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El Gobierno licita por 50 años los trenes de carga Belgrano, San Martín y Urquiza

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El Gobierno nacional puso en marcha formalmente la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, en una de las principales operaciones de transformación del sistema ferroviario impulsadas por la administración de Javier Milei. La iniciativa alcanza 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y busca atraer capital privado para recuperar infraestructura clave para la producción y las exportaciones a través de los trenes de carga.

La medida fue instrumentada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 1350/2026, que autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0004-LPU26 para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las tres líneas, con opción de compra del material rodante correspondiente a cada corredor.

El esquema elegido no supone la venta de las vías ferroviarias. La infraestructura continuará bajo propiedad del Estado Nacional, mientras que los adjudicatarios asumirán la concesión, las inversiones y la gestión operativa establecidas en los contratos. El Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo será el acceso abierto a la infraestructura. Esto significa que distintos operadores podrán utilizar las vías bajo condiciones objetivas y no discriminatorias, una modalidad que apunta a ampliar la competencia y evitar que la concesión se convierta en una barrera para nuevos actores del transporte ferroviario de cargas.

La apuesta oficial es que el capital privado asuma el riesgo empresario que durante décadas no logró resolver el sistema estatal. El diagnóstico incluido en la documentación del proceso señala que la infraestructura acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, aun cuando el Estado destinó recursos crecientes al sostenimiento del servicio.

El problema adquiere una dimensión particular cuando se observa la evolución de la producción argentina. Desde 1970, la producción agropecuaria se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que en aquel momento. Para el Gobierno, esa brecha muestra que el principal problema no es la ausencia de demanda sino la incapacidad del modelo de gestión para acompañar el crecimiento productivo.

La situación que encontró la actual administración también fue considerada crítica. Los informes técnicos mencionados en el proceso de privatización describieron pérdidas económicas significativas, deterioro de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos y deficiencias en el mantenimiento del parque tractivo. Durante 2023, entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado de las locomotoras no se habría cumplido.

El nuevo esquema intenta cambiar esa ecuación trasladando al concesionario la responsabilidad de invertir y mantener la red. La duración de 50 años fue definida con el objetivo de generar un horizonte suficiente para inversiones ferroviarias de gran escala, cuyos períodos de recuperación exceden ampliamente los ciclos de corto plazo.

Además, los contratos contemplarán Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones. Los oferentes también podrán comprometer obras adicionales de carácter optativo, que serán consideradas en el proceso de evaluación de las propuestas.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano. En el caso del San Martín, el objetivo es recuperar capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal, mientras que en el Urquiza se prevé la recuperación de su ramal troncal.

La operación incorpora además un mecanismo para transformar activos ferroviarios existentes en una fuente de financiamiento para la recuperación de la infraestructura. Los concesionarios tendrán la opción de adquirir determinados lotes de material rodante y los recursos obtenidos por la venta y el remate serán destinados a un fideicomiso de administración cuyo objetivo será financiar las obras a cargo de los concesionarios.

El diseño busca, de ese modo, que parte de los activos actualmente vinculados al sistema contribuyan a financiar su propia recuperación. La resolución establece que el fideicomiso será constituido específicamente para administrar los recursos provenientes de esas operaciones, en lugar de utilizar la estructura fiduciaria que había sido prevista anteriormente.

Otro componente relevante es la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los futuros concesionarios podrán beneficiarse de los incentivos y mecanismos de estabilidad y protección previstos por ese régimen, siempre que cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa. Para el Gobierno, incorporar esta alternativa puede ampliar la concurrencia y favorecer ofertas más competitivas.

La escala territorial de la concesión convierte al proceso en una operación con potencial impacto directo sobre la logística argentina. Las tres líneas atraviesan 16 provincias y conectan regiones productivas con los principales puertos y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Una mejora sostenida de la infraestructura ferroviaria podría reducir restricciones logísticas y ampliar las alternativas de transporte para las economías regionales y las cadenas exportadoras.

El cronograma ya quedó definido. Las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura se realizará ese mismo día a las 10, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también habilita a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a requerir asistencia técnica y operativa de Belgrano Cargas y Logística durante el proceso. Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos previstos para las distintas unidades de negocio, el esquema definido por el Gobierno contempla la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La discusión de fondo, más allá de la privatización, será si el nuevo modelo logra convertir kilómetros de vías deterioradas en una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la producción argentina. El éxito de la concesión no se medirá solamente por la adjudicación de los contratos, sino por la capacidad de recuperar corredores, reducir tiempos y costos logísticos, aumentar la carga transportada y generar condiciones para que más producción pueda llegar de manera competitiva a los mercados internos y externos.

La licitación marca así el paso de una etapa de administración estatal de Belgrano Cargas hacia un modelo de concesión de largo plazo con inversión privada y acceso abierto. El desafío será transformar ese cambio contractual en resultados concretos sobre la infraestructura, la logística y la competitividad de las economías productivas que dependen de esos corredores ferroviarios.

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Caputo anunció la licitación por 50 años del Belgrano Cargas y abre el sistema ferroviario a operadores privados

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El Gobierno nacional avanzó con uno de los movimientos de mayor alcance dentro de su programa de transformación ferroviaria: el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, anunció la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar por 50 años la concesión de las líneas Belgrano cargas, San Martín y Urquiza.

El esquema comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y conectados con los principales puertos argentinos, además de corredores estratégicos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La magnitud de la red convierte a la operación en una pieza relevante para la competitividad logística del país y, particularmente, para las economías regionales que dependen del transporte ferroviario para reducir costos y ampliar mercados.

La concesión se estructurará bajo un régimen de acceso abierto, mediante el cual distintos operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria. El modelo contempla, además, Planes de Inversiones Obligatorias destinados a garantizar el mantenimiento y la recuperación de la red, con la intención de evitar que la concesión se limite a la explotación de la infraestructura existente.

Uno de los principales incentivos para atraer capital privado será la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellos proyectos que contemplen inversiones de al menos USD 200 millones destinadas a la renovación de vías.

El Gobierno justificó la decisión a partir del deterioro acumulado del sistema ferroviario bajo administración estatal. Según el argumento presentado por Caputo, durante décadas el Estado sostuvo una estructura que registró un deterioro progresivo pese al crecimiento del gasto público destinado a su funcionamiento.

La paradoja planteada por Economía es particularmente relevante para el transporte de cargas: desde 1970 la producción agropecuaria, identificada como el principal demandante del servicio, se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta menos carga que en aquel momento.

Para el Gobierno, esa evolución demuestra que el principal problema del sistema no estuvo en la falta de demanda, sino en la estructura de incentivos y en la capacidad de gestión. La privatización busca modificar esa ecuación mediante la incorporación de operadores privados que aporten capital, capacidad de administración y asuman el riesgo asociado a las inversiones.

La discusión tendrá un impacto especial sobre las economías regionales. En un país donde buena parte de la producción primaria se genera lejos de los puertos, la disponibilidad de una red ferroviaria eficiente puede modificar de manera significativa la estructura de costos logísticos. Una mejora sostenida en las vías permitiría ampliar el radio competitivo de las producciones del interior y reducir la dependencia del transporte automotor en los trayectos de larga distancia.

Para las provincias del Norte Grande, el alcance de las líneas Belgrano y Urquiza adquiere además una dimensión estratégica. La conexión con los países limítrofes y con los principales corredores de exportación puede convertir al ferrocarril en una herramienta de integración regional, siempre que las inversiones logren recuperar capacidad operativa y continuidad en los servicios.

El régimen de acceso abierto pretende introducir competencia sobre una infraestructura que, bajo el nuevo esquema, dejaría de depender exclusivamente de un operador estatal. El Estado conservaría funciones de regulación y control, mientras que las empresas concesionarias asumirían las obligaciones de inversión establecidas en los contratos.

El desafío será transformar la licitación en infraestructura efectiva. La recuperación de miles de kilómetros de vías requiere inversiones de largo plazo, mantenimiento permanente y previsibilidad regulatoria. Por eso, la estructura contractual y el cumplimiento de los planes obligatorios serán determinantes para medir si el nuevo modelo consigue revertir décadas de deterioro.

La decisión forma parte de un proceso más amplio de reforma del sistema ferroviario y de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. En este caso, el Gobierno busca que el capital privado no solamente tome a su cargo la operación, sino que también financie la modernización de una red considerada estratégica para la logística nacional.

El punto de fondo es económico: si la infraestructura ferroviaria logra recuperar volumen, velocidad y confiabilidad, el impacto puede extenderse mucho más allá del sector transporte. Menores costos logísticos pueden mejorar la competitividad de las exportaciones, ampliar mercados para las economías regionales y generar mejores condiciones para atraer inversiones productivas en las provincias.

La licitación del Belgrano, San Martín y Urquiza abre así una etapa de transición en la que el resultado dependerá menos del anuncio de la concesión que de la capacidad de convertir las obligaciones de inversión en kilómetros de vías recuperados, servicios confiables y mayor carga transportada. Ese será, en definitiva, el indicador que permitirá determinar si el cambio de modelo logra convertir una red deteriorada en una plataforma para el desarrollo productivo federal.

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Minería digitaliza sus trámites y busca acelerar inversiones: nuevo registro, control ambiental y devolución de IVA online

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Las Resoluciones 68/2026 y 66/2026 de la Secretaría de Minería, publicadas este 19 de agosto, adaptan los procedimientos al Decreto 482/2026 y reemplazan parte de la arquitectura regulatoria acumulada desde 1996. El cambio central no está en la creación de un nuevo beneficio fiscal, sino en la forma en que empresas, proyectos y proveedores deberán relacionarse con el Estado para acceder y mantener los incentivos previstos por la Ley 24.196.

La apuesta oficial es que una administración más digital y trazable reduzca costos burocráticos para los proyectos de exploración y explotación, pero también mejore la capacidad estatal para identificar a cada beneficiario y seguir la evolución de cada emprendimiento.

Un registro para seguir empresas y proyectos por separado

La Resolución 68/2026 aprueba el Registro de Inversiones Mineras (RIM) como sistema informático para identificar a los beneficiarios del régimen mediante su CUIT. El nuevo esquema también permite individualizar los proyectos mineros y asignarles un código específico, una modificación relevante para una actividad en la que una misma empresa puede desarrollar distintos emprendimientos con situaciones técnicas, económicas y fiscales diferentes.

La separación entre empresa y proyecto tiene consecuencias prácticas. Permite que las declaraciones juradas y los mecanismos de seguimiento se vinculen con mayor precisión a cada unidad productiva, evitando que la información quede concentrada exclusivamente a nivel societario.

La resolución también actualiza los procedimientos para la inscripción, permanencia, modificación y baja dentro del régimen, incorporando a los prestadores de servicios mineros y estableciendo la obligación de constituir un domicilio legal electrónico en las condiciones previstas por la nueva reglamentación.

El cambio puede parecer administrativo, pero tiene impacto económico. Para una empresa exploradora o un proveedor especializado, el tiempo que transcurre entre una inversión, su registración y la validación de los beneficios fiscales puede afectar directamente el flujo de fondos disponible para continuar las tareas en campo.

La simplificación llega acompañada de mayor trazabilidad

La reforma elimina varias normas anteriores que habían quedado superpuestas con el paso del tiempo. Entre ellas, disposiciones dictadas en 1996, 2019, 2020 y 2021, reemplazadas por un procedimiento adaptado al nuevo marco reglamentario.

Sin embargo, la simplificación no supone una reducción de las exigencias de información. El objetivo es reorganizar el sistema para que el Estado pueda ejercer controles con datos más estructurados y asociados a cada proyecto.

La nueva normativa también formaliza los procedimientos vinculados al Seguro Ambiental Obligatorio, en línea con las exigencias de la Ley General del Ambiente. El desafío es relevante para la legitimidad social de la actividad minera: la promoción de inversiones necesita convivir con mecanismos verificables de prevención, cobertura y reparación frente a eventuales daños.

Desde una perspectiva de periodismo de soluciones, el punto de equilibrio está precisamente allí. La burocracia innecesaria puede desalentar inversiones y empleo, pero la ausencia de controles puede trasladar costos ambientales y sociales a las comunidades. La reforma intenta resolver esa tensión mediante una mayor digitalización y trazabilidad, aunque su efectividad dependerá de la capacidad concreta de fiscalización.

RIGI y Ley de Inversiones Mineras: cómo se conectarán los dos regímenes

La Resolución 68/2026 también adapta los procedimientos para compatibilizar el Registro de Inversiones Mineras con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La norma contempla la situación de proyectos mineros que ingresen al régimen especial de grandes inversiones mediante Vehículos de Proyecto Único y establece mecanismos para preservar la continuidad registral. El objetivo es evitar que la adhesión a un régimen genere una ruptura administrativa respecto del otro.

Para los inversores, esa continuidad reduce incertidumbre regulatoria. Para el Estado, permite mantener identificada la trayectoria del proyecto dentro de ambos sistemas promocionales.

El desafío de fondo será que esa coordinación administrativa no termine generando una doble carga de trámites. La promesa de simplificación solo será efectiva si los organismos comparten información y evitan exigir varias veces documentación equivalente.

El IVA de exploración pasa a un sistema digital

La segunda modificación relevante surge de la Resolución 66/2026. Las solicitudes de devolución del crédito fiscal del IVA previsto en el artículo 14 bis de la Ley de Inversiones Mineras pasarán a tramitarse mediante el Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA.

El régimen mantiene la condición de fondo establecida por la ley: los créditos fiscales deben acumularse durante 12 períodos fiscales antes de que proceda la devolución, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

La modificación cambia principalmente el circuito administrativo. La documentación deja atrás el procedimiento anterior y la solicitud se integra a una plataforma digital. La Secretaría de Minería conserva su función técnica: deberá verificar que los gastos declarados estén efectivamente vinculados con actividades de exploración y con un proyecto minero alcanzado por el régimen.

Para una actividad intensiva en capital y con largos períodos entre la inversión inicial y la generación de ingresos, acelerar el recupero de créditos fiscales puede tener un efecto directo sobre la disponibilidad de recursos para nuevas perforaciones, estudios geológicos, ensayos y servicios especializados.

La norma mantiene además un período de transición. Los trámites iniciados bajo el régimen anterior continuarán hasta su finalización por ese mecanismo, salvo que el beneficiario decida desistir y presentar una nueva solicitud a través del SIR.

Una reforma administrativa con impacto sobre el territorio

La minería suele analizarse a partir de las grandes cifras de inversión, exportaciones y generación de divisas. Pero detrás de cada proyecto existe una red más amplia de proveedores, profesionales, transportistas, laboratorios y comunidades que dependen de la previsibilidad de las reglas.

Un sistema registral que identifique con claridad cada proyecto puede mejorar el control sobre los beneficios otorgados. Un circuito digital para recuperar IVA puede reducir costos de gestión y mejorar la liquidez de empresas que todavía se encuentran en la etapa exploratoria. Y una regulación específica sobre seguro ambiental puede aportar herramientas para que el riesgo de la actividad no quede desconectado de las responsabilidades económicas de quienes la desarrollan.

Para las provincias, el desafío será aprovechar la mayor agilidad administrativa para fortalecer encadenamientos locales. La llegada de inversiones no garantiza por sí sola desarrollo territorial: la diferencia la marcará la capacidad de incorporar proveedores, empleo especializado y servicios asociados a cada proyecto.

Lo que habrá que seguir de cerca

Las Resoluciones 68 y 66/2026 reordenan la relación entre el Estado y los actores del régimen de inversiones mineras bajo una lógica de menos procedimientos fragmentados y más información digitalizada.

El resultado deberá medirse en la práctica. La variable relevante será cuánto tiempo se reduce en la tramitación de inscripciones y recuperos fiscales, sin que esa velocidad debilite la calidad de los controles técnicos, tributarios y ambientales.

La minería argentina enfrenta una oportunidad de expansión, pero la sostenibilidad de ese proceso dependerá de algo más que los incentivos. La nueva arquitectura administrativa tendrá valor si logra convertir la simplificación en inversiones concretas, la trazabilidad en control efectivo y la actividad extractiva en un proceso capaz de generar beneficios económicos que también se traduzcan en desarrollo para los territorios donde se producen.

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Obras ferroviarias podrán incorporarse al RIGI y definen que una renovación de vías puede computar como nueva inversión

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El Gobierno nacional introdujo una modificación relevante en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al precisar qué tipo de obras ferroviarias pueden ser consideradas inversiones en infraestructura y bajo qué condiciones una intervención sobre una red existente puede computar como una ampliación de proyecto. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 748/2026, publicado este 18 de agosto, y busca otorgar mayor previsibilidad a potenciales inversiones de largo plazo en un sector caracterizado por elevados requerimientos de capital y extensos períodos de recupero.

La modificación parte de una definición central: dentro del sector de infraestructura ferroviaria, el concepto de construcción ya no queda limitado a la ejecución de infraestructura completamente nueva. La reglamentación incorpora expresamente la renovación, sustitución, transformación o desarrollo de infraestructura existente, además de la infraestructura accesoria necesaria para el funcionamiento de la logística y el transporte ferroviario.

El cambio puede tener una incidencia significativa sobre proyectos ferroviarios que intervengan sobre trazas ya construidas. El decreto contempla expresamente obras como la renovación de vías existentes, la duplicación de vías, la rehabilitación de ramales no operativos mediante nueva infraestructura, la renovación integral de puentes, alcantarillas y otras obras de arte ferroviarias, así como sistemas de señalamiento, telecomunicaciones, energía y electrificación directamente vinculados con la operación ferroviaria.

También quedan comprendidas las obras destinadas a mejorar la logística asociada al transporte de cargas, como nodos logísticos, puertos secos, centros de desconsolidación y transferencia de cargas y playas de maniobra, intercambio y clasificación. El criterio busca ampliar el universo de infraestructura que puede ser considerado parte de un proyecto ferroviario bajo el RIGI, siempre que exista una relación directa con su funcionamiento.

Pero el decreto establece una frontera que resulta determinante para las empresas que pretendan acceder a los beneficios del régimen. El mantenimiento o la conservación de la infraestructura preexistente, por sí solos, no alcanzan para configurar la inversión en los términos definidos por la nueva reglamentación. La diferencia estará dada por la naturaleza de la intervención y, especialmente, por su impacto sobre la capacidad operativa de la red.

La segunda modificación relevante aparece en el artículo 60 de la reglamentación del RIGI. Para una “Ampliación de un Proyecto Preexistente no adherido al RIGI”, el criterio general continúa siendo que las inversiones en activos computables produzcan un incremento de la capacidad productiva instalada. En el caso ferroviario, el Gobierno tradujo ese concepto a una variable concreta: la capacidad de transporte de la infraestructura.

De esta manera, una inversión realizada sobre una línea ferroviaria existente podrá ser considerada una ampliación a los efectos del RIGI cuando produzca un aumento verificable de la capacidad de transporte respecto de la situación previa a la ejecución del proyecto. Además, ese incremento no podrá quedar sujeto solamente a una apreciación cualitativa: deberá determinarse cuantitativamente mediante parámetros técnicos objetivos.

El criterio introduce así una referencia medible para evaluar proyectos ferroviarios que pretendan ingresar al régimen. La discusión deja de estar centrada exclusivamente en si la obra se ejecuta sobre una infraestructura nueva o existente y pasa a considerar qué transformación genera la inversión sobre la capacidad efectiva de transporte.

En términos económicos, la precisión puede resultar especialmente relevante para proyectos que requieran renovar infraestructura ferroviaria deteriorada y, al mismo tiempo, incrementar su capacidad operativa. Una renovación que simplemente preserve las condiciones existentes quedaría fuera del concepto de ampliación, mientras que una intervención que permita transportar un mayor volumen de cargas o mejorar objetivamente las condiciones técnicas de operación podría encuadrar dentro del criterio establecido por el decreto.

La norma también incorpora una definición más amplia de infraestructura accesoria, al incluir aquella que resulte necesaria para el correcto funcionamiento de la logística y del transporte ferroviario. El objetivo es evitar que la aplicación del RIGI quede circunscripta exclusivamente a las vías y permita contemplar inversiones complementarias que forman parte de una solución integral de transporte.

El trasfondo de la decisión está explicitado en los fundamentos del decreto: el Gobierno considera que buena parte de la red ferroviaria argentina fue construida hace décadas y presenta condiciones de deterioro y desgaste que afectan su capacidad operativa. Frente a ese diagnóstico, la reglamentación busca generar condiciones para inversiones destinadas a su renovación, transformación, sustitución o desarrollo, diferenciándolas de las tareas rutinarias de conservación.

La definición adquiere especial relevancia para un sistema ferroviario cuya recuperación requiere inversiones de gran escala y horizontes de largo plazo. En ese escenario, establecer de antemano qué obras pueden ser consideradas dentro del RIGI reduce una de las incertidumbres que enfrentan los inversores: la posibilidad de que una intervención sobre infraestructura existente sea interpretada como una simple tarea de mantenimiento y, por lo tanto, quede fuera del alcance de los incentivos.

El Decreto 748/2026 entra en vigencia desde su publicación y modifica la reglamentación del RIGI aprobada originalmente por el Decreto 749/2024. La nueva regla no implica que toda obra ferroviaria sobre infraestructura existente pueda acceder automáticamente al régimen: el punto decisivo será demostrar, con parámetros técnicos objetivos, que la inversión genera un incremento efectivo y cuantificable de la capacidad de transporte.

Para el sector ferroviario, esa precisión transforma una definición regulatoria en una variable de evaluación concreta. El desafío, a partir de ahora, estará en que los proyectos puedan traducir sus inversiones en indicadores verificables de capacidad, de modo que la modernización de una red existente pueda ser reconocida como una verdadera ampliación productiva y no solamente como una reparación de infraestructura envejecida.

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Marín anticipó exportaciones de GNL por US$10.000 millones anuales y US$29.000 millones de inversión

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El proyecto argentino para convertir el gas de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas natural licuado (GNL) comienza a tomar dimensión no solo por el volumen de inversión comprometido, sino también por su potencial impacto sobre el ingreso de divisas y el empleo. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la iniciativa permitirá generar exportaciones por unos US$10.000 millones anuales y crear alrededor de 20.000 puestos de trabajo.

“Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo”, afirmó Marín en declaraciones al programa “Vamos Rivadavia”, conducido por Nelson Castro en Radio Rivadavia.

El planteo supone que la Argentina puede avanzar desde una posición de productor de hidrocarburos hacia un esquema de exportación energética de escala global. El gas producido en Vaca Muerta será procesado y licuado para ser transportado en barcos hacia mercados internacionales, particularmente Europa y Asia, donde existe una demanda estructural de energía.

Marín proyectó que el flujo exportador podría sostenerse durante unos 20 años. Bajo esa hipótesis, los US$10.000 millones anuales representarían aproximadamente US$200.000 millones acumulados durante dos décadas. La cifra, más que una proyección de corto plazo, muestra el objetivo de construir una fuente estructural de divisas para la economía argentina.

El proyecto se apoya además en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca ofrecer un marco de previsibilidad para inversiones de gran escala y facilitar la participación de capital extranjero. Para YPF, esa herramienta es relevante porque la infraestructura necesaria para desarrollar la cadena de GNL requiere desembolsos que exceden ampliamente la capacidad de financiamiento de una única compañía.

“Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y pueden haber inversiones extranjeras gracias al RIGI”, sostuvo Marín, al explicar el papel que tendrá el régimen en la etapa de financiamiento.

El punto inmediato, sin embargo, todavía no es la exportación sino conseguir el financiamiento necesario para poner en marcha las obras. Marín señaló que el proyecto se encuentra actualmente en esa etapa y estimó que el cierre financiero se producirá hacia fines de este año. A partir de 2027 comenzarían las obras de infraestructura.

La inversión prevista para los próximos cuatro años alcanza los US$29.000 millones, una escala que convierte al proyecto energético en uno de los mayores programas de inversión privada de la historia reciente argentina. Ese desembolso deberá financiar instalaciones de producción, transporte, procesamiento y licuefacción, además de la perforación de los pozos necesarios para sostener el volumen de gas requerido.

La relevancia económica del proyecto está precisamente en la integración de esa cadena. El desafío no consiste únicamente en producir más gas, sino en disponer de infraestructura suficiente para llevarlo desde Vaca Muerta hasta las instalaciones de procesamiento y posteriormente convertirlo en un producto exportable por vía marítima.

La apuesta por el GNL también busca superar una restricción histórica de la matriz energética argentina: la dependencia de la infraestructura regional para colocar excedentes de gas. La licuefacción permite transportar el recurso en barcos y acceder a mercados que no están conectados por gasoductos con el país.

Ese cambio abre una ventana comercial particularmente relevante porque permite diversificar destinos. Europa y Asia cuentan con mercados de gran escala y necesidades energéticas diferentes, mientras que el GNL se comercializa globalmente y puede ser redirigido según precios y demanda.

Marín planteó además una visión de largo plazo sobre la transformación de la matriz exportadora argentina. Afirmó que el país puede convertirse en el segundo exportador mundial de etanol, alcanzar el quinto lugar global en líquidos utilizados para garrafas y posicionarse como sexto exportador mundial de gas natural.

El desafío es convertir esas ventajas potenciales en capacidad exportadora efectiva. Para lograrlo, Argentina necesita resolver financiamiento, infraestructura, disponibilidad de equipos, desarrollo de proveedores y formación de trabajadores especializados. La magnitud de las inversiones también exige estabilidad regulatoria durante períodos que exceden ampliamente un mandato presidencial.

En ese punto, Marín buscó diferenciar el proyecto de las discusiones políticas coyunturales y remarcó que la estrategia de YPF está pensada en horizontes de largo plazo. “Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones”, afirmó, al subrayar que la empresa trabaja con una perspectiva que trasciende las declaraciones de corto plazo.

La cuestión central será entonces la ejecución. Los US$29.000 millones previstos para los próximos cuatro años no representan solamente una cifra financiera: implican obras, contratos, empleo, demanda de bienes y servicios y oportunidades para proveedores argentinos.

Si el proyecto alcanza los volúmenes previstos, el efecto económico podría extenderse mucho más allá de Vaca Muerta. Una cadena de GNL de escala internacional puede generar actividad en Neuquén, infraestructura y logística en otras provincias y una nueva plataforma exportadora vinculada con el litoral marítimo patagónico.

Para la economía argentina, la oportunidad es doble. Por un lado, convertir los recursos de Vaca Muerta en una fuente sostenida de divisas; por otro, utilizar la inversión energética como motor para desarrollar capacidades industriales y tecnológicas locales.

La condición para que esa oportunidad se materialice es que el proyecto avance desde los anuncios hacia el financiamiento y luego hacia las obras. El cierre financiero previsto para fin de año será, por eso, el próximo hito relevante. Si se concreta, 2027 marcaría el comienzo de una etapa de inversión que podría redefinir el lugar de Argentina en el mercado energético global.

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