RIGI

Caputo busca respaldo empresario y promete crecimiento sostenido en la cumbre AmCham

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes ante empresarios en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y pidió confianza en el programa económico del Gobierno. Allí aseguró que el país “será el que más crecerá en los próximos 30 años” y proyectó que los próximos 18 a 20 meses podrían marcar el mejor desempeño en décadas.

El mensaje se dio en una jornada atravesada por dos variables clave: la difusión del índice de inflación de marzo —que, según lo esperado, rondaría el 3%— y el inminente viaje del equipo económico a Washington para avanzar en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de destrabar un desembolso de US$1000 millones.

Estabilización, FMI y señales al mercado

La exposición de Caputo se inscribe en una estrategia del Gobierno para consolidar expectativas en el sector privado. El ministro defendió que la actual gestión implementó un esquema económico inédito en el país y sostuvo que la estabilidad macroeconómica es el eje central del programa.

En ese marco, destacó la utilización de herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que acumula 35 proyectos por un total de US$85.000 millones, según lo informado. La iniciativa apunta a generar previsibilidad y atraer capital en sectores estratégicos.

La agenda oficial también incluye negociaciones con el FMI, donde el Gobierno busca cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente. Esa instancia resulta clave para sostener el flujo de financiamiento externo.

Nueva lógica económica y reconfiguración del consumo

Uno de los ejes del discurso fue la reinterpretación del comportamiento económico actual. Frente a las señales de caída en algunos indicadores, Caputo rechazó la idea de una contracción generalizada y planteó que existe una “heterogeneidad” en la actividad.

Según explicó, el cambio de modelo —basado en la reducción del déficit, menor presión impositiva y mayor apertura— modificó los incentivos. En ese nuevo escenario, algunas empresas reducen operaciones mientras otras expanden su actividad e incluso exportan.

El ministro vinculó esta dinámica con una transformación del consumo. Afirmó que ya no responde a conductas defensivas frente a la inflación —como el sobrestockeo— sino a decisiones más racionales en un contexto de mayor estabilidad.

Respaldo condicionado del sector privado

El planteo del Gobierno apunta a consolidar apoyo empresarial en una etapa de transición. La presencia de ejecutivos, gobernadores y funcionarios en el evento refleja la centralidad del mensaje político: sostener el rumbo económico pese a señales mixtas en la actividad.

Caputo también dejó una definición implícita sobre el rol del sector privado: la adaptación al nuevo esquema será determinante. En su exposición, diferenció entre empresas que ajustan su estructura y aquellas que invierten para competir en un mercado más abierto.

Inflación, inversión y empleo en transición

El ministro insistió en que la inflación “va a tener certificado de defunción”, vinculando su evolución a la demanda de dinero, la confianza y la baja de tasas de interés. En paralelo, proyectó una recuperación de la actividad impulsada por la inversión, más que por el consumo.

En el plano laboral, reconoció que algunos sectores industriales registran caídas, mientras el empleo total crece con mayor peso de la informalidad. Según explicó, este fenómeno responde a un proceso de reconversión hacia servicios, que ya representan cerca del 60% de la economía local.

Impacto indirecto en Misiones y el NEA

Aunque el discurso tuvo un alcance nacional, las definiciones económicas tienen impacto en las economías regionales. En provincias como Misiones, donde la estructura productiva combina industria, servicios y economías primarias, los cambios en consumo e inversión pueden traducirse en dinámicas dispares.

La evolución del crédito, la obra pública —como los corredores viales anunciados— y la llegada de inversiones bajo el RIGI aparecen como variables a seguir para medir el efecto territorial del modelo.

Inflación, financiamiento y reacción del mercado

El Gobierno enfrenta un escenario donde las expectativas juegan un rol central. La publicación del índice de inflación, el resultado de la negociación con el FMI y la respuesta del sector privado serán determinantes para validar —o tensionar— el diagnóstico oficial.

También quedará bajo observación la evolución del consumo, el empleo industrial y la capacidad del programa para sostener un crecimiento basado en inversión.

El rumbo está definido, pero su consolidación dependerá de variables que todavía no terminan de estabilizarse.

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Economía flexibiliza el RIGI y sube el umbral de inversión de largo plazo

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El Gobierno nacional avanzó el 10 de abril con una modificación sensible del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): mediante la Resolución 484/2026, el Ministerio de Economía elevó del 30% al 35% el umbral que define cuándo un proyecto puede ser considerado de “largo plazo”. El cambio, que rige desde su publicación, no altera la arquitectura formal del régimen, pero sí su puerta de entrada. La decisión abre un interrogante central: ¿se trata de un ajuste técnico para mejorar la operatividad o de una señal política para acelerar inversiones en sectores específicos?

Un cambio técnico con impacto político

El RIGI, creado por la ley 27.742, establece condiciones especiales para grandes inversiones bajo la premisa de garantizar estabilidad a proyectos de larga maduración. Uno de sus criterios más sensibles es el cociente entre el flujo de caja proyectado en los primeros tres años y el total de la inversión planificada en ese mismo período.

Hasta ahora, ese ratio no podía superar el 30%. Con la nueva resolución, el límite sube al 35%, lo que amplía el universo de proyectos elegibles sin modificar el principio rector del régimen.

La facultad para ajustar ese parámetro ya estaba prevista en la ley, pero su uso efectivo marca una decisión política: intervenir sobre un indicador técnico para alinear el régimen con dinámicas sectoriales concretas. La medida se inscribe, además, en un proceso más amplio de ajustes al RIGI, que incluyó recientemente la prórroga de hasta un año para adherirse y la incorporación de nuevos desarrollos hidrocarburíferos.

Sectores con peso: hidrocarburos, energía y minería

El cambio no es neutro en términos sectoriales. Según los fundamentos técnicos que respaldan la resolución, el ajuste responde especialmente a las características de los proyectos de petróleo y gas, en particular los desarrollos “costa adentro” recientemente incorporados al régimen.

En estos casos, la lógica financiera difiere de otros sectores: presentan una recuperación inicial más rápida, pero requieren reinversiones constantes para sostener la producción a lo largo de ciclos que pueden extenderse entre 20 y 35 años. Bajo el esquema anterior, esa dinámica podía dejar fuera del RIGI a proyectos que, en términos reales, son de largo plazo.

El mismo diagnóstico se extiende —con matices— a otros sectores. En energía eléctrica, el nuevo umbral no altera el carácter de largo plazo de las inversiones en infraestructura. En minería, la modificación se considera marginal, dado que los proyectos suelen arrojar ratios muy por debajo del límite en sus etapas iniciales. En la industria siderúrgica y otros sectores industriales, el impacto es calificado como técnicamente neutro.

La decisión, sin embargo, también incluye al sector tecnológico, donde los ciclos de innovación acelerados y la necesidad de reinversión permanente justifican un criterio más flexible sin desvirtuar la lógica del régimen.

Menos restricción, más elegibilidad: el mensaje del Gobierno

Al elevar el umbral, el Ministerio de Economía reduce una barrera de acceso sin cambiar los beneficios ni las condiciones de estabilidad. En términos prácticos, más proyectos podrán calificar como inversiones de larga maduración y acceder al esquema.

Ese movimiento tiene una lectura política: el Gobierno busca mostrar capacidad de ajuste fino sobre su principal herramienta de promoción de inversiones, en un contexto donde la atracción de capitales se vuelve central. No hay cambios en los incentivos, pero sí en la interpretación de qué proyectos los merecen.

Al mismo tiempo, la decisión se aplica de manera uniforme a todos los sectores, como exige la ley, lo que evita abrir un frente de conflicto entre actividades. Sin embargo, el origen del cambio —anclado en la dinámica de hidrocarburos— sugiere dónde está el foco estratégico.

Un régimen en evolución

El RIGI no permanece estático. La modificación del umbral se suma a una serie de ajustes recientes que buscan mejorar su implementación y ampliar su alcance. La intervención técnica sobre un parámetro clave indica que el Gobierno está dispuesto a recalibrar el régimen en función de la respuesta del mercado y las particularidades sectoriales.

Queda por observar si este cambio se traduce en un aumento efectivo de proyectos presentados o aprobados. También, si otros parámetros del régimen entran en revisión a medida que avance su implementación.

Por ahora, la señal es clara: el Gobierno flexibiliza criterios sin resignar el marco general. Pero en un esquema donde la estabilidad es la principal promesa, cada modificación abre una tensión latente entre previsibilidad y adaptación.

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Reforma de la Ley de Glaciares: qué cambia en la protección del ambiente periglacial

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El proyecto de ley de Glaciares, que el Congreso convirtió en ley este miércoles, tiene como objetivo redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa les transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

De qué trata la ley

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante. 

Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. 

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El RIGI abriría una inversión de más de US$ 230 millones para trasladar Dioxitek de Córdoba a Formosa

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El Gobierno nacional recibió una propuesta de inversión por más de US$ 230 millones para finalizar la planta de uranio de Dioxitek en Formosa y avanzar con el traslado de la histórica instalación ubicada en Córdoba capital. El proyecto, impulsado por la empresa estadounidense Nano Energy y con potencial encuadre en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), no solo busca resolver un conflicto urbano de décadas, sino que introduce una pregunta estratégica: ¿es este el punto de inflexión que transforma al sector nuclear argentino en un negocio exportador?

De conflicto urbano a oportunidad estratégica

La planta de Dioxitek en el barrio de Alta Córdoba quedó atrapada por el crecimiento urbano. Lo que en los años 80 era una instalación periférica hoy convive con un entorno densamente poblado. Esa tensión derivó en restricciones municipales, litigios judiciales y un plan de traslado que nunca terminó de concretarse.

Ahora, el escenario cambia. Mientras la Justicia Federal evalúa una prórroga de tres años para que la planta continúe operando en Córdoba, la propuesta de inversión privada reordena las prioridades. El traslado a Formosa, con una obra que ya tiene un 70% de avance, deja de ser un proyecto estancado para convertirse en una iniciativa con viabilidad financiera.

La clave no es solo la mudanza. Es el modelo: Dioxitek mantendría la propiedad de la planta y el terreno, pero cedería parte de su uso a una sociedad con el capital privado, bajo un esquema de usufructo.

El RIGI como herramienta y el cambio de lógica

El proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de atraer inversiones externas para sectores considerados estratégicos. En este caso, el RIGI aparece como el instrumento para viabilizar una inversión de gran escala en una industria con altas barreras de entrada.

El acuerdo contempla dos etapas. La primera, finalizar y poner en operación la planta de dióxido de uranio (UO₂), insumo clave para abastecer a las centrales nucleares del país. La segunda, más ambiciosa, apunta a producir y exportar hexafluoruro de uranio (UF₆), un componente utilizado en el proceso de enriquecimiento.

Ese segundo paso redefine el alcance del proyecto. Argentina pasaría de un esquema centrado en el autoabastecimiento a uno con capacidad de inserción en el mercado internacional del combustible nuclear.

El trasfondo es técnico, pero las implicancias son políticas: la planta original estaba sobredimensionada respecto a la demanda interna —unas 230 toneladas anuales frente a una capacidad proyectada de hasta 500 toneladas—. Sin exportación, el modelo no cerraba.

Quién gana y quién queda condicionado

El movimiento fortalece al Gobierno en dos frentes. Por un lado, ofrece una salida concreta a un conflicto sensible en Córdoba, donde la presencia de material radiactivo en un área urbana generó cuestionamientos sostenidos. Por otro, se alinea con la narrativa oficial de apertura a inversiones y eficiencia en empresas estatales.

Al mismo tiempo, introduce nuevas dependencias. La viabilidad del proyecto queda atada al ingreso de capital privado y a la dinámica del mercado internacional del uranio, un terreno volátil y altamente regulado.

En términos institucionales, el esquema también reconfigura el rol del Estado. Dioxitek conservaría la propiedad, pero compartiría la operación en un modelo híbrido que combina control público y lógica de mercado.

La ecuación no es neutra. Implica redefinir el equilibrio entre soberanía tecnológica, rentabilidad y apertura económica.

Un proyecto que redefine el mapa nuclear

El traslado de Dioxitek deja de ser una discusión local para convertirse en una pieza dentro de una estrategia más amplia. La incorporación de una línea de producción exportadora marca un cambio cualitativo en el sector.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos decisiones: la eventual aprobación del proyecto bajo el RIGI y la definición judicial sobre la continuidad de la planta en Córdoba.

El desenlace no solo impactará en la geografía productiva del país, sino también en el modelo de desarrollo del sector nuclear. La pregunta ya no es si la mudanza se concretará, sino bajo qué condiciones y con qué consecuencias a largo plazo.

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Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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