RIGI

Las claves del nuevo Súper RIGI que se aprobó en Diputados

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El nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) que el oficialismo aprobó hoy con media sanción en la Cámara de Diputados es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía para captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica.

Comprende abundantes exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

Se busca dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Súper RIGI tiene un plazo más largo de 5 años y uno extra de prórroga.

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI, que excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura, y además excluye a proyectos preexistentes ampliables.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados..

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La industria advierte por la pérdida de empleo y reclama cambios para aprovechar el “Súper RIGI”

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La Unión Industrial Argentina (UIA) llevó al Congreso una fuerte advertencia sobre el presente de la actividad manufacturera argentina. Durante una exposición ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la entidad empresaria describió un escenario de caída de la producción, pérdida de empleo formal y creciente presión sobre la competitividad, al tiempo que reclamó una batería de reformas para evitar un mayor deterioro del entramado productivo.

La presentación pasó relativamente desapercibida por la agenda política de los últimos días, dominada por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la expectativa previa al Mundial de Fútbol. Sin embargo, el diagnóstico planteado por la principal entidad fabril del país fue contundente.

Según datos elaborados por el Centro de Estudios de la UIA (CEU), la actividad industrial se ubicó en marzo un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022. El comportamiento sectorial muestra una marcada heterogeneidad: mientras algunos segmentos vinculados a la molienda de granos, la refinación de petróleo, la industria farmacéutica, la fabricación de motocicletas y ciertos rubros alimenticios lograron sostenerse, gran parte de la estructura industrial continúa en retroceso.

Entre los sectores más afectados aparecen la siderurgia, la petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónica y maquinaria industrial. También se observa una caída significativa en la demanda de materiales para la producción.

Más de 75.000 empleos industriales menos

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado al empleo. De acuerdo con la UIA, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariados en el sector privado. La industria manufacturera figura entre los sectores más golpeados, junto con la construcción, acumulando una destrucción de 75.399 empleos formales.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, señaló Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, durante su exposición ante los legisladores.

La dirigente remarcó además que las cifras corresponden exclusivamente al empleo directo, por lo que no contemplan el impacto indirecto sobre proveedores, servicios asociados, logística, comercialización ni actividades inducidas por la producción industrial.

El avance de las importaciones y el costo argentino

Otro de los ejes planteados por la entidad fue el crecimiento de las importaciones destinadas al consumo. Según los datos presentados, estas aumentaron 17% desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, mientras que las vinculadas a la producción registraron una caída del 14%.

Para la UIA, esta dinámica refleja una creciente preocupación por la competitividad de los sectores transables, especialmente en un contexto donde persisten elevados costos internos.

La entidad volvió a poner el foco sobre el denominado “costo argentino”, una problemática histórica que incluye presión tributaria, costos energéticos, dificultades de financiamiento, infraestructura insuficiente y elevados costos logísticos.

Exportaciones industriales estancadas

La preocupación también alcanza al frente externo. Los técnicos de la UIA señalaron que las exportaciones industriales muestran un estancamiento de más de una década.

Las cantidades exportadas durante el primer trimestre de 2026 se ubicaron 24% por debajo de los niveles observados entre 2011 y 2013, lo que evidencia la pérdida de participación de la industria argentina en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una estrategia orientada a mejorar la competitividad y fortalecer las capacidades exportadoras.

El debate por el “Súper RIGI”

Uno de los puntos más relevantes de la exposición estuvo vinculado al proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y estratégicos.

La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios incluso más amplios que los establecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente.

Entre los sectores alcanzados aparecen la inteligencia artificial, los centros de datos de gran escala, la industria de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.

La UIA respaldó el objetivo de atraer inversiones, pero advirtió que el esquema debe garantizar una participación efectiva de la industria nacional.

Según la entidad, la experiencia del RIGI mostró limitaciones importantes. Sostiene que gran parte de las inversiones comprometidas pudo cumplirse mediante gastos en obras y servicios, sin generar necesariamente demanda de bienes industriales de origen local. Además, cuestionó la existencia de mecanismos que permiten reemplazar compras a proveedores nacionales por importaciones.

Por ello, propuso que el nuevo régimen incorpore un porcentaje mínimo obligatorio del 20% destinado a bienes con valor agregado local, junto con mecanismos de ampliación gradual del contenido nacional y reglas claras para asegurar condiciones de competencia razonables para los proveedores argentinos.

Reforma tributaria y alivio para las pymes

La UIA también presentó una serie de propuestas tributarias orientadas a mejorar la competitividad.

Entre ellas figuran la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal para IVA y Ganancias en sectores intensivos en empleo; una alícuota única del 25% en el impuesto a las ganancias alineada con estándares internacionales; la utilización plena del impuesto al cheque como pago a cuenta de IVA y Ganancias para las pymes; y la eliminación progresiva de los derechos de exportación que aún afectan a sectores industriales y economías regionales.

Asimismo, reclamó un aumento de los reintegros a las exportaciones para productos industriales, alimentos, bebidas y producciones regionales.

Capacidad instalada: la industria sigue sin despegar

Los últimos datos muestran una leve mejora en la utilización de la capacidad instalada, que alcanzó el 59,9%, frente al 58,6% registrado un año atrás. Sin embargo, el nivel continúa lejos de los parámetros considerados saludables para una expansión sostenida de la actividad.

Para Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora Industria y Desarrollo (I+D), la industria atraviesa una dinámica compleja.

“La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, sostuvo.

La situación también se refleja en la industria metalúrgica. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) informó que el sector siderúrgico registró en abril una caída interanual del 5,1% y acumula un retroceso del 6% en lo que va del año. El uso de la capacidad instalada se ubica apenas en 39,8%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Mientras tanto, los datos oficiales del Indec muestran que la industria volvió a caer en abril, con una baja mensual del 2,1% y una contracción interanual del 2,8%, confirmando que el sector aún no encuentra una senda sostenida de recuperación.

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Cavallo reclamó un rumbo económico más claro, cuestionó los beneficios del RIGI y pidió eliminar impuestos distorsivos

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El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a fijar posición sobre el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei con una serie de definiciones que combinan respaldo a los objetivos macroeconómicos con fuertes cuestionamientos a la estrategia política y tributaria de la administración nacional. Durante una entrevista en el programa de streaming Economía de Quincho, el exfuncionario sostuvo que el programa económico necesita ser “más entendible” para generar previsibilidad, criticó los beneficios diferenciales que contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y propuso avanzar en una reforma impositiva que elimine gravámenes considerados distorsivos.

Cavallo planteó que uno de los principales desafíos del Gobierno no pasa únicamente por la consistencia técnica del programa económico, sino también por la forma en que comunica sus objetivos y construye confianza entre los agentes económicos. Según explicó, la actual conducción genera incertidumbre porque resulta difícil comprender la lógica de algunas decisiones de corto plazo, situación que, a su juicio, debilita la previsibilidad necesaria para consolidar inversiones.

El exministro recordó además sus diferencias con el presidente Javier Milei durante 2024, cuando advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio apreciado sin una adecuada acumulación de reservas internacionales. Según relató, aquellas observaciones provocaron un distanciamiento con el mandatario. No obstante, insistió en que el programa económico debería complementarse con una conducción política “más defendible” y comprensible para reducir los niveles de incertidumbre.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo dirigido al RIGI, el esquema diseñado para atraer grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. Para Cavallo, el régimen introduce privilegios sectoriales que contradicen el principio de igualdad de condiciones para toda la economía.

En ese sentido, sostuvo que los incentivos extraordinarios otorgados a grandes proyectos deberían extenderse progresivamente al conjunto del aparato productivo. Reveló incluso que trasladó esa inquietud al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien —según su relato— le respondió que el propio Milei considera que esos beneficios deberían generalizarse en el plazo de dos años.

Desde su perspectiva, la competitividad no debe construirse mediante regímenes especiales sino a través de reglas permanentes y homogéneas que permitan invertir bajo las mismas condiciones, independientemente del tamaño de cada empresa o del sector al que pertenezca.

En materia fiscal, Cavallo sostuvo que el principal objetivo del Gobierno debería ser eliminar gradualmente los impuestos que encarecen la producción y reducen la competitividad de las exportaciones. Afirmó que, mientras se mantenga el control sobre el gasto público, una eventual reducción transitoria de la recaudación no pondría en riesgo el equilibrio fiscal.

Entre las reformas prioritarias ubicó la eliminación progresiva de las retenciones agropecuarias, a las que calificó como una “aberración”, y propuso reemplazar gravámenes distorsivos por tributos más neutrales como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y los impuestos inmobiliarios.

También cuestionó la carga tributaria que soporta la producción industrial a través de impuestos acumulativos como Ingresos Brutos y reclamó un esquema más amplio de reintegros para los exportadores. Respecto del impuesto al cheque, propuso transformarlo íntegramente en un pago a cuenta del IVA para reducir su impacto sobre los costos de las empresas formalizadas.

Otro de los puntos sobre los que hizo foco fue la fuerte reducción de la inversión pública en infraestructura. Cavallo consideró que la paralización de obras estratégicas representa un factor que deteriora la competitividad del país al incrementar los costos logísticos y de transporte.

En ese contexto defendió un esquema mixto de financiamiento basado en concesiones privadas, iniciativas público-privadas y el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A su entender, abandonar la inversión en infraestructura termina afectando directamente la productividad del sistema económico.

Durante la entrevista también analizó el escenario político y advirtió sobre la fragilidad institucional de las reformas económicas cuando dependen exclusivamente del resultado electoral. Señaló que un eventual cambio de signo político podría modificar nuevamente las reglas de juego, generando incertidumbre para inversores locales y extranjeros.

Por ello propuso construir acuerdos de largo plazo con gobernadores y distintos sectores políticos para consolidar reformas tributarias, laborales y regulatorias que trasciendan a una administración específica y otorguen mayor estabilidad al marco económico argentino.

Finalmente, Cavallo ratificó uno de los principios que ha sostenido desde la década de 1990: rechazó la utilización de devaluaciones como herramienta para mejorar la competitividad. Argumentó que la depreciación del tipo de cambio termina trasladándose rápidamente a los precios internos, anulando cualquier ventaja exportadora y deteriorando el poder adquisitivo de la población.

En su visión, la verdadera competitividad debe construirse mediante una combinación de menor presión tributaria, reducción del riesgo país, reglas estables para la inversión y una infraestructura eficiente que reduzca los costos logísticos. Bajo esa lógica, insistió en que la consolidación del programa económico dependerá tanto de su consistencia técnica como de la capacidad política para generar confianza y previsibilidad en el largo plazo.

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Economía a dos velocidades: el BCRA apuesta al “eslabonamiento” mientras persisten dudas sobre empleo y consumo

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La economía argentina exhibe una paradoja cada vez más evidente. Mientras algunos sectores vinculados a la exportación, los recursos naturales y las finanzas muestran tasas de crecimiento que superan ampliamente el promedio nacional, amplias ramas de la actividad continúan atravesando un escenario de estancamiento, caída de ventas y pérdida de empleo. Frente a esta realidad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una interpretación que busca explicar cómo la recuperación podría extenderse al conjunto de la economía: el denominado “eslabonamiento” productivo.

El concepto fue expuesto por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, durante la presentación de un informe en el que el organismo reconoce explícitamente que la actividad económica avanza a distintas velocidades. Sin embargo, lejos de considerar esta situación como un problema estructural, el BCRA sostiene que los sectores más dinámicos terminarán generando una demanda indirecta de bienes y servicios capaz de impulsar a las actividades más rezagadas.

La apuesta oficial se apoya en el desempeño de los principales ganadores del actual esquema económico. Con una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno cercana al 3,5% para 2026, actividades como la minería, la energía y el agro muestran una expansión significativamente superior al promedio de la economía. Según la visión del Gobierno, estos sectores no funcionan de manera aislada, sino que requieren infraestructura, transporte, logística, servicios urbanos, construcción especializada y una amplia red de proveedores que podrían convertirse en motores secundarios del crecimiento.

“Su eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de oportunidades de empleo”, sostiene el documento difundido por la autoridad monetaria. La idea remite a una lógica económica conocida: los sectores más competitivos generan una cadena de demanda que termina irradiando actividad hacia otras ramas productivas.

Sin embargo, detrás de esa explicación aparece un debate que excede lo académico y se instala en el terreno político. Para muchos analistas, el concepto de “eslabonamiento” se acerca a una versión actualizada de la histórica teoría del “derrame”, según la cual el crecimiento de determinados sectores termina beneficiando al conjunto de la economía. La diferencia es que, en este caso, el Gobierno evita utilizar ese término y pone el foco en los vínculos productivos que podrían surgir alrededor de los sectores exportadores.

Los datos más recientes parecen reforzar la existencia de esa economía dual. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción minera creció 9,5% interanual en abril. Dentro de ese resultado sobresalen el aumento de casi 20% en la extracción de petróleo crudo, el crecimiento de 12,5% en minerales metalíferos y un salto de 45,5% en los minerales no metalíferos. Son actividades intensivas en capital, orientadas a la exportación y beneficiadas por medidas de promoción como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

La energía, la minería, el agro y el sector financiero explican buena parte de los indicadores positivos que exhibe actualmente la macroeconomía. Sin embargo, el panorama es muy distinto en sectores históricamente vinculados al empleo masivo y al mercado interno.

La industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan mostrando dificultades para recuperar los niveles de actividad previos al ajuste económico. La caída del salario real, la retracción del consumo, la paralización de gran parte de la obra pública y la mayor competencia derivada de la apertura de importaciones impactaron directamente sobre estos sectores, provocando cierres de empresas, reducción de planteles y una creciente presión sobre el mercado laboral.

La principal incógnita es si el crecimiento liderado por sectores extractivos y exportadores puede traducirse efectivamente en una recuperación amplia del empleo formal. A diferencia de la industria o la construcción, la minería y la explotación hidrocarburífera demandan una menor cantidad de trabajadores en relación con el volumen de inversión que movilizan. Por eso, aun cuando generan divisas y aumentan la actividad agregada, su capacidad para absorber mano de obra es considerablemente más limitada.

En paralelo, el Banco Central identifica a la inversión privada como el tercer motor de la recuperación económica, junto con las exportaciones y la estabilización macroeconómica. El informe destaca una reactivación del financiamiento corporativo, tanto en el mercado local como en el exterior, impulsada por la reducción del riesgo país y la mejora en las condiciones financieras.

No obstante, el organismo también advierte que las empresas deberán adaptarse a un escenario diferente al que predominó durante los años de alta inflación. Según el diagnóstico oficial, los márgenes extraordinarios obtenidos mediante la remarcación constante de precios tenderán a desaparecer. En una economía con inflación descendente, la rentabilidad dependerá cada vez más de la productividad, la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la capacidad de aumentar volúmenes de venta.

En ese contexto, el consumo aparece como una de las variables más sensibles. Aunque el BCRA proyecta una recuperación gradual, reconoce que el sector privado deberá redefinir estrategias comerciales y adaptarse a cambios acelerados en los canales de comercialización y en los hábitos de compra de los consumidores.

El optimismo oficial también se apoya en el proceso de desinflación. Tras registros cercanos al 2% mensual, el Banco Central considera posible que el índice de precios perforé ese umbral durante los próximos meses, consolidando uno de los principales objetivos económicos de la administración de Javier Milei.

Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo temporal. El informe del BCRA plantea una expectativa de convergencia entre sectores dinámicos y rezagados, pero no establece plazos concretos ni cuantifica cuándo ese efecto de arrastre comenzaría a reflejarse en el empleo, el consumo y la actividad de las economías regionales.

Para provincias como Misiones, donde el comercio, la construcción, la industria forestal, la producción yerbatera y el turismo tienen una fuerte incidencia sobre el empleo, la discusión adquiere una dimensión particular. El desafío no pasa únicamente por sostener el crecimiento agregado de la economía, sino por determinar si los beneficios de los sectores exportadores terminarán llegando al entramado productivo que genera trabajo y movimiento económico en el interior del país.

La apuesta oficial está hecha. El interrogante que sigue abierto es si el “eslabonamiento” llegará a tiempo para compensar las dificultades de los sectores que todavía esperan señales concretas de recuperación.

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Vaca Muerta y la minería ya generan casi tantos dólares como el campo

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El crecimiento de Vaca Muerta y la minería permitió que ambos sectores aportaran durante el primer cuatrimestre del año una cantidad de divisas similar a la generada por el complejo agroexportador, en una señal del cambio que comienza a mostrar la matriz exportadora argentina.

Según datos difundidos por la consultora 1816 en base a datos del Banco Central (BCRA), las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord y se acercaron al aporte realizado por el agro, históricamente principal generador de dólares del país, en cifras que rondan los USD 8.150 millones.

El fenómeno está impulsado principalmente por el fuerte aumento de la producción en Vaca Muerta, que permitió incrementar las ventas externas de petróleo, y por el avance de proyectos mineros vinculados al litio, el cobre y otros minerales estratégicos.

Los especialistas destacan que la combinación entre energía y minería se consolida como uno de los principales motores del ingreso de divisas para la economía argentina.

No obstante, el complejo agroindustrial continúa liderando las exportaciones nacionales y mantiene un peso determinante en la generación de dólares, especialmente a través de la soja, el maíz y otros productos derivados.

Analistas del sector consideran que la tendencia podría profundizarse en los próximos años a medida que entren en producción nuevos proyectos energéticos y mineros y se amplíe la infraestructura para exportar petróleo, gas y minerales.

En ese contexto, Vaca Muerta aparece como uno de los principales activos estratégicos del país y las proyecciones oficiales y privadas anticipan que su aporte de divisas continuará creciendo.

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