RIGI

Milei endurece su discurso contra la oposición y apuesta a la energía como motor del nuevo ciclo económico

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El presidente Javier Milei utilizó el escenario del Latam Economic Forum para profundizar la narrativa política y económica que atraviesa su gestión: confrontación con la oposición, cuestionamiento al rol de los medios de comunicación y defensa cerrada del programa de ajuste y desregulación impulsado desde diciembre de 2023.

Ante empresarios, funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo reunidos en Parque Norte, Milei buscó instalar la idea de que la Argentina ingresó en una etapa de estabilización macroeconómica irreversible y que el próximo desafío será transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido vía inversiones privadas, especialmente en energía, minería e infraestructura.

La exposición tuvo una fuerte carga política. El mandatario acusó a sectores opositores de haber intentado “un golpe de Estado” contra su programa económico durante 2025 y sostuvo que los medios de comunicación “atacan injustamente” al Gobierno. El mensaje no fue aislado: formó parte de una estrategia discursiva orientada a consolidar la identidad política de La Libertad Avanza frente a un año de reconfiguración parlamentaria y de negociación permanente con gobernadores y actores económicos.

A diferencia de otros discursos centrados exclusivamente en el ajuste fiscal o la desaceleración inflacionaria, Milei intentó mostrar una segunda etapa de gestión. La premisa fue clara: la estabilidad macroeconómica ya no alcanza por sí sola y ahora el Gobierno necesita exhibir perspectivas de expansión real de la economía.

“La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”, afirmó el Presidente, en una frase que sintetizó el nuevo enfoque oficial.

Según Milei, el crecimiento llegará a partir de un cambio estructural basado en energía barata, menor presión fiscal, apertura económica y desregulación. En ese esquema, el sector privado aparece como protagonista absoluto del modelo.

El mandatario vinculó directamente ese escenario con el desarrollo energético argentino. Mencionó petróleo, gas, energía nuclear y minerales como activos estratégicos en un contexto internacional marcado por el reordenamiento de cadenas globales de suministro y la búsqueda de países considerados “seguros” para invertir.

La apuesta oficial es transformar a la Argentina en un polo industrial asociado a recursos energéticos competitivos, con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como principal herramienta de atracción de capitales.

El RIGI como columna vertebral del modelo Milei

El Presidente volvió a defender el RIGI y anticipó una profundización del esquema mediante el denominado “SuperRIGI”, ya enviado al Congreso.

La referencia no fue menor. El oficialismo busca convertir al régimen de beneficios fiscales y regulatorios en el corazón del nuevo ciclo económico, especialmente para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura de gran escala.

Para reforzar ese argumento, Milei citó el caso de Neuquén y el crecimiento asociado a las inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Según planteó, el esquema permitió multiplicar el ingreso de capitales con un costo fiscal reducido para las provincias adheridas.

La lógica política detrás de ese mensaje también apunta a presionar a las jurisdicciones que todavía mantienen reparos sobre la adhesión plena al régimen.

El Latam Economic Forum dejó otra señal relevante: la creciente centralidad del sector energético dentro del esquema de poder libertario.

Funcionarios, empresarios y legisladores coincidieron en ubicar a la energía como uno de los principales vectores de acumulación económica y política del Gobierno. No casualmente, uno de los discursos más esperados fue el del presidente de YPF, Horacio Marín, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que la desaceleración inflacionaria seguirá consolidándose durante los próximos meses.

Caputo incluso anticipó que la inflación de mayo sería inferior a la de abril y sostuvo que hacia 2027 la economía “se llevará puesta a la política”, una definición que expone el intento oficial de subordinar la disputa política al desempeño macroeconómico.

La confrontación política sigue siendo parte del modelo

Pese al intento de mostrar una agenda orientada a inversiones y crecimiento, Milei mantuvo intacto el tono confrontativo que caracteriza a su gestión.

Volvió a cuestionar a la oposición, reivindicó el rol de la ministra Patricia Bullrich en el control de la protesta social y defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al asegurar que resistió presiones internas y externas para desplazarla.

También insistió con la idea de que el kirchnerismo destruyó al sector privado y sostuvo que ahora “florecen miles de nuevas industrias” gracias a la liberalización económica.

La narrativa oficial busca consolidar un doble mensaje: por un lado, estabilidad y oportunidad de negocios para el empresariado; por otro, confrontación política permanente para mantener cohesionada a la base libertaria.

Aunque el discurso estuvo centrado en variables macroeconómicas y en sectores como energía y minería, la estrategia económica del Gobierno también tiene implicancias para provincias periféricas como Misiones.

La insistencia en atraer inversiones mediante regímenes especiales, desregulación y reducción tributaria vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre competitividad regional, infraestructura energética y costos logísticos.

Para Misiones y el NEA, el foco creciente en energía puede abrir oportunidades vinculadas a biomasa, forestoindustria y proyectos de transición energética. Sin embargo, también profundiza tensiones históricas: las provincias reclaman mayor infraestructura y condiciones fiscales diferenciales para competir en igualdad frente a los grandes polos productivos del centro del país.

El discurso presidencial dejó entrever otra variable relevante: el Gobierno considera que el crecimiento futuro dependerá más de sectores exportadores de gran escala que del consumo interno como dinamizador económico. Esa definición podría reconfigurar prioridades de inversión pública y privada en las regiones.

Un Gobierno que busca pasar de la resistencia a la expansión

El acto en Parque Norte mostró a un oficialismo que intenta dejar atrás la etapa defensiva del ajuste y comenzar a construir un relato de expansión económica.

La Casa Rosada necesita ahora demostrar que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria pueden traducirse en inversión, empleo y actividad. Esa será la principal variable política de los próximos meses.

Mientras tanto, Milei mantiene intacta la lógica de confrontación que lo llevó al poder: polarización política, cuestionamiento al sistema tradicional y construcción de un vínculo directo con sectores empresarios y sociales que todavía respaldan el rumbo económico.

El desafío para el Gobierno será sostener esa narrativa si la recuperación económica continúa mostrando velocidades distintas entre sectores y regiones.

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El Gobierno impulsa el “Súper RIGI” con mayores beneficios fiscales, cambiarios y laborales

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El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso del denominado “Súper RIGI”, un nuevo esquema de promoción para mega inversiones que busca profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero enfocado exclusivamente en proyectos vinculados a nuevas industrias estratégicas y de alto impacto productivo.

La iniciativa, bautizada formalmente como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a captar desembolsos superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados clave para la transformación económica argentina, como baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, infraestructura digital y cadena de valor del uranio.

El proyecto plantea un esquema de beneficios fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios de una magnitud inédita en la legislación argentina reciente. Entre los principales incentivos aparece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras jurídicas que deberán crearse exclusivamente para cada inversión adherida.

Además, incorpora amortización acelerada de inversiones, deducción ilimitada de quebrantos, reducción al 3,5% de la carga sobre dividendos y utilidades, devolución de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal y exenciones de derechos de importación y exportación vinculados al proyecto.

En materia laboral, el texto también introduce una reducción significativa de contribuciones patronales: establece una alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas bajo los proyectos adheridos.

Uno de los capítulos más sensibles del proyecto es el referido al régimen cambiario. Allí se habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, con un esquema escalonado que permite disponer del 20% de los dólares el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero desde la primera exportación. También se exceptúa de liquidación obligatoria a divisas provenientes de aportes de capital y financiamiento externo.

La propuesta incorpora además garantías de estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, un punto central en la estrategia oficial para captar inversiones de largo plazo. El proyecto garantiza además disponibilidad plena sobre la producción, protección frente a actos confiscatorios y acceso irrestricto a la Justicia.

Sin embargo, uno de los aspectos que podría generar mayor debate político y federal aparece en el capítulo destinado a provincias y municipios. El texto exige a las jurisdicciones subnacionales compromisos concretos de “moderación fiscal” y limita severamente la posibilidad de crear o aumentar tributos locales sobre los proyectos adheridos.

En ese marco, las provincias no podrán aplicar alícuotas de Ingresos Brutos superiores al 0,50% ni cobrar Impuesto de Sellos sobre contratos, operaciones financieras o instrumentos vinculados a las inversiones. Tampoco podrán crear nuevos gravámenes después del 31 de diciembre de 2025 si implican una mayor carga fiscal.

La iniciativa también establece que las empresas que ya hayan solicitado adhesión al RIGI original no podrán ingresar al nuevo “Súper RIGI”, ni tampoco proyectos similares pertenecientes al mismo grupo económico, con el objetivo de evitar superposiciones y preservar el carácter estratégico del régimen.

El oficialismo busca presentar el nuevo esquema como una herramienta para acelerar inversiones de escala global en sectores tecnológicos y energéticos donde Argentina pretende posicionarse en la próxima década. No obstante, el alcance de los beneficios y las restricciones fiscales sobre provincias y municipios anticipan un debate político intenso en el Congreso y entre las administraciones provinciales.

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Debate por la yerba: “Misiones pierde hasta tres RIGI por año con la desregulación”, dijo Herrera Ahuad

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El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad lanzó un fuerte cuestionamiento a la política yerbatera nacional y alertó sobre una pérdida estimada de 640 mil millones de pesos para el sector productivo durante las zafras 2025 y 2026. Lo hizo en el marco de la reunión informativa de las comisiones de Economía y de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participaron referentes productivos, empresarios, legisladores y representantes vinculados a la actividad yerbatera.

Durante su exposición, el legislador misionero -integrante de Encuentro Misionero dentro del bloque Encuentro Misionero y ex gobernador de Misiones- sostuvo que la crisis actual de la yerba mate no es un fenómeno reciente, sino la consecuencia directa de “dos años y medio sin conducción” en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que quedó prácticamente paralizado tras los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

“Me pregunto si una economía regional que mueve mil millones de kilos de hoja prácticamente por año pudo haber quedado dos años y medio sin conducción”, expresó Herrera Ahuad al inicio de su intervención.

El diputado remarcó que la ausencia de decisiones afectó áreas sensibles del organismo, fundamentales para el funcionamiento de toda la cadena productiva. “Dos años y medio sin tomar decisiones son dos años y medio sin área de calidad, sin áreas de inspección, sin áreas de extensión. Son 1.500 o 2.000 productores sin atención técnica”, advirtió.

La intervención de Herrera Ahuad tuvo un fuerte tono político y dejó en evidencia las diferencias entre la visión del Gobierno nacional y el reclamo histórico de las economías regionales. En varios pasajes apuntó directamente contra el modelo económico libertario aplicado sobre la producción yerbatera, especialmente en lo referido a la desregulación del mercado y el debilitamiento de herramientas estatales de control. “El libre mercado a ustedes productores los mete con el 80% de ese 50 y pico por ciento de impuestos que tiene adentro”, afirmó al cuestionar el peso tributario nacional sobre el precio final del paquete de yerba mate.

En ese sentido, aclaró que la producción primaria en Misiones no tributa impuestos provinciales y remarcó que la mayor carga impositiva corresponde al Estado nacional. “El 80% de esos impuestos son nacionales”, insistió. La declaración buscó desmontar uno de los argumentos utilizados frecuentemente desde sectores libertarios respecto de la presión fiscal provincial sobre la actividad yerbatera.

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al rol del INYM y a la necesidad de regulación frente a la concentración económica del mercado. Herrera Ahuad defendió la existencia del instituto y rechazó las críticas relacionadas con el supuesto costo fiscal que implica su funcionamiento. “El INYM no significa un presupuesto para el Estado nacional, funciona solo, se financia solo. No genera déficit”, subrayó.

A partir de allí, apeló incluso a la Constitución Nacional para fundamentar la necesidad de intervención estatal en defensa de los pequeños productores. “El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control de monopolios naturales y legales”, recordó.

El legislador misionero también mencionó la Ley de Defensa de la Competencia y marcó diferencias con quienes plantean eliminar regulaciones en nombre del libre mercado.

Uno de los momentos más contundentes de la exposición ocurrió cuando Herrera Ahuad reveló los números económicos que atraviesa actualmente la actividad yerbatera. Tomando datos del INYM y del Banco Central de la República Argentina, aseguró que el sector productivo tendrá pérdidas estimadas en 640 mil millones de pesos entre las zafras 2025 y 2026. “Equivalen a 460 millones de dólares”, precisó.

Además, alertó sobre el crecimiento del endeudamiento industrial. Según detalló, los principales molinos incrementaron su deuda bancaria un 53,5% durante 2025. “Esa deuda no incluye la deuda comercial”, agregó, dejando entrever que la situación financiera real podría ser aún más compleja.

Herrera Ahuad también expuso datos sobre la caída del consumo interno de yerba mate. Según indicó, las ventas pasaron de 285 millones de kilos en 2023 a poco más de 266 millones en 2025, reflejando una caída acumulada del 7,1%.

En uno de los tramos más impactantes de su discurso, el diputado nacional comparó las pérdidas del sector yerbatero con grandes inversiones estratégicas para la provincia. “Misiones pierde entre dos y medio y tres RIGI anuales”, afirmó. Y profundizó la comparación con una frase que buscó reflejar la magnitud económica de la crisis: “Estamos buscando alguien que venga a invertir 200 millones de dólares y ustedes están perdiendo casi 500 millones”.

La frase sintetizó el mensaje político de su intervención: la crisis yerbatera ya no afecta solamente a productores e industriales, sino que golpea directamente al conjunto de la economía misionera.

Herrera Ahuad también analizó la situación exportadora de la yerba mate y reconoció el crecimiento de las ventas externas, aunque advirtió que eso no garantiza rentabilidad sostenible. “Celebramos las exportaciones, pero necesitamos una política activa que haga que sean perdurables”, señaló.

Según detalló, el precio promedio por tonelada exportada cayó de 2.153 dólares en 2023 a 1.661 dólares en el período enero-marzo de 2026. Para el legislador misionero, el incremento exportador estuvo sostenido principalmente por el tipo de cambio y no por una política estructural de fortalecimiento del sector. “No intervenimos en el libre mercado de la yerba mate, pero sí intervenimos en el mercado cambiario”, cuestionó.

La exposición de Herrera Ahuad dejó además un mensaje político claro en defensa de las economías regionales y del rol del Estado como herramienta de equilibrio frente a las asimetrías del mercado. En el cierre de su intervención, ratificó el acompañamiento al sector productivo y sostuvo que continuará impulsando medidas desde el Congreso Nacional. “Vamos a estar al lado del sector yerbatero de la provincia de Misiones, como de todo el sector productivo primario”, concluyó.

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YPF anunció el RIGI más grande por US$25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó la inversión más grande dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$25.000 millones.

La inversión será destinada al desarrollo de Vaca Muerta y generará más de US$100.000 millones en exportaciones. “Es el inicio de una nueva etapaTodo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, señaló Marín en sus redes.

El ejecutivo explicó que el proyecto LLL Oil es “el programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina” y, a su vez, el de mayor inversión presentado bajo el RIGI.

La iniciativa prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

Desde la petrolera detallaron que el LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6.000 millones anuales hacia 2032 y creará 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

“Es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador. Contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta, aprovechando sinergias operativas y económicas que permitirán alcanzar niveles de eficiencia y competitividad de clase mundial“.

La compañía estatal destacó el potencial del RIGI y lo catalogó como “un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

“Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, indicó Marín.

Actualmente, la herramienta reglamentada por el Gobierno presenta 16 proyectos aprobados, que suman casi US$33.000 millones, y tiene otros 20 en evaluación, los cuales deberán ser aprobados por el Comité Evaluador para su entrada en vigencia.

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RIGI: el Gobierno aprueba una inversión de USD 550 millones para ampliar Vaca Muerta

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El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno —ex Néstor Kirchner— impulsado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), con una inversión comprometida de USD 550 millones y el objetivo de incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta.

La decisión no sólo consolida al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramienta de atracción de capitales para infraestructura energética. También marca un cambio estructural en la lógica económica argentina: el Gobierno empieza a priorizar obras destinadas a aumentar exportaciones y disponibilidad energética antes que proyectos de infraestructura tradicional financiados por el Tesoro.

Para Misiones y el NEA, el impacto no será directo en términos de producción gasífera, pero sí puede alterar variables clave para la competitividad industrial, logística y energética regional. El proyecto aprobado permitirá ampliar la capacidad de evacuación del gas de Vaca Muerta desde Neuquén hacia Buenos Aires mediante nuevas plantas compresoras sobre el Tramo I del gasoducto.

La apuesta oficial es clara: aumentar transporte de gas para reducir costos energéticos internos, sustituir importaciones y ampliar saldos exportables.

El RIGI entra en fase real

La aprobación del proyecto de TGS representa uno de los primeros casos de infraestructura energética de gran escala que obtiene formalmente los beneficios del RIGI.

La iniciativa contempla:

  • USD 550 millones de inversión total
  • USD 513 millones computables bajo régimen RIGI
  • Plazo de obra estimado: 18 meses
  • Inicio operativo previsto: abril de 2027
  • Participación mínima de proveedores locales: 20%

El esquema otorga beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, incluyendo facilidades para importar equipamiento y estabilidad normativa de largo plazo.

El punto central para el mercado es político: el Gobierno busca mostrar que el RIGI puede transformarse en una plataforma concreta para destrabar inversiones que durante años quedaron condicionadas por volatilidad macroeconómica, restricciones cambiarias y litigios regulatorios.

El dato financiero que sigue el mercado

El Banco Central avaló el proyecto al concluir que la demanda de divisas asociada a la inversión “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni las reservas”.

Ese punto es central porque revela el nuevo criterio oficial para aprobar grandes proyectos: inversiones privadas, financiamiento externo, capacidad exportadora, y bajo impacto fiscal directo.

A diferencia de los viejos modelos de obra pública, el esquema RIGI traslada gran parte del riesgo financiero al sector privado mientras el Estado ofrece estabilidad jurídica y beneficios regulatorios.

El mensaje hacia inversores internacionales es evidente: Argentina intenta reconstruir credibilidad ofreciendo reglas de largo plazo para sectores estratégicos.

Un cambio profundo en la infraestructura argentina

La obra también tiene una lectura geopolítica interna.

Durante años, la restricción energética funcionó como límite estructural para el crecimiento industrial argentino. La falta de capacidad de transporte obligaba a importar combustibles caros incluso teniendo reservas abundantes en Vaca Muerta.

Con esta ampliación, el Gobierno apunta a resolver parte de ese cuello de botella.

La discusión ya no pasa sólo por producir gas, sino por transportar más volumen hacia centros industriales y mercados externos.

Para provincias alejadas de los grandes polos industriales, el desafío será evitar quedar afuera del nuevo mapa de inversiones.

Misiones tiene oportunidades potenciales en: biomasa, industria forestal, logística regional, y exportaciones con valor agregado. Pero necesitará infraestructura, competitividad tributaria y costos energéticos sostenibles para aprovechar un eventual ciclo de expansión energética nacional.

El RIGI puede acelerar inversiones concentradas en sectores extractivos y transporte. La incógnita es si esa dinámica logrará derramar competitividad hacia economías regionales periféricas o si consolidará aún más las diferencias entre el centro energético y las provincias de frontera.

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