcción de infraestructura. La experiencia argentina demuestra que las grandes obras sólo producen cambios estructurales cuando están acompañadas por estabilidad macroeconómica, reglas regulatorias previsibles y continuidad institucional. Inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y seguridad jurídica aparecen como condiciones indispensables para que el capital privado complete inversiones cuya recuperación demandará décadas.

Si esas condiciones logran consolidarse, el impacto podría extenderse mucho más allá de los sectores directamente involucrados. Una matriz logística más eficiente, menor costo energético y mayor capacidad exportadora no sólo fortalecerían el ingreso de divisas, sino que también mejorarían la competitividad de miles de empresas, favorecerían nuevas inversiones y ampliarían las oportunidades de desarrollo para las economías regionales, convirtiendo a la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la próxima década.

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Pese a los anuncios, el clima inversor es amarrate: el RIGI es sólo el 1,5% del PBI

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El Gobierno de Javier Milei acumula anuncios de inversiones, mejoras en la calificación de la deuda soberana y un renovado discurso de confianza en el rumbo económico. Sin embargo, detrás de las señales positivas persiste una realidad más compleja: el flujo efectivo de inversiones continúa siendo reducido y los analistas advierten que el sector privado aún espera señales de mayor estabilidad antes de comprometer capitales de largo plazo.

Uno de los indicadores que mejor refleja esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con estimaciones privadas, de los casi 124.000 millones de dólares en proyectos anunciados, apenas unos 7.881 millones se desembolsarían efectivamente durante los próximos dos años. Esa cifra representa apenas el 7,2% del total previsto y equivale aproximadamente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Un clima de negocios que todavía no aparece

Para el economista Orlando Ferreres, la principal limitación no pasa por la existencia del RIGI, sino por el contexto general.

Según su análisis, Argentina aún no ofrece un ambiente de inversión comparable con el de otras economías de la región, ya que las empresas prefieren esperar definiciones políticas antes de comprometer grandes desembolsos. El interrogante central continúa siendo qué ocurrirá con el rumbo económico después de 2027.

En la misma línea, el exsecretario de Finanzas Daniel Marx sostiene que la pregunta más frecuente entre los inversores internacionales es si esta vez las reformas tendrán continuidad más allá del actual gobierno. Esa incertidumbre, coinciden distintos especialistas, sigue siendo uno de los principales frenos para el ingreso de inversiones productivas.

Mejora financiera, pero con poco impacto en la economía real

El optimismo oficial se apoya también en la recuperación de la percepción financiera del país. Esta semana, la calificadora Moody’s elevó la nota de la deuda argentina y dejó una perspectiva positiva, alineándose con las evaluaciones de las otras grandes agencias internacionales.

Para el Gobierno, esta mejora constituye una señal de confianza que debería facilitar el acceso al financiamiento y reducir el riesgo país. Sin embargo, los economistas distinguen entre la recuperación del mercado financiero y la inversión en la economía real. Una menor prima de riesgo ayuda a estabilizar el escenario macroeconómico, pero no garantiza por sí sola nuevas fábricas, plantas industriales o generación de empleo.

Pocas inversiones y muy concentradas

Otro de los rasgos que muestran los datos del RIGI es la fuerte concentración sectorial y geográfica.

La mayor parte de los proyectos aprobados corresponde a hidrocarburos, minería e infraestructura energética, principalmente en Río Negro y Neuquén. Tres emprendimientos explican alrededor del 60% de las inversiones previstas para los próximos dos años, una característica que reduce el efecto multiplicador sobre el resto de la economía.

En consecuencia, mientras algunos sectores estratégicos muestran una expansión significativa, buena parte de la industria continúa operando con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada y el crecimiento económico se distribuye de manera muy desigual.

El desafío del Gobierno

La administración Milei apuesta a profundizar la desregulación, reducir aún más el riesgo país y consolidar el equilibrio macroeconómico para atraer inversiones de mayor volumen.

No obstante, el principal desafío parece ser transformar las mejoras financieras en decisiones concretas del sector privado. Mientras persista la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico y se mantengan elevadas las tasas de interés, gran parte del capital seguirá optando por esperar antes que asumir riesgos en proyectos productivos de largo plazo.

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El Gobierno reglamentó la libre exportación de hidrocarburos: elimina trabas, crea un registro único y acelera las ventas al exterior

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda de desregulación económica al reglamentar el régimen de libre exportación de hidrocarburos y crear un procedimiento simplificado que reemplaza buena parte de los controles administrativos vigentes desde hace casi una década. La medida, oficializada mediante la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, busca acelerar las operaciones de exportación de petróleo, combustibles y gas licuado, reduciendo la intervención estatal a situaciones vinculadas exclusivamente con la seguridad del abastecimiento interno.

La decisión se inscribe dentro del proceso de reformas impulsado por la administración de Javier Milei tras la aprobación de la Ley Bases y la modificación del régimen hidrocarburífero. El nuevo esquema reconoce que los productores tienen el dominio sobre los hidrocarburos que extraen y, por lo tanto, pueden comercializarlos y exportarlos libremente, salvo que existan razones técnicas o económicas que justifiquen una objeción por parte del Estado.

Uno de los cambios centrales es la creación del Registro de Operaciones de Exportación, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos. Allí quedarán asentadas todas las notificaciones de exportación, las eventuales objeciones oficiales y las Constancias de Libre Exportación, documento que garantizará la estabilidad jurídica de cada operación durante todo el programa de embarques.

La resolución alcanza a las exportaciones de aceites crudos de petróleo, aceites de mineral bituminoso, gasolinas —excepto las de aviación—, gasoil, propano, butano y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Además, faculta a la Secretaría de Energía a incorporar o excluir productos del régimen según las necesidades del mercado interno.

Fin de un trámite que el Gobierno consideró burocrático

La normativa elimina uno de los requisitos más cuestionados por las empresas del sector: la obligación de demostrar previamente que el producto había sido ofrecido al mercado interno antes de obtener la autorización para exportar.

Ese mecanismo, establecido por la Resolución 241/2017, obligaba a publicar ofertas de venta para potenciales compradores locales antes de habilitar cualquier operación internacional. Según el Gobierno, la experiencia demostró que ese procedimiento no garantizaba el abastecimiento nacional y terminaba generando distorsiones incompatibles con el nuevo marco de libertad económica.

En consecuencia, también fueron derogadas las resoluciones 303/1994, 241/2017 y 175/2023, consolidando un único procedimiento para todas las exportaciones de hidrocarburos líquidos y sus derivados.

Un sistema basado en la “no objeción”

El nuevo régimen no requiere una autorización previa tradicional. En cambio, las empresas deberán notificar la operación a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), mientras que la Secretaría de Energía dispondrá de un plazo determinado para formular objeciones si considera que la exportación puede afectar el abastecimiento interno o incumple alguno de los requisitos técnicos establecidos.

Para las exportaciones de petróleo crudo, gasolinas y gasoil el plazo máximo de análisis será de 30 días hábiles administrativos, mientras que para propano, butano y GLP será de 7 días hábiles.

Si transcurridos esos plazos la autoridad no se pronuncia, operará el silencio administrativo positivo. En ese caso, la empresa podrá exigir la emisión de la Constancia de Libre Exportación, documento que asegura que el derecho a exportar no podrá ser interrumpido durante toda la vigencia del programa autorizado.

Cuándo podrá intervenir el Estado

Aunque el nuevo régimen amplía significativamente la libertad comercial, la Secretaría de Energía conserva la facultad de objetar una exportación cuando existan fundamentos técnicos o económicos.

Entre las principales causales figuran la insuficiente disponibilidad de hidrocarburos para abastecer el mercado interno en condiciones razonables, la falta de acreditación de reservas o capacidad de producción para contratos de largo plazo, la presentación de información falsa o incompleta, la inexistencia de infraestructura suficiente para concretar la operación, prácticas anticompetitivas o variaciones imprevistas y significativas de los precios internos.

En caso de objeción, las empresas dispondrán de cinco días hábiles para presentar descargos o proponer alternativas, como reemplazar el volumen objetado mediante importaciones equivalentes o reducir parcialmente la exportación comprometida.

La reglamentación también incorpora un tratamiento específico para los contratos de exportación que superen los doce meses de duración. En esos casos, las empresas deberán acreditar la disponibilidad futura de producción, reservas o contratos firmes de abastecimiento que respalden los volúmenes comprometidos.

Asimismo, cuando las exportaciones requieran nuevas obras de infraestructura, los proyectos podrán articularse con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si la empresa ya inició el trámite de adhesión al régimen, bastará con presentar la constancia correspondiente sin necesidad de duplicar la documentación técnica.

Un nuevo marco para atraer inversiones

La Resolución 166/2026 completa la reglamentación del nuevo esquema hidrocarburífero surgido tras las modificaciones introducidas por la Ley Bases. Para el Gobierno, el objetivo es reducir cargas burocráticas, brindar mayor previsibilidad a las exportaciones y alinear el funcionamiento del sector con principios de libre competencia, precios de mercado e integración al comercio internacional.

En términos económicos, la medida apunta a ofrecer mayor seguridad regulatoria para proyectos de largo plazo, especialmente en desarrollos vinculados con Vaca Muerta y futuras inversiones en infraestructura energética, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de intervención estatal únicamente cuando exista riesgo comprobado para el abastecimiento interno.

Anexo 1 Resolución 166/2026 by CristianMilciades

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