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YPF coloca US$1.200 millones y extiende su deuda hasta 2035

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YPF consiguió una señal relevante en los mercados internacionales: colocó bonos por US$1.200 millones a nueve años, con vencimiento en junio de 2035, y recibió ofertas por hasta US$2.200 millones. La operación se convirtió en la mayor emisión corporativa argentina desde 2015 y le permite a la petrolera mejorar el perfil de vencimientos mientras obtiene recursos para sostener su expansión.

La compañía realizó la colocación después de mantener durante dos jornadas reuniones con más de 50 inversores en Nueva York. La demanda alcanzó casi el doble del monto finalmente emitido, un dato que la conducción de YPF interpretó como una señal de confianza del mercado en la evolución de la compañía y en el desarrollo energético argentino.

“Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, al comunicar la operación.

El bono fue emitido a una tasa de interés del 7,55%, mientras que la tasa efectiva alcanzó el 7,85%, que representa el costo real de la financiación para la empresa. Otro dato relevante aparece en el diferencial respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos: fue de 300 puntos básicos, el menor “riesgo YPF” registrado hasta ahora en el mercado internacional. El antecedente inmediato era de 375 puntos básicos, alcanzado en diciembre de 2017.

Refinanciar hoy para liberar caja mañana

La operación tiene una doble función financiera. Una parte de los US$1.200 millones permitirá cancelar anticipadamente dos obligaciones negociables internacionales cuyos vencimientos estaban previstos entre 2027 y 2029. YPF reemplaza así compromisos relativamente cercanos por una deuda con vencimiento en 2035.

El movimiento no elimina el endeudamiento, pero modifica su estructura temporal. La petrolera extiende la vida promedio de sus obligaciones y reduce la concentración de vencimientos en los próximos años, al mismo tiempo que conserva recursos para financiar su crecimiento.

Los fondos restantes estarán destinados al Plan 4×4, la hoja de ruta con la que la compañía busca acelerar su desarrollo productivo. En términos financieros, la emisión combina entonces administración del pasivo con financiamiento de capital de crecimiento.

La diferencia es importante para una empresa que pretende aumentar su escala de producción: el acceso al mercado internacional no funciona únicamente como una fuente de liquidez, sino también como una herramienta para ordenar el calendario de pagos mientras se financian nuevos activos productivos.

Vaca Muerta aparece como el próximo salto

La estrategia financiera de YPF está vinculada con una apuesta de mayor escala: transformar el gas de Vaca Muerta en una fuente estructural de exportaciones.

Durante el Forbes Energy Summit 2026, Marín señaló que Argentina LNG constituye la principal prioridad estratégica de la petrolera y confirmó que la empresa preparaba la documentación para presentar el proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto contempla procesar gas de Vaca Muerta, convertirlo en gas natural licuado y exportarlo desde la costa de Río Negro. YPF lo presentó en agosto junto con la italiana ENI y XRG, el brazo inversor de la emiratí ADNOC, con una inversión estimada en US$51.000 millones.

La iniciativa prevé una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidad de alcanzar 18 millones en una segunda etapa. Según las proyecciones mencionadas por la compañía, cuando llegue a su capacidad plena, prevista entre 2029 y 2031, podría generar exportaciones anuales por US$10.000 millones durante dos décadas.

Marín afirmó que la decisión final de inversión, conocida como FID, está prevista antes de fin de año. Esa instancia será determinante porque marca el momento en que los socios del proyecto definen si están dadas las condiciones para avanzar con el desarrollo.

Más equipos para sostener el crecimiento

La expansión financiera se corresponde con una aceleración de la actividad productiva. YPF pasó de operar con 12 equipos de perforación a fines de 2025 a contar con 16 en agosto de este año.

El objetivo de la compañía es cerrar 2026 con entre 18 y 19 equipos y alcanzar 21 equipos en febrero de 2027. La evolución de ese indicador es relevante porque refleja la capacidad de la petrolera para ampliar la actividad sobre Vaca Muerta y sostener el crecimiento de producción.

La nueva deuda aporta parte de los recursos necesarios para ese proceso. El desafío será que la expansión productiva permita generar los flujos suficientes para sostener una estructura financiera más larga y, al mismo tiempo, financiar nuevos proyectos.

En ese esquema, el Plan 4×4 aparece como el puente entre la administración financiera y el crecimiento operativo. La compañía busca aumentar escala, mejorar productividad y consolidar una plataforma capaz de sostener proyectos de exportación de largo plazo.

El mercado internacional mira algo más que a YPF

La colocación de YPF coincidió con otra operación significativa: Mercado Libre emitió bonos por US$1.000 millones con vencimiento en 2036. En conjunto, ambas emisiones representaron US$2.200 millones en el mercado internacional.

Pero para YPF el dato central está en las condiciones obtenidas. El diferencial de 300 puntos básicos frente a los bonos estadounidenses constituye una referencia sobre cómo el mercado está valorando el riesgo de la compañía y, en términos más amplios, la posibilidad de financiar proyectos vinculados con la expansión energética argentina.

El antecedente histórico también aporta perspectiva. La única colocación corporativa argentina superior a la actual fue realizada por la propia YPF en 2015, cuando obtuvo US$1.500 millones.

Ahora la petrolera consiguió US$1.200 millones con un plazo de nueve años y un vencimiento que se extiende hasta 2035. La combinación entre demanda, plazo y diferencial de tasa le permite reforzar su estructura financiera en un momento en que su estrategia apunta mucho más allá de la producción local de hidrocarburos.

De la deuda al financiamiento de una plataforma exportadora

La operación muestra una transformación en la lógica financiera de YPF. El acceso a deuda internacional no aparece solamente como una herramienta para cubrir necesidades inmediatas: también forma parte de una estrategia para financiar una expansión que tiene como horizonte Vaca Muerta, el crecimiento de la producción y la eventual exportación masiva de GNL.

El resultado dependerá de la capacidad de la compañía para convertir ese financiamiento en mayor producción, flujo de fondos y proyectos de exportación. En particular, Argentina LNG concentra una apuesta de escala que puede modificar la inserción energética del país si logra atravesar las próximas etapas de inversión.

Por ahora, YPF consiguió algo más concreto y medible: US$1.200 millones de financiamiento, una demanda de US$2.200 millones, un costo efectivo del 7,85% y el menor diferencial histórico frente al Tesoro estadounidense. La siguiente etapa será transformar ese acceso al capital en más barriles, más gas y, sobre todo, una mayor capacidad argentina para generar divisas a partir de Vaca Muerta.

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Quirno prometió abrir el 80% del comercio mundial y presentó a Malvinas como una batalla económica

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La diplomacia argentina dejó de pensarse solamente en términos de comunicados, cumbres y declaraciones formales. Bajo el Gobierno de Javier Milei, la Cancillería pretende convertirla en una herramienta económica: abrir mercados, atraer inversiones, proteger exportaciones y utilizar el potencial energético y minero del país como instrumento de poder.

Ese fue el eje de la exposición del canciller Pablo Quirno durante el almuerzo de cierre del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Ante empresarios y referentes del sistema financiero, el funcionario presentó la apertura internacional como una segunda etapa del programa económico, posible -según argumentó- después de haber estabilizado las principales variables macroeconómicas.

El orden es lo que nos hace ganar la batalla de la credibilidad, de la confianza y de la previsibilidad”, sostuvo.

Quirno aseguró que la Argentina pasó de comerciar, mediante sus acuerdos vigentes, con economías que representaban apenas el 10% del producto bruto interno mundial a cubrir alrededor del 30%. El objetivo oficial es llegar rápidamente al 50% y alcanzar el 80% al finalizar un eventual segundo mandato de Milei, en 2031.

La estrategia combina acuerdos comerciales, desregulación interna, defensa de mercados y valorización de activos estratégicos. En esa ecuación aparecen la energía, la minería y la producción de alimentos, pero también la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

El canciller comenzó su discurso recordando el punto de partida del Gobierno: inflación elevada, reservas internacionales negativas, falta de confianza y la posibilidad de una crisis terminal.

En ese contexto, destacó la decisión de Milei de mantener el rumbo aun en los momentos de mayor incertidumbre política.

Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente siempre mantuvo sus convicciones intactas”, afirmó.

Quirno señaló que el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica permitieron comenzar a ejecutar proyectos que, dos años atrás, no tenían condiciones de financiamiento. Puso como ejemplo el proceso de concesión de rutas: sin estabilidad, costo de capital razonable y previsibilidad, explicó, ningún inversor podía calcular adecuadamente la relación entre riesgo y retorno.

La misma lógica se aplica a la política exterior. Para abrir mercados no alcanza con una negociación diplomática: también deben existir productores preparados para exportar, certificaciones sanitarias, reglas claras y capacidad para sostener los contratos.

“Nosotros estamos para generar las condiciones necesarias para que el sector privado invierta, produzca, emplee gente, disponga de sus ganancias y pueda avanzar en el crecimiento del país”, definió.

Quirno presentó como uno de los principales logros del Gobierno la ampliación del acceso comercial de la Argentina. Mencionó los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como EFTA, además del proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Según sus cifras, durante el último año fueron abiertos 24 mercados nuevos y se concretaron 268 reaperturas para productos argentinos.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupó un lugar central. Quirno recordó que demandó 26 años de negociaciones y sostuvo que la administración de Milei consiguió firmarlo, obtener su primera aprobación dentro del bloque y ponerlo provisionalmente en vigencia desde el 1 de mayo.

El desafío, explicó, era que la oportunidad encontrara preparados a los exportadores. Como ejemplo, señaló que los productores argentinos agotaron en apenas diez horas el cupo anual de miel habilitado por el acuerdo. La cuota fue cubierta principalmente por producción de Concordia y otras zonas de Entre Ríos.

“Lo mismo pasó con los huevos y con el arroz. Había estabilidad económica, pero también un proceso de desregulación que permitió conseguir las aprobaciones y certificaciones necesarias. Cuando el acuerdo entró en vigencia, estábamos listos”, afirmó.

Para una provincia exportadora como Misiones, atravesada por la necesidad de ampliar los destinos de la yerba mate, el té, la madera y otros productos regionales, la apertura de mercados aparece como una oportunidad. Sin embargo, el canciller no hizo anuncios específicos para esas cadenas productivas durante su paso por Iguazú.

Quirno advirtió que firmar acuerdos constituye apenas el primer paso. La nueva etapa consiste en defender activamente los mercados conquistados.

Relató que, cuando comenzaba a implementarse el entendimiento con el Mercosur, la Unión Europea clasificó a la soja argentina como producto de alto riesgo. La decisión podía afectar severamente las exportaciones de biodiésel.

La Cancillería trabajó entonces con las provincias y el sector privado para presentar datos sobre el sistema productivo argentino. Según Quirno, la evidencia consiguió que las autoridades europeas retiraran la objeción.

“Estamos desacostumbrados porque nunca habíamos pasado por este proceso. No alcanza con anunciar que abrimos un mercado: después hay que defenderlo”, sostuvo.

El funcionario afirmó que los resultados también desmienten las advertencias sobre una supuesta falta de competitividad cambiaria. Aseguró que la Argentina registra los niveles de exportación más altos de su historia, tanto en cantidades como en divisas obtenidas.

Energía y minería: “Dos nuevas pampas”

El canciller describió la transformación energética como uno de los cambios estructurales de la economía. Recordó que, pocos años atrás, el país registraba un déficit energético de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Para este año, en cambio, proyectó un superávit cercano a los 10.000 millones.

“En dos o tres años vamos a estar en el nivel de exportaciones promedio del sector agroexportador. Vamos a tener una nueva pampa”, aseguró.

La segunda “pampa” será la minería. Quirno contrastó los 60.000 millones de dólares anuales que exporta Chile en minerales con los aproximadamente 6.000 millones de la Argentina, pese a compartir la misma cordillera.

“No es que todos los minerales cayeron del lado chileno. Nosotros tenemos los recursos naturales y el capital humano. Lo que siempre nos faltó fue generar las condiciones necesarias”, explicó.

La herramienta elegida para cerrar esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Según Quirno, ya existen 25 proyectos aprobados con compromisos de inversión por alrededor de 55.000 millones de dólares, mientras que la cartera completa en evaluación llega a 155.000 millones.

El régimen busca garantizar previsibilidad a emprendimientos cuyo retorno excede ampliamente un período presidencial. Una mina iniciada después de diciembre de 2023, ejemplificó, difícilmente habría comenzado a producir durante el primer mandato de Milei. Sin garantías de continuidad, esa inversión no se habría concretado.

“El equilibrio fiscal es el que al final del día da seguridad jurídica, porque evita la necesidad de meterse en los contratos entre privados”, planteó.

Malvinas: hacer elegir a las petroleras

Quirno vinculó directamente la valorización de Vaca Muerta, la minería y los demás activos argentinos con la nueva estrategia sobre las Islas Malvinas.

La Ley 26.659 permite sancionar a las petroleras que operan en las islas sin autorización argentina y les prohíbe desarrollar actividades en el territorio continental. El problema, explicó, es que cuando la norma fue sancionada Vaca Muerta todavía no tenía el valor económico actual. Las compañías no perdían demasiado al quedar excluidas del mercado argentino.

El Gobierno pretende cambiar esa ecuación.

“Van a tener que elegir entre invertir en un territorio disputado, con licencias ilegales, o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y una potencialidad de negocios mucho mayor”, advirtió.

El decreto reglamentario anunciado por Milei busca acelerar las sanciones no solamente contra las operadoras petroleras, sino también contra sus proveedores de servicios financieros, seguros, logística y asistencia técnica.

Según el canciller, cerca de 180 compañías ya fueron notificadas de que deberán elegir entre mantener sus vínculos con las operaciones en Malvinas o acceder al mercado argentino.

La declaración jurada exigida a quienes pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluirá la obligación de informar que no se encuentran en infracción a la legislación sobre hidrocarburos en las islas.

Quirno anticipó además que el Ejecutivo enviará al Congreso una reforma de la Ley 26.659 para ampliar las sanciones y, al mismo tiempo, crear un mecanismo de salida para las empresas que abandonen las actividades consideradas ilegales.

La legislación actual, reconoció, castiga a las compañías, pero no les ofrece incentivos para corregir su conducta. La nueva norma buscará que puedan regresar al sistema si desisten de operar en las islas sin autorización argentina.

El segundo componente de la estrategia será la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Quirno sostuvo que el proyecto llevaba años en carpeta, pero que nunca había contado con recursos suficientes.

El ordenamiento de las cuentas públicas permitió, según explicó, generar el espacio fiscal necesario sin abandonar la regla del déficit cero.

“Hoy compramos el espacio fiscal para poner recursos directamente en una base naval estratégica. Eso también es algo novedoso, que no se pudo hacer nunca”, afirmó.

La base permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida y ampliar la capacidad para custodiar los recursos naturales de la zona.

El canciller insistió en que no se trata de medidas aisladas ni adoptadas “a la marchanta”, sino de una estrategia coordinada que combina herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y financieras.

Definió ese enfoque como una “diplomacia ejecutiva” y aseguró que sus primeros efectos ya podían observarse en la cotización bursátil de las compañías vinculadas con las operaciones en Malvinas.

La advertencia a Chile

La estrategia también alcanza a los países vecinos que ofrecen apoyo logístico a las actividades económicas desarrolladas en las islas.

Quirno reveló que el tema fue planteado durante una conversación entre Milei y el presidente de Chile. Según explicó, la Argentina cuestionó la asistencia chilena en materia de hidrocarburos, pesca y logística a las empresas que operan en Malvinas.

El comunicado posterior al encuentro, dijo, reconoció la preocupación argentina y abrió una instancia de revisión.

Para el canciller, la posibilidad de condicionar esas decisiones deriva del nuevo peso económico del país. La Argentina necesita del mundo, afirmó, pero el mundo también comienza a necesitar de la Argentina como proveedor confiable de alimentos, gas, petróleo y minerales críticos.

Quirno ratificó el alineamiento geopolítico del Gobierno con Estados Unidos e Israel y la decisión de insertar a la Argentina dentro del bloque occidental.

“Está muy claro con quién comerciamos, cómo comerciamos, de dónde vienen las inversiones y por qué hacemos lo que hacemos”, señaló.

El funcionario también celebró el giro político registrado en varios países latinoamericanos y atribuyó parte de ese movimiento a la influencia regional de Milei. Mencionó los cambios de signo en Bolivia, Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile y Perú, y expresó su deseo de que Brasil y México sigan el mismo camino.

“Si uno tiene la mejor casa, pero todo el barrio está lleno de problemas, es mucho más difícil que las inversiones se animen a venir”, graficó.

Quirno sostuvo que la Argentina respalda a los gobiernos regionales que defienden “las ideas de la libertad” y mencionó la asistencia brindada a Bolivia frente a un intento de desestabilización.

“Las negras también juegan y no van a dejar de tratar de voltear lo que se está haciendo de manera incipiente en la región”, afirmó.

El canciller cerró su presentación con un mensaje de continuidad política. Dijo que al Gobierno le queda un año y cuatro meses de mandato, pero se mostró confiado en que contará con otros cuatro años para profundizar las reformas.

Nosotros estamos confiados en que nos quedan cinco años y cuatro meses de gobierno. En ese período vamos a ver cambiada la Argentina de una manera impresionante”, pronosticó.

Aseguró que el equipo nacional se mantiene unido, que conserva vínculos permanentes con los gobernadores y que las alianzas legislativas permitieron acelerar el programa después de las elecciones de 2025.

La Argentina, resumió, comenzó el Gobierno de Milei con apenas el 10% del Senado, el 15% de Diputados y ningún gobernador propio. Pese a esa debilidad inicial, consiguió aprobar la Ley Bases y luego avanzar con la modernización laboral, la inocencia fiscal, la reforma de la legislación sobre glaciares, la Carta Orgánica del Banco Central y distintos acuerdos internacionales.

Para Quirno, el proceso ya construyó cimientos suficientes para resistir las crisis externas y la incertidumbre electoral.

“El cambio a esta altura es irreversible”, sentenció.

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El Gobierno oficializó el aumento del presupuesto en Defensa y sanciones hidrocarburíferas

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El Ejecutivo nacional ratificó mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial su estrategia de protección de recursos estratégicos en el Atlántico Sur, en el marco de los anuncios brindados por el presidente Javier Milei. A través del DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, el Gobierno formalizó el incremento presupuestario para el área de Defensa y un esquema de sanciones para empresas extranjeras que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización.

La oficialización de ambas normativas se produjo tras una cadena nacional del mandatario, en la que se reafirmó la postura sobre la soberanía del archipiélago y la necesidad de consolidar la presencia estatal y el control soberano sobre la plataforma continental argentina.

¿En qué consiste la readecuación presupuestaria para el Ministerio de Defensa?

A través del DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo dispuso la modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. Los puntos centrales de esta medida económica incluyen:

  • Reasignación de partidas: Modificación de fondos orientados a proveer de recursos económicos a las áreas vinculadas directamente a la defensa territorial.
  • Prevención de contingencias: Financiamiento dirigido a garantizar la continuidad de servicios esenciales a cargo del Estado.
  • Marco para reestructuraciones: Definición del esquema de financiamiento aplicable a los organismos que modifiquen su estructura jurídica durante el transcurso del año.

¿Qué sanciones establece el Decreto 868/2026 a las petroleras extranjeras?

Mediante el Decreto 868/2026, se designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como la autoridad de aplicación de la Ley 26.659, la cual establece penalidades por tareas de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizada en la plataforma continental.

El procedimiento administrativo fijado por la reglamentación establece las siguientes pautas:

  • Notificación obligatoria: Los organismos públicos nacionales deben informar a la Cancillería sobre cualquier posible infracción en un plazo de cinco días hábiles.
  • Plazos legales: Se otorga un término de diez días hábiles para la presentación de descargos por parte de las empresas involucradas, e igual plazo para que el ministerio resuelva sobre el archivo o la aplicación de sanciones.
  • Rechazo a proyectos irregulares: La medida apunta directamente contra actividades no autorizadas en la Cuenca Malvina Norte, como el proyecto Sea Lion, calificado por el Ejecutivo como una explotación irregular de recursos no renovables.

Exigencias de declaración jurada en el RIGI y la Ley de Hidrocarburos

La nueva reglamentación impone la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas en todos los trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

A través de esta documentación, las firmas solicitantes deberán certificar de manera obligatoria que no incurren en ninguna de las conductas ilegales o no autorizadas que sanciona la Ley 26.659.

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La UIA reclama un puente productivo y advierte por el empleo industrial

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El Día de la Industria encontró al sector fabril en una posición de fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, trazó una radiografía crítica de la actividad, advirtió por la pérdida de empleo registrado y reclamó un “puente” que permita atravesar la transformación económica sin profundizar el deterioro del entramado productivo.

El planteo industrial llegó en un momento en que la política económica del Gobierno tiene como uno de sus principales objetivos consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir la inflación. Para la UIA, sin embargo, esa variable no alcanza para medir el estado de la economía real. “La economía no puede medirse solamente por la inflación”, sostuvo Rappallini, en una de las definiciones centrales de su discurso.

Según los datos citados por la entidad, la producción industrial se encuentra 10% por debajo del nivel de 2022, mientras que algunos sectores acumulan retrocesos de hasta 30%. El deterioro también aparece en el mercado laboral: la UIA estimó en 90.000 los puestos registrados perdidos en la industria desde el inicio de la actual gestión, aunque otras cifras mencionadas durante la jornada ubicaron la pérdida de empleos directos en alrededor de 52.000 durante los últimos doce meses.

La diferencia entre ambos datos responde a los períodos de comparación utilizados, pero el diagnóstico empresarial converge en un punto: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce de manera homogénea en actividad industrial y empleo. Esa brecha es la que la principal cámara fabril busca instalar en la agenda económica.

Rappallini planteó que la apertura comercial es un “proceso necesario”, pero cuestionó que la industria deba enfrentar la competencia internacional manteniendo costos internos que, según el sector, reducen su capacidad para competir. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, resumió.

El concepto de “puente” sintetiza el pedido empresario. La UIA reclama reconstruir el crédito, acelerar la reducción del costo argentino, combatir el contrabando y la competencia desleal, garantizar energía a precios competitivos, reducir la morosidad, mejorar la infraestructura exportadora y avanzar en una modernización laboral.

El reclamo tiene una dimensión estructural. La discusión ya no pasa solamente por medidas de protección frente a las importaciones, sino por las condiciones bajo las cuales las empresas argentinas pueden competir en una economía más abierta. Para el sector fabril, reducir aranceles y eliminar distorsiones no alcanza si la producción local enfrenta costos financieros, logísticos, tributarios y energéticos superiores a los de sus competidores.

Ese punto adquiere especial relevancia frente a la orientación sectorial del Gobierno. Milei impulsa con mayor intensidad actividades como la energía, la minería y el agro, mientras que la industria reclama que la estrategia de desarrollo incorpore también la transformación de las materias primas en bienes con mayor valor agregado.

El debate sobre Vaca Muerta aparece como uno de los ejemplos más claros. Para los industriales, el desafío no consiste únicamente en aumentar la extracción de hidrocarburos, sino en desarrollar proveedores, tecnología, bienes de capital y productos derivados que permitan ampliar el impacto de esa inversión sobre el resto de la economía.

La discusión también alcanzó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dentro de la UIA existe el planteo de que los beneficios destinados a grandes proyectos deben generar mayores vínculos con la cadena industrial para evitar que el crecimiento de sectores primarios y extractivos tenga un impacto limitado sobre la producción manufacturera nacional.

En ese marco, el reclamo de la UIA puede leerse como una disputa por el modelo de crecimiento que seguirá a la estabilización. La industria acepta que la economía atraviese un proceso de transformación, pero reclama condiciones para evitar que la apertura termine acelerando la pérdida de capacidades productivas que luego resulten difíciles de reconstruir.

El mensaje político también fue explícito. Rappallini pidió dejar atrás las “descalificaciones” y las agresiones hacia quienes producen y sostuvo que las diferencias sobre la política económica deben procesarse dentro de la convivencia democrática. El planteo aparece después de una relación cada vez más tensa entre la conducción industrial y funcionarios del Gobierno.

En la misma jornada, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, profundizó las críticas y sostuvo que el Gobierno “no sabe lo que es una fábrica”. También cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó de “trader” y criticó por su orientación financiera. Las declaraciones muestran que el malestar empresarial ya no se limita a pedidos sectoriales y comienza a expresarse como una discusión abierta sobre el rumbo económico.

La ausencia de funcionarios de alto rango en el acto agregó otro elemento político al escenario. El Gobierno estuvo representado por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio, un funcionario que anteriormente había sostenido que “la mejor política industrial es no tenerla”. La presencia de un representante de menor jerarquía, frente a una entidad que esperaba discutir de manera directa el rumbo productivo, fue interpretada por parte del sector como una señal de distancia.

Para las empresas, el problema inmediato es cómo atravesar la transición sin destruir empleo ni capacidad instalada. Para el Gobierno, el desafío consiste en demostrar que la estabilización macroeconómica puede convertirse en inversión, productividad y crecimiento sin recurrir a esquemas que perpetúen ineficiencias.

Ahí aparece el núcleo de la discusión. La industria no está reclamando simplemente volver al esquema anterior ni cerrar la economía frente a las importaciones. Está planteando que la apertura debe estar acompañada por una reducción efectiva de los costos que determinan la competitividad y por instrumentos que permitan financiar la reconversión.

La respuesta a ese planteo tendrá impacto sobre el empleo, pero también sobre la capacidad exportadora argentina. Una industria que incorpora tecnología, mejora productividad y logra integrarse a cadenas globales puede transformar la apertura en una oportunidad. Una estructura productiva que pierde empresas, proveedores y trabajadores calificados durante la transición tendrá mayores dificultades para capturar ese beneficio cuando llegue la etapa de expansión.

El conflicto entre la UIA y el Gobierno entra así en una nueva fase. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la inflación y pasó a una pregunta más compleja: qué estructura productiva tendrá la Argentina cuando la estabilización macroeconómica se consolide y qué sectores estarán en condiciones de aprovecharla.

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Solo tres provincias superan el empleo privado de 2023 y se perdieron 241.000 puestos

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La recuperación del empleo privado registrado todavía no alcanza al conjunto de las provincias argentinas. A mayo de 2026, solo Neuquén, Río Negro y San Juan tenían más trabajadores asalariados privados registrados que en noviembre de 2023, mientras que el país acumulaba una pérdida aproximada de 241.000 puestos, equivalente a una caída del 3,8%, según un relevamiento de PensarLab, de la Fundación Pensar.

El dato expone una transformación que excede la dinámica del mercado laboral. El informe, que analiza las 24 jurisdicciones a partir de indicadores de actividad, inversión, empleo privado, situación fiscal, presión tributaria, pobreza, educación y seguridad, plantea que la Argentina está construyendo una nueva geografía económica, con resultados cada vez más diferenciados entre territorios.

“La estabilización es nacional, las oportunidades no”, sostiene el trabajo. La definición resume el principal hallazgo: el nuevo escenario económico parece favorecer en mayor medida a las provincias con recursos energéticos y mineros, producción agropecuaria, infraestructura y capacidad exportadora, mientras genera mayores desafíos en los distritos cuya estructura depende del consumo interno, la construcción, la industria orientada al mercado doméstico y el empleo público.

Neuquén aparece como el caso más contundente. El empleo asalariado privado registrado creció 7,6% frente a noviembre de 2023, mientras que la actividad económica de la provincia avanzó 11,3% durante 2024, de acuerdo con la serie homogénea utilizada por PensarLab. El desempeño está asociado principalmente al desarrollo de Vaca Muerta y al efecto que la expansión hidrocarburífera genera sobre la inversión, los salarios y la demanda de servicios vinculados con la actividad.

Río Negro ocupa el segundo lugar entre las provincias que lograron superar el nivel de empleo privado de noviembre de 2023, con una expansión del 3,4%. San Juan completa el grupo, aunque con un crecimiento mucho más moderado, del 0,4%. En ambos casos, el resultado adquiere relevancia porque muestra que el incremento del empleo formal privado no se distribuye de manera homogénea y comienza a concentrarse en economías con nuevos motores de inversión.

La distancia entre provincias también aparece en la evolución de la actividad. Durante 2024, solamente cinco jurisdicciones registraron crecimiento según la metodología empleada por el estudio. Después de Neuquén se ubicaron Córdoba, con una expansión del 4,5%; Santa Fe, con 3,1%; Entre Ríos, con 0,4%; y La Pampa, también con 0,4%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego registró una contracción del 13,1%; Formosa cayó 12,9%; Jujuy, 9,5%; San Luis, 8,8%; y Chaco, 6,3%. La dispersión refleja que el cambio de régimen económico no impacta de igual manera sobre las estructuras productivas provinciales.

El caso de Córdoba ocupa un lugar particular en el análisis. PensarLab la identifica como la jurisdicción que presenta la combinación más equilibrada entre crecimiento, situación fiscal, educación y evolución social. Río Negro, por su parte, aparece como un nuevo polo de inversión y empleo, mientras que San Juan concentra expectativas de transformación vinculadas principalmente con el desarrollo minero.

El RIGI comienza a reforzar esa diferenciación territorial. A mediados de agosto, PensarLab contabilizaba 21 proyectos aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por un monto de USD 46.709 millones, asociados a unos 95.175 empleos directos e indirectos. La mayor parte de esos desembolsos corresponde a iniciativas vinculadas con minería, petróleo y gas.

La concentración geográfica de esos proyectos constituye uno de los principales puntos de atención hacia adelante. Las inversiones asociadas al RIGI se localizan especialmente en provincias patagónicas y de la región cordillerana, donde la disponibilidad de recursos naturales puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros territorios.

Para las provincias que quedan fuera de esos grandes corredores de inversión, el desafío consiste en desarrollar condiciones que permitan capturar parte de la nueva actividad económica mediante proveedores, infraestructura, capacitación laboral y servicios. El impacto territorial de un proyecto extractivo no depende únicamente del capital que ingresa, sino también de cuánto de esa cadena de valor logra permanecer y multiplicarse en las economías locales.

El informe advierte justamente sobre esa posibilidad: Argentina puede volver a crecer y, al mismo tiempo, profundizar las diferencias entre provincias. La cuestión central deja de ser únicamente cuánto crece la economía nacional y pasa a ser dónde se concentra ese crecimiento, qué tipo de empleo genera y qué capacidad tienen los gobiernos provinciales para convertir inversiones puntuales en desarrollo sostenido.

En ese escenario, el empleo privado registrado funciona como uno de los indicadores más concretos para medir si la recuperación económica logra trasladarse al mercado laboral. Los 241.000 puestos perdidos frente a noviembre de 2023 muestran que la estabilización macroeconómica todavía no se tradujo en una recuperación generalizada del trabajo formal privado.

La nueva geografía económica que describe PensarLab plantea, por lo tanto, una competencia entre modelos productivos. Energía, minería, agro y exportaciones aparecen como los sectores con mayor capacidad para atraer capital en el nuevo esquema, pero el desafío para cada provincia será transformar esa ventaja en empleo formal, proveedores locales, mayor productividad y mejoras sociales.

Para Misiones y buena parte del NEA, la discusión adquiere una dimensión estratégica: competir por inversiones en un mapa donde los recursos naturales y la infraestructura energética concentran buena parte de los grandes proyectos exige identificar otras ventajas —industriales, forestales, agropecuarias, logísticas y de servicios— capaces de generar empleo privado y vincularse con mercados externos.

El dato laboral marca el punto de partida. Mientras el país todavía se encuentra 3,8% por debajo del nivel de empleo privado registrado de noviembre de 2023, tres provincias ya lograron superar aquel registro. La pregunta que abre el nuevo escenario no es solamente quién crece primero, sino qué territorios conseguirán convertir la inversión en una estructura productiva capaz de sostener empleo y reducir las brechas sociales y regionales.

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